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Sentencia RI-563-21 — Registro 17826

Resumen

Recurrente en su condición de candidato a la Alcaldía Municipal del Distrito Central contra Artículos 42, 44 y 46 de la Ley Electoral de Honduras al considerar éste dichos artículos limita la participación democrática de los Partidos Políticos y de sus miembros al nombrar solo tres miembros como representante ante el Consejo nacional Electoral

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."19): Que en relación a la inconstitucionalidad de los artículos 42, 44 y 46 de la Ley Electoral de Honduras, contenida en el Decreto Legislativo No. 35-2021, en relación a la integración del Consejo Departamental Electoral, Consejo Municipal Electoral y Juntas Receptoras de Votos en las Elecciones Generales, esta Sala es del criterio que al tenor de lo dispuesto en el artículo 1[15] y 60[16] de la Constitución de la República, se reconoce que todos los hondureños son iguales ante la ley y se prohíbe toda discriminación que resulte contraria a la dignidad humana, precepto este último al cual, el constituyente le otorgó el rango de uno de los valores superiores que informan nuestra Constitución. Así las cosas, el Estado debe a través del Poder Legislativo, emitir leyes en absoluto respeto al principio de igualdad. Ello no significa que deba darse un trato igualitario a todas las personas, pues, por el contrario, se debe procurar que, en iguales condiciones, se apliquen las mismas medidas jurídicas. Lo anterior toda vez que existen grupos de personas que por sus condiciones particulares se encuentran en una situación distinta a los demás y de otorgárseles el mismo trato se les estaría colocando en una condición de desventaja que resultaría discriminatoria; en los preceptos 42, 44 y 46 contenidos en la Ley Electoral de Honduras, no se observa por parte de este Tribunal Constitucional, quebranto al principio de igualdad, ello es así en atención a que la Ley Electoral de Honduras, se sustenta en el principio de democracia representativa, en consonancia con disposiciones contenidas en la Constitución de la República -Art. 46-. La democracia representativa es entendida como la forma de gobierno democrático en que la soberanía es ejercida por aquellos que han sido designados por parte del pueblo como representantes, mediante el sufragio[17]. El recurrente argumenta que se mengua o disminuyen los derechos a la defensa e igualdad, en atención a que la integración del Consejo Departamental Electoral, Consejo Municipal Electoral y Juntas Receptoras de Votos en las Elecciones Generales, solamente se hará a través de tres partidos políticos, no obstante a estos argumentos, de la lectura de los tres preceptos tachados de inconstitucionales se colige que estos órganos electorales serán integrados por cinco miembros propietarios con sus respectivos suplentes, siendo los primeros tres cargos nombrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a propuesta de los partidos políticos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en el nivel presidencial en la última elección general y los dos cargos restantes a propuesta de los demás partidos políticos; criterio que ha sido observado en atención a los principios que rigen en el sistema electoral, el cual debe garantizar que no se tergiverse la fuerza electoral de los competidores, ni se altere el peso de la voluntad del electorado; ello en armonía con el ejercicio de la democracia representativa, como base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos[18]. Aunado a ello uno de los principios que rigen la ley en comento es el de Transparencia, debiendo por consiguiente el escrutinio a celebrarse, realizarse en forma pública, garantizando con ello que el acto se encuentre revestido de legitimidad y que el mismo sea aceptado o reconocido por parte de los otros, en procura de la paz social y convivencia armónica al que debe aspirarse en un sistema democrático. CONSIDERANDO(20): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente, cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional cuando no se ha observado en el proceso legislativo de su creación, lo establecido en la Constitución de la República, así también cuando una ley es contraria a la misma Constitución; se argumente asimismo que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala de lo Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. CONSIDERANDO (21): Que, en el presente caso, se puede deducir que no son de recibo los argumentos expuestos por el recurrente, a efecto de declarar la inconstitucionalidad de los artículos 42, 44 y 46, contenidos en el DECRETO LEGISLATIVO No. 35-2021, aprobado por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, en fecha veinticinco de mayo del año dos mil veintiuno y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,610 en fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno, contentivo de la LEY ELECTORAL DE HONDURAS, ello como corolario de lo plasmado en el presente libelo. Por todo lo anteriormente expuesto esta Sala Declara Sin Lugar la inconstitucionalidad de los artículos 42, 44 y 46, del Decreto Legislativo No. 35-2021, contentivo de la Ley Electoral de Honduras, en atención a los vicios de contenido planteados por la recurrente, no observando de los argumentos, el concepto de quebranto al derecho a la igualdad, en atención a la integración del Consejo Departamental Electoral, Consejo Municipal Electoral y Juntas Receptoras de Votos en las Elecciones Generales"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Fallo que literalmente dice “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción, en forma parcial y por razón de contenido, por el Abogado FERNANDO GONZALEZ RIVERA en su condición de candidato a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, por el PARTIDO ALIANZA PATRIÓTICA DE HONDURAS, contra el Decreto Legislativo No. 35-2021, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 35,610 de fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), específicamente los artículos 42, 44 y 46 de la Ley Electoral de Honduras. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dos de junio del año dos mil veintiuno, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado FERNANDO GONZALEZ RIVERA, actuando en su condición de candidato a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, por el Partido Alianza Patriótica de Honduras, presentando Recurso de Inconstitucionalidad, por Vía de Acción, en forma parcial y por razón de contenido, contra el Decreto Legislativo No.35-2021, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 35,610 de fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), específicamente los artículos 42, 44 y 46 de la Ley Electoral de Honduras. (Folios del 1-19 de los autos). 2) Que en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintiuno (2021), este Alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el Recurso de Inconstitucionalidad relacionado, y en virtud de haber indicado el recurrente que el presente recurso va dirigido en forma parcial y por razón de contenido, contra los artículos 42, 44 y 46 de la Ley Electoral de Honduras, se omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho, a efecto de emitir el correspondiente dictamen. (Folio 24 de los autos) 3) Que en fecha veintidós (22) de julio del año dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho y por emitido en tiempo y forma su dictamen, a través de la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DECLARE SIN LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad planteado por razón de contenido, por no darse vicios de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO (1): Que en fecha dos de junio del año dos mil veintiuno, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Abogado FERNANDO GONZALEZ RIVERA en su condición de candidato a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, por el PARTIDO ALIANZA PATRIÓTICA DE HONDURAS, interponiendo Acción de Inconstitucionalidad por vía de acción, por razón de contenido y de forma parcial, contra los artículos 42, 44 y 46, de la LEY ELECTORAL DE HONDURAS, contenida en el DECRETO LEGISLATIVO No. 35-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,610 de fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno, por considerar que los relacionados artículos vulneran los principios de legalidad e igualdad, infringiendo en especial lo establecido en los artículos 1, 40.1.6, 47, 62, 63, 64 y 82, de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1, 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente en esta vía constitucional explica el interés directo, personal y legítimo que motiva la acción promovida, exponiendo que la representación democrática nace y empieza en los órganos electorales, lo que es disminuido por los preceptos tachados de inconstitucionales, al vulnerar derechos como persona jurídica y que desciende a la persona natural; que se afecta su interés personal e institucional y ello le legitima en nombre de la sociedad, porque los partidos políticos son la columna vertebral del Estado de Derecho, que son las personas llamadas a que se cumplan las disposiciones y normativas por el bien común, por la armonía de la sociedad. Que el decreto tachado de inconstitucional les pone en desigualdad al someterlos a caprichos y sueños que van en contra de la normativa constitucional, la aprobación de estos artículos menoscaba su derecho y el de miles de hondureños, además de un claro menosprecio a los poderes constituidos en donde la Corte Suprema de Justicia y toda la población, hoy están siendo burlados, por quienes deben respetar la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que a la Corte Suprema de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia; se puede interponer por vía de acción ante la Honorable Corte Suprema de Justicia la garantía de inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la norma fundamental; determinando que la sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma, será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto, derogará dicha norma. CONSIDERANDO (4): Que la declaración de inconstitucionalidad de una norma y su inaplicabilidad, podrá solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, actuando por medio de la Sala de lo Constitucional, estima legitimado al impetrante, al considerar que, como candidato a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, la norma secundaria que acusa de inconstitucional en tres de sus preceptos, le podría afectar en los derechos constitucionales invocados como vulnerados, en el libre ejercicio de sus derechos políticos. CONSIDERANDO (5): Que en la exposición de los motivos que se invocan a efecto que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 42, 44 y 46 de la Ley Electoral de Honduras, el peticionario comienza haciendo alusión al artículo 2 de la ley en comento, asimismo al artículo 3, que desarrolla los principios que orientan la referida Ley Electoral a saber: Legitimidad, libertad, no discriminación, equidad, pluralismo, legalidad y buena fe. En relación a la vulneración del artículo 1 de la Constitución de la República, el cual establece: “Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”, el garantista cita en forma textual el artículo 47[1] constitucional, indicando que el Congreso Nacional en una clara violación de los derechos de todas y cada una de las instituciones políticas, ha aprobado artículos en la nueva Ley Electoral que limita la participación democrática de los Partidos Políticos y de sus miembros. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente argumenta que se vulnera los deberes a los ciudadanos y partidos políticos, por parte de los legisladores, según el artículo 40 numeral 1 y 6 constitucional el cual señala: “Son deberes del ciudadano: 1. Cumplir, defender y velar porque se cumplan la Constitución y las leyes; 2…; 3…; 4…; 5…; 6. Las demás que establezcan la Constitución y las leyes.”; sostiene el recurrente que quienes aprobaron estos artículos dejan en indefensión a quienes participarán en las próximas elecciones generales, además de vulnerar el principio de igualdad ante la ley de cada uno de los hondureños y hondureñas. Estima el impetrante que al aprobar la participación en los Órganos Electorales solo por parte de cinco partidos políticos y en donde ya tres representantes tienen nombre y apellido, bajo argumentos fantasiosos en vista que todos deben estar en igualdad de condiciones, se pregunta ¿Quién entonces cuidara de mis marcas?, sin tener representación en estos órganos electorales, se pregunta de nuevo el recurrente ¿acaso esto no es violatorio al sistema democrático? En este apartado el recurrente concluye afirmando que estos artículos limitan su participación, porque la participación no solo es el hecho de estar su inscripción, sino de las personas a nivel departamental, municipal y local que son sus ojos y manos, a efecto que no se cometa ningún delito electoral y que, mediante su firma, certifiquen que los resultados son tal y como la población votó. CONSIDERANDO (7): Que considera el impetrante que se vulnera los derechos de los ciudadanos y el de los participantes en el proceso electoral, según lo establecido en los artículos 62 y 63 constitucionales que en su texto se lee: Artículo 62 “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático”. Artículo 63 “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre”. El recurrente se pregunta ¿acaso la voluntad de someterse al escrutinio no debe tener lo mínimo de seguridad que se respetara la voluntad de las personas y el derecho de quien recibe ese apoyo popular?; se sigue preguntando el peticionario de la garantía de inconstitucionalidad ¿Cómo podemos asegurar esos extremos, como podemos asegurar que el voto o marca puesta por el ciudadano será defendida en un organismo electoral, desde la mesa receptora, en ascenso, pasando por el Consejo Municipal, Consejo Departamental, hasta llegar al Consejo Nacional Electoral, para que sea computarizado y sumado a cada participante?. CONSIDERANDO (8): Que para finalizar el recurrente en esta vía constitucional sostiene que se restringe y tergiversa normativa constitucional por parte de los legisladores, señalando los artículos 64 y 82 de la Constitución de la República, preceptos que en su orden determinan: Artículo 64 “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”. Artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”. En sustento de su tesis de vulneración de derechos constitucionales, el peticionario dice que no cabe duda de que la falta de conocimiento trae consigo tempestades, destrucción, caos, sombras, impunidad, corrupción, malas decisiones, decisiones ilegales e insultos a la inteligencia de las personas académicas, dura lex sed lex, DURA ES LA LEY, PERO ES LA LEY -Lo resaltado es del recurrente-. Sostiene el impetrante que se disminuye a cierto grupo de ciudadanos representados en los diferentes partidos políticos en una clara indefensión, dejando a un grupo minoritario de tres partidos políticos que no gozan de mas derechos que los demás; que los legisladores se imponen mediante artimañas y argumentos no científicos, en decremento de los otros participantes y que solo cada institución en particular cuidara de sus miembros, solo cada partido político de forma independiente cuidara de sus marcas y sus votos y que mediante tres artículos inconstitucionales, quieren dejarlos fuera de ese derecho. Asimismo, el recurrente hace mención de los artículos 60[2] constitucional; artículos 1[3], 7[4] y 10[5] de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 24[6] de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 3[7] del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos relacionados con el derecho a la igualdad. CONSIDERANDO (9): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, éste por medio de la Fiscal del Despacho, emitió el Dictamen correspondiente, exponiendo que en el caso de autos y con el planteamiento de inconstitucionalidad bajo examen, al Ministerio Público se le exige revisar si el contenido de las normas impugnadas se contraponen a normas constitucionales, a tratados y convenciones de los que Honduras forma parte y que puedan restringir, tergiversar o limitar los derechos establecidos en dichos estamentos legales. Argumenta la Fiscal del Despacho que el contexto sistemático en el que la Ley Suprema configura al sistema electoral, se cimenta en la interrelación de los elementos que se deben resguardar para buscar una verdadera representatividad democrática y proporcional, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos, por lo que la integración de dichos Consejos debe responder a esos principios y garantías, pues será el medio con el cual se alcanza o no esa proporcionalidad e igualdad y así evitar distorsiones en el sistema político electoral, el cual debe fundamentarse principalmente en el principio de representación proporcional, de manera equitativa, a fin de fortalecer los principios, valores cívicos y democráticos de la ciudadanía y su participación política y, con ello, cumplir con los objetivos de la Ley Electoral en referencia. Siguiendo este orden de ideas, el Ministerio Público estima que las disposiciones tachadas de inconstitucionalidad garantizan el principio de igualdad y proporcionalidad que debe imperar en todo sistema representativo y democrático, ya que la misma regula criterios objetivos que justifican la distribución de cargos para cada partido político como ser “corresponderán a los partidos políticos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en el nivel presidencial en la última elección general”. Estableciendo que los tres (3) primeros cargos serán distribuidos entres estos y los dos (2) vocales restantes para los demás partidos, en forma aleatoria. De esta forma se garantiza la participación de los miembros de los partidos políticos que tengan un mayor arrastre popular en el proceso electoral anterior, garantizando una democracia participativa. De los artículos 47 y 60 de la Constitución de la República, se advierte que la norma fundamental busca la efectiva participación política de los ciudadanos, en este caso la designación de cargos se realiza con el criterio objetivo que no es otro que la manifestación de la voluntad popular mostrada en las urnas. CONSIDERANDO (10): Que para efectuar el estudio y análisis de lo argumentado por el recurrente, es importante hacer referencia a la finalidad en la creación de la Ley Electoral de Honduras, la cual es la organización y funcionamiento de los órganos electorales, que de conformidad con la Constitución de la República, tienen la atribución de organizar y dirigir los procesos electorales, mediante los cuales los ciudadanos eligen dentro de los candidatos a cargos de elección popular los de su preferencia; autorizar la creación de los partidos políticos; realizar las consultas populares con el propósito de fortalecer el estado de derecho, mediante los mecanismos de la democracia representativa, participativa y funcional, promoviendo la educación, la formación y la capacitación ciudadana, propiciando su libre, amplia y cívica participación en los procesos electorales, que deben ser transparentes, honestos y justos, respetando la voluntad soberana de los electores. Entre los principios que orientan la ley en comento se pueden mencionar la legitimidad, imparcialidad, transparencia, no discriminación, legalidad, buena fe, igualdad y paridad.ONSIDERANDO(11): Que así tenemos como la norma tachada de inconstitucional por el recurrente, los artículos 42, 44 y 46 de la Ley Electoral de Honduras, cuyos textos disponen lo siguiente: “ARTÍCULO 42.- CONSEJO DEPARTAMENTAL ELECTORAL. En los dieciocho (18) departamentos del territorio nacional debe funcionar un Consejo Departamental Electoral que debe estar integrado por cinco (5) miembros propietarios con sus respectivos suplentes, los cuales serán nombrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a propuesta de los partidos políticos de la siguiente forma: Un presidente, un secretario, y el primer vocal que corresponderán a los partidos políticos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en el nivel presidencial en la última elección general y los vocales segundo y tercero a propuesta de los demás particos políticos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) hará la distribución de cargos para cada partido político según corresponda para los tres (3) primeros cargos entre los partidos mayoritarios y los dos (2) vocales restantes para los demás partidos, en forma aleatoria. Para las elecciones generales, dicho Consejo se conformará desde sesenta (60) días antes de la celebración de las elecciones y cesará en sus funciones quince (15) días después de la declaratoria”. ARTÍCULO44.- CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. En los doscientos noventa y ocho (298) municipios del territorio nacional funcionará un Consejo Municipal Electoral que estará integrado por cinco (5) miembros propietarios con sus respectivos suplentes, los cuales serán nombrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a propuesta de los partidos políticos de la siguiente forma: Un presidente, un secretario, y el primer vocal que corresponderán a los partidos políticos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en el nivel presidencial en la última elección general, y los vocales segundo y tercero a propuesta de los demás partidos políticos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) hará la distribución de cargos para cada partido político según corresponda para los tres (3) primeros cargos entre los partidos mayoritarios y los dos (2) vocales restantes para los demás partidos, en forma aleatoria. Para las elecciones generales, dicho Conejo se conformará desde cuarenta y cinco (45) días antes de la celebración de las elecciones y cesará en sus funciones quince (15) días después de celebradas las mismas”. ARTÍCULO 46.- INTEGRACIÓN DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS EN ELECCIONES GENERALES. Las Juntas Receptoras de Votos en elecciones generales estarán integradas por 5 miembros propietarios con voz y voto, y sus respectivos suplentes, designados por los Partidos Políticos. La asignación de cada uno de los cargos de la Junta Receptora de determinara de la siguiente manera: un Presidente, un Secretario, un Escrutador, asignados de manera equitativa a los tres partidos políticos mas votados en el nivel presidencial en la última elección primaria, en base a la propuesta de los mismos; y, dos (2) vocales nombrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a propuesta de los demás partidos políticos en contienda, los cuales serán designados por rotación iniciando con los partidos de mayor antigüedad, en la totalidad de las Juntas Receptoras de Votos del país. El escrutinio será obligatoriamente público, los miembros de la Junta Receptora que no permitan o impidan que el escrutinio se celebre de manera pública, incurren en responsabilidad penal. La distribución que de acuerdo a este artículo haga el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá ser entregada a los partidos políticos al menos 60 días antes de las elecciones generales. Los miembros de las juntas receptoras de votos desempeñarán el cargo para el que fueron nombrados de forma ad honorem”. Lo resaltado y subrayado es nuestro a efecto de identificar el thema decidendi que el impetrante arguye de inconstitucional y demás elementos de la norma que se consideran fundamentales a efecto de la respuesta que se brindará en el presente libelo. Se muestra importante, asimismo referir que el artículo 46 de la Ley Electoral de Honduras, sufrió reforma mediante Decreto Legislativo No. 62-2021 agregando a la norma un ultimo párrafo, el cual deberá leerse de la manera siguiente:“ARTÍCULO 46.- INTEGRACIÓN DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS EN ELECCIONES GENERALES. Las Juntas Receptoras de Votos…Las alianzas parciales y los partidos políticos que las integran no podrán tener mas de un delegado observador en la Junta Receptora de Votos (JRV), y solamente podrán tener un miembro vocal para efectos de la conformación rotaria cuando le corresponda a cada partido en la Junta Receptora de Votos (JRV)”. CONSIDERANDO(12): Que la Constitución de la República de Honduras inicia declarando en el artículo 1 que: “Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”, el artículo indicado contiene todas las aspiraciones a las que anhela todo persona que habita en el territorio hondureño; abarca las garantías y derechos que reconoce la misma Constitución, dirigidos tanto en forma individual como colectiva al individuo, de allí que la normativa constitucional desarrolla en el Título III, las DECLARACIONES, DERECHOS y GARANTÍAS, estableciendo el Capítulo I lo relativo a las Declaraciones y específicamente el artículo 60 establece: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La Ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto”. CONSIDERANDO (13): Que todo Estado de Derecho propende al logro del bienestar general de sus habitantes, recogidos a lo largo de la Constitución de la República como derechos humanos y fundamentales, con una serie de garantías formales y materiales, consagrando la división de poderes y los principios de legitimidad y legalidad. Encaminados en su conjunto a lograr el afianzamiento de la paz y la democracia universal. En consecuencia, la supremacía de un grupo central de normas que caracterizan a la Constitución como ordenamiento superior descansa en su carácter de expresión directa de la voluntad general y la declaración de los derechos fundamentales y libertades ciudadanas. Los derechos fundamentales constituyen un fuerte y esencial componente para la configuración de un Estado de Derecho, siendo ejemplos de estos: la libertad personal, de religión, de elección, igualdad, asociación, libre emisión del pensamiento, propiedad privada, al trabajo entre otros. Los derechos humanos en el orden constitucional ostentan una doble extensión, como derechos subjetivos y derechos objetivos; son elementos esenciales del ordenamiento objetivo, por cuanto se configura como marco de una convivencia humana, justa y pacífica y son subjetivos no solo en cuanto a derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan la libertad en el ámbito de la convivencia democrática. En razón de su importancia, la Constitución ha previsto instrumentos normativos, dirigidos a evitar la alteración de su contenido o la limitación de sus alcances por cualquier institución estatal. CONSIDERANDO (14): Que un verdadero Estado de Derecho debe tener una Constitución que sea respetada y cumplida, ello se logra fortaleciendo una genuina democracia, la efectiva protección de Derechos Fundamentales, respeto al principio de legalidad, control de la actividad administrativa y una auténtica división de Poderes, por ello se expresa que “El derecho para ser justo debe ser racional”; en un Estado de Derecho la Constitución es el sostén de toda la estructura estatal, la Constitución es una norma jurídica que vincula a todos. CONSIDERANDO (15): Que en atención a las anteriores consideraciones es procedente realizar el estudio de las normas tachadas de inconstitucionales por el recurrente, con el fin de dar respuesta a la controversia planteada en esta vía constitucional por medio de la acción de mérito; comenzaremos indicando que según el artículo 46 de nuestra carta fundamental, se adopta el sistema de representación proporcional o por mayoría en los casos que determine la Ley, para declarar electos en sus cargos a los candidatos de elección popular. En ese orden de ideas, la Ley Electoral de Honduras como líneas arriba se expresó, tiene como finalidad la organización y funcionamiento de los órganos electorales, que, de conformidad con la Constitución de la República, tienen la atribución de organizar y dirigir los procesos electorales. La referida Ley se orienta inter alia por los principios de Legitimidad; definido como el reconocimiento por parte de los otros, que un acto o actuación están dotados de autoridad por estar revestidos de los atributos de legalidad, validez, justicia y eficacia. Transparencia; entendido que en todos los actos y procesos electorales se debe garantizar la publicidad de la información y el acceso de los ciudadanos a dicha información, salvo las excepciones estipuladas de manera expresa en la Constitución de la República y la Ley. No Discriminación; principio que tiene por objeto garantizar la igualdad de trato en la aplicación de la Ley referida. Ninguna persona o Partido Político debe ser discriminada o discriminado en relación con otra u otras. Igualdad; conforme a este principio en la aplicación de la Ley Electoral todas las personas deben ser tratadas de la misma manera, reconoce la equiparación igualitaria de todos los ciudadanos en derechos civiles y políticos, por lo tanto, la ley debe garantizar que ningún individuo o grupos de individuos sea privilegiado o discriminado por el estado, sin distinción de raza, sexo, orientación sexual, genero, origen nacional, color, origen étnico, religioso u otras características ya sean personales o colectivas sin parcialidad. CONSIDERANDO (16): Que específicamente en cuanto al tema de la democracia representativa como elemento de Estados del sistema interamericano la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido lo siguiente: “Este Tribunal ha expresado que la democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte´, y constituye ´un principio´ reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano [8]. Los derechos políticos protegidos en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político[9]. Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas aprobaron el 11 de septiembre de 2001 durante la Asamblea Extraordinaria de la OEA la Carta Democrática Interamericana, en la cual se señala que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas: libres, justas y basadas en el sufragio universal y se secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”[10]. CONSIDERANDO (17): Que la Democracia descansa en principios y valores, entre ellos se menciona el principio de igualdad, igualdad de oportunidades, libertad y tolerancia; la declaración de igualdad, la recoge la Constitución de la República en el artículo 60[11], un concepto de igualdad es: “Inexistencia de circunstancias o condiciones discriminatorias o privilegiantes, a favor o en contra de nadie…”[12], el principio de igualdad hace que todos los hombres deban ser tratados igualmente por el Estado en cuanto a lo que es esencialmente igual en todos ellos, esto es, en los llamados derechos fundamentales que están contemplados en nuestra Constitución, que son el corolario de la dignidad humana; los derechos no son absolutos, pues no conceden propiamente un derecho a ser equiparado a cualquier individuo sin distinción de circunstancias, sino más bien exigir que no se haga diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, por lo que no puede pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales, pero estas distinciones deben ser objetivas y razonables. CONSIDERANDO (18): Que Honduras hace suyo los Tratados y convenios Internacionales en procura del respeto de los derechos fundamentales de sus habitantes, con el fin de lograr la consolidación de un verdadero Estado de Derecho, el que se afianza a través de la democracia, entendiendo ésta como la voluntad popular que se encuentra representada por medio de sus autoridades, dividida en tres Poderes, a saber: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para evitar precisamente el monopolio de la función pública, delegando en cada uno de éstos Poderes funciones específicas en el marco del respeto a la Constitución como Ley primaria y de esta forma mantener el orden y la paz social que anhela la persona humana, como fin supremo de la sociedad y del Estado, conceptualizando lo preceptuado en el artículo 1 de la Constitución de la República. El reconocimiento de los Derechos Fundamentales no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de los Estados. Son derechos que se derivan directamente de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos[13] y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[14]. CONSIDERANDO (19): Que en relación a la inconstitucionalidad de los artículos 42, 44 y 46 de la Ley Electoral de Honduras, contenida en el Decreto Legislativo No. 35-2021, en relación a la integración del Consejo Departamental Electoral, Consejo Municipal Electoral y Juntas Receptoras de Votos en las Elecciones Generales, esta Sala es del criterio que al tenor de lo dispuesto en el artículo 1[15] y 60[16] de la Constitución de la República, se reconoce que todos los hondureños son iguales ante la ley y se prohíbe toda discriminación que resulte contraria a la dignidad humana, precepto este último al cual, el constituyente le otorgó el rango de uno de los valores superiores que informan nuestra Constitución. Así las cosas, el Estado debe a través del Poder Legislativo, emitir leyes en absoluto respeto al principio de igualdad. Ello no significa que deba darse un trato igualitario a todas las personas, pues, por el contrario, se debe procurar que, en iguales condiciones, se apliquen las mismas medidas jurídicas. Lo anterior toda vez que existen grupos de personas que por sus condiciones particulares se encuentran en una situación distinta a los demás y de otorgárseles el mismo trato se les estaría colocando en una condición de desventaja que resultaría discriminatoria; en los preceptos 42, 44 y 46 contenidos en la Ley Electoral de Honduras, no se observa por parte de este Tribunal Constitucional, quebranto al principio de igualdad, ello es así en atención a que la Ley Electoral de Honduras, se sustenta en el principio de democracia representativa, en consonancia con disposiciones contenidas en la Constitución de la República -Art. 46-. La democracia representativa es entendida como la forma de gobierno democrático en que la soberanía es ejercida por aquellos que han sido designados por parte del pueblo como representantes, mediante el sufragio[17]. El recurrente argumenta que se mengua o disminuyen los derechos a la defensa e igualdad, en atención a que la integración del Consejo Departamental Electoral, Consejo Municipal Electoral y Juntas Receptoras de Votos en las Elecciones Generales, solamente se hará a través de tres partidos políticos, no obstante a estos argumentos, de la lectura de los tres preceptos tachados de inconstitucionales se colige que estos órganos electorales serán integrados por cinco miembros propietarios con sus respectivos suplentes, siendo los primeros tres cargos nombrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a propuesta de los partidos políticos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en el nivel presidencial en la última elección general y los dos cargos restantes a propuesta de los demás partidos políticos; criterio que ha sido observado en atención a los principios que rigen en el sistema electoral, el cual debe garantizar que no se tergiverse la fuerza electoral de los competidores, ni se altere el peso de la voluntad del electorado; ello en armonía con el ejercicio de la democracia representativa, como base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos[18]. Aunado a ello uno de los principios que rigen la ley en comento es el de Transparencia, debiendo por consiguiente el escrutinio a celebrarse, realizarse en forma pública, garantizando con ello que el acto se encuentre revestido de legitimidad y que el mismo sea aceptado o reconocido por parte de los otros, en procura de la paz social y convivencia armónica al que debe aspirarse en un sistema democrático. CONSIDERANDO(20): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente, cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional cuando no se ha observado en el proceso legislativo de su creación, lo establecido en la Constitución de la República, así también cuando una ley es contraria a la misma Constitución; se argumente asimismo que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala de lo Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. CONSIDERANDO (21): Que, en el presente caso, se puede deducir que no son de recibo los argumentos expuestos por el recurrente, a efecto de declarar la inconstitucionalidad de los artículos 42, 44 y 46, contenidos en el DECRETO LEGISLATIVO No. 35-2021, aprobado por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, en fecha veinticinco de mayo del año dos mil veintiuno y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,610 en fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno, contentivo de la LEY ELECTORAL DE HONDURAS, ello como corolario de lo plasmado en el presente libelo. Por todo lo anteriormente expuesto esta Sala Declara Sin Lugar la inconstitucionalidad de los artículos 42, 44 y 46, del Decreto Legislativo No. 35-2021, contentivo de la Ley Electoral de Honduras, en atención a los vicios de contenido planteados por la recurrente, no observando de los argumentos, el concepto de quebranto al derecho a la igualdad, en atención a la integración del Consejo Departamental Electoral, Consejo Municipal Electoral y Juntas Receptoras de Votos en las Elecciones Generales. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD DE VOTOS, haciendo aplicación de los artículos 1, 15, 16, 60, 80, 184, 185 numeral 1º, 303, 304, 313 atribución 5ª, 313.9, 316, de la Constitución de la República; 1, 9, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 74, 75, 76, 77, 79, 89 y 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR VÍA DE ACCIÓN, EN FORMA PARCIAL Y POR RAZÓN DE CONTENIDO DE LOS ARTICULO 42, 44 Y 46 DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 35-2021, que contiene la LEY ELECTORAL DE HONDURAS, aprobado por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, en fecha veinticinco de mayo del año dos mil veintiuno y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,610 en fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno, no observando este Alto Tribunal de los argumentos expuestos por el recurrente, el concepto de quebranto al derecho a la igualdad, en atención a la integración del Consejo Departamental Electoral, Consejo Municipal Electoral y Juntas Receptoras de Votos en las Elecciones Generales. Y MANDA: 1) Que la presente sentencia sea notificada al recurrente personalmente o de oficio mediante cédula fijada en la Tabla de Avisos del Despacho; 2) Que se proceda a certificar el presente fallo; 3) Que una vez que sea firme este fallo, se archiven las presentes diligencias en la Secretaría de este Alto Tribunal. Redacto la Magistrada VILLELA ZAVALA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación del Fallo de fecha 02 de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad registrado en este Tribunal con el número SCO-0563-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Los partidos políticos legalmente inscritos son instituciones de derecho público, cuya existencia y libre funcionamiento garantiza esta Constitución y la Ley, para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos.

[2] “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La Ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto.”

[3] “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

[4] “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja ésta Declaración y contra toda provocación, a tal discriminación”.

[5] “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

[6] “Igualdad ante la Ley Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.

[7] “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”.

[8] Corte IDH. Caso Yatama, vs. Nicaragua. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127. párr. 192.

[9] Caso Yatama (-), párr. 192

[10] Caso Yatama (…), párr. 193; y Carta Democrática Interamericana aprobada en la primera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 11 de septiembre de 2001, articulo 3.

[11] “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La Ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto”.

[12] Idem al anterior.

[13] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Entró en vigor el 18 de julio de 1978. La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977. Artículos 23.1 inciso a) y c), 23.2 y 24

[14] Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1996. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976. La Gaceta No. 28293 de 24 de junio de 1997. Artículos 25. a) y c) y 26.

[15] Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.

[16] Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La Ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto

[17] Diccionario Hispanoamericano de Derecho/ equipo de redacción Margarita María Durán Urrea… [et al]; equipo colaborador Wilman Amaya León… [et al] . -Bogotá: Grupo Latino Editores, 2008. Pág. 550.

[18] Carta Democrática Interamericana, artículo 2. Adoptada en el Vigésimo Octavo Periodo Extraordinario de Sesiones, en fecha 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú.