Sentencia EP-96-23 — Registro 16095
Resumen
Se interpuso Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado Cesar Arturo Heller Portillo, quien manifestó que la presente acción se interpone “…a favor de privados de libertad que tienen enfermedades en fase terminal…”, contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario, “…para que se constate si les están dando las medidas de bioseguridad contra el Covid-19, ya que el fin supremo del Estado es la vida humana, todos tenemos la obligación de protegerla y salvaguardar…”.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7): Que, consta en el presente Recurso de Exhibición Personal, el informe requerido y presentado ante esta alta Sala de Justicia Constitucional por la Juez Ejecutora, Abogada Eda Velásquez; del cual se desprende la no acreditación de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para su otorgamiento; informe el cual se aprueba, no habiéndose constatado restricción ilegal o arbitraria alguna a la libertad y seguridad de “…los internos Privados de Libertad que Tienen Enfermedades en Fase Terminal…”, por parte del Instituto Nacional Penitenciario; acción constitucional la cual, pese a no individualizarse debidamente, por parte del garantista, indicando el nombre o nombres de los ciudadanos privados de libertad a favor de quienes se interponía;[3] y sin compadecerse de que la fase terminal se entiende como una situación del paciente y no como una enfermedad específica (patología), acorde al informe médico rendido por la Dra. Karol Fabiana Zúñiga González;[4] se tramitó regularmente, por parte de la Sala de lo Constitucional, como corresponde al derecho de petición y a la efectiva protección que dimana del recurso. CONSIDERANDO (8): Que, siendo esta una situación no comprendida en ninguno de los supuestos para invocar la garantía de Hábeas Corpus, no procede decretar el cese de restricción alguna a favor de los beneficiarios genéricamente señalados en la presente garantía constitucional; sino que, el reconocimiento, por parte de la Sala de lo Constitucional, de la razonabilidad de lo actuado por la Juez Ejecutora, al denegar el recurso de Hábeas Corpus interpuesto por el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, a favor de LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE PADECEN DE ENFERMEDADES EN FASE TERMINAL, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO; por no enmarcarse entre aquellos que la Ley Sobre Justicia Constitucional contempla como garantía a favor de quienes se encuentran ilegalmente presos, detenidos o cohibidos de cualquier modo en el goce de su libertad individual; o padeciendo tormentos, torturas, vejámenes, restricciones, molestias innecesarias a su seguridad individual o para el orden de la prisión; por lo cual se considera la denegatoria a la presente garantía constitucional resulta fundada y motivada en derecho.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de marzo del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado Cesar Arturo Heller Portillo, quien manifestó que la presente acción se interpone “…a favor de Privados de Libertad que Tienen Enfermedades en Fase Terminal…”, contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario, “…para que se constate si les están dando las medidas de bioseguridad contra el Covid-19, ya que el fin supremo del Estado es la vida humana, todos tenemos la obligación de protegerla y salvaguardar…”. A N T E C E D E N T E S 1) Que, en fecha veintitrés de enero de dos mil veintitrés, compareció ante esta Sala, el Abogado César Arturo Heller Portillo, interponiendo recurso de exhibición personal, quien manifestó que la presente acción se interpone “…a favor de Privados de Libertad que Tienen Enfermedades en Fase Terminal…”, contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario, “…para que se constate si les están dando las medidas de bioseguridad contra el Covid-19, ya que el fin supremo del Estado es la vida humana, todos tenemos la obligación de protegerla y salvaguardar…”. (Folio 1 del recurso) 2) En fecha veintitrés de enero de dos mil veintitrés, esta Sala, admitió el recurso de mérito, asimismo, nombró como Jueza Ejecutora a la Abogada Eda Velásquez, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. (Folio 3 del recurso) 3) En fecha treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, la Jueza Ejecutora nombrada, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, compareció ante esta Sala, rindiendo el informe correspondiente, mediante el cual concluyó: “…PRIMERO: Atendiendo lo ordenado en la comunicación librada a esta Juez ejecutora, en fecha veinticinco de enero de dos mil veintitrés, procedí a requerir al Director del Instituto Nacional Penitenciario, con el objeto de darle a conocer el presente recurso de exhibición. - habiéndose recibido el informe correspondiente en fecha veintisiete de enero del dos mil veintitrés; en el cual informa: Atendiendo el Acta de Requerimiento Judicial de fecha 25 de enero del 2023, presentada ante el INSTITUTO NACIONAL PETINENCIARIO, por parte de la Abogada EDA LIZETH VELASQUEZ BONILLA, Juez Ejecutor, quien notifica el Recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus, asignándole el Número de Expediente No. SCO-0096-2023, interpuesto ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, a favor de los privados de Libertad a nivel nacional que tienen Enfermedades en Fase Terminal, con el fin de que se constate si a dichos internos se les está dando las medidas de Bioseguridad contra el Covid-19, garantizando el Derecho a la Salud y a la Vida; así como los medicamentos y la atención medica necesaria, para las diferentes morbilidades que padecen, de conformidad al Diagnostico de Salud que presentan. Según información proporcionada por cada una de las Unidades de Salud de cada uno de los Centros Penitenciarios a nivel nacional, solo se cuenta con siete (07) Privados de Libertad con enfermedades en Fase Terminal, entiéndase (que es etapa final de una enfermedad avanzada y progresiva, donde existe daño irreversible y no hay tratamiento curativo posible. Múltiples e intensos síntomas, cambiantes multifactoriales, pérdida de la autonomía o fragilidad progresiva. Pronóstico de vida limitado, gran impacto emocional en el paciente, la familia y el equipo terapéutico. Asociada a la alta demanda y uso de recursos). De las siete (07) personas Privadas de Libertad seis (06) son masculinos y una (01) femenina; distribuidos en los Centros Penitenciarios de Támara, Siria, El Porvenir, Francisco Morazán, Morocelí, El Progreso, La Ceiba y Centro Penitenciario Femenino de Adaptación Social (conocido como PNFAS). En cuanto a las evaluaciones por parte de Medicina Forense los Privados de Libertad a todas estas personas privadas de libertad se les da el tratamiento necesario, ya que son remitidos a los Hospitales Públicos y al Centro de Diálisis de Honduras, hasta tres (03) veces por semana, tal y como consta en cada uno de sus expedientes Clínicos. JOSE LEONARDO GARRIDO y JORGE DAVID RODRIGUEZ, han sido evaluados en varias ocasiones; el interno SAMUEL ARTURO ZELAYA, ha sido evaluado en dos (02) ocasiones; el interno JENSONG JOEL GUZMAN, fue evaluado el 24 de enero del 2023; el interno PABLO CESAR LOPEZ MELENDES, fue evaluado en una ocasión y RAFAEL TURCIOS MENDEZ, está pendiente su evaluación e igual CARMINDA MOLINA, tiene pendiente su evaluación, esta última iniciara quimioterapia el 15 de febrero del 2023. A todas las personas privadas de libertad antes mencionadas se les está brindando las medidas de bioseguridad contra el Covid-19 y su tratamiento es acorde a su patología… CUARTO: En el presente caso según se desprende del escrito presentado por el abogado CARLOS ARTURO HELLER PORTILLO a favor TODOS LOS PRIVADOS DELIBERTAD QUE TIENEN ENFERMEDADES CON FASE TERMINAL, hay un mal planteamiento en el mismo, pues lo hace mediante la vía del Hábeas Corpus y el objetivo del mismo es detener la arbitrariedad de una autoridad por considerar esta ilegal, tortuosa, e incluso la misma se puede plantear para corregir un exceso de autoridad. QUINTO: Después de analizar el presente recurso, y el amplio informe y anexos brindado por el INSTITUTO NACIONAL PETINENCIARIO; la suscrita Juez Ejecutora es del parecer que en la presente causa el recurso planteado no se enmarca en ninguno de los dos supuestos del artículo 13 numeral 1, incisos a, y b, de la Ley de Justicia Constitucional, pues no hay nadie ilegalmente detenido, o en su detención legal sea objeto de vejámenes torturas, o exacciones o molestias innecesarias, que son los requisitos que exige la ley para el plantear el presente recurso. SEXTO: Si bien es cierto el derecho a petición lo tienen todos los ciudadanos de la república y estas garantías constitucionales tales como Hábeas Corpus, Hábeas Data, no exigen requisitos tan formales en su planteamiento y cualquier ciudadano en nombre propio o ajeno lo puede interponer, no es menos cierto que, aunque el órgano ante el cual se interponen no puede desestimar las mismas, pues deben darle trámites, su mera admisión no da por sentado que el mismo sea procedente. Y en el presente caso, según información proporcionada por el INSTITUTO NACIONAL PETINENCIARIO: cada una de las Unidades de Salud de cada uno de los Centros Penitenciarios a nivel nacional, solo se cuenta con siete (07) Privados de Libertad con enfermedades en Fase Terminal, entiéndase (que es la etapa final de una enfermedad avanzada y progresiva, donde existe daño irreversible y no hay tratamiento curativo posible. Múltiples e intensos síntomas, cambiantes y multifactoriales, pérdida de la autonomía o fragilidad progresiva. Pronóstico de vida limitado, gran impacto emocional en el paciente, la familia y el equipo terapéutico. Asociada a la alta demanda y uso de recursos); que del amplio informe y anexos proporcionado por INSTITUTO NACIONAL PETINENCIARIO, se desprende no considerar procedente constituirse a los centros penitenciarios a nivel nacional ni solicitar apoyo necesario a los demás Defensores Públicos que se encuentran en Turno a Nivel Nacional. SEPTIMO: POR TANTO: La suscrita Jueza Ejecutora nombrada por Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado Honduras y en aplicación de los artículos 13 No 1; en relación con los artículos 24, 25, 26, 37 de la Ley de Justicia Constitucional, DECLARA: NO HA LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICION PERSONAL, POR CONSIDERAR QUE EL MISMO ES IMPROCEDENTE PUES NO SE ENMARCA EN NINGUNO DE LOS REQUISITOS QUE EXIGE EL ARTÍCULO TRECE NUMERAL 1 DE LA LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL.” (Folios 8 vuelto- 10 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO (2): Que el recurso de Habeas Corpus o de Exhibición Personal, es un mecanismo de defensa dirigido a garantizar el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, frente a los actos de autoridad que con infracción, violación o inobservancia de normas constitucionales y legales la perturben o priven de ella, así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido. CONSIDERANDO (3): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha manifestado que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía, según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta;[1] declarando, a la vez, que: “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”.[2] CONSIDERANDO (4): Que, de ello se sigue categóricamente el deber del Estado de Honduras de respetar, garantizar y promover el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, optimizando así la declaración constitucional de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, coadyuvando al cumplimiento efectivo de lo establecido en el bloque de convencionalidad, a favor de la persona humana. CONSIDERANDO (5): Que, con arreglo a lo prescrito por el Artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado reconoce la garantía de Habeas Corpus o de Exhibición Personal, de tal manera que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla cuando concurran las siguientes circunstancias: 1. Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (6): Que, en el plano de la legalidad procesal constitucional, el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional indica los efectos de la procedencia de la garantía de hábeas corpus, existe un deber legal de ordenar el cese de toda restricción, vejamen, trato cruel, inhumano o degradante, amenaza, apremio ilegal o cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual, o para el orden de la prisión, también se podrá ordenar la libertad del agraviado. CONSIDERANDO (7): Que, consta en el presente Recurso de Exhibición Personal, el informe requerido y presentado ante esta alta Sala de Justicia Constitucional por la Juez Ejecutora, Abogada Eda Velásquez; del cual se desprende la no acreditación de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para su otorgamiento; informe el cual se aprueba, no habiéndose constatado restricción ilegal o arbitraria alguna a la libertad y seguridad de “…los internos Privados de Libertad que Tienen Enfermedades en Fase Terminal…”, por parte del Instituto Nacional Penitenciario; acción constitucional la cual, pese a no individualizarse debidamente, por parte del garantista, indicando el nombre o nombres de los ciudadanos privados de libertad a favor de quienes se interponía;[3] y sin compadecerse de que la fase terminal se entiende como una situación del paciente y no como una enfermedad específica (patología), acorde al informe médico rendido por la Dra. Karol Fabiana Zúñiga González;[4] se tramitó regularmente, por parte de la Sala de lo Constitucional, como corresponde al derecho de petición y a la efectiva protección que dimana del recurso. CONSIDERANDO (8): Que, siendo esta una situación no comprendida en ninguno de los supuestos para invocar la garantía de Hábeas Corpus, no procede decretar el cese de restricción alguna a favor de los beneficiarios genéricamente señalados en la presente garantía constitucional; sino que, el reconocimiento, por parte de la Sala de lo Constitucional, de la razonabilidad de lo actuado por la Juez Ejecutora, al denegar el recurso de Hábeas Corpus interpuesto por el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, a favor de LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE PADECEN DE ENFERMEDADES EN FASE TERMINAL, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO; por no enmarcarse entre aquellos que la Ley Sobre Justicia Constitucional contempla como garantía a favor de quienes se encuentran ilegalmente presos, detenidos o cohibidos de cualquier modo en el goce de su libertad individual; o padeciendo tormentos, torturas, vejámenes, restricciones, molestias innecesarias a su seguridad individual o para el orden de la prisión; por lo cual se considera la denegatoria a la presente garantía constitucional resulta fundada y motivada en derecho. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 59, 182, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 3 No. 1), 9 N.º. 1, 13 N.º. 1) literal a), 24, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, a favor de LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE PADECEN DE ENFERMEDADES EN FASE TERMINAL, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en Sala de lo Constitucional. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha dos de marzo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Exhibición Personal bajo el número SCO-0096-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Loayza Tamayo v. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57.
[2] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Caso Cantoral Benavides v. Perú. Sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.
[3] Ver artículo 182, párrafo primero, de la Constitución de la República.
[4] Ver folio quince (15) de la pieza de habeas corpus, numeral romano II.