Sentencia RI-1019-23 — Registro 17821
Resumen
Decreto Legislativo No.80-2021, emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno y publicado en el diario oficial La Gaceta No. 35,720 el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que declara información reservada, la acordada entre el gobierno de la República de Honduras y las empresas farmacéuticas fabricantes o proveedoras de las vacunas contra la covid-19, contenida en los acuerdos y contratos vigentes y que sean suscritos, para la adquisición y suministro de las mismas.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO: Que examinado el escrito de interposición contentivo del recurso de inconstitucionalidad planteado por vía de acción, se aprecia que si bien el recurrente ha expuesto los motivos que le sirve de fundamento a su pretensión y ha señalado en forma expresa el decreto cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende, esta Sala advierte que no se ha referido en forma clara y precisa al interés directo, personal y legítimo que motiva su acción, requisito sine qua non para su admisión, lo que torna difusa e imprecisa su acción, sin perjuicio de que estas acciones puedan ser interpuestas por los entes legitimados. CONSIDERANDO: Que por tal razón y vistos los defectos de forma en el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad presentada, se impone declarar inadmisible el presente recurso."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 74 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 79 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La resolución y la reposición que literalmente dicen: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de agosto de dos mil veintitrés.VISTO el recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía acción en forma total y por razón de su contenido, por el Abogado DANNY BLADIMIR CABALLERO AMAYA, en su condición de apoderado legal del señor FREDY ANTONIO PORTILLO PERDOMO, contra el Decreto Legislativo No.80-2021, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, en fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno y publicado en el diario oficial La Gaceta No. 35,720 el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que DECLARA INFORMACIÓN RESERVADA, LA ACORDADA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y LAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS FABRICANTES O PROVEEDORAS DE LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19, CONTENIDA EN LOS ACUERDOS Y CONTRATOS VIGENTES Y QUE SEAN SUSCRITOS, PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LAS MISMAS.CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su artículo 185 establece el control de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer la Garantía de Inconstitucionalidad de una ley que considere contraria a la Norma Fundamental; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto derogarán dicha norma.CONSIDERANDO: Que en este sentido Constitucional en su artículo 79, determina, entre otros, como requisitos fundamentales para pronunciarse sobre la procedencia de la acción de inconstitucionalidad por vía de acción, clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva su acción; así como la explicación del concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad; y…”.CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO: Que la legislación Hondureña, con claridad establece que está legitimada para servirse de La Acción de Inconstitucionalidad, toda persona que se considere lesionada en su interés directo, personal y legítimo; para servirse de esta gracia que concede, La Constitución de la República de Honduras en su Artículo 185 y luego en los Artículos 77 y 79 de La Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe analizar, el significado de estos tres vocablos: a)Interés Directo: El actual o existente, no eventual o futuro; b)Interés Personal: El derivado de una situación individual; c)Interés Legítimo: El interés particular que se beneficia de la observancia de la ley, o sea aquel que nace de una relación de derecho protegida individualmente por la ley al tutelar los intereses públicos. Despejado el significado de los tres intereses, concluye este estudio que la persona que los reúne, está sobradamente legitimada para servirse del recurso de Inconstitucionalidad, dado que para ser parte es menester tener interés que es el requisito no solo de esta acción, sino también de todos los derechos procesales. En la búsqueda de una mejor comprensión del significado de los tres intereses que deben asistir al recurrente para tener éxito con La acción de Inconstitucionalidad, se agrega lo siguiente: 1) El interés directo del impetrante que impugna la ley que estima inconstitucional se presenta, cuando al censor se le quiere aplicar una ley que para él es inconstitucional. Precisamente en este momento es que emerge el interés directo del recurrente para intentar la inexequibilidad de la ley y con ello su inaplicabilidad. Es así que solo puede invocarlo aquel, cuando a su consideración en su aplicación se causa daño a la Constitución de la República o se lesiona su interés personal; 2) Para que surja el interés personal de alguien, se requiere que la situación se individualice jurídicamente, por ende, para que ocurra la individualización, deviene la aplicación de la norma y es ahí cuando el que es molestado por la ley que considera inaplicable por inconstitucional, debe preparar el recurso para ser presentado; con ello, de prosperar la acción, el impugnante se beneficiará porque la ley demandada de inconstitucional, no le será aplicada; y 3) Al imponer la Constitución de la República, a todos los ciudadanos, el deber de cumplir, defender y velar porque se cumpla la Constitución y las leyes, nos está legitimando para que sirviéndonos de los medios legales, cumplamos con este deber y es eso, lo que sirve para saber que se está legitimado o legalmente autorizado para servirse del recurso de Inconstitucionalidad cuando una disposición PONE en precario un interés personal y directo; sin embargo cuando el interés es general, será a través de las instituciones creadas por la Constitución de la República (Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos).CONSIDERANDO: Que al exigir este requisito de admisión al Recurso de Inconstitucionalidad, nuestra ley sigue el razonamiento que determina que la función jurisdiccional del Estado, entendida en este caso como el control constitucional, debe estar debidamente justificado y no puede provocarse, sino resulta claramente establecido el daño jurídico y actual que se ocasiona en la situación del recurrente. Esta Sala comparte lo que en su momento determinó en su jurisprudencia el Tribunal de Garantías Constitucionales de España, al establecer que su actuación debía resultar de la defensa de un interés jurídico y actual, y no de un interés genérico y abstracto en la constitucionalidad del ordenamiento. De acuerdo con , lo que tutelaba el referido Tribunal, era “la constitucionalidad de las normas legales sólo en tanto que de ellas pudiera derivarse una lesión jurídica concreta”. CONSIDERANDO: Que en sustento de lo expuesto anteriormente con respecto al interés directo, personal y legítimo de las acciones constitucionales que conciernen a los particulares, esta Sala ha dictado reiterados precedentes que confirman estos asertos, mediante los cuales, se ha dejado establecido doctrinariamente la amplitud de sus criterios en la aplicación concreta a los casos o procedimientos específicos en los cuales se ha solicitado su intervención, dando una respuesta pertinente, que atiende a los mecanismos y modalidades de tutela procesal constitucional ejercidos por los particulares y que son garantizados por nuestra norma interna (Constitución y Ley Sobre Justicia Constitucional), específicamente, mediante las acciones de habeas corpus, amparo y extraordinariamente mediante la acción de Inconstitucionalidad; en todos los casos, avalándose mediante éstas garantías desarrolladas por la norma Procesal Constitucional, los mecanismos idóneos, para que un ciudadano particular inste ante la Corte Suprema, el estudio objetivo concreto de los diferentes escenarios o conflictos intersubjetivos Constitucionales que pueden ser planteados por los recurrentes en sus acciones, resolviendo los mismos dentro de los procesos administrativos o judiciales en los que son promovidos. Pudiéndose determinar de estos precedentes (referidos a la gama de derechos que conciernen al debido proceso), que en lo que atañe al interés personal y legitimación de un particular, es únicamente mediante un análisis objetivo de un caso concreto que se puede determinar, tanto, la complejidad requerida para resolver cada caso en particular, como la posibilidad real que las partes han tenido para hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad. Dando la Sala de esta manera, una efectiva respuesta a los derechos de los particulares, garantizando mediante el mecanismo procesal Constitucional elegido, una respuesta o tutela efectiva para proveer garantía, en cada caso concreto, de la estricta observancia por parte de la autoridad al debido proceso, y con ello a la igualdad de armas procesales, o bien en su caso, el conocimiento del asunto observando las reglas mínimas requeridas, dentro de un plazo razonable. De todo lo anteriormente expuesto se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar su interés directo y personal en lo atinente a la acción planteada.CONSIDERANDO: Que además de lo anterior, específicamente en cuanto a la legitimidad de la acción intentada por el recurrente, encontramos que para efectos de garantizar los derechos y libertades reconocidos en nuestra Constitución, su artículo 59, establece en su primer párrafo que “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla”. Por lo cual y al ser este un principio fundamental, que podría legitimar al recurrente para acudir ante esta Sala, pues el impetrante en su recurso expone que el Decreto cuya inconstitucionalidad pretende, opera en franca violación a la Constitución de la República. En este sentido, es menester recordarle que mediante reforma al referido artículo 59 Constitucional, se creó la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, determinando la ley al efecto, su organización y los funcionarios que estarán a cargo de tal ente, cuya creación persigue el garantizar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución a su población. Por esta razón, al ser creado con rango constitucional, la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, es un ente evidentemente legitimado, y así lo ha declarado ya esta Sala, en caso de considerar, al igual que ahora lo pretende el recurrente (No obstante no ostentar esta condición), que un Decreto Legislativo cuestionado de inconstitucional, vulnera los derechos y libertades de las personas humanas que conforman la población de nuestro Estado. Sin embargo, dado su rango Constitucional, es evidente que a diferencia de lo que sucede con la intención de un particular, este ente legitimado para los efectos determinados a la defensa de los derechos fundamentales de la sociedad, al actuar a favor de una generalidad, no requiere, como si sucede con la acción intentada por un particular, de dirigir o vincular su acción Constitucional, con una controversia intersubjetiva concreta, mediante la cual se legitime su actividad, esto, por las evidentes razones de rango, especialidad, objeto y funciones Constitucionales determinadas por el Legislador a favor de la institución en pro de toda la generalidad. Señalando a este respecto la Jurisprudencia Española, que este ente está legitimado para plantear el recurso de inconstitucionalidad, y si bien el uso de esta facultad no ha sido abundante, es el sujeto legitimado menos activo en el control constitucional de las leyes, cuya legitimación ha de entenderse en los mismos términos y con la misma amplitud que del resto de los sujetos legitimados pues dicha legitimación les ha sido reconocida no en atención de su interés, sino en virtud de la alta cualificación política que se infiere de su respectivo cometido constitucional, siendo el órgano legitimado para plantear los conflictos constitucionales en abstracto. CONSIDERANDO: Que asimismo, es preciso indicar al recurrente, que de igual forma, la ley prevé al Ministerio Público como un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado, teniendo éste a su cargo, entre otros, los fines y objetivos siguientes: 1) Representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad, así como velar por el respeto de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que por los motivos expuestos, aunados a la jurisprudencia emanada de esta Sala, se determina, que el Ministerio Público al igual que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, entre otros, son órganos legitimados para alcanzar los efectos pretendidos por el recurrente, toda vez que al estar investidos de la autoridad propia conferida por el legislador, son los únicos entes que reúnen las condiciones necesarias para acreditar su legitimación al interponer acciones de inconstitucionalidad por la vía de acción a favor de los intereses generales de toda la población, aún y cuando no exista una vinculación concreta de la violación denunciada a procedimientos judiciales o administrativos concretos, por razón de ser en esencia el obrar en defensa y garantía de los derechos fundamentales de nuestra población su función esencial, además de haberlo reconocido así esta Sala en los precedentes ya referidos, sin requerir para ello, como si sucede en el caso de los particulares de una necesaria vinculación, entre su acción y una controversia procesal intersubjetiva que les legitime para una declaración relacionada a un caso concreto.CONSIDERANDO: Que examinado el escrito de interposición contentivo del recurso de inconstitucionalidad planteado por vía de acción, se aprecia que si bien el recurrente ha expuesto los motivos que le sirve de fundamento a su pretensión y ha señalado en forma expresa el decreto cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende, esta Sala advierte que no se ha referido en forma clara y precisa al interés directo, personal y legítimo que motiva su acción, requisito sine qua non para su admisión, lo que torna difusa e imprecisa su acción, sin perjuicio de que estas acciones puedan ser interpuestas por los entes legitimados. CONSIDERANDO: Que por tal razón y vistos los defectos de forma en el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad presentada, se impone declarar inadmisible el presente recurso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 184, 185 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de sobre Derechos Humanos; 74, 79 y 119 de Constitucional; RESUELVE: Declarar INADMISIBLE el recurso de inconstitucionalidad de mérito interpuesto vía acción en forma total y por razón de su contenido, por el Abogado DANNY BLADIMIR CABALLERO AMAYA, en su condición de apoderado legal del señor FREDY ANTONIO PORTILLO PERDOMO, contra el Decreto Legislativo No.80-2021, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, por no estar legitimado para interponer el presente recurso; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se proceda al archivo de los autos. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.””CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado DANNY BLADIMIR CABALLERO AMAYA, contra la resolución dictada por esta Sala el catorce de agosto de dos mil veintitrés, mediante la cual declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Abogado DANNY BLADIMIR CABALLERO AMAYA, en su condición de apoderado legal del señor FREDY ANTONIO PORTILLO PERDOMO, contra el Decreto Legislativo No.80-2021, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, en fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno y publicado en el diario oficial La Gaceta No. 35,720 el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que DECLARA INFORMACIÓN RESERVADA, LA ACORDADA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y LAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS FABRICANTES O PROVEEDORAS DE LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19, CONTENIDA EN LOS ACUERDOS Y CONTRATOS VIGENTES Y QUE SEAN SUSCRITOS, PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LAS MISMAS.CONSIDERANDO: Que el recurrente en su escrito de reposición, arremete contra las razones por las que la Sala estimó procedente declarar la inadmisión de la presente acción de inconstitucionalidad, alegando que se cumplió con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 79 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, señalando el interés directo, personal y legítimo de su representado para interponer la misma; además, indica que la Sala se contradice cuando manifiesta que se han expuesto los motivos que sirven de fundamento a su pretensión y que ha señalado en forma expresa el decreto cuya declaración de inconstitucionalidad pretende, pero que no se ha referido en forma clara y precisa al interés directo, personal y legítimo que motiva su acción. CONSIDERANDO: Que la Sala en forma motivada expuso las razones por la cuales inadmitió la presente acción de inconstitucionalidad, siendo que el recurrente aún y cuando expuso los motivos en que fundamentaba su recurso y señaló el Decreto del cual solicitaba su inconstitucionalidad, no logró acreditar el interés directo y personal que lo legitimara para la interposición del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que al haber motivado la Sala, las razones por la que dictó la resolución ahora recurrida, encontrando que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho, no advierte que puedan establecerse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado DANNY BLADIMIR CABALLERO AMAYA, contra la resolución dictada por esta Sala el catorce de agosto de dos mil veintitrés, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan y en definitiva de archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero de dos mil veinticuatro, certificación de la resolución de fecha catorce de agosto de dos mil veintitrés y reposición de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad registrado en este Tribunal con el número SCO-1019-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.