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Sentencia RI-879-21 — Registro 17830

Resumen

Acción Inconstitucionalidad interpuesto por razón de contenido sosteniendo recurrente que aplicación de precepto impugnado le impide de manera tácita participar en las elecciones generales, en las planillas para el cargo de alcalde , por un partido político debidamente inscrito;únicamente por haber participado en las elecciones primarias con otro partido, advirtiendo la Sala Constitucional que la redacción del mismo va encaminado a exigir ciertos requisitos a los partidos políticos que no participaron en las elecciones primarias. además no hace alusión a elementos orientados a establecer un trato diferenciado hacia él y con ello deducir que se vulnera el derecho a la igualdad que invoca como lesionado. Reiterando que ante la inminente o eventual vulneración al derecho de elegir y ser electo, el afectado puede hacer uso de los recursos que la ley pone a su disposición y asimismo recurrir en Amparo ante esta Sala.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(24): Que es necesario hacer referencia a la teoría del control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, que ha desarrollado el principio de presunción de constitucionalidad de la Ley con relación al principio in dubio pro legislatore[15], que opera de modo que quien aduce la incompatibilidad de la ley denunciada debe exponer las razones fácticas y jurídicas que supone que la misma es inconstitucional; mientras que el juez o jueza constitucional debe de iniciar el examen de constitucionalidad con base a un supuesto de que el legislador ha actuado en seguimiento de todos los principios, preceptos y valores constitucionales, realizando una interpretación conforme y adecuación de la normatividad de modo que sea compatible con la Constitución, solo en el caso que sea imposible la compatibilización de la ley en juicio es que la misma deberá de ser expulsada del ordenamiento"

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 23, numeral 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."): Que una ley es contraria a la Constitución no solo cuando por su finalidad viola un mandato o una prohibición expresa o virtual contemplada en aquella Carta Fundamental (inconstitucionalidad material), sino que también cuando el órgano que la crea carece de competencia para ello o, teniendo tal competencia, la dicta trasgrediendo las normas constitucionales que regulan su proceso de formación (inconstitucionalidad formal)[17]. Con la cuestión de inconstitucionalidad se pretende una forma de colaboración entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional, en la depuración de aquellas leyes que puedan ser contrarias a la Constitución[18] y que el juez por sí mismo no puede dejar de aplicar, porque está sujeto a la ley. Sin embargo, también está sujeto a la Constitución y, en ese sentido, hay ocasiones en que la ley y la Constitución pueden entrar en contradicción, sin que el juez esté facultado para optar directamente por el texto constitucional obviando la aplicación de la ley. Es así que una vez analizadas las diligencias en el caso sub júdice, este Alto Tribunal concluye que no son de recibo los motivos de inconstitucionalidad de contenido invocados por la recurrentes; ello es así porque de la lectura armónica del artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras, se infiere que el párrafo cuarto exige ciertos requisitos a los partidos políticos que no contendieron en las elecciones primarias, a efecto de la inscripción de sus candidatos en el proceso electoral general; la impetrante expone como único argumento de inconstitucionalidad, que el párrafo cuarto del artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras, impide de manera tácita a su representado participar en elecciones generales. El término tácito hace referencia a lo callado silencioso, sigiloso; asimismo que deja entender o captar sin ser comunicado de modo expreso, por medio de los hechos previos, de los actos realizados o de la situación en que se presenta su caso[19]. Al respecto es importante referir que Honduras al ser suscriptor y haber ratificado varios instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, se encuentra obligado a hacer efectivos y a garantizar cada uno de los derechos establecidos en esos Tratados y Convenios. En ese orden de ideas y ante la posible vulneración del derecho de elegir y ser electo, por cualesquiera de los órganos electorales referidos en la Constitución de la República y en la Ley Electoral de Honduras, el afectado puede hacer uso de los recursos que la ley pone a su disposición, asimismo a interponer ante el máximo tribunal de justicia constitucional, el recurso de Amparo, el que siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en relación al texto del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha señalado: “es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención”.[20] CONSIDERANDO (26): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente, cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional cuando no se ha observado en el proceso legislativo de su creación, lo establecido en la Constitución de la República, así también cuando una ley es contraria a la misma Constitución; se argumente asimismo que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala de lo Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas.- CONSIDERANDO (27): Que, en el presente caso, se puede deducir que no son de recibo los argumentos expuestos por la recurrente, a efecto de declarar la inconstitucionalidad del párrafo cuarto del artículo 213, contenido en el DECRETO LEGISLATIVO No. 35-2021, aprobado por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, en fecha veinticinco de mayo del año dos mil veintiuno y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,610 en fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno, contentivo de la LEY ELECTORAL DE HONDURAS, ello como corolario de lo plasmado en el presente libelo. Por todo lo anteriormente expuesto esta Sala Declara Sin Lugar la inconstitucionalidad del párrafo cuarto del artículo 213 del Decreto Legislativo No. 35-2021, contentivo de la Ley Electoral de Honduras, en atención a los vicios de contenido planteados por la recurrente, no observando del único argumento expuesto, el concepto de quebranto al derecho a la igualdad; como líneas ut supra se refirió, no toda distinción de trato comporta una vulneración del derecho a la igualdad. En el caso en estudio, la recurrente se limitó a indicar que el párrafo cuarto del artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras, limita en forma tácita a su representado, a participar en el proceso de elecciones generales, no obstante, a ello de la lectura armónica del artículo tachado de inconstitucional, este Tribunal de Justicia Constitucional, advierte que la redacción va encaminado a exigir ciertos requisitos a los partidos políticos que no participaron en las elecciones primarias. La recurrente no hace alusión a elementos orientados a establecer un trato diferenciado hacia su representado y con ello deducir que se vulnera el derecho a la igualdad que invoca como lesionado. Reiterando que ante la inminente o eventual vulneración al derecho de elegir y ser electo, el afectado puede hacer uso de los recursos que la ley pone a su disposición y asimismo recurrir en Amparo ante esta Sala de lo Constitucional"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos días del mes de junio del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por razón de contenido, por la Abogada Isis Paola López Maradiaga, en su condición de representante procesal del señor Alexander Ramirez, contra el párrafo cuatro del artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras, emitida por el Congreso Nacional de la República de Honduras, mediante decreto legislativo 35-2021, de fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” No.35,610; por considerar la recurrente que la aplicación de dicho precepto le impide de manera tácita al señor Alexander Ramirez, participar en las elecciones generales convocadas para noviembre del año dos mil veintiuno, en las planillas para el cargo de Alcalde del Municipio de San Marcos, departamento de Ocotepeque. A N T E C E D E N T E S: 1) En fecha veintitrés de agosto del año dos mil veintiuno, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, la Abogada Isis Paola López Maradiaga, en su condición de representante procesal del señor Alexander Ramirez, interponiendo acción de inconstitucionalidad por razón de contenido, contra el párrafo cuatro del artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras, emitida por el Congreso Nacional de la República de Honduras, mediante Decreto Legislativo 35-2021, de fecha veinticinco de mayo del año dos mil veintiuno, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” No.35,610; exponiendo la recurrente que: (Sic) “…la aplicación de este precepto le impide de manera tácita a mi representado a participar en las elecciones generales convocadas para noviembre de 2021, en las planillas para el cargo de alcalde del Municipio de San Marcos, departamento de Ocotepeque, por un partido político debidamente inscrito; únicamente por el motivo de haber participado en las elecciones primarias” (Folios del 1-16 de los autos) 2) Que en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil veintiuno, este Alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el Recurso de Inconstitucionalidad relacionado, y en virtud de haber indicado el recurrente que el presente recurso va dirigido en forma parcial y por razón de contenido, contra el párrafo cuarto del artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras, se omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los autos al Fiscal del Despacho, por el termino de seis días a efecto de emitir el correspondiente dictamen. (Folio 44 de los autos) 3) Que en fecha veintidós de julio del año dos mil veintidós, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho y por emitido en tiempo y forma su dictamen, a través de la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DECLARE SIN LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad planteado por no vislumbrar vicios de inconstitucionalidad.- CONSIDERANDO(1): Que en fecha veintitrés de agosto del año dos mil veintiuno, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, la Abogada ISIS PAOLA LOPEZ MARADIAGA en su condición de representante procesal del señor ALEXANDER RAMIREZ, interponiendo Acción de Inconstitucionalidad por vía de acción, por razón de contenido y de forma parcial, contra el párrafo cuarto del artículo 213, de la LEY ELECTORAL DE HONDURAS, contenida en el DECRETO LEGISLATIVO No. 35-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,610 de fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno, por considerar que el párrafo cuarto del artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras, violenta varios derechos consagrados en la Constitución misma y en los Tratados Internacionales como son los derechos de elegir y ser electo (artículo 37 numeral 1 de la Constitución); la participación del ciudadano en la vida política del país (artículo 45 de la Constitución) y derecho a no aplicar leyes que restrinjan, disminuyan o tergiversen las declaraciones, derechos y garantías que garantiza la Constitución (artículo 64 de la Constitución); a la igualdad de derechos ante la ley contenidos en el artículo 60 y 61 de la Constitución; se vulneran obligaciones de carácter internacional en abierta contravención a lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Constitución de la República; artículos 2, 7, 8, 10, 18 21 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 2, 3, 25 y 26 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO(2): Que la recurrente en esta vía constitucional explica el interés directo, personal y legítimo que motiva la acción promovida, exponiendo que la aplicación de la disposición contenida en el párrafo cuarto del artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras, le impide de manera tácita a su representado a participar en las elecciones generales convocadas para noviembre de 2021 en las planillas para el cargo de alcalde del municipio de San Marcos, departamento de Ocotepeque, por un partico político debidamente inscrito; únicamente por el motivo de haber participado en las elecciones primarias; sostiene la recurrente que su representado participó en un partico político en el cual no obtuvo el favor de los votantes, pero ahora ha sido invitado a participar en otro partido político a petición de un buen grupo de conciudadanos; pero el CNE no lo admite en aplicación al precepto citado, vulnerando los derechos individuales y los de la colectividad del pueblo hondureño, contraviniendo la misma Ley Electoral de Honduras en su artículo 7.- CONSIDERANDO(3): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que a la Corte Suprema de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia; se puede interponer por vía de acción ante la Honorable Corte Suprema de Justicia la garantía de inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la norma fundamental; determinando que la sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma, será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto, derogará dicha norma.- CONSIDERANDO(4): Que la declaración de inconstitucionalidad de una norma y su inaplicabilidad podrá solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, actuando por medio de la Sala de lo Constitucional, estima legitimado al impetrante, al considerar que, como candidato a la Alcaldía Municipal de San Marcos, departamento de Ocotepeque, la norma secundaria que acusa de inconstitucional en uno de sus preceptos, le podría afectar en los derechos constitucionales invocados como vulnerados, en el libre ejercicio de sus derechos políticos.- CONSIDERANDO(5): Que en la exposición de los motivos que se invocan a efecto que se declare la inconstitucionalidad del párrafo cuarto del artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras, la peticionaria transcribe los artículos 2, 7, 8, 10, 18, 21 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 3, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; normativa internacional que hacen referencia Inter alia al principio de igualdad de derechos ante la ley. El motivo esencial de la acción de inconstitucionalidad promovida versa en afirmar la recurrente que la aplicación del párrafo cuarto del artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras le impide de manera tácita a su representado a participar en las elecciones generales convocadas para noviembre de 2021, en las planillas para el cargo de alcalde del Municipio de San Marcos, departamento de Ocotepeque, por un partido político debidamente inscrito; únicamente por el motivo de haber participado en las elecciones primarias.- CONSIDERANDO(6): Que la recurrente argumenta que se vulneran además los derechos contenidos en los artículos 18, 37.1, 45, 60, 61 y 64 de la Constitución de la República; en relación al exceso en el ejercicio de los poderes otorgados al Congreso Nacional, la recurrente aduce que cualquier disposición introducida en una norma secundaria que restrinja los derechos reconocidos en el ámbito internacional más allá de lo que los instrumentos jurídicos anteriormente señalados establecen, no puede ser aplicable, pues hacerlo implicaría violación a los principios mismos en los que se fundamenta el sistema internacional de protección de los derechos humanos y pondría al país en una situación de violador de los mismos, frente a la comunidad internacional y frente al pueblo que es en el cual reside la soberanía de conformidad con lo establecido en el artículo 2, párrafo primero de la Constitución. Dice la peticionaria de la demanda de inconstitucionalidad, que el continuar con la aplicación del párrafo cuarto del articulo 213 de la Ley Electoral de Honduras, constituye una violación continua, permanente y efectiva al principio contenido en el artículo 64 constitucional y de los derechos y garantías de los ciudadanos en general.- CONSIDERANDO(7): Que, continuando con su exposición, la peticionaria dice que los principios del iusnaturalismo establecen la existencia de ciertos mandatos o principios que por definición pertenecen al Derecho, de modo que el ordenamiento jurídico positivo que no los consagra y sanciona, no es un verdadero ordenamiento jurídico. Dicho de otro modo, el iusnaturalismo mantiene que la legitimidad de las leyes positivas (esto es, el conjunto de normas efectivamente vigentes en un Estado), depende en último término de su concordancia con el Derecho Natural. Por eso, para un iusnaturalista, la validez de la ley depende también de su justicia (o corrección material) y por eso la tesis principal del iusnaturalismo se puede resumir en la frase “la ley injusta no es ley”. En atención al texto del artículo 60 de la Constitución de la República que dispone “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley.”, la recurrente colige de lo anterior que, si los derechos son inherentes a la condición humana, únicamente pueden ser limitados en tanto los límites impuestos sean imprescindibles para garantizar los derechos de los demás. Cualquier limitación en exceso debe por lo tanto considerarse ilegitima. La recurrente sostiene asimismo que las disposiciones contenidas en el párrafo cuarto del artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras, no son legítimas, ni necesarias, ni proporcionales y por lo tanto no queda más opción que concluir que permitir que se mantenga la aplicabilidad de las mismas constituye una violación permanente y continua a los derechos a elegir y ser electo; al derecho de igualdad ante la ley. Por lo tanto, dicho párrafo del artículo citado debe ser declarado inaplicable y expulsado del cuerpo jurídico nacional, si es que hemos de avanzar hacia la creación de una nación verdaderamente libre y democrática. Para finalizar la peticionaria dice que el Estado de Honduras esta obligado a tomar medidas para adecuar su marco jurídico interno a fin de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos contenidos en la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos y ratificados por Honduras.- En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado esta obligación de los Estados en numerosas sentencias, ordenando a los Estados enmendar sus ordenamientos jurídicos internos a fin de que estos se adecuen a los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.- CONSIDERANDO(8): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, éste por medio de la Fiscal del Despacho, emitió el Dictamen correspondiente, exponiendo que tanto la Convención Americana Sobre Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al haber sido ratificadas por Honduras, forman parte de nuestro derecho interno, de ahí, que La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, señala en su artículo 23 que reconoce y ampara el derecho de todo ciudadano y ciudadana de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, el derecho a votar y a ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto, y el derecho a tener acceso a la función pública, indicando además, que la Ley puede reglamentar el ejercicio de esos derechos y oportunidades, en ese sentido las libertades constitucionales entre ellas las electorales también se encuentran limitadas y por ello su disfrute supone el respeto a un marco de actuación jurídicamente determinado en beneficio del sistema como un todo, por lo que en el caso en estudio, consideramos que la limitación contemplada en el artículo hoy tachado de inconstitucional, es objetiva, pues afecta por igual a todos, son razonables y proporcionales, ya que su finalidad es operativizar el funcionamiento del sistema democrático. En virtud de lo anterior, la alegada limitación funciona más bien como una garantía, que permite proteger y promover los valores esenciales de la colectividad. En relación a lo anterior la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en forma reiterada en su jurisprudencia, que los derechos políticos del artículo 23 no son absolutos y que por lo tanto los Estados tiene la autoridad bajo la Convención Americana de Derechos Humanos de limitar estos derechos, siempre y cuando se trate de restricciones permisibles. En contraste con otras disposiciones de este Tratado que establecen con claridad los parámetros para determinar la legitimidad de las limitaciones. De ahí que el derecho a elegir y ser electo que se le reconoce a los ciudadanos en el artículo 37 constitucional, también establece límites, en consonancia con el párrafo cuarto del artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras. En los derechos políticos es necesario destacar la estrecha relación e interdependencia que en el Sistema Interamericano existe entre la democracia representativa, el ejercicio de los derechos políticos y la vigencia de los derechos humanos. Efectivamente, tanto la Carta de la Organización de Estados Americanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagran la importancia de la democracia en el sistema regional de protección de los derechos humanos, es así que estos en relación a los “Derechos Políticos” constituyen una garantía dentro de los derechos humanos, por consiguiente el Estado de Honduras, deberá ser un Estado democrático y de derecho, reconociendo los derechos fundamentales y esenciales, que emanan de la naturaleza humana.- CONSIDERANDO (9): Que para efectuar el estudio y análisis de lo argumentado por la recurrente, es importante hacer referencia a la finalidad en la creación de la Ley Electoral de Honduras, la cual es la organización y funcionamiento de los órganos electorales, que de conformidad con la Constitución de la República, tienen la atribución de organizar y dirigir los procesos electorales, mediante los cuales los ciudadanos eligen dentro de los candidatos a cargos de elección popular los de su preferencia; autorizar la creación de los partidos políticos; realizar las consultas populares con el propósito de fortalecer el estado de derecho, mediante los mecanismos de la democracia representativa, participativa y funcional, promoviendo la educación, la formación y la capacitación ciudadana, propiciando su libre, amplia y cívica participación en los procesos electorales, que deben ser transparentes, honestos y justos, respetando la voluntad soberana de los electores. Entre los principios que orientan la ley en comento se pueden mencionar la legitimidad, imparcialidad, transparencia, no discriminación, legalidad, buena fe, igualdad y paridad.- CONSIDERANDO(10): Que la recurrente en la presente acción de inconstitucionalidad, censura la aplicación del párrafo cuarto del artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras, precepto que dispone: “ARTÍCULO 213.- INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZAS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe inscribir de oficio, para la participación en las elecciones generales, a los candidatos que resultaren electos en el proceso electoral primario de cada Partido político bajo cualquiera de las modalidades autorizadas en la presente ley, el día siguiente de haberse efectuado la convocatoria a elecciones generales. También debe inscribir a los candidatos independientes que reúnan los requisitos legales, una vez que esté firme la resolución que los reconozca. En caso de renuncia o muerte de un candidato inscrito, la autoridad partidaria deberá realizar el reemplazo correspondiente. Los candidatos de los partidos políticos que no participaron en las primarias se inscribirán en el proceso electoral general, siempre y cuando cumplan con el requisito de presentar la fórmula presidencial y las nóminas completas de candidatos a Diputados al Parlamento Centroamericano, las nóminas completas de candidatos a Diputados al Congreso Nacional en al menos catorce (14) departamentos, así como las nóminas completas de candidatos a las corporaciones municipales en una cantidad de al menos doscientos (200) municipios.” Lo resaltado y subrayado es nuestro a efecto de identificar el thema decidendi que la impetrante arguye de inconstitucional y demás elementos de la norma que se consideran fundamentales a efecto de la respuesta que se brindará en el presente libelo.- CONSIDERANDO (11): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (En opinión consultiva OC-2/82, de fecha 24 de septiembre del año 1982) establece que la ratificación de un tratado sobre derechos Humanos implica que “Los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción”.- CONSIDERANDO(12): Que en atención al principio anteriormente enunciado es menester determinar que debe entenderse por Control de Convencionalidad, para lo cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los párrafos 124 y 125, de la sentencia recaída en el Caso Almocid Arellano vrs Chile dejó establecido que: “…124. La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la Ley y, por ello, están obligados a aplicar disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “Control de Convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. 125. En esta misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que “¨{s} según el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno” 150. Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. …” CONSIDERANDO(13): Que los anteriores criterios jurídicos, encuentran fundamento en nuestra norma constitucional, específicamente en el artículo 16 segundo párrafo, al señalar que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno; por ello en caso de existir conflicto entre el tratado o convención y la Ley, prevalecerá el primero esta última disposición contenida en el artículo 18 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO(14): Que en relación al control de constitucionalidad y convencionalidad, esta Sala de lo Constitucional en el fallo con registro de expediente AA-406-2013 de fecha veintiocho de junio del año dos mil trece, en los considerandos números 10 y 11 argumentó que: CONSIDERANDO (10): Que de lo expuesto podemos concluir afirmando a este respecto que el Control de Convencionalidad consiste en que la interpretación del derecho contenido en las Convenciones y los tratados de que un Estado sea signatario, es la competencia propia y peculiar de los tribunales. Una Convención o Tratado Internacional son, de hecho y deben ser mirados por los jueces como normas de Derecho Fundamental, que forman parte de nuestro Bloque Constitucional. Y por ello pertenece a los jueces concretar su significado, tanto como el significado de cualquier Ley particular que proceda del Cuerpo Legislativo. Si ocurriese que hay una diferencia irreconciliable entre los dos, la que tiene vinculación y validez más fuerte debe ser preferida, así “En caso de conflicto entre el tratado o convención y la Ley prevalecerá el primero”, evidentemente; o, en otras palabras, éstos deben ser preferidos a la Ley, la intención del pueblo manifiesta a través de la Convención o el Tratado a la intención del agente del Estado. Pudiendo ir más allá inclusive y ampliar este tipo de control, para permitir la inclusión en el mismo, de los pactos y demás instrumentos internacionales de Derechos Humanos de que un Estado sea parte. CONSIDERANDO (11): Que los efectos que imponen tanto el control de constitucionalidad, como el de convencionalidad, suponen que los jueces, y en última instancia la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que contravengan la Constitución y/o los Tratados vigentes, pactos y demás declaraciones internacionales en materia de derechos humanos; b) Los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia y de conformidad a lo previsto por nuestra Constitución y la Ley Sobre Justicia Constitucional, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones; c) Las autoridades del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales deben interpretar los derechos humanos de la manera que más los favorezca, sin que estén facultadas para declarar la invalidez de las normas o para desaplicarlas en los casos concretos.- CONSIDERANDO(15): Que la recurrente expone que la aplicación del párrafo cuarto del artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras, constituye una violación permanente y continua a los derechos de elegir y ser electo y al derecho de igualdad ante la ley. El primero de los derechos que aduce la impetrante como vulnerado, encuentra reconocimiento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es así que el artículo 23[1] hace referencia a los Derechos políticos y de su texto se lee: “Derechos políticos 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a. De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c. De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”. El segundo de los derechos invocados como vulnerados por la impetrante, se encuentra reconocido de igual forma en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece: “Igualdad ante la Ley Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.- CONSIDERANDO (16): Que en la actualidad es universalmente aceptado que el ordenamiento jurídico debe garantizar que todos los ciudadanos elegibles dispongan del derecho universal e igual al sufragio, así como al de contender en las elecciones sin ningún tipo de discriminación. De tal suerte tanto a nivel constitucional y convencional se ha sido reconocido el derecho de los ciudadanos a votar y a contender por los cargos públicos, ello es común denominador en todos aquellos Estados que se califiquen como democráticos.- CONSIDERANDO (17): Que como es lógico estos derechos están sujetos a la observancia de ciertos requisitos, los que en la generalidad de los Estados van desde condicionamientos al respeto de la ciudadanía, edad y residencia, entre otros. En este orden de ideas, es fundamental que los organismos rectores de los procesos electorales cuando realicen la revisión del marco legal de un país lo hagan poniendo una especial atención en cuanto al alcance de esas restricciones para comprobar si las mismas son legítimas, para lo cual deberá confrontar la norma electoral con el control de constitucionalidad y de convencionalidad. De todos ellos, cabe destacar los derechos de participación electoral mediante el derecho de sufragio activo en órganos de representación política, es decir, el derecho a votar en elecciones periódicas para la asignación de nuestros representantes y el derecho a ser elegido o derecho de sufragio pasivo y el derecho a acceder a cargos y funciones públicas. Estableciendo literalmente a este respecto nuestra Constitución en su artículo 37 lo siguiente: “Son derechos del ciudadano: 1. Elegir y ser electo; …” y en el 44 que: “El sufragio es un derecho y una función pública. El voto es universal, obligatorio, igualitario, directo libre y secreto.”CONSIDERANDO (18): Que específicamente en cuanto al tema de la democracia representativa como elemento de Estados del Sistema Interamericano la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido lo siguiente: “Este Tribunal ha expresado que la democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte´, y constituye ´un principio´ reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano[2]. Los derechos políticos protegidos en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político[3]. Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas aprobaron el 11 de septiembre de 2001 durante la Asamblea Extraordinaria de la OEA la Carta Democrática Interamericana, en la cual se señala que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas: libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”[4]. CONSIDERANDO (19): Que específicamente en cuanto al tema de obligación de hacer del Estado y sus componentes la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido lo siguiente: “Es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación (…)[5], (--) La participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizados, con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación directa. (…) El ejercicio de los derechos a ser elegido y a votar, íntimamente ligados entre sí, es la expresión de las dimensiones individual y social de la participación política (…) Los ciudadanos tienen el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos. El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos pueden elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán (…) la participación mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos pueden postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que pueden ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello (…) El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas estatales a través de las funciones públicas. Se entiende que estas condiciones generales de igualdad están referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o designación[6]”. -Subrayado añadido- CONSIDERANDO (20): Que asimismo en cuanto al tema de las limitaciones permitidas por el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido lo siguiente: “la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no construyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones[7] “Su reglamentación debe observar los principios de legalidad y necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que le torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y sea proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse al que restrinja menos el derecho protegido y guardar mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue[8]” CONSIDERANDO (21): Que Honduras hace suyo los Tratados y convenios Internacionales en procura del respeto de los derechos fundamentales de sus habitantes, con el fin de lograr la consolidación de un verdadero Estado de Derecho, el que se afianza a través de la democracia, entendiendo ésta como la voluntad popular que se encuentra representada por medio de sus autoridades, dividida en tres Poderes, a saber: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para evitar precisamente el monopolio de la función pública, delegando en cada uno de éstos Poderes funciones específicas en el marco del respeto a la Constitución como Ley primaria y de esta forma mantener el orden y la paz social que anhela la persona humana, como fin supremo de la sociedad y del Estado, conceptualizando lo preceptuado en el artículo 1 de la Constitución de la República. El reconocimiento de los Derechos Fundamentales no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de los Estados. Son derechos que se derivan directamente de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos[9] y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[10]. CONSIDERANDO(22): Que en relación a la inconstitucionalidad del párrafo cuarto del artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras, contenida en el Decreto Legislativo No. 35-2021, en relación a la inscripción de los candidatos de los partidos políticos que no participaron en las elecciones primarias, esta Sala es del criterio que al tenor de lo dispuesto en el artículo 1[11] y 60[12] de la Constitución de la República, se reconoce que todos los hondureños son iguales ante la ley y se prohíbe toda discriminación que resulte contraria a la dignidad humana, precepto este último al cual, el constituyente le otorgó el rango de uno de los valores superiores que informan nuestra Constitución. Así las cosas, el Estado debe a través del Poder Legislativo, emitir leyes en absoluto respeto al principio de igualdad. Ello no significa que deba darse un trato igualitario a todas las personas, pues, por el contrario, se debe procurar que, en iguales condiciones, se apliquen las mismas medidas jurídicas. Lo anterior toda vez que existen grupos de personas que por sus condiciones particulares se encuentran en una situación distinta a los demás y de otorgárseles el mismo trato se les estaría colocando en una condición de desventaja que resultaría discriminatoria; que los argumentos expuestos por la recurrente no se muestran encaminados a establecer cuáles han sido esos criterios diferenciadores o discriminatorios que se conciernen en el párrafo cuarto del artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras; en este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado lo siguiente: “No habrá pues discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana”[13].- CONSIDERANDO(23): Que la recurrente sostiene que el permitir que se mantenga la aplicabilidad de la norma tachada de inconstitucional, constituye una violación permanente y continua a los derechos a elegir y ser electo y al derecho de igualdad ante la ley; tal afirmación la realiza bajo el único argumento, que la norma en comento, le impide en forma tácita a su representado a participar en las elecciones generales convocadas para noviembre de 2021, en las planillas para el cargo de alcalde del Municipio de San Marcos, Departamento de Ocotepeque, por un partido político debidamente inscrito, por el motivo de haber participado en las elecciones primarias. En este punto resulta de importancia hacer referencia a lo señalado en el artículo 17 del Código Civil que preceptúa “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; en este orden de ideas y de la lectura armónica del artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras, este Tribunal Constitucional infiere, que la redacción del párrafo cuarto del artículo relacionado, va encaminado a exigir ciertos requisitos que deben cumplir los Partidos Políticos que no participaron en elecciones primarias, ello con el fin de poder ser inscritos sus candidatos y participar en las elecciones generales a saber: a) presentar la fórmula presidencial y las nóminas completas de candidatos a Diputados al Parlamento Centroamericano; b) las nóminas completas de candidatos a Diputados al Congreso Nacional en al menos catorce (14) departamentos; c) las nóminas completas de candidatos a las corporaciones municipales en una cantidad de al menos doscientos (200) municipios; es así que siguiendo la línea jurisprudencial emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación a que el trato diferenciador debe ser razonable y legítimo, por lo tanto una distinción solo será legítima si obedece a una justificación objetiva y razonable. Es así que en atención a los principios que rigen en el sistema electoral, el cual debe garantizar que no se tergiverse la fuerza electoral de los competidores, ni se altere el peso de la voluntad del electorado; ello en armonía con el ejercicio de la democracia representativa, como base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos[14], negar la participación de un ciudadano a participar del derecho de ser electo, sin un test de igualdad y no discriminación del fin perseguido por la distinción, seria violatorio del derecho a la igualdad según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (24): Que es necesario hacer referencia a la teoría del control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, que ha desarrollado el principio de presunción de constitucionalidad de la Ley con relación al principio in dubio pro legislatore[15], que opera de modo que quien aduce la incompatibilidad de la ley denunciada debe exponer las razones fácticas y jurídicas que supone que la misma es inconstitucional; mientras que el juez o jueza constitucional debe de iniciar el examen de constitucionalidad con base a un supuesto de que el legislador ha actuado en seguimiento de todos los principios, preceptos y valores constitucionales, realizando una interpretación conforme y adecuación de la normatividad de modo que sea compatible con la Constitución, solo en el caso que sea imposible la compatibilización de la ley en juicio es que la misma deberá de ser expulsada del ordenamiento.[16] CONSIDERANDO(25): Que una ley es contraria a la Constitución no solo cuando por su finalidad viola un mandato o una prohibición expresa o virtual contemplada en aquella Carta Fundamental (inconstitucionalidad material), sino que también cuando el órgano que la crea carece de competencia para ello o, teniendo tal competencia, la dicta trasgrediendo las normas constitucionales que regulan su proceso de formación (inconstitucionalidad formal)[17]. Con la cuestión de inconstitucionalidad se pretende una forma de colaboración entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional, en la depuración de aquellas leyes que puedan ser contrarias a la Constitución[18] y que el juez por sí mismo no puede dejar de aplicar, porque está sujeto a la ley. Sin embargo, también está sujeto a la Constitución y, en ese sentido, hay ocasiones en que la ley y la Constitución pueden entrar en contradicción, sin que el juez esté facultado para optar directamente por el texto constitucional obviando la aplicación de la ley. Es así que una vez analizadas las diligencias en el caso sub júdice, este Alto Tribunal concluye que no son de recibo los motivos de inconstitucionalidad de contenido invocados por la recurrentes; ello es así porque de la lectura armónica del artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras, se infiere que el párrafo cuarto exige ciertos requisitos a los partidos políticos que no contendieron en las elecciones primarias, a efecto de la inscripción de sus candidatos en el proceso electoral general; la impetrante expone como único argumento de inconstitucionalidad, que el párrafo cuarto del artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras, impide de manera tácita a su representado participar en elecciones generales. El término tácito hace referencia a lo callado silencioso, sigiloso; asimismo que deja entender o captar sin ser comunicado de modo expreso, por medio de los hechos previos, de los actos realizados o de la situación en que se presenta su caso[19]. Al respecto es importante referir que Honduras al ser suscriptor y haber ratificado varios instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, se encuentra obligado a hacer efectivos y a garantizar cada uno de los derechos establecidos en esos Tratados y Convenios. En ese orden de ideas y ante la posible vulneración del derecho de elegir y ser electo, por cualesquiera de los órganos electorales referidos en la Constitución de la República y en la Ley Electoral de Honduras, el afectado puede hacer uso de los recursos que la ley pone a su disposición, asimismo a interponer ante el máximo tribunal de justicia constitucional, el recurso de Amparo, el que siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en relación al texto del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha señalado: “es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención”.[20] CONSIDERANDO (26): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente, cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional cuando no se ha observado en el proceso legislativo de su creación, lo establecido en la Constitución de la República, así también cuando una ley es contraria a la misma Constitución; se argumente asimismo que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala de lo Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas.- CONSIDERANDO (27): Que, en el presente caso, se puede deducir que no son de recibo los argumentos expuestos por la recurrente, a efecto de declarar la inconstitucionalidad del párrafo cuarto del artículo 213, contenido en el DECRETO LEGISLATIVO No. 35-2021, aprobado por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, en fecha veinticinco de mayo del año dos mil veintiuno y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,610 en fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno, contentivo de la LEY ELECTORAL DE HONDURAS, ello como corolario de lo plasmado en el presente libelo. Por todo lo anteriormente expuesto esta Sala Declara Sin Lugar la inconstitucionalidad del párrafo cuarto del artículo 213 del Decreto Legislativo No. 35-2021, contentivo de la Ley Electoral de Honduras, en atención a los vicios de contenido planteados por la recurrente, no observando del único argumento expuesto, el concepto de quebranto al derecho a la igualdad; como líneas ut supra se refirió, no toda distinción de trato comporta una vulneración del derecho a la igualdad. En el caso en estudio, la recurrente se limitó a indicar que el párrafo cuarto del artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras, limita en forma tácita a su representado, a participar en el proceso de elecciones generales, no obstante, a ello de la lectura armónica del artículo tachado de inconstitucional, este Tribunal de Justicia Constitucional, advierte que la redacción va encaminado a exigir ciertos requisitos a los partidos políticos que no participaron en las elecciones primarias. La recurrente no hace alusión a elementos orientados a establecer un trato diferenciado hacia su representado y con ello deducir que se vulnera el derecho a la igualdad que invoca como lesionado. Reiterando que ante la inminente o eventual vulneración al derecho de elegir y ser electo, el afectado puede hacer uso de los recursos que la ley pone a su disposición y asimismo recurrir en Amparo ante esta Sala de lo Constitucional.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD DE VOTOS, haciendo aplicación de los artículos 1, 15, 16, 18, 37, 60, 80, 184, 185 numeral 1º, 303, 304, 313 atribución 5ª, 313.9, 316, de la Constitución de la República; 1, 9, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 74, 75, 76, 77, 79, 89 y 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VÍA DE ACCIÓN, EN FORMA PARCIAL Y POR RAZÓN DE CONTENIDO DEL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 213 DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 35-2021, que contiene la LEY ELECTORAL DE HONDURAS, aprobado por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, en fecha veinticinco de mayo del año dos mil veintiuno y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,610 en fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno, no observando este Alto Tribunal de los argumentos expuestos por la recurrente, el concepto de quebranto al derecho a la igualdad, en atención a establecer un trato diferenciado hacia el peticionario de la acción de inconstitucionalidad promovida y con ello deducir que se vulnera el derecho a la igualdad que se invoca como lesionado a efecto de participar en el proceso de elecciones generales. Y MANDA: 1) Que la presente sentencia sea notificada a la recurrente personalmente o de oficio mediante cédula fijada en la Tabla de Avisos del Despacho; 2) Que se proceda a certificar el presente fallo; 3) Que una vez que sea firme este fallo, se archiven las presentes diligencias en la Secretaría de este Alto Tribunal. Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA.- MAGISTRADA PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES.- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario de la Sala de lo Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha dos (2) de junio del año dos mil veintitrés (2023), recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 0879-2021

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] En los mismos términos de garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, hace alusión el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

[2] Corte IDH. Caso Yatama, vs. Nicaragua. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127. párr. 192.

[3] Caso Yatama (-), párr. 192

[4] Caso Yatama (…), párr. 193; y Carta Democrática Interamericana aprobada en la primera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 11 de septiembre de 2001, articulo 3.

[5] Caso Yatana …párr. 195

[6] Caso Yatama (…) párr. 996-200

[7] Caso Yatama 8…) párr. 206; y en igual sentido, Case of Hirst v. the United Kingdom (no.2), No. 74025/01, § 36. ECHR- 2004.

[8] Caso Yatama , (..) párr. 206; en igual sentido, caso Ricardo Canece, (…) párr. 96 y 133; Caso Herrera Ulloa, (…), párr. 121 y 123 y la Colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), ( párr. 46. Asímismo, ofr. Eur. Court H.R; Case of Barthold v. Germany, Judgmet of 25 March 1985, Series A No. 90. para 58; Eur. Courth H.R. Case of Sunday Times v. United Kindom, Judgmet. Of 26 Abril 1979, Series A No. 30, para 59; O.N.U., Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 27, Libertad de Circulación (art. 12) de 2 de noviembre de 1999, párrs. 14 y 15; y O.N.U., Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 25, Derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas (Art. 25) de 12 de julio de 1996, párr. 11, 14, 15 y 16.

[9] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Entró en vigor el 18 de julio de 1978. La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977. Artículos 23.1 inciso a) y c), 23.2 y 24

[10] Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1996. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976. La Gaceta No. 28293 de 24 de junio de 1997. Artículos 25. a) y c) y 26.

[11] Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.

[12] Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La Ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto

[13] Corte IDH. Opinión consultiva OC-4/84, op. cit., 1984, párr. 57

[14] Carta Democrática Interamericana, artículo 2. Adoptada en el Vigésimo Octavo Periodo Extraordinario de Sesiones, en fecha 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú.

[15] Ver considerando número 2, del fallo constitucional con registro de expediente RI 99 y 588-2018, de fecha 30 de enero del año 2019.

[16] Cfr., CABRALES LUCIO, José Miguel, El Principio de Interpretación Conforme en la Justicia Constitucional. Teoría, Práctica y Propuesta en perspectiva comparada, Editorial Porrúa, México, 2015, pp. 5-26.

[17] Abogado Enrique Flores Valeriano, La Justicia Constitucional en Honduras. Litografía López, S. de R. L. 1a. ed. 2006, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. pág. 77.

[18] Maria Luisa Balaguer Callejón. Lecciones de Derecho Constitucional. Editorial TECNOS (GRUPO ANAYA, S.A.), 2ª. edición, 2017, Madrid, España. pág. 75.

[19] Diccionario Hispanoamericano de Derecho/ equipo de redacción Margarita María Durán Urrea… [et al]; equipo colaborador Wilman Amaya León… [et al] . -Bogotá: Grupo Latino Editores, 2008. Pág. 2252.

[20] Corte IDH. El Hábeas Corpus bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 32 y Opinión Consultiva OC-9/87, op. cit., párr. 23.