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Sentencia EP-945-23 — Registro 17597

Resumen

Se interpuso Recurso de Exhibición Personal, conocido a prevención por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, contra actuaciones Director del Centro Penitenciario . Manifestando el peticionario que desde que dio inicio la Operación Fe y Esperanza en fecha 26 de junio del 2023, dirigida a la intervención de los Centros Penales, se ha personado en varias ocasiones en el mencionado centro penitenciario, para verificar la integridad física de su representado, quien padece de epilepsia, debe tomar medicamentos de manera permanente, y que, con dicha Operación, le han quitado y prohibido el medicamento, poniendo en peligro su vida.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (9): Que consta del informe presentado por la Juez Ejecutor, ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, conociendo a prevención de la presente Garantía de Hábeas Corpus, todas las incidencias que se suscitaron durante la averiguación de los hechos denunciados por el peticionario de la Garantía de Exhibición Personal, desde la negativa del Director del Centro Penitenciario de Siria de enterarse del requerimiento realizado por la Juez Ejecutor, hasta negarse a la obligación que señala la ley de poner a la vista al detenido o preso, razones que llevaron a la Juez Ejecutor a concluir que se debe declarar Con Lugar la Exhibición Personal, al constar la funcionaria encomendada e investida de las facultades que le confiere la ley, que el Director del Centro Penitenciario de Siria obstruyó la realización de las investigaciones, encaminadas a constatar la veracidad de lo denunciado por el peticionario de la Garantía de Hábeas Corpus; esta Sala al igual que la Juez Ejecutor, estima que la autoridad recurrida, el Director del Centro Penitenciario de Siria, ha incumplido con las disposiciones emanadas de la Ley sobre Justicia Constitucional, específicamente lo dispuesto en el artículo 28, siendo obligación de la autoridad recurrida presentar en forma inmediata a la persona agraviada y entregar sin tardanza al Juez Ejecutor el informe y antecedentes del caso, situaciones estas que fueron obviadas por el Director del Centro Penitenciario de Siria, medidas que debieron ser cumplidas sin pretexto alguno; como bien lo señala la Constitución de la República y desarrollado de igual forma en la Ley sobre Justicia Constitucional, asimismo siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la función que cumple el hábeas corpus es esencial como medio idóneo para garantizar inter alia -proteger a una persona contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por ello el literal b) del artículo 182 constitucional, garantiza por medio del Hábeas Corpus, el que no se aplique al detenido o preso restricciones o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión; asimismo, la Corte Interamericana ha resaltado que dicho recurso debe ser garantizado en todo momento, aun cuando el individuo se encuentre bajo condiciones excepcionales de incomunicación legalmente decretada. "CONSIDERANDO (10): Que mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.” La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, la establecida en el numeral 3, que consiste en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (11): Que el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido- CONSIDERANDO (12): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad, lo que implica el uso de torturas, vejámenes y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual del detenido o preso o para el orden de la prisión. Por todo lo cual y ante las incidencias suscitadas durante la tramitación de la garantía de Hábeas Corpus, se hace procedente en derecho, tener por ciertos los hechos invocados por el demandante o solicitante de la presente garantía de Hábeas Corpus, ello ante la negativa de la autoridad recurrida de rendir el informe en el término señalado en la ley y la falta de exhibición del agraviado ante la Juez Ejecutor; debiendo en consecuencia poner en conocimiento los hechos al Ministerio Público a efecto de realizar las acciones legales correspondientes en contra del Director del Centro Penitenciario de Siria, ello en atención a lo establecido en el artículo 27 y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Como corolario de lo anterior se hace procedente decretar el cese de la restricción al medicamento que debe tomar el Privado de Libertad señor GUSTAVO ADOLFO ARAUJO GARCIA, beneficiario de la presente garantía; a raíz de su padecimiento de Epilepsia, según lo narrado por el peticionario Abogado Carlos Francisco Herrera Orellana, hechos que se tienen por ciertos al tenor de lo establecido en el artículo 26 de la Ley sobre Justicia Constitucional, estimándose por tanto, aprobar el informe emitido por la Juez Ejecutor nombrada y en consecuencia declarar CON LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de octubre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Exhibición Personal, conocido a prevención por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentado por el Abogado CARLOS FRANCISCO HERRERA ORELLANA, a favor del señor GUSTAVO ADOLFO ARAUJO GARCIA, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Manifestando el peticionario que desde que dio inicio la Operación Fe y Esperanza en fecha 26 de junio del 2023, dirigida a la intervención de los Centros Penales, se ha personado en varias ocasiones en el mencionado centro penitenciario, para verificar la integridad física de su representado, quien padece de epilepsia, debe tomar medicamentos de manera permanente, y que, con dicha Operación, le han quitado y prohibido el medicamento, poniendo en peligro su vida. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha siete de julio del año dos mil veintitrés, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado CARLOS FRANCISCO HERRERA ORELLANA, presentando recurso de exhibición Personal a favor del señor GUSTAVO ADOLFO ARAUJO GARCIA, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; manifestando el peticionario que el señor GUSTAVO ADOLFO ARAUJO GARCIA: “se encuentra recluido en el Centro Penal de SIRIA, EL PORVENIR MÓDULO 16, donde esta defensa se ha personado en varias ocasiones al centro penal antes mencionado, para verificar la integridad física de mi representado y que mi representado padece de epilepsia, debe tomar medicamento de manera permanente y se tiene conocimiento que en dicha operación se le quito el medicamento, a la fecha de hoy tiene prohibido el uso de la misma, poniendo en peligro la vida de mi representado…” (Folios 02-03 de los autos) 2) Que, en la misma fecha, siete de julio del año dos mil veintitrés, el relacionado Juzgado admitió el recurso de exhibición personal de mérito, designando como Juez Ejecutora a la Abogada HILDA LUZ DOMINGUEZ, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, debiendo librarle atenta comunicación con las inserciones de estilo para su cumplimiento, debiendo rendir el informe dentro de un término prudencial. Asimismo, ordena remitir las diligencias a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que siga conociendo de las diligencias, en virtud que ese juzgado, por la urgencia del caso y siendo en un turno extraordinario, conoce a prevención de la garantía en comento. (Folios 08-09 de los autos) 3) Que la Abogada HILDA LUZ DOMINGUEZ SOTO, actuando en su condición antes indicada, y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de julio del año dos mil veintitrés, en el cual consignó entre otras manifestaciones lo siguiente: “CONSIDERANDO: … Es así que esta Jueza Ejecutora el día domingo 9 de julio de 2023 procedió a desplazarse hacia las instalaciones de la Penitenciaria Siria el Porvenir, Francisco Morazán, llegando a dicho lugar a las once de la mañana aproximadamente; Procediendo a requerir en legal y debida forma al Director de dicho Centro Penitenciario, para que dentro del término señalado procediera a rendir informe acerca de las situaciones ya mencionadas en el acta de requerimiento. CONSIDERANDO: Que una vez dentro del lugar fui recibida por el director, quien no se quiso identificar, por lo que procedí a identificarme como Defensora Pública y en calidad de Juez Ejecutora de un Habeas Corpus, ya que fui nombrada por el Juzgado de letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, pero el Director me trató de manera denigrante, por el hecho de ser mujer, me dijo que yo era una mentirosa, que porque había inventado que era Juez si solo era una simple Defensora Pública, por lo que yo le respondí que no me faltara el respeto y que había una comunicación, la cual no quiso leer, por lo que procedi a leerla en voz alta delante de todos los militares que allí se encontraban, y le pregunte si le quedaba claro y se hizo el que no me escuchaba, le dije que quedaba requerido y que me pusiera a la vista al señor GUSTAVO ADOLFO ARAUJO GARCIA, para entrevistarlo, por lo que se negó y dijo que ellos estaban bien allí y además había un acuerdo presidencial que prohibía la visita de los reos por cualquier persona y mucho menos defensores haciéndose pasar por jueces y que no iba aceptar el requerimiento y que no me firmaría las constancias de gira y me chasqueo los dedos y me dijo que abandonara el recinto y se me pego detrás un militar armado tocándose el arma que andaba colgado en el pecho y me hicieron pasar dos veces por el escáner, al salir y subirme el vehículo, el militar que iba detrás de mí, de igual forma grosera le ordeno al conductor el señor OSCAR CRUZ, que me acompañaba, que abandonara las instalaciones y al llegar al portón de salida nos bajaron y procedieron hacer una inspección al vehículo, que solo falto que lo desarmaran y a nosotros también nos revisaron, buscando no sé qué. CONSIDERANDO: Que el Director no quiso recibir el requerimiento y al no acatar lo ordenado por esta Juez Ejecutora, ha violentando la Ley, desobedeciendo en su totalidad lo que esta Juez Ejecutora ordenaba; asimismo violo los deberes de los funcionarios, siendo que este es un funcionario público y no ha respetado lo que la ley le ordena como tal. PRIMERO: Al no poder realizar las diligencias ordenadas por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, debido a la obstrucción que el director de ese centro Penitenciario realizó a las 11:30 de la mañana del día domingo 9 de julio del 2023. SEGUNDO: Las autoridades penitenciarias están en la obligación de garantizar el derecho a la salud de los privados de libertad, en vista que el fin supremo del Estado es la persona humana, y siendo que el director de ese centro penitenciario no demostró ni el menor respeto a la salud del hoy recluso de ese centro penitenciario, a esta Juez Ejecutora. TERCERO: Que el habeas corpus o exhibición personal procede cuando una persona se encuentra ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad y cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión, extremos que plenamente ha sido comprobados por esta Juez Ejecutora, al momento de realizar las diligencias respectivas y siendo que el director de este Centro Penitenciario claramente les esta violentado el derecho a la Salud a los Privados de libertad, al suspenderles medicamento de uso continuo por lo que corren graves riesgos, hasta consecuencias fatales; asimismo el no permitir que esta juez realizara su trabajo…; concluyendo la Juez Ejecutor lo siguiente: (Sic) “DECLARAR CON LUGAR LA ACCIÓN DEL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL, EN CONTRA DEL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO QUE SEGÚN INVESTIGACIONES SE LLAMA LIZANDRO GARCÍA MUÑOZ, QUIEN HA COMETIDO LOS DELITOS DE DESOBEDIENCIA, VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, habeas corpus interpuesto por el Abogada CARLOS FRANCISCO HERRERA ORELLANA a favor del señor GUSTAVO ADOLFO ARAUJO GARCIA, ORDENÁNDOSE que se envié de manera inmediata al Ministerio Público las presentes diligencias a fin de que presenten requerimiento fiscal por los delitos antes mencionados y los que considere pertinente el ente fiscal, en virtud de haberse declarado con lugar el habeas corpus…” (Folios del 27-30 de los autos) 4) Que mediante auto de fecha dieciocho de julio del año dos mil veintitrés, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, resolvió tener por admitido el informe de la Juez Ejecutora, ordenando remitir las actauciones a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, las que fueron recibidas en esta Sala en fecha veinte de julio del año dos mil veintitrés. (folios 32fv y 35 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo 182 precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”… CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral” y el artículo 69 cuando indica que: “La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”. CONSIDERANDO (4): Que en fecha siete de julio del año dos mil veintitrés, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán el Abogado CARLOS FRANCISCO HERRERA ORELLANA, interponiendo recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal a favor del señor GUSTAVO ADOLFO ARAUJO GARCIA, contra actuaciones del Director del CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, según el peticionario “…desde que dio inicio la Operación Fe y Esperanza en fecha 26 de junio del 2023, dirigida a la intervención de los Centros Penales, se ha personado en varias ocasiones en el mencionado centro penitenciario, para verificar la integridad física de su representado, quien padece de epilepsia, debe tomar medicamentos de manera permanente, y que, con dicha Operación, le han quitado y prohibido el medicamento, poniendo en peligro su vida…” CONSIDERANDO (5): Que en la misma fecha siete de julio del presente año dos mil veintitrés, el referido juzgado admitió el Recurso de Exhibición Personal relacionado, designando como Juez Ejecutor a la Abogada HILDA LUZ DOMINGUEZ, a efecto de rendir el informe correspondiente en un término prudencial, asimismo ordenó la Remisión de las actuaciones a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para seguir conociendo de las diligencias. CONSIDERANDO (6): Que la Abogada HILDA LUZ DOMINGUEZ SOTO, en su condición preindicada y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió informe en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil veintitrés (2023), consignando entre otros extremos los enunciados en el numeral tres de los antecedentes del presente libelo. CONSIDERANDO (7): Que el hábeas corpus consiste en un medio para solicitar que un individuo, que se presume ha sido detenido, retenido en prisión de forma ilegal, sea puesto materialmente en presencia de un juez para que este tome una determinación acerca de si debe continuar o no privado de su libertad. Funciona como recurso para tutelar no sólo el derecho a la libertad, sino otros derechos que pueden ser puestos en riesgo en situaciones de detención ilegal, como lo son la integridad física y la vida del individuo. En parte, es por tal razón que los tratados internacionales que tocan la materia, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, establecen el hábeas corpus como un derecho no restringible o no suspendible en estados de excepción o anormalidad estatal. Siguiendo con el concepto ut supra, la Corte Interamericana ha dejado establecido en su jurisprudencia que para que el hábeas corpus cumpla con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de libertad, “exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada”. A mayor abundamiento, el Tribunal ha señalado que, dentro de las garantías judiciales indispensables, la función que cumple el hábeas corpus es esencial como medio idóneo para: - garantizar la libertad; -controlar el respeto a la vida de las personas; - controlar el respeto a la integridad de las personas; -impedir la desaparición forzada de las personas; -impedir la indeterminación del lugar de detención de las personas, y -proteger a una persona contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, la Corte ha resaltado que dicho recurso debe ser garantizado en todo momento, aún cuando el individuo se encuentre bajo condiciones excepcionales de incomunicación legalmente decretada. CONSIDERANDO (8): Que el Capítulo II de la Ley sobre Justicia Constitucional, desarrolla lo atinente a las acciones de Exhibición Personal y de Hábeas Data; en relación a la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, el artículo 26 de la referida ley establece cuales son los deberes de los titulares del órgano jurisdiccional o del Juez Ejecutor de la acción, quienes una vez recibida la acción ordenarán mediante auto la inmediata exhibición del detenido o preso, ante el funcionario que se designe y este al alcaide, jefe, encargado o subalterno, o a la persona presuntamente responsable, que presente al ofendido, así como el original o copia de la orden de detención y que rinda informe detallado de los hechos que la motivaron; todo lo cual se Deberá cumplir dentro de un plazo que no exceda las veinticuatro (24) horas. Continúa expresando el precepto indicado que, si el informe no se rinde en el término señalado, se tendrán por ciertos los hechos invocados por el demandante o solicitante y, si procede en derecho, se declarará con lugar la exhibición pedida. CONSIDERANDO (9): Que consta del informe presentado por la Juez Ejecutor, ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, conociendo a prevención de la presente Garantía de Hábeas Corpus, todas las incidencias que se suscitaron durante la averiguación de los hechos denunciados por el peticionario de la Garantía de Exhibición Personal, desde la negativa del Director del Centro Penitenciario de Siria de enterarse del requerimiento realizado por la Juez Ejecutor, hasta negarse a la obligación que señala la ley de poner a la vista al detenido o preso, razones que llevaron a la Juez Ejecutor a concluir que se debe declarar Con Lugar la Exhibición Personal, al constar la funcionaria encomendada e investida de las facultades que le confiere la ley, que el Director del Centro Penitenciario de Siria obstruyó la realización de las investigaciones, encaminadas a constatar la veracidad de lo denunciado por el peticionario de la Garantía de Hábeas Corpus; esta Sala al igual que la Juez Ejecutor, estima que la autoridad recurrida, el Director del Centro Penitenciario de Siria, ha incumplido con las disposiciones emanadas de la Ley sobre Justicia Constitucional, específicamente lo dispuesto en el artículo 28, siendo obligación de la autoridad recurrida presentar en forma inmediata a la persona agraviada y entregar sin tardanza al Juez Ejecutor el informe y antecedentes del caso, situaciones estas que fueron obviadas por el Director del Centro Penitenciario de Siria, medidas que debieron ser cumplidas sin pretexto alguno; como bien lo señala la Constitución de la República y desarrollado de igual forma en la Ley sobre Justicia Constitucional, asimismo siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la función que cumple el hábeas corpus es esencial como medio idóneo para garantizar inter alia -proteger a una persona contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por ello el literal b) del artículo 182 constitucional, garantiza por medio del Hábeas Corpus, el que no se aplique al detenido o preso restricciones o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión; asimismo, la Corte Interamericana ha resaltado que dicho recurso debe ser garantizado en todo momento, aun cuando el individuo se encuentre bajo condiciones excepcionales de incomunicación legalmente decretada. CONSIDERANDO (10): Que mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.” La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, la establecida en el numeral 3, que consiste en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad. CONSIDERANDO (11): Que el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido- CONSIDERANDO (12): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad, lo que implica el uso de torturas, vejámenes y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual del detenido o preso o para el orden de la prisión. Por todo lo cual y ante las incidencias suscitadas durante la tramitación de la garantía de Hábeas Corpus, se hace procedente en derecho, tener por ciertos los hechos invocados por el demandante o solicitante de la presente garantía de Hábeas Corpus, ello ante la negativa de la autoridad recurrida de rendir el informe en el término señalado en la ley y la falta de exhibición del agraviado ante la Juez Ejecutor; debiendo en consecuencia poner en conocimiento los hechos al Ministerio Público a efecto de realizar las acciones legales correspondientes en contra del Director del Centro Penitenciario de Siria, ello en atención a lo establecido en el artículo 27 y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Como corolario de lo anterior se hace procedente decretar el cese de la restricción al medicamento que debe tomar el Privado de Libertad señor GUSTAVO ADOLFO ARAUJO GARCIA, beneficiario de la presente garantía; a raíz de su padecimiento de Epilepsia, según lo narrado por el peticionario Abogado Carlos Francisco Herrera Orellana, hechos que se tienen por ciertos al tenor de lo establecido en el artículo 26 de la Ley sobre Justicia Constitucional, estimándose por tanto, aprobar el informe emitido por la Juez Ejecutor nombrada y en consecuencia declarar CON LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 59, 69, 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR HA LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL promovido por el Abogado CARLOS FRANCISCO HERRERA ORELLANA, a favor del ciudadano Privado de Libertad GUSTAVO ADOLFO ARAUJO GARCIA, por las razones que se dejan aquí señaladas. ORDENA: I. Que las autoridades del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, encargados de la organización, administración y funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, realicen las gestiones necesarias a efecto que el DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARO UBICADO EN SIRIA, permita el acceso al medicamento que requiere el privado de Libertad ciudadano GUSTAVO ADOLFO ARAUJO GARCIA, por su padecimiento de Epilepsia, según lo narrado por el peticionario de la Garantía de Hábeas Corpus; gestiones que deberán realizarse de INMEDIATO, conforme a las atribuciones que le corresponden al Instituto Nacional Penitenciario, establecidas en el artículo 8 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. II) Poner en conocimiento a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, los hechos suscitados en la tramitación de la presente Garantía de Hábeas Corpus, a efecto de realizar las acciones legales correspondientes en contra del Director del Centro Penitenciario de Siria, ello en atención a lo establecido en el artículo 27 y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional. III) Para el cumplimiento de esta sentencia la autoridad encargada de la administración del Sistema Penitenciario Nacional debe proceder de inmediato con el acatamiento de la orden indicada. El incumplimiento de esta sentencia dará lugar a lo que en derecho corresponda conforme la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que para su efectiva ejecución se notifique el presente fallo a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, como ente encargado de la organización, administración y funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, asimismo al Ministerio Público, a efecto de realizar las acciones legales conforme a lo mandado por la ley, enviando la correspondiente certificación y una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional.- Redactó la Magistrada Villela Zavala.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha once de octubre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-0945-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.