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Sentencia RI-749-22 — Registro 17976

Resumen

Recurso de Inconstitucionalidad de oficio interpuesto por Juez de Tribunal de sentencias por designación de los demás jueces integrantes de la Sala cuarta de sentencia, contra Decreto contentivo de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan con relación a la solicitud de amnistía en la causa instruida contra imputado como cómplice en la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Administración Pública

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."II. Examen sobre la legitimación activa de quien interpone la garantía de inconstitucionalidad. La Constitución de la República dispone en el artículo 185, quienes están facultados para interponer la garantía de inconstitucionalidad, así: “Artículo 185. La declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, debe solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo: 1) Por vía de acción que se debe entablar ante la Corte Suprema de Justicia; 2) Por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial; y, 3) También el órgano jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación antes de dictar resolución. En los casos contemplados en los numerales 2) y 3), se debe elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, siguiéndose el procedimiento hasta el momento de la citación para la sentencia, a partir de lo cual se debe suspender el procedimiento judicial de la cuestión parcial en espera de la resolución sobre la inconstitucionalidad.”[2] De lo anteriormente expuesto, las normativas: constitucional y legal, establecen con meridiana claridad, que la solicitud de oficio sólo pueda ser interpuesta por el órgano jurisdiccional que conozca del procedimiento judicial, refiriéndose obviamente al caso concreto en el que se deba de aplicar la norma presumiblemente inconstitucional. Como podrá constatarse, tanto la Constitución como la ley, señalan al órgano jurisdiccional como el sujeto legitimado activo, por lo que en los órganos colegiados no podrán: a) interponerse de manera unipersonal; b) abstenerse de resolver aduciendo que existen garantías de inconstitucionalidad pendientes dirigidas en contra de la normativa que se deba de aplicar, esto en virtud del principio de presunción de constitucionalidad de las leyes, según la cual todas las leyes se encuentran de conformidad con la Constitución de la República, los únicos casos en que se suspende la aplicación de una ley es cuando la persona afectada por una supuesta inconstitucionalidad opone la inconstitucionalidad como excepción (numeral 2 del artículo 77 constitucional), o cuando de oficio el juez o tribunal que conoce de un asunto presenta la inconstitucionalidad mediante una resolución (numeral 3 del artículo 77 constitucional). La disposición anterior, se encuentra acorde con las normas procesales que demandan que las resoluciones que deban ser dictadas por los tribunales colegiados, sean tomadas siguiendo las reglas de discusión, votación y fallo, según su materia. Y siendo que el presente caso, proviene de un asunto de la materia penal, deberá observarse lo que demanda el artículo 145 del Código procesal penal, que a la sazón dispone: “Artículo 145. Firma de las resoluciones. Las resoluciones serán firmadas por el juez y, en su caso, por los miembros del tribunal que haya conocido del asunto, así como, por el secretario. La falta de la firma del juez o de la de uno (1) o más miembros del tribunal de sentencia, provocará la invalidez del acto, a menos que tal omisión sea subsanada por acta complementaria en la que dicho juez o miembro del tribunal reconozcan haber intervenido en el acto y asuma su contenido. Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable si la falta de la firma de un miembro del tribunal de sentencia se debe a su fallecimiento o a una incapacidad surgida después de su participación en la deliberación y en la votación.” Pero, ¿por qué se afirma que debe hacerse mediante una resolución? Pues porque el artículo 88 de la Ley sobre justicia constitucional así lo manda de manera expresa, al ordenar que el órgano jurisdiccional que solicite de oficio la declaración de inconstitucionalidad dicte una resolución motivada. Requisito de forma que, de hecho, no se cumplió en la presente acción entablada de oficio, en virtud de que quien comparece es la jueza Karla Lizeth Romero Dávila, de manera unipersonal y, no lo hace mediante resolución motivada. De conformidad con lo anterior, queda constatado el hecho de que, aunque la jueza Karla Lizeth Romero Dávila haya señalado que actúa por designación de los demás miembros del Tribunal de sentencia del departamento de Francisco Morazán, lo cierto es que de los autos no se desprende que ella esté conociendo de la causa penal en la que se demanda la aplicación del decreto legislativo No.4-2022. De hecho, todo indica que la juez Karla Romero actuó sin disposición o resolución que le facultara a presentar la garantía de inconstitucionalidad en nombre y representación de la Sala cuarta del mismo tribunal de sentencia, cuyos miembros son quienes debieron interponer la correspondiente acción de inconstitucionalidad. Hasta donde consta con los antecedentes tenidos a la vista por este alto tribunal de justicia, es irrefutable que la jueza Karla Lizeth Romero Dávila presentó la acción de inconstitucionalidad de manera unipersonal arrogándose una calidad que no ostenta o no acredita. Como ya se dejó expresado antes, la interposición oficiosa de una acción de inconstitucionalidad por parte de un órgano jurisdiccional colegiado, debe hacerse mediante resolución motivada, constando en autos que la demandante de inconstitucionalidad no lo hizo así, sino que de motu prioprio compareció mediante libelo o escrito motivado; provocando con su actuar unilateral y la de los integrantes de la Sala cuarta el retraso del proceso que este último ha debido conocer, salvo que presentara por su cuenta la acción de inconstitucionalidad cumpliendo los presupuestos procesales dispuestos en los artículos 77, 87 y 88 de la Ley sobre justicia constitucional. Como consecuencia de todo esto, la jueza Karla Lizeth Romero Dávila no se encuentra legitimada para interponer la presente garantía de inconstitucionalidad, por lo que la Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de declarar sin lugar la presente garantía, sin entrar a conocer el fondo de lo expuesto en el escrito de interposición"..."Sala de lo Constitucional, el hecho de que la jueza Karla Romero se encuentre asignada en la sala tercera del tribunal de sentencia, y que haya sido designada unánimemente por la sala cuarta de dicho órgano jurisdiccional, no le legitima para interponer la inconstitucionalidad de mérito, de conformidad a lo que dispone de manera expresa el artículo 185 constitucional. En virtud de lo cual, debido a que el asunto judicial a resolver, en este caso un asunto penal, no tiene vínculo directo con la jueza compareciente, es motivo suficiente para determinar que no debió involucrarse en sus diligencias, debiéndose recordar que nuestro sistema procesal constitucional, en relación con la garantía de inconstitucionalidad, no admite la acción pública, ni el interés general, sino que de forma restrictiva, exige de forma taxativa y clara la existencia del interés directo, personal y legítimo. En refuerzo de lo anterior, es inadmisible que un juez delegue a otro el conocimiento de sus asuntos, a menos que exista causa legal como: recusación, excusa o necesidad por fuerza mayor o causa fortuita. Es precisamente por eso, que el legislador exige de forma expresa, que el juez o tribunal que interponga la garantía de inconstitucionalidad lo haga mediante una resolución motivada, reafirmando la idea de que es el juez o en su caso el tribunal que conoce del proceso o caso concreto (de forma directa, personal y legítima), quien acuda a la Sala de lo Constitucional, interponiendo la garantía. En conclusión: La jueza Karla Romero no debió interponer la garantía de inconstitucionalidad de mérito, en virtud de que: 1) No pertenece a la sala cuarta, siendo un requisito insoslayable que el asunto esté bajo su responsabilidad, o sea bajo su asignación para conocer y resolverlo, hasta entonces su interés es de tipo general, o sea que no es directo, personal y tampoco legítimo. 2)La delegación de asuntos de un juez a otro sin causa legal prevista, es ilegal y podría ser causa de responsabilidad, civil, administrativa y penal. Con relación a la supuesta preclusión del momento procesal oportuno para examinar la admisibilidad de la garantía de inconstitucionalidad, cabe señalar que la legitimación activa es un presupuesto procesal, que, junto con la jurisdicción, la competencia y la vía procesal idónea, son revisables de oficio y en cualquier tiempo. En virtud de lo cual es inadmisible y nada sustentable pretender la validación de una legitimación inexistente por el sólo hecho de darle curso a la garantía de inconstitucionalidad. Finalmente, con relación al control de convencionalidad, este alto tribunal de justicia estima que los términos en que ha dictado su sentencia no violentan, ni el debido proceso en los términos que dispone el artículo 8 de la Convención americana sobre derechos humanos, como tampoco la protección judicial que se encuentra dispuesta en el artículo 25 de dicha convención; sino todo lo contrario. En virtud de lo cual, procede denegar el recurso de reposición de mérito."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, nueve de junio del dos mil veintitrés VISTA: Para dictar sentencia en el expediente número RI-0749-2022 que contiene la garantía de inconstitucionalidad interpuesta de oficio por razón de forma y de contenido por la jueza KARLA LIZETH ROMERO DÁVILA, quien comparece expresando que es juez del Tribunal de sentencia del departamento de Francisco Morazán, integrante en la causa No. TST/FM (19)-133-2022)por designación de los demás jueces JEANNETE ELIZABETH PADGETT, ENILDA GERLADINA MEJÍA y ROSAMINDA VELÁSQUEZ, integrantes de la Sala cuarta de sentencia del departamento de Francisco Morazán.[1] La garantía de inconstitucionalidad se dirige en contra del decreto legislativo No. 4-2022, emitido en fecha dos de febrero de dos mil veintidós por el honorable Congreso Nacional de la República de Honduras, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,840 de fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, contentivo de la Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan; con relación a la solicitud de amnistía presentada por el abogado NICOLÁS GARCÍA ZORTO en la causa instruida contra los señores ÓSCAR NAHUN RUBÍ FLORES y PEDRO ARNALDO PINTO a quienes se le sigue proceso por el delito de fraude, en perjuicio de la Administración Pública (Exp. No. TST/FM (19)-133-2022). ANTECEDENTES PROCESALES 1. En fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós, se recibió en la honorable Sala de lo Constitucional, la garantía de inconstitucionalidad interpuesta de oficio por razón de forma y contenido, por la abogada Karla Lizeth Romero Dávila, en su condición de jueza de la Sala tercera del tribunal de sentencia del departamento de Francisco Morazán, contra el decreto No. 4-2022, emitido en fecha dos de febrero de dos mil veintidós por el Congreso Nacional de la República de Honduras, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,840 de fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, contentivo de la Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan; con relación a la solicitud de amnistía en la causa instruida contra el señor ÓSCAR NAHUN RUBÍ FLORES a quien se le sigue proceso como cómplice en la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, asimismo contra el señor PEDRO ARNALDO PINTO por suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, ambos en perjuicio de la Administración Pública (Exp. No. TST/FM (19)-133-2022). 2. En fecha dos de mayo de dos mil veintidós, la Sala resolvió admitir la garantía de inconstitucionalidad de mérito, ordenándose librar comunicación al Congreso Nacional de la República, a efecto de que dentro del plazo de cinco días hábiles remita los antecedentes correspondientes al proceso de creación del decreto impugnado, una vez recibidos los mismos desde traslado al fiscal del despacho por el término de seis días hábiles, para que emita el correspondiente dictamen. (Folio 10 de la garantía de mérito). 3. En fecha veintiocho de julio de dos mil veintidós el honorable Congreso Nacional de la República remitió el oficio número 34-2022/PS-CN adjuntando un informe sobre el proceso de creación del decreto legislativo número 4-2022, certificación del punto de acta número 11 numeral 3 del acta número 3 que contiene la sesión celebrada el día miércoles dos de febrero de 2022. (Folio 29 de la garantía de mérito). 4. En fecha diez de octubre de dos mil veintidós, este alto tribunal de justicia ordena continuar con el procedimiento de ley correspondiente, visto lo expuesto por la fiscal del despacho, quien se abstuvo de emitir su dictamen luego de manifestar que la presente garantía constitucional se encuentra vinculada con la causa penal incoada por el Ministerio Público, sustentando su posición en lo que dispone el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público, decreto legislativo número 228-93. (Folios 117 al 122 de la garantía de mérito). FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA I. Sobre la garantía de inconstitucionalidad. De conformidad con el artículo 184 de la Constitución, las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. Asimismo, dicha norma dispone que le compete a la Corte Suprema de Justicia, el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva de dicha garantía, y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas. Por su parte el artículo 185 constitucional dispone que la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, podrá solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo: 1. Por vía de acción que deberá entablar ante la Corte Suprema de Justicia; 2. Por vía de excepción que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial; y, 3. También el órgano jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación antes de dictar resolución. II. Examen sobre la legitimación activa de quien interpone la garantía de inconstitucionalidad. La Constitución de la República dispone en el artículo 185, quienes están facultados para interponer la garantía de inconstitucionalidad, así: “Artículo 185. La declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, debe solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo: 1) Por vía de acción que se debe entablar ante la Corte Suprema de Justicia; 2) Por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial; y, 3) También el órgano jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación antes de dictar resolución. En los casos contemplados en los numerales 2) y 3), se debe elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, siguiéndose el procedimiento hasta el momento de la citación para la sentencia, a partir de lo cual se debe suspender el procedimiento judicial de la cuestión parcial en espera de la resolución sobre la inconstitucionalidad.”[2] De lo anteriormente expuesto, las normativas: constitucional y legal, establecen con meridiana claridad, que la solicitud de oficio sólo pueda ser interpuesta por el órgano jurisdiccional que conozca del procedimiento judicial, refiriéndose obviamente al caso concreto en el que se deba de aplicar la norma presumiblemente inconstitucional. Como podrá constatarse, tanto la Constitución como la ley, señalan al órgano jurisdiccional como el sujeto legitimado activo, por lo que en los órganos colegiados no podrán: a) interponerse de manera unipersonal; b) abstenerse de resolver aduciendo que existen garantías de inconstitucionalidad pendientes dirigidas en contra de la normativa que se deba de aplicar, esto en virtud del principio de presunción de constitucionalidad de las leyes, según la cual todas las leyes se encuentran de conformidad con la Constitución de la República, los únicos casos en que se suspende la aplicación de una ley es cuando la persona afectada por una supuesta inconstitucionalidad opone la inconstitucionalidad como excepción (numeral 2 del artículo 77 constitucional), o cuando de oficio el juez o tribunal que conoce de un asunto presenta la inconstitucionalidad mediante una resolución (numeral 3 del artículo 77 constitucional). La disposición anterior, se encuentra acorde con las normas procesales que demandan que las resoluciones que deban ser dictadas por los tribunales colegiados, sean tomadas siguiendo las reglas de discusión, votación y fallo, según su materia. Y siendo que el presente caso, proviene de un asunto de la materia penal, deberá observarse lo que demanda el artículo 145 del Código procesal penal, que a la sazón dispone: “Artículo 145. Firma de las resoluciones. Las resoluciones serán firmadas por el juez y, en su caso, por los miembros del tribunal que haya conocido del asunto, así como, por el secretario. La falta de la firma del juez o de la de uno (1) o más miembros del tribunal de sentencia, provocará la invalidez del acto, a menos que tal omisión sea subsanada por acta complementaria en la que dicho juez o miembro del tribunal reconozcan haber intervenido en el acto y asuma su contenido. Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable si la falta de la firma de un miembro del tribunal de sentencia se debe a su fallecimiento o a una incapacidad surgida después de su participación en la deliberación y en la votación.” Pero, ¿por qué se afirma que debe hacerse mediante una resolución? Pues porque el artículo 88 de la Ley sobre justicia constitucional así lo manda de manera expresa, al ordenar que el órgano jurisdiccional que solicite de oficio la declaración de inconstitucionalidad dicte una resolución motivada. Requisito de forma que, de hecho, no se cumplió en la presente acción entablada de oficio, en virtud de que quien comparece es la jueza Karla Lizeth Romero Dávila, de manera unipersonal y, no lo hace mediante resolución motivada. De conformidad con lo anterior, queda constatado el hecho de que, aunque la jueza Karla Lizeth Romero Dávila haya señalado que actúa por designación de los demás miembros del Tribunal de sentencia del departamento de Francisco Morazán, lo cierto es que de los autos no se desprende que ella esté conociendo de la causa penal en la que se demanda la aplicación del decreto legislativo No.4-2022. De hecho, todo indica que la juez Karla Romero actuó sin disposición o resolución que le facultara a presentar la garantía de inconstitucionalidad en nombre y representación de la Sala cuarta del mismo tribunal de sentencia, cuyos miembros son quienes debieron interponer la correspondiente acción de inconstitucionalidad. Hasta donde consta con los antecedentes tenidos a la vista por este alto tribunal de justicia, es irrefutable que la jueza Karla Lizeth Romero Dávila presentó la acción de inconstitucionalidad de manera unipersonal arrogándose una calidad que no ostenta o no acredita. Como ya se dejó expresado antes, la interposición oficiosa de una acción de inconstitucionalidad por parte de un órgano jurisdiccional colegiado, debe hacerse mediante resolución motivada, constando en autos que la demandante de inconstitucionalidad no lo hizo así, sino que de motu prioprio compareció mediante libelo o escrito motivado; provocando con su actuar unilateral y la de los integrantes de la Sala cuarta el retraso del proceso que este último ha debido conocer, salvo que presentara por su cuenta la acción de inconstitucionalidad cumpliendo los presupuestos procesales dispuestos en los artículos 77, 87 y 88 de la Ley sobre justicia constitucional. Como consecuencia de todo esto, la jueza Karla Lizeth Romero Dávila no se encuentra legitimada para interponer la presente garantía de inconstitucionalidad, por lo que la Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de declarar sin lugar la presente garantía, sin entrar a conocer el fondo de lo expuesto en el escrito de interposición. PARTE DISPOSITIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 183, 184, 185 303, 304, 308, 313 No. 5, 316 No. 1 y 375 de la Constitución de la República; 1.1, 2, 23 de la Convención americana sobre derechos humanos; 1, 3 No. 3, 4, 5, 8, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 89 y 92 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 4 de la Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan; FALLA: Declarando SIN LUGAR la garantía de inconstitucionalidad interpuesta de oficio por razón de forma y de contenido por la jueza KARLA LIZETH ROMERO DÁVILA, quien comparece expresando que es juez del Tribunal de sentencia del departamento de Francisco Morazán, integrante en la causa No. TST/FM (19)-133-2022)por designación de los demás jueces JEANNETE ELIZABETH PADGETT, ENILDA GERLADINA MEJÍA y ROSAMINDA VELÁSQUEZ, integrantes de la Sala cuarta de sentencia del departamento de Francisco Morazán.[3] La garantía de inconstitucionalidad se dirige en contra del decreto legislativo No. 4-2022, emitido en fecha dos de febrero de dos mil veintidós por el honorable Congreso Nacional de la República de Honduras, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,840 de fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, contentivo de la Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan; con relación a la solicitud de amnistía presentada por el abogado NICOLÁS GARCÍA ZORTO en la causa instruida contra los señores ÓSCAR NAHUN RUBÍ FLORES y PEDRO ARNALDO PINTO a quienes se le sigue proceso por el delito de fraude, en perjuicio de la Administración Pública (Exp. No. TST/FM (19)-133-2022). Y MANDA: 1. Que la presente sentencia sea notificada a la Sala tercera del tribunal de sentencia del departamento de Francisco Morazán. 2. Que una vez que sea firme este fallo, se archiven las presentes diligencias. 3. Devuélvanse las piezas a cada uno de los órganos jurisdiccionales de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARIO ROLANDO DIAZ FLORES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, treinta de agosto de dos mil veintitrés. VISTA: Para dictar resolución en la reposición interpuesta en contra de la sentencia de fecha nueve de junio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente número RI-0749-2022, mediante la cual se declaró sin lugar la garantía de inconstitucionalidad interpuesta de oficio por razón de forma y de contenido por la abogada KARLA LIZETH ROMERO DÁVILA, quien comparece expresando que es jueza de la sala tercera del Tribunal de sentencia del departamento de Francisco Morazán, integrante en la causa No. TST/FM (19)-133-2022)por designación de los demás jueces JEANNETE ELIZABETH PADGETT, ENILDA GERALDINA MEJÍA y ROSAMINDA VELÁSQUEZ, integrantes de la Sala cuarta de sentencia del departamento de Francisco Morazán.[4] La garantía de inconstitucionalidad se dirige en contra del decreto legislativo No. 4-2022, emitido en fecha dos de febrero de dos mil veintidós por el honorable Congreso Nacional de la República de Honduras, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,840 de fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, contentivo de la Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan; con relación a la solicitud de amnistía presentada por el abogado NICOLÁS GARCÍA ZORTO en la causa instruida contra los señores ÓSCAR NAHUN RUBÍ FLORES y PEDRO ARNALDO PINTO a quienes se le sigue proceso por el delito de fraude, en perjuicio de la Administración Pública (Exp. No. TST/FM (19)-133-2022). ANTECEDENTES PROCESALES 1. En fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós, se recibió en la honorable Sala de lo Constitucional, la garantía de inconstitucionalidad interpuesta de oficio por razón de forma y contenido, por la abogada Karla Lizeth Romero Dávila, en su condición de jueza de la Sala tercera del tribunal de sentencia del departamento de Francisco Morazán, contra el decreto No. 4-2022, emitido en fecha dos de febrero de dos mil veintidós por el Congreso Nacional de la República de Honduras, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,840 de fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, contentivo de la Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan; con relación a la solicitud de amnistía presentada por el abogado NICOLÁS GARCÍA ZORTO en la causa instruida contra los señores ÓSCAR NAHUN RUBÍ FLORES y PEDRO ARNALDO PINTO a quienes se le sigue proceso por el delito de fraude, en perjuicio de la Administración Pública (Exp. No. TST/FM (19)-133-2022). 2. En fecha nueve de junio de dos mil veintitrés, este alto tribunal de justicia dictó sentencia, declarando SIN LUGAR la garantía de inconstitucionalidad interpuesta por la jueza KARLA LIZETH ROMERO DÁVILA, en contra del decreto legislativo No. 4-2022, contentivo de la Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan (Folios 119-122 de la garantía de mérito). 3. En fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés se interpuso en tiempo y forma el recurso de reposición contra la sentencia dictada por este alto tribunal de justicia. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA I. Sobre los argumentos que sustentan el recurso de reposición. La impetrante manifiesta que en la pieza principal de la causa penal se encuentra el auto mediante el cual, los miembros del tribunal de sentencia le delegan la facultad de interponer la garantía de inconstitucionalidad, con fundamento en la economía procesal. Señala que ostenta la legitimación activa alegando literalmente lo siguiente: “PRIMERO: … mi legitimación pasa por el establecimiento de ser juez de sentencia del tribunal que conoce las causas, sometidas a nuestra jurisdicción y reconociéndome como miembro del mismo, no dictan ninguna resolución con voto concurrente y creen fielmente en los alcances y buena fe de los superiores jerárquicos, y su supuesto compromiso con el fortalecimiento del estado democrático de derecho, pues en la pieza principal consta el y los autos que me designan para desarrollar este recurso de inconstitucionalidad, mismas que fueron remitidas en su pieza original, donde no consta ningún, voto disidente, por parte de ningún miembro del mi tribunal y por el contrario acreditan su posición de otorgar el principio de delegación, a mi persona para desarrollar el recurso de inconstitucionalidad de las causas sometidas a el conocimiento del tribunal de sentencias a través de sus diversas salas, algunas compuestas por lamentablemente tres jueces y otras integrándome como su cuarto juez, sin que hubiese sido posible el traslado de la causa a la correspondiente Sala de lo Constitucional, por lo que el argumento de no tener legitimidad, por ser efectivamente juez de sentencias de esta jurisdicción, donde se conoce la causa y por cumplir con los requerimientos del articulo 185 numeral tercero y estar debidamente motivado, no pueden justificar que tenga una actuación UNIPERSONAL, sin ser posible que se dictara ningún voto disidente y enviar la causa a conociendo del superior jerárquico, con lo cual no puede existir ningún abuso de autoridad, porque mi autoridad de actuación en la interposición del recurso, la autorizan mis compañeros, que no emiten ninguna incidencia y que nos encontramos legitimados, por nuestro nombramiento como jueces de sentencias, cumpliendo con lo establecido en los artículos 185, numeral 3 de la Constitución de la República, artículos 87 y 88 de la Ley de justicia constitucional, sobre los recursos de inconstitucionalidad, presentados de oficio, por jueces como mi persona, desarrollados en delegación de mis compañeros de tribunal, los cuales al mediante auto en cada resolución de causa, tal delegación que me otorgan en cada causa de la pieza principal, establecen a mí la facultad de desarrollar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, en cada caso concreto sometido a nuestro conocimiento, detallando razones de forma y fondo que vulneran nuestros preceptos constitucionales, desarrollados en el correspondiente escrito de recurso de constitucionalidad, contra la ley que vulnera eso derechos y preceptos reconocidos por nuestra constitución. SEGUNDO: Es así, que vamos a señalar como antecedente de amparo AC-0231-2008. Que se refiere a los procesos en los cuales no puede ser contemplado mediante la Sala de lo Constitucional aquellos aspectos que en el debido proceso se vulnera o infringe las formalidades procedimentales, estableciendo así que no es posible retrotraerse a procedimientos de nulidad ya prelucidos los cuales en materia de derecho constitucional solo son de una sola vía, de quien lo interpone y la sala de lo Constitucional en cuestión, por lo que no permite retrotraerse a procedimientos, como la admisibilidad y sus aspectos señalados en la resolución que generen algún tipo de nulidad, aun y cuando en el presente proceso consta en las diligencias de mérito del recurso de inconstitucionalidad presentado el mismo fuese admitido bajo la inspección de los requisitos de admisibilidad señalados en fecha treinta de mayo del año dos mil dos, según folio 6 de la pieza del recurso, por lo que esta resolución resulta contraria a derecho. TERCERO: En relación al deber de la convencionalidad, de forma obligatoria tal cual, lo señala los artículos 15, 16, 17 y 18 constitucionales, el reconocimiento de la convencionalidad, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual se señala la obligatoriedad de cumplimiento de las disposiciones que señalo como antecedentes en el caso Moya Solís Vrs, Perú, en cuyo párrafo 67.7, reconoce la garantía del artículo 8.1, así como el caso Liakat ali Alibux vrsos Suriname, que en su párrafo 69, considera la aplicación de las normas que regulan el procedimiento de manera inmediata y que no vulneran el artículo 9 convencional, señalando el reconocimiento del momento en el cual tiene lugar el acto procesal, por lo que la resolución dictada resulta contraria a derecho, por lo que se fundamenta jurídicamente este recurso de reposición y se solicita la reconsideración jurídica del mismo en virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos referidos.” II. Examen de la Sala de lo Constitucional a lo expuesto por la recurrente en reposición. La honorable Sala de lo Constitucional contrasta los argumentos que sirvieron de fundamento para dictar la sentencia de nueve de junio de dos mil veintitrés con la fundamentación del recurso de reposición interpuesta en tiempo y forma. En su sentencia, este alto tribunal de justicia dispuso desestimar la presente garantía de inconstitucionalidad debido a la falta de legitimación activa por parte de quien la interpuso, con fundamento en lo que dispone el numeral 3 del artículo 185 constitucional[5], en relación con lo que disponen los artículos 77 numeral 3 de la Ley sobre justicia constitucional[6] y el 145 del Código procesal penal[7]. La Sala de lo Constitucional al reexaminar el asunto de marras, reitera su criterio de que la normativa precedentemente citada, dispone que la presente garantía de inconstitucionalidad debió ser interpuesta únicamente por el órgano jurisdiccional que conoce la causa penal que le da origen. En igual sentido, de la normativa citada se colige que, cuando un órgano jurisdiccional colegiado pretenda interponer una garantía de inconstitucionalidad, no podrá hacerse de manera unipersonal como aconteció en el caso de autos, ni de otra forma que no sea mediante una resolución motivada. En adición al hecho de que la compareciente interpuso la presente garantía en forma unipersonal y sin adoptar la forma de una resolución, se constata que la jueza Karla Romero no acreditó haber sido designada por la Sala cuarta del tribunal de sentencia, sino que dicha sala erróneamente se adhirió a otras garantías de inconstitucionalidad presentadas de oficio, declarando sin lugar la solicitud de amnistía hasta que la Sala de lo Constitucional se pronuncie sobre el tema, en las garantías interpuestas ya existentes y en proceso. Este alto tribunal de justicia, señala aquí, que la decisión de la sala cuarta fue incorrecta, en virtud de que en lugar de adherirse a otras garantías presentadas, y suspender el proceso puesto bajo su responsabilidad, debió interponer mediante resolución motivada, la garantía de inconstitucionalidad correspondiente en cumplimiento al procedimiento establecido en estos casos. En todo caso, la actuación de la jueza Karla Romero es injustificable debido a que no pertenece a la sala cuarta y nada tiene que ver con el asunto penal en desarrollo. Por todas estas razones, este alto tribunal de justicia ratifica los argumentos que sustentan la sentencia impugnada en reposición. La Sala de lo Constitucional, examina cada argumento expuesto por la impetrante en el recurso de reposición de mérito; pero antes debe señalarse que la argumentación de la recurrente es farragosa en algunos puntos, y por ello casi ininteligible. A pesar de la dificultad apuntada, la Sala de lo Constitucional logró extraer y resumir los alegatos de reposición, así: 1. La compareciente es jueza del tribunal de sentencia de la sala tercera, y expresa haber sido designada unánimemente por la sala cuarta de dicho órgano jurisdiccional para interponer la inconstitucionalidad, lo que consta en el escrito de interposición de la presente garantía de inconstitucionalidad, la recurrente subraya la unanimidad de la decisión al no existir voto disidente que se opusiera a su designación. 2. Para la compareciente las circunstancias anteriores son suficientes para presentar la garantía de manera unipersonal, sumado a que no hubo voto disidente para la delegación. 3. Reclama que la etapa de admisibilidad ya había sido superada, presentando como antecedente el amparo AC-0231-2008 señalando (según se entender) que éste refiere que no es posible retrotraer y anular procedimientos ya precluidos, los que en materia de derecho constitucional son de una sola vía. 4. Reclama el deber de control de convencionalidad, señalando como antecedente párrafo 67.7 de la sentencia en el caso Moya Solís contra Perú, asimismo, el párrafo 69 de la sentencia en el caso Liakat Ali Alibux contra Suriname, ambas dictadas por la Corte IDH. Para la Sala de lo Constitucional, el hecho de que la jueza Karla Romero se encuentre asignada en la sala tercera del tribunal de sentencia, y que haya sido designada unánimemente por la sala cuarta de dicho órgano jurisdiccional, no le legitima para interponer la inconstitucionalidad de mérito, de conformidad a lo que dispone de manera expresa el artículo 185 constitucional. En virtud de lo cual, debido a que el asunto judicial a resolver, en este caso un asunto penal, no tiene vínculo directo con la jueza compareciente, es motivo suficiente para determinar que no debió involucrarse en sus diligencias, debiéndose recordar que nuestro sistema procesal constitucional, en relación con la garantía de inconstitucionalidad, no admite la acción pública, ni el interés general, sino que de forma restrictiva, exige de forma taxativa y clara la existencia del interés directo, personal y legítimo. En refuerzo de lo anterior, es inadmisible que un juez delegue a otro el conocimiento de sus asuntos, a menos que exista causa legal como: recusación, excusa o necesidad por fuerza mayor o causa fortuita. Es precisamente por eso, que el legislador exige de forma expresa, que el juez o tribunal que interponga la garantía de inconstitucionalidad lo haga mediante una resolución motivada, reafirmando la idea de que es el juez o en su caso el tribunal que conoce del proceso o caso concreto (de forma directa, personal y legítima), quien acuda a la Sala de lo Constitucional, interponiendo la garantía. En conclusión: La jueza Karla Romero no debió interponer la garantía de inconstitucionalidad de mérito, en virtud de que: 1) No pertenece a la sala cuarta, siendo un requisito insoslayable que el asunto esté bajo su responsabilidad, o sea bajo su asignación para conocer y resolverlo, hasta entonces su interés es de tipo general, o sea que no es directo, personal y tampoco legítimo. 2)La delegación de asuntos de un juez a otro sin causa legal prevista, es ilegal y podría ser causa de responsabilidad, civil, administrativa y penal. Con relación a la supuesta preclusión del momento procesal oportuno para examinar la admisibilidad de la garantía de inconstitucionalidad, cabe señalar que la legitimación activa es un presupuesto procesal, que, junto con la jurisdicción, la competencia y la vía procesal idónea, son revisables de oficio y en cualquier tiempo. En virtud de lo cual es inadmisible y nada sustentable pretender la validación de una legitimación inexistente por el sólo hecho de darle curso a la garantía de inconstitucionalidad. Finalmente, con relación al control de convencionalidad, este alto tribunal de justicia estima que los términos en que ha dictado su sentencia no violentan, ni el debido proceso en los términos que dispone el artículo 8 de la Convención americana sobre derechos humanos, como tampoco la protección judicial que se encuentra dispuesta en el artículo 25 de dicha convención; sino todo lo contrario. En virtud de lo cual, procede denegar el recurso de reposición de mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 185 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención americana sobre derechos humanos; 77, 88 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 145 del Código Procesal Penal, FALLA: Declarando SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto en contra de la sentencia dictada el nueve de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia, que la presente sentencia sea notificada, se archiven las presentes diligencias y se devuelvan las piezas a cada uno de los órganos jurisdiccionales de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARIO ROLANDO DIAZ FLORES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha nueve de junio y reposición de fecha treinta de agosto de dos mil veintitrés, respectivamente, recaídas en el Recurso de Inconstitucionalidad bajo el número SCO 749-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Indica la compareciente en su escrito de interposición que los jueces que conforman la Sala cuarta del tribunal de sentencia del departamento de Francisco Morazán acordaron adherirse a otras garantías de inconstitucionalidad presentadas de oficio. Constando en autos que en la pieza remitida por el Tribunal de sentencia, expediente número 0801-2022-00133 año 2022 a folio 127 consta la resolución de fecha veintisiete de abril de dos mil veintidós, en la que consta que la Sala cuarta del tribunal mencionado resolvió declarar sin lugar la solicitud de amnistía, bajo el argumento de que hasta que la Sala de lo Constitucional resuelva otras garantías de inconstitucionalidad procederá a pronunciarse sobre el fondo y la forma de la petición de amnistía.

[2] En iguales términos se expresa el artículo 77 de la Ley sobre justicia constitucional que a la letra dice: “DE LA PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN. La declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, podrá solicitarse por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo: 1) Por vía de acción que deberá entablar ante la Corte Suprema de Justicia;2) Por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial, y,3) También el órgano jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, antes de dictar resolución. En los casos contemplados en los numerales 2) y 3), se elevarán las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia siguiéndose el procedimiento hasta el momento de la citación para sentencia, a partir de lo cual se suspenderá el procedimiento judicial de la cuestión principal en espera de la resolución sobre la inconstitucionalidad.”

[3] Indica la compareciente en su escrito de interposición que los jueces que conforman la Sala cuarta del tribunal de sentencia del departamento de Francisco Morazán acordaron adherirse a otras garantías de inconstitucionalidad presentadas de oficio. Constando en autos que en la pieza remitida por el Tribunal de sentencia, expediente número 0801-2022-00133 año 2022 a folio 127 consta la resolución de fecha veintisiete de abril de dos mil veintidós, en la que consta que la Sala cuarta del tribunal mencionado resolvió declarar sin lugar la solicitud de amnistía, bajo el argumento de que hasta que la Sala de lo Constitucional resuelva otras garantías de inconstitucionalidad procederá a pronunciarse sobre el fondo y la forma de la petición de amnistía.

[4] Indica la compareciente en su escrito de interposición que los jueces que conforman la Sala cuarta del tribunal de sentencia del departamento de Francisco Morazán acordaron adherirse a otras garantías de inconstitucionalidad presentadas de oficio. Constando en autos que en la pieza remitida por el Tribunal de sentencia, expediente número 0801-2022-00133 año 2022 a folio 127 consta la resolución de fecha veintisiete de abril de dos mil veintidós, en la que consta que la Sala cuarta del tribunal mencionado resolvió declarar sin lugar la solicitud de amnistía, bajo el argumento de que hasta que la Sala de lo Constitucional resuelva otras garantías de inconstitucionalidad procederá a pronunciarse sobre el fondo y la forma de la petición de amnistía.

[5] Vid. “Artículo 185. La declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, debe solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo: 1) Por vía de acción que se debe entablar ante la Corte Suprema de Justicia; 2) Por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial; y, 3) También el órgano jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación antes de dictar resolución. En los casos contemplados en los numerales 2) y 3), se debe elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, siguiéndose el procedimiento hasta el momento de la citación para la sentencia, a partir de lo cual se debe suspender el procedimiento judicial de la cuestión parcial en espera de la resolución sobre la inconstitucionalidad.”

[6] Vid. “Artículo 77. “DE LA PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN. La declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, podrá solicitarse por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo: 1) Por vía de acción que deberá entablar ante la Corte Suprema de Justicia;2) Por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial, y,3) También el órgano jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, antes de dictar resolución. En los casos contemplados en los numerales 2) y 3), se elevarán las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia siguiéndose el procedimiento hasta el momento de la citación para sentencia, a partir de lo cual se suspenderá el procedimiento judicial de la cuestión principal en espera de la resolución sobre la inconstitucionalidad.”

[7] Vid. “Artículo 145. Firma de las resoluciones. Las resoluciones serán firmadas por el juez y, en su caso, por los miembros del tribunal que haya conocido del asunto, así como, por el secretario. La falta de la firma del juez o de la de uno (1) o más miembros del tribunal de sentencia, provocará la invalidez del acto, a menos que tal omisión sea subsanada por acta complementaria en la que dicho juez o miembro del tribunal reconozcan haber intervenido en el acto y asuma su contenido. Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable si la falta de la firma de un miembro del tribunal de sentencia se debe a su fallecimiento o a una incapacidad surgida después de su participación en la deliberación y en la votación.”