Sentencia RI-483-21 — Registro 17427
Resumen
Artículo 199 numeral 10 de la Constitución de la República emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras referente a la prohición constitucional para ser elegidos como Diputados, Recurrente argumenta que se le está limitando indebidamente el derecho político de ser electa como Diputada, se violenta la libertad de elegir y ser electo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. En el presente caso, la acción fue interpuesta por razón de contenido, es decir, no dirigiéndola al procedimiento formal de su creación, sino que contra el contenido material de la Constitución de la República. Omitiéndose el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República, se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho para que emitiere el dictamen correspondiente..."..."del estudio y detenido análisis de los autos, se desprende el interés directo, personal y legítimo de la impetrante en la presente acción de inconstitucionalidad, en virtud que la normativa fundamental en referencia le afectaría, directa y personalmente, en su calidad de aspirante a diputada al Congreso Nacional; manifestando un interés político ostensible, en el marco del derecho de petición, de la representación dialógica de la esfera pública y de la plena vigencia del Estado de Derecho. Cabe destacar que tal es forma política que normativizó la Constitución del Estado de Honduras, formulada a través de la Asamblea Nacional Constituyente de 1981, como máxima representación política del soberano pueblo hondureño.[1]..."..."la Sala de lo Constitucional procedió a examinar el caso sub judice para establecer la procedencia o no de la inconstitucionalidad de la norma constitucional promovida por la ciudadana CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY, quien manifiesta comparecer en calidad de aspirante a ejercer el derecho político electoral de ser electa diputada al Congreso Nacional de la República; verificando que no existe atribuida competencia a esta Sala para conocer en el fondo de la posible inconstitucionalidad de normas constitucionales, por razón de contenido..."..."sigue considerando la Sala de lo Constitucional, en forma categórica, que la reforma de la norma constitucional, y más aún, la reforma esencial sobre contenidos estructurales concebidos como intangibles o pétreos por el Constituyente (tal como son los relativos a la forma de gobierno), no es atribución del Poder Judicial, ni del Poder Constituido;[5] por lo cual incumbe única y exclusivamente al debate social y político, con predominio de la razón pública,[6] en tanto y en cuanto lugar más apropiado para la deliberación política y la expresión de voluntad del Soberano. Considera la Sala de lo Constitucional que una indebida concesión de la justicia a este respecto, suplantaría la posición que corresponde a los diversos actores sociales y políticos, dando pábulo al conocido escenario que los politólogos han dado en denominar “judicialización de la política”,[7] antes que al ejercicio de una recta y cumplida Administración de Justicia..."..."en la acción de constitucionalidad admitida a trámite, se invoca como fundamento jurídico por la accionante, el amparo del artículo 76, numeral 1), de la Ley Sobre Justicia Constitucional; el cual autoriza la procedencia de la acción de inconstitucionalidad: “1) Contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales”. Sin embargo, resulta notorio que el artículo 199 numeral 10) de la CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA, que se refiere a la prohibición constitucional para ser elegidos como Diputados, no es una ley en sentido formal,[11] pues no basa su validez en la existencia de una norma constitucional previa, sino que en su promulgación, vía procedimiento agravado, como expresión de la voluntad soberana del pueblo hondureño; siendo el artículo 76, numeral 2), de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el único dispositivo de justicia constitucional que autoriza la procedencia de la acción de inconstitucionalidad: “1) … 2) Cuando se ponga en vigencia una reforma constitucional con inobservancia de los requisitos establecidos en la Constitución de la República”; por todo lo cual se encuentra fundada objeción de competencia funcional para el juzgamiento en el fondo de la inconstitucionalidad interpuesta, en vista a que el objeto de examen o juicio constitucional propuesto concerniría a normas constitucionales, por razón de contenido, tal y como se colige de la acción constitucional promovida por quien se considera legítima recurrente; lo cual sería una contradicción en términos, toda vez que el objeto de la justicia constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. Por lo cual, respetando el ejercicio del derecho de petición que la norma fundamental reconoce a todos los hondureños (as);[12] no procede declarar ha lugar la presente acción constitucional, por confrontarla materialmente, más no por el supuesto de inobservancia de los requisitos establecidos, por la Constitución de la República, para la puesta en vigencia de una reforma constitucional; único caso previsto, por la Ley Sobre Justicia Constitucional, para conocer la norma suprema como objeto legítimo de revisión judicial, conforme al principio de legalidad constitucional que rige en el Estado de Derecho..."..."por consiguiente, tal petición de control de constitucionalidad sobre la norma constitucional derivada contenida en el artículo 199 numeral 10) de la Constitución de la República, no resulta pasible de conocimiento vía Acción o Recurso de inconstitucionalidad, razón por la cual procede en derecho su declaratoria NO HA LUGAR..."..."lo anteriormente motivado, se sustenta primordialmente en el deber de la Sala de lo Constitucional de custodiar, preservar y guardar fielmente la Supremacía de la Constitución de la República, por lo cual, se considera que la petición expresada en el curso de la presente Acción de Inconstitucionalidad, referida a que se declare ha lugar la garantía de inconstitucionalidad promovida contra el contenido propio de la Constitución de la República, debe denegarse haciendo mención expresa de no constituir válido objeto de conocimiento para la jurisdicción constitucional..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 184 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 79 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 92 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de inconstitucionalidad promovido vía acción, por razón de contenido y en forma parcial por la señora CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY contra el artículo 199 numeral 10) de la CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA emitida por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, que refiere a la prohibición constitucional para ser elegidos como Diputados. ANTECEDENTES1) Que en fecha veinte (20) de mayo del dos mil veintiuno (2021), compareció ante esta Sala de lo Constitucional, la señora CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY, quien actúa en CAUSA PROPIA, interponiendo recurso de inconstitucionalidad parcial vía acción, por razón de su contenido, para que se declare la inconstitucionalidad parcial del Artículo 199 numeral 10 de la Constitución de la República, que refiere a la prohibición para ser elegidos como Diputados; asimismo otorgando Poder al Abogado EDUARDO HUMBERTO ALEMAN MARTINEZ. (Folios 01-05 del presente recurso) 2) Que en fecha treinta y uno (31) de mayo del dos mil veintiuno (2021), este Alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el Recurso de Inconstitucionalidad relacionado y en virtud de haber indicado la impetrante que el presente recurso va dirigido por razón de contenido contra el citado artículo, se omite el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho, para que emitiese el correspondiente dictamen. (Folio 09 del presente recurso) 3) Que en fecha veintiocho (28) de septiembre del dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por intermedio de la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Agente de Tribunales adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen porque SE DECLARARE SIN LUGAR la presente garantía constitucional, por no vislumbrarse vicios de inconstitucionalidad; en vista a ser Honduras un Estado de Derecho, tal lo prevenido en el artículo 1 de la Constitución de la República, y que; en el marco de los convenios internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado de Honduras, se considera que el artículo 199 numeral 10 de la Constitución de la República no vulnera las garantías constitucionales, al no plantear conflicto con la norma primaria, ni con los controles de convencionalidad. A folio 21 de la foliada, a modo de resumen, obra la siguiente apreciación sobre el tinglado convencional, en materia de derechos humanos: “Tal y como se aprecia de dicho articulado, en ningún momento se refiere a que el Estado como tal no pueda reglamentar el derecho a las libertades civiles y políticas de sus ciudadanos, lo que si resulta imperativo es que dichas limitaciones no restrinjan o menoscaben la esencia del derecho reconocido, en consonancia a lo establecido en el artículo 62 de la Constitución de la República, el cual establece: “Los derechos de cada hombre se encuentran limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático”. (Folios 12-23 y 25 del presente recurso) CONSIDERANDO (1): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que quien tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, la garantía de inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la norma fundamental; determinando que la sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma, será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto, derogará dicha norma. CONSIDERANDO (2): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. En el presente caso, la acción fue interpuesta por razón de contenido, es decir, no dirigiéndola al procedimiento formal de su creación, sino que contra el contenido material de la Constitución de la República. Omitiéndose el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República, se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho para que emitiere el dictamen correspondiente.CONSIDERANDO (3): Que la ciudadana CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY, quien actúa en CAUSA PROPIA, comparece interponiendo recurso de inconstitucionalidad por la vía de acción, por razón de su contenido y, en forma parcial, manifestando que actúa de conformidad al artículo 185 de la Constitución de la República, con relación 78 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; a efecto se declare la inconstitucionalidad parcial del artículo 199 numeral 10) de la Constitución de la República, que refiere a la prohibición para ser elegidos como Diputados; impidiéndosele, según manifiesta la recurrente, de manera infundada, ejercer el pleno goce y ejercicio del derecho a elegir y a ser electa diputada, por ser hermana de la ciudadana RIXI RAMONA MONCADA GODOY, quien funge como Consejera Propietaria en el Consejo Nacional Electoral; limitándose indebidamente su derecho político al no podérsele atribuir responsabilidad personal por el hecho de que su hermana se encontrare ejerciendo tal cargo público, lo que vulneraría sus derechos constitucionales, legitimando directa y personalmente la interposición del presente recurso de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO (4): Que, al promover la garantía de inconstitucionalidad en referencia, continuó argumentando la ciudadana CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY, que el precitado artículo constitucional violenta la libertad de elegir y ser electo, el principio de igual protección ante la ley, sin distinción ni restricciones indebidas, entre otros derechos individuales contemplados en los artículos 16, 18, 37.1 y 45 de la Constitución de la República; artículos 1, 2, 23 inciso b), y 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 2.1, 3, 25 literal c) y 26 del Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos; contraviniendo así, el marco constitucional en su más amplio contexto, así como las disposiciones de los precitados Tratados, Declaraciones, Convenios y Pactos en materia de Derechos Humanos suscritos y ratificados por el Estado de Honduras; al constituir limitante, sin ninguna fundamentación legal válida, para impedir que la ciudadanía pueda hacer uso de un derecho constitucionalmente protegido, como es la efectiva participación política de los ciudadanos; al no mostrar con claridad la existencia de la necesidad imperativa de satisfacer un interés público a la restricción, sino más bien, de limitar, restringir y vulnerar el derecho de elegir, por parte de elector, libremente por los candidatos de su preferencia y ser electo, particularmente, de quien aspira a ser electo como diputado, en tanto cargo de elección popular. Con base a los artículos 16 y 18 de la Constitución de la República, inter alia, ha estimado la garantista, que en caso de confrontación de principios o normas constitucionales, esas normas deben interpretarse armónicamente y cuando esto no es posible, procede la desaplicación para garantizar la armonía constitucional y la plenitud hermética del ordenamiento jurídico; optando por la efectiva participación política de los ciudadanos (as); debiendo ser resuelto, en definitiva, tal conflicto, conforme al Principio Pro Homine y el principio de preferencia de normas, que se encuentra reconocido en el artículo 29, inciso b) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por reconocer mayor jerarquía normativa a los tratados respecto a la Constitución, aplicando las norma jurídicas siempre de la manera que más favorezca al ser humano. CONSIDERANDO (5): Que, por lo anteriormente manifestado, a la luz de la argumentación jurídica expuesta y de conformidad al plexo convencional invocado, solicita la garantista que, agotado que sea el trámite procesal, y con el mérito de lo actuado; se emita sentencia por la Sala Constitucional, en la cual se declare la Inconstitucionalidad pretendida y se ordene la derogación parcial del artículo 199 numeral 10 de la Constitución de la República y su Inaplicabilidad futura. CONSIDERANDO (6): Que, del estudio y detenido análisis de los autos, se desprende el interés directo, personal y legítimo de la impetrante en la presente acción de inconstitucionalidad, en virtud que la normativa fundamental en referencia le afectaría, directa y personalmente, en su calidad de aspirante a diputada al Congreso Nacional; manifestando un interés político ostensible, en el marco del derecho de petición, de la representación dialógica de la esfera pública y de la plena vigencia del Estado de Derecho. Cabe destacar que tal es forma política que normativizó la Constitución del Estado de Honduras, formulada a través de la Asamblea Nacional Constituyente de 1981, como máxima representación política del soberano pueblo hondureño.[1]CONSIDERANDO (7): Que de la literalidad de las alegaciones fácticas y jurídicas invocadas por la Recurrente o accionante, se desprenden diversas alegaciones concurrentes a justificar porque reputa de inconstitucional la normativa constitucional en referencia. A la sazón, tales alegaciones se circunscriben a los siguientes argumentos: a) En cuanto la pretendida inconstitucionalidad parcial de la norma constitucional contenida en el artículo 199 numeral 10) de la Constitución de la República: Expresando que ésta contravienen contenido esencial de los derechos humanos reconocidos por el Ius Cogens internacional en la materia y en particular por los Tratados[2] Internacionales suscritos y ratificados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1982, por parte del Estado de Honduras. Que los derechos y libertades conculcadas erróneamente por la Constitución de la República, de forma parcial, protegen particularmente el derecho de elegir, por parte de elector, libremente por los candidatos de su preferencia y a ser electo (a); antinomia que impide a la ciudadanía hacer uso de un derecho convencional y constitucionalmente protegido, como es la efectiva participación política de los ciudadanos y que debe ser resuelto, conforme al Principio Pro Homine y el principio de preferencia de normas, el cual reconoce mayor jerarquía normativa a los tratados respecto a la Constitución; siendo preponderante en el presente caso, a juicio de la garantista, el artículo 29, inciso b) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, con relación al artículo 37, numeral 1) de la Constitución de la República.[3] b) En cuanto a los efectos de la pretendida inconstitucionalidad parcial de la norma constitucional contenida en el artículo 199 numeral 10) de la Constitución de la República: Que se derivarían, lógicamente, de la invalidez material que adolece la norma constitucional precitada; de proceder lo solicitado por la garantista en cuanto a que se emita sentencia por la Sala Constitucional, en la cual se declare la Inconstitucionalidad pretendida y se ordene la derogación parcial del artículo 199 numeral 10 de la Constitución de la República y su Inaplicabilidad futura. CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional procedió a examinar el caso sub judice para establecer la procedencia o no de la inconstitucionalidad de la norma constitucional promovida por la ciudadana CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY, quien manifiesta comparecer en calidad de aspirante a ejercer el derecho político electoral de ser electa diputada al Congreso Nacional de la República; verificando que no existe atribuida competencia a esta Sala para conocer en el fondo de la posible inconstitucionalidad de normas constitucionales, por razón de contenido. CONSIDERANDO (9): Que en motivación del anterior aserto, se presentan aquí algunas nociones suscitadas por la cuestión jurídica planteada, con relación a la naturaleza jurídica de la Constitución de la República, como fundamento lógico jurídico del control de constitucionalidad, de la preservación del equilibrio entre la separación y la complementariedad de poderes, sin relaciones de subordinación; caracteres todos que este alto Tribunal estima como inescindibles a la forma de gobierno republicana, democrática y representativa; y a la vigencia del Estado de Derecho. CONSIDERANDO (10): Que vale acotar, en primer lugar, que la función de control de constitucionalidad atribuida a la Sala de lo Constitucional, no es sino la de preservar su vigencia, clarificar y potenciar su alcance y sentido, mas no la de derogarla con base a la contingencia de juicios de valor que pudieran esgrimirse en su contra. Tales motivaciones, pudieran tener plausibilidad en el ámbito protegido del derecho de acción, que constituye a la vez manifestación del acceso a la justicia, como una vertiente al derecho a la tutela judicial efectiva;[4] más no para establecer la procedencia de declarar la inconstitucionalidad, o inaplicabilidad, de la propia norma constitucional. CONSIDERANDO (11): Que sigue considerando la Sala de lo Constitucional, en forma categórica, que la reforma de la norma constitucional, y más aún, la reforma esencial sobre contenidos estructurales concebidos como intangibles o pétreos por el Constituyente (tal como son los relativos a la forma de gobierno), no es atribución del Poder Judicial, ni del Poder Constituido;[5] por lo cual incumbe única y exclusivamente al debate social y político, con predominio de la razón pública,[6] en tanto y en cuanto lugar más apropiado para la deliberación política y la expresión de voluntad del Soberano. Considera la Sala de lo Constitucional que una indebida concesión de la justicia a este respecto, suplantaría la posición que corresponde a los diversos actores sociales y políticos, dando pábulo al conocido escenario que los politólogos han dado en denominar “judicialización de la política”,[7] antes que al ejercicio de una recta y cumplida Administración de Justicia. CONSIDERANDO (12): Que resulta atinente a lo anteriormente expresado, siguiendo precedentes generalmente aceptados por la Sala de lo Constitucional, que la interpretación de los asuntos admitidos a su conocimiento deberá hacerse analizando su contexto político institucional y no en forma aislada e inconexa, siguiendo la línea doctrinaria que reseña, en su obra Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, el jurista Linares Quintana:[8] “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema”.[9] En igual o parecido sentido, el maestro Germán Bidart Campos ha dicho: “El entorno político de la democracia con su trinidad de derechos, y con lo que la jurisprudencia colombiana apoda el núcleo esencial de los derechos fundamentales debe ser la base sólida de la jurisdicción constitucional, que debe manejar una interpretación dinámica de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos en combinación armonizante y armonizada para tender, como norte, a la maximización y optimización del plexo de derechos dentro del sistema propio de cada sociedad y de cada estado”. Lo anteriormente sugiere a esta Sala de lo Constitucional que la presunción de legitimidad que ampara la norma suprema es máxima y se identifica plenamente con la fuente de la cual adquiere su legitimidad de origen: el Poder Constituyente radicado en el pueblo.[10]CONSIDERANDO (13): Que, en la acción de constitucionalidad admitida a trámite, se invoca como fundamento jurídico por la accionante, el amparo del artículo 76, numeral 1), de la Ley Sobre Justicia Constitucional; el cual autoriza la procedencia de la acción de inconstitucionalidad: “1) Contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales”. Sin embargo, resulta notorio que el artículo 199 numeral 10) de la CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA, que se refiere a la prohibición constitucional para ser elegidos como Diputados, no es una ley en sentido formal,[11] pues no basa su validez en la existencia de una norma constitucional previa, sino que en su promulgación, vía procedimiento agravado, como expresión de la voluntad soberana del pueblo hondureño; siendo el artículo 76, numeral 2), de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el único dispositivo de justicia constitucional que autoriza la procedencia de la acción de inconstitucionalidad: “1) … 2) Cuando se ponga en vigencia una reforma constitucional con inobservancia de los requisitos establecidos en la Constitución de la República”; por todo lo cual se encuentra fundada objeción de competencia funcional para el juzgamiento en el fondo de la inconstitucionalidad interpuesta, en vista a que el objeto de examen o juicio constitucional propuesto concerniría a normas constitucionales, por razón de contenido, tal y como se colige de la acción constitucional promovida por quien se considera legítima recurrente; lo cual sería una contradicción en términos, toda vez que el objeto de la justicia constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. Por lo cual, respetando el ejercicio del derecho de petición que la norma fundamental reconoce a todos los hondureños (as);[12] no procede declarar ha lugar la presente acción constitucional, por confrontarla materialmente, más no por el supuesto de inobservancia de los requisitos establecidos, por la Constitución de la República, para la puesta en vigencia de una reforma constitucional; único caso previsto, por la Ley Sobre Justicia Constitucional, para conocer la norma suprema como objeto legítimo de revisión judicial, conforme al principio de legalidad constitucional que rige en el Estado de Derecho. CONSIDERANDO (14): Que, lo anterior enfatiza la firme convicción de esta Sala respecto al valor superior y la naturaleza jurídica fundante de la norma constitucional, lo cual significa, no sólo supralegalidad, sino que prevalencia sobre normas de cualquier otro orden o rango normativo; dado que se habilita el control de constitucionalidad sobre los tratados internacionales cuando no hubieren sido aprobados y ratificados al tenor del artículo 17 reformado de la Constitución de la República);[13] lo cual supondría, un caso para el eventual ejercicio de la jurisdicción constitucional, al tenor del artículo 76, numeral 3), de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Finalmente, para delimitar el ámbito de procedencia de la acción de inconstitucionalidad, cabe señalar que el último caso prescrito, es el establecido en el artículo 76, numeral 4), de la Ley Sobre Justicia Constitucional, para cuanto una ley ordinaria contraríe lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; el cual, en caso de proceder, daría lugar a la primacía de la disposición normativa internacional, incorporada al ordenamiento jurídico interno, por sobre la norma legal ordinaria que le plantea conflicto. Con ello, queda de manifiesto que el bloque de constitucionalidad se encuentra reconocido plenamente por el Estado de Honduras, autorizándose a la jurisdicción constitucional para su efectiva implementación, en función del respeto,[14] protección y garantía a los derechos fundamentales,[15] a través de los cauces legalmente establecidos; sea en el marco del control constitucional concentrado, como ha quedado dogmáticamente demostrado; o a través del sistema de control constitucional difuso, que autorizan expresamente los artículos 18 y 320 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (15): Que, en aras de la claridad conceptual y sustento teórico, cabe también citar al ilustre jurista precursor del moderno constitucionalismo, que fue Hans Kelsen, quien expresó memorablemente: “Una pluralidad de normas funda una unidad, un sistema, un orden, cuando su validez puede ser atribuida a una norma única como fundamento último de esa validez. En cuanto a fuente común, esta norma fundamental constituye la unidad en la pluralidad de todas las normas que integran un orden”. [16] Tal fundamento justifica porque se considera a la Constitución como la norma suprema y no como una ley más,[17] dado que su legitimidad no se presume, sino que se asume y defiende desde la responsabilidad ciudadana y, más aún, desde la dignidad de la magistratura, investida a través de la Sala de lo Constitucional. Por ello no sería aventurado expresar que, cuando hablamos de Supremacía de la Constitución, nos estamos refiriendo, en propiedad, a la piedra angular del Estado de Derecho. CONSIDERANDO (16): Que para esta Sala de lo Constitucional la adscripción a deberes y derechos constitucionales resulta solamente apta para su cumplimiento, observancia y optimización, resultando improcedente de plano el planteamiento de su derogatoria; no así la configuración que, de tales deberes y derechos, desarrolle normativamente una ley ordinaria, implemente o ejecute un acto administrativo, y/o se motive en la actividad procesal y jurisprudencial de las Cortes y Tribunales.[18] CONSIDERANDO (17): Que, por consiguiente, tal petición de control de constitucionalidad sobre la norma constitucional derivada contenida en el artículo 199 numeral 10) de la Constitución de la República, no resulta pasible de conocimiento vía Acción o Recurso de inconstitucionalidad, razón por la cual procede en derecho su declaratoria NO HA LUGAR.CONSIDERANDO (18): Que, lo anteriormente motivado, se sustenta primordialmente en el deber de la Sala de lo Constitucional de custodiar, preservar y guardar fielmente la Supremacía de la Constitución de la República, por lo cual, se considera que la petición expresada en el curso de la presente Acción de Inconstitucionalidad, referida a que se declare ha lugar la garantía de inconstitucionalidad promovida contra el contenido propio de la Constitución de la República, debe denegarse haciendo mención expresa de no constituir válido objeto de conocimiento para la jurisdicción constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los Artículos 1, 2, 4, 16, 18, 59, 60, 62, 64, 80, 82, 90, 184, 185 numeral primero, 303, 304, 313 numeral quinto, 316 numeral 1), 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 2, 7, 8, 10, 11, 18, 19 y 20 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 23, 24, 25 y 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 2, 3, 18, 19 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 3), 4, 5, 7, 8, 74, 75, 76 numeral 2), 77 numeral 1), 79, 92, 114 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional; profiere y FALLA: DECLARAR NO HA LUGAR la acción de inconstitucionalidad promovida, por razón de contenido, contra el artículo 199, numeral décimo, de la Constitución de la República; en virtud de no constituir objeto legítimo de control constitucional. Y MANDA: 1. - Que se ponga en conocimiento de las partes el presente fallo. 2. - Que en su oportunidad se archiven estas diligencias en la Secretaría de la Sala.- Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fechas veintidós de marzo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad registrado en este Tribunal con el número SCO-0483-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Ver: Decreto Legislativo número 131, de fecha once de enero de mil novecientos ochenta y dos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 23,612, de fecha veinte de enero de mil novecientos ochenta y dos.
[2] “Puede mencionarse que los tratados internacionales, independientemente de la materia que regulen, son conocidos con distintas denominaciones, a saber: acuerdo, carta, convenio, convención, pacto, protocolo, compromiso, concordato, modus vivendi, estatuto, etc.; y en todos los casos, la denominación con la que se les identifique por los Estados, constituyen instrumentos jurídicos vinculantes para las partes contratantes”. Meléndez, F., en: Instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la Administración de Justicia. Estudio constitucional comparado. Corte Suprema de Justicia de Honduras, 3ª edición. San Salvador: Imprenta Criterio, 2005. Pág. 18.
[3] Cita a pie de página la garantista, los fallos recaídos en los RI 1343-2014 y 0243-2015.
[4] “Mandato de plena justiciabilidad. Con el derecho de acceso a los tribunales estamos ante una exigencia inherente a la idea de Estado de Derecho, a saber: que todos los derechos e intereses legítimos puedan, llegado el caso, ser defendidos ante un genuino órgano judicial, de manera que no existan supuestos de denegación de justicia”. Luis María Diez-Picazo Giménez, citado por: De Diego Diez, L. A. El derecho a la tutela judicial efectiva. Tegucigalpa: OIM Editorial, 2014. Pág. 42.
[5] Destacada jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional ha hecho hincapié a este respecto. Tal lo dispuesto y motivado en la sentencia del RI 2895-02, de fecha 7 de mayo de 2003, recurso interpuesto por el Doctor Ramón Abad Custodio López, uno de cuyos principales Considerandos, establece lo siguiente: “CONSIDERANDO: Que el Congreso Nacional como poder derivado del Poder Constituyente, tiene la atribución de reformar la constitución, al tenor de lo dispuesto en el artículo 373 constitucional, sin embargo esta atribución tiene la limitante consignada en el 374 de la misma, al prescribir que, no podrán reformarse, en ningún caso, entre otros, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, entre los cuales está el número cuatro, en cuyo contenido encontramos, lo siguiente: ´La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación”.
[6] Siguiendo en este punto a Cass Sunstein en el debate político estadounidense, ideologías políticas tan disimiles como las que sostienen republicanos y demócratas liberales - aun valorando ideales diferentes – tienden a buscar puentes de encuentro, cercanos a la noción de acuerdo colectivo (como ideal regulativo), asignándole la debida importancia a la deliberación política, la igualdad de los actores políticos y un compromiso con la noción de ciudadanía. Gargarella, R. Las teorías de justicia después de Rawls: Un breve manual de filosofía política. Barcelona: Paidos, 1999. Pág. 184.
[7] Limitación intrínseca de la jurisdicción constitucional, no soslayada por Dr. Óscar Urviola Hani, presidente del Tribunal Constitucional del Perú, en la inauguración de la Conferencia Internacional: “El acceso individual a la justicia constitucional en América Latina” (Sic.): “La relatividad de los derechos fundamentales es una cuestión sobre la cual se ha insistido bastante y casi no se controvierte sobre la consideración no absoluta de los mismos. De igual forma, el derecho a la justicia constitucional no puede estar exento de límites. Sobre todo, porque puede presentarse un abuso de los derechos fundamentales”. Tribunal Constitucional del Perú, la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa. Lima, 2013. Pág. 21.
[8] Linares Quintana, S., citado por Gilma Agurcia Valencia, en: Introducción a la interpretación y aplicación al Derecho Hondureño. Tegucigalpa: OIM, 2013. Pág. 136.
[9] Ver: La interpretación del sistema de derechos humanos. Buenos Aires: EDIAR, 1994. Pág. 131.
[10] Ibidem. Pág. 136.
[11] Corte IDH. La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 de nueve de mayo de 1986.
[12] En tal sentido, el debido proceso, prescrito en el bloque de convencionalidad, puede definirse en forma sucinta, como el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados, que han acudido ante los Jueces o ante la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus pretensiones y derechos.
[13] Reformado por Decreto 237-2012 de fecha 23 de enero de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33, 033 del 24 de enero de 2013 y ratificado por Decreto 10-2013 de fecha 30 de enero de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33, 086 de fecha 27 de marzo de 2013.
[14] Ver: Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 165: “La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de "respetar los derechos y libertades" reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado.” seriec_04_esp (Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras) Fondo, reparaciones y costas.
[15] Son alcances también estatuidos en la sentencia Velásquez Rodríguez vs. Estado de Honduras, de 29 de julio de 1988, la obligación estatal de proteger y garantizar derechos. Ver: Manual de derecho internacional público. Buergenthal, T. et al. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1994. Pág. 112 y ss.
[16] Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho: Introducción a la problemática científica del Derecho. San Salvador: Editorial Jurídica Salvadoreña (2ªedición), 2008. Pág. 65.
[17] La cual aspira en el mejor de los casos a una presunción de constitucionalidad, mas no a constituirse en parámetro de validez de la misma. Ver: Ferreres Comelles, V. (Justicia constitucional y democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (2ªedición), 2012. Pág. 21 y ss.), particularmente el capítulo referente a las peculiaridades del juicio de constitucionalidad de la ley en materia de derechos y libertades, donde expresa: “El juez constitucional se encarga, pues, de controlar que las leyes no contradigan la Constitución. Más exactamente se encarga de controlar que determinadas disposiciones que integran el texto de una ley sean compatibles con el sistema de disposiciones que integran el texto constitucional”.
[18] Ver la garantía de inconstitucionalidad número RI 2895-02 (Ramón Abad Custodio López), de fecha 7 de mayo de 2003, en la cual la Corte Suprema de Justicia, citando la reconocida sentencia Marbury vs. Madison (1803), fundacional al sistema republicano de control de constitucionalidad, reconoce que todos los poderes del Estado en su actividad oficial están llamados a interpretar la Constitución de la República; pero sólo una genuina Sala de lo Constitucional es, por su naturaleza, el intérprete final y definitivo de la Constitución, y de las interpretaciones que otros Poderes del Estado realicen; “… sobre todo cuando dichas exégesis sean contra constitutionem”.