Sentencia EP-275-23 — Registro 16825
Resumen
En Revisión las diligencias que contienen la sentencia que declaró sin lugar el recurso de exhibición personal manifestando la peticionaria que su representado se encontraba ilegalmente preso, en relación a la causa por el delito de violación.
Análisis jurisprudencial
(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)
Sentencia
C E R T I F I C A C I O NEl Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes del mes de julio del año dos mil veintitrés. -VISTO: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha nueve de febrero de dos mil veintitrés, que declaró Sin Lugar el recurso de exhibición personal interpuesto por la señora JUANA MOLINA ORTIZ, a favor del señor RAFAEL MOLINA ORTIZ, contra actuaciones del JUZGADO DE EJECUCION DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; manifestando la peticionaria que su representado se encontraba ilegalmente preso, en relación a la causa instruida contra el señor RAFAEL MOLINA ORTIZ, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION en perjuicio de víctima 1.ANTECEDENTES 1)Que en fecha diecisiete de octubre de dos mil veintidós, la señora JUANA MOLINA ORTIZ, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor del señor RAFAEL MOLINA ORTIZ, contra actuaciones del Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, departamento de Cortés; manifestando la peticionaria que su hermano fue condenado a la pena de once (11) años por el delito de violación, imponiéndosele otras penas privativas de derechos, consistente en libertad vigilada por 10 años una vez cumplida la pena de prisión, consistente en comparecer una vez al mes al Juzgado de Ejecución de Cortés; que el señor RAFAEL MOLINA ORTIZ, ingresó a la Penitenciaría Nacional el 28 de septiembre de 2021, habiendo cumplido un año el pasado 28 de septiembre de 2021, y que cumpliendo con lo estipulado en la sentencia de fecha 29 de junio de 2022, a partir del 28 de septiembre de 2022, debía estar gozando de su libertad vigilada, por lo que se encontraba guardando prisión de manera ilegal. (Folios 01 y 02 de los antecedentes).2) Que en esa misma fecha, la citada Corte de Apelaciones, tuvo por recibido el recurso de Exhibición Personal de mérito, nombrando como Juez Ejecutora a la Abogada MIRNA LIZETH MATUTE LICONA, Defensora Pública de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a efecto de que requiriera a la autoridad recurrida para que rindieran su informe, y constituirse al lugar donde se encontraba detenido el agraviado, a efecto de constatar los hechos alegado por el recurrente, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual. (Folio 13 de los antecedentes). 3) Que la Abogada MIRNA LIZETH MATUTE LICONA, en su condición antes indicada y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente en fecha treinta de octubre de dos mil veintidós, en el cual consignó lo siguiente: A) Que en fechas diecisiete y dieciocho de octubre de dos mil veintidós la Juez Ejecutora se constituyó en las instalaciones del Juzgado de Ejecución y Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, solicitando informe sobre la situación del señor RAFAEL MOLINA ORTIZ, que una vez rendidos dichos informes, más la revisión del expediente, la Juez Ejecutora estableció que en fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno se le decretó DETENCIÓN JUDICIAL al señor RAFAEL MOLINA ORTIZ, cumpliendo el treinta septiembre de dos mil veintidós, un año de estar en efectiva prisión, celebrándose el Juicio Oral y Público el catorce de junio de dos mil veintidós, y una vez finalizado, en fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós, se condenó al señor RAFAEL MOLINA ORTIZ, a la PENA PRINCIPAL DE ONCE AÑOS DE PRISIÓN, asimismo se le impusieron otras medidas privativas de otros derechos como ser: La libertad vigilada por DIEZ AÑOS, una vez cumplida la pena de prisión, consistente en comparecer una vez al mes al Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula; prohibición de residencia y aproximación a la víctima, por el doble de tiempo de la pena de prisión equivalente a 22 años; Inscripción en el Libro de Agresores que para tal efecto lleva el Juzgado de Ejecución; e Inhabilitación Absoluta, no habiéndose interpuesto recurso de casación por lo que la sentencia adquirió firmeza. Que las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, Cortés, para que procediera a ejecutar la pena, pero fue devuelta al Tribunal de Sentencia, en fecha dieciocho de octubre de dos mil veintidós, a fin de que se subsanaran errores materiales encontrados en la sentencia, ya que no se consignó en la parte resolutiva el nombre del perjudicado, la cual una vez subsanada, sería devuelta al Juzgado de ejecución. b) Que en cuanto a lo alegado por la señora Juana Molina Ortiz, referente a que el señor RAFAL MOLINA ORTIZ, se encontraba guardando prisión de manera ilegal, ya que había cumplido un año de estar privado de libertad y que desde el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, debía de estar gozando de la Libertad Vigilada, la Juez Ejecutora fue del criterio de que NO ES PROCEDENTE, la ejecución de la medida de Libertad Vigilada, ya que ésta se debe ejecutar CON POSTERIORIDAD a la pena privativa de libertad, en este caso ONCE AÑOS, de los cuales el señor Molina Ortiz, no ha cumplido la mitad de la misma, ya que solo había cumplido a esa fecha UN AÑO, VEINTIUN DIAS, por lo que no podía optar a ningún beneficio. En cuanto a lo alegado por la señora Juana Molina Ortiz, de que iba a presentar un escrito que le había remitido la Defensora Privada del señor Rafael Molina, el cual adujó que no había sido recibido por parte de la funcionaria que se encontraba en ese momento en el Juzgado de Ejecución, porque se le manifestó que el expediente no tenía número, ya que en ese momento, se le estaban asignando a lo que habían ingresado en el mes de junio de dos mil veintidós, lo que la Juez Ejecutora pudo corroborar en el Juzgado de Ejecución, que el expediente del señor Molina Ortiz, había ingresado en el mes de octubre, y no se le había asignado número a esa fecha, debido a que no se había realizado la revisión provisional que se hace previo a su admisión, esto para comprobar si no hay errores materiales en la sentencia, dándose prioridad a los expedientes que han ingresado con anterioridad, ya que llevan un orden de revisión según los meses y que estaban terminado de revisar los expedientes remitidos en junio y julio de 2022, y que eso era lo que se le había informado a la señora Juana Molina Ortiz, cuando había acudido al Juzgado de Ejecución para pedir información. C) Que la Juez Ejecutora concluyó que NO EXISTÍA DETENCIÓN ILEGAL en perjuicio del señor RAFAEL MOLINA ORTIZ, por lo que resolvió: “DECLARAR NO HA LUGAR la acción de Exhibición Personal o Habeas Corpus, que interpuso por la señora Juana Molina Ortiz a favor del señor RAFAEL MOLINA ORTIZ, ya que según de la investigación realizada, el mismo ya fue condenado a una pena de ONCE años de prisión, de la cual solo ha cumplido un año veintiún días, asimismo se le condenó a penas privativas de otros derechos, por ende no existe detención ilegal.” (Folios 18 al 21 de los antecedentes).4) Que en fecha diez de noviembre de dos mil veintidós, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, tuvo por recibido el informe de la Juez Ejecutora, sin embargo de la revisión del mismo, la Corte apreció que dicho informe está incompleto ya que no consta que el señor RAFAEL MOLINA ORTIZ, le fuera puesto a la vista, en consecuencia, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, libró comunicación a la Abogada MIRNA LIZETH MATUTE LICONA, a efecto de que ampliara su informe, en cuanto al extremo anteriormente señalado. (Folio 37 de los antecedentes). 5) Que en fecha cinco de diciembre de dos mil veintidós, la Juez Ejecutora amplió su informe ante la citada Corte de Apelaciones, en la cual consigna lo siguiente: Que en fecha de noviembre de dos mil veintidós, envió comunicación a la Abogada Lourdes Xiomara Bustillo Matute, de la Defensa Pública de Tegucigalpa, Francisco Morazán, a fin de que le prestara auxilio judicial a efecto de realizar la entrevista al señor RAFAEL MOLINA ORTIZ, misma que logró realizar en fecha veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en la cual le manifestó que se encontraba privado de su libertad desde el veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno, por el delito de Violación, asimismo manifestó que su Abogada le había informado que solo estaría privado de su libertad un año, razón por la cual interpuso el recurso, ya que es hipertenso y padece de gastritis, que no había sido objeto de tortura, coacción, algún vejamen y golpes, además manifestó que no estaba detenido ilegalmente. (Folios 39v y 40 de la pieza de antecedentes). 6) Que en fecha nueve de febrero de dos mil veintitrés, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en la cual: “FALLA: ÚNICO: DECLARAR SIN LUGAR, LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL interpuesto por la señora JUANA MOLINA ORTIZ, actuando en su condición de ciudadana y hermana a favor del señor RAFAEL MOLINA ORTIZ, contra actuaciones del JUZGADO DE EJECUCIÓN DE ESTA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS.…”. (Folios del 56 al 60 de los antecedentes). 5) Que en fecha siete de marzo de dos mil veintitrés, la Sala de lo Constitucional tuvo por recibidas las diligencias del recurso de mérito de conformidad a lo estipulado en el Artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o exhibición personal, acorde a lo preceptuado en los artículo 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículo 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertada, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Asimismo, el Artículo 15 de la precisada norma sobre justicia constitucional establece: “DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido con ilegítimo por constituir su causo o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones. CONSIDERANDO DOS (2): Que la Constitución de la República es la norma suprema a la que están subordinadas todas las demás leyes, y que es obligación de los órganos jurisdiccionales en el desarrollo de la actividad judicial, respetar y hacer prevaler la superioridad jerárquica de la normativa Constitucional, procurando otorgarle la verdadera dimensión normativa jurídica que le corresponde, estableciendo la inviolabilidad del orden constitucional, no solo como un derecho del ciudadano, más aun como una obligación en su defensa. CONSIDERANDO (3): Que el recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal, es un mecanismo dirigido a garantizar el derecho a la libertad personal de los ciudadanos, frente a los actos de la autoridad que con infracción o violación de normas constitucionales lo priven de ella, así como también las acciones u omisiones que atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido. CONSIDERANDO TRES (3): Que la Constitución de la República en su artículo 182 establece: “El estado reconoce la garantía de Habeas Corpus o Exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en su libertad individual; y 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. La Garantía de Exhibición Personal la regulan los artículos 13 y 124 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala:”1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…” CONSIDERANDO CINCO (5): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas, asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, psíquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad. Del estudio del presente proceso no se evidencia al tenor a lo dispuesto en el artículo 182 numeral 2 de la Constitución de la República, acciones constitutivas de vejámenes y restricciones y molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual de los privados de libertad, en relación a lo dispuesto en el artículo 13 y 15 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, estimándose improcedente por tanto declarar al tenor de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley sobre Justicia Constitucional NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. CONSIDERANDO SEIS (6): Resumen de lo expuesto por el garantista en el escrito de interposición de la garantía constitucional de exhibición personal. El impetrante de la presente garantía constitucional de exhibición personal denuncia que se le han violentado todos sus derechos constitucionales, manifestando la peticionaria que su hermano RAFAEL MOLINA ORTIZ, fue condenado a la pena de once (11) años por el delito de violación, imponiéndosele otras penas privativas de derechos, consistente en libertad vigilada por 10 años una vez cumplida la pena de prisión, consistente en comparecer una vez al mes al Juzgado de Ejecución de Cortés; que el señor RAFAEL MOLINA ORTIZ, ingresó a la Penitenciaría Nacional el 28 de septiembre de 2021, habiendo cumplido un año el pasado 28 de septiembre de 2021, y que cumpliendo con lo estipulado en la sentencia de fecha 29 de junio de 2022, a partir del 28 de septiembre de 2022, debía estar gozando de su libertad vigilada, por lo que se encontraba guardando prisión de manera ilegal. CONSIDERANDO SIETE (7): Diligencias efectuadas por el Juez ejecutor en cumplimiento de la garantía constitucional de exhibición personal, El Juez Ejecutor Abogado MIRNA LIZETH MATUTE LICONA LOURDES XIOMARA BUSTILLO, Cumpliendo con el mandato de su cargo procedió a informar lo siguiente: “……A) Que en fechas diecisiete y dieciocho de octubre de dos mil veintidós la Juez Ejecutora se constituyó en las instalaciones del Juzgado de Ejecución y Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, solicitando informe sobre la situación del señor RAFAEL MOLINA ORTIZ, que una vez rendidos dichos informes, más la revisión del expediente, la Juez Ejecutora estableció que en fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno se le decretó DETENCIÓN JUDICIAL al señor RAFAEL MOLINA ORTIZ, cumpliendo el treinta septiembre de dos mil veintidós, un año de estar en efectiva prisión, celebrándose el Juicio Oral y Público el catorce de junio de dos mil veintidós, y una vez finalizado, en fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós se condenó al señor RAFAEL MOLINA ORTIZ, a la PENA PRINCIPAL DE ONCE AÑOS DE PRISIÓN, asimismo se le impusieron otras medidas privativas de otros derechos como ser: La libertad vigilada por DIEZ AÑOS, una vez cumplida la pena de prisión, consistente en comparecer una vez al mes al Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula; prohibición de residencia y aproximación a la víctima, por el doble de tiempo de la pena de prisión equivalente a 22 años; Inscripción en el Libro de Agresores que para tal efecto lleva el Juzgado de Ejecución; e Inhabilitación Absoluta, no habiéndose interpuesto recurso de casación por lo que la sentencia adquirió firmeza. Que las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, Cortés, para que procediera a ejecutar la pena, pero fue devuelta al Tribunal de Sentencia, en fecha dieciocho de octubre de dos mil veintidós, a fin de que se subsanaran errores materiales encontrados en la sentencia, ya que no se consignó en la parte resolutiva el nombre del perjudicado, la cual una vez subsanada, sería devuelta al Juzgado de ejecución. b) Que en cuanto a lo alegado por la señora Juana Molina Ortiz, referente a que el señor RAFAL MOLINA ORTIZ, se encontraba guardando prisión de manera ilegal, ya que había cumplido un año de estar privado de libertad y que desde el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, debía de estar gozando de la Libertad Vigilada, la Juez Ejecutora fue del criterio de que NO ES PROCEDENTE. CONSIDERANDO OCHO (8):La Sala de lo Constitucional del examen de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por el Juez ejecutor, en relación con la garantía de exhibición personal de mérito determina que el objeto de la garantía de Exhibición personal es que se ordene la inmediata libertad del ciudadano RAFAEL MOLINA ORTIZ y que se constata lo siguiente: que en el informe rendido por el Juez ejecutor nombrado para evacuar la garantía constitucional de exhibición personal se consignó que se condenó al señor RAFAEL MOLINA ORTIZ, a la PENA PRINCIPAL DE ONCE AÑOS DE PRISIÓN, asimismo se le impusieron otras medidas privativas de otros derechos como ser: La libertad vigilada por DIEZ AÑOS, una vez cumplida la pena de prisión, consistente en comparecer una vez al mes al Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula; prohibición de residencia y aproximación a la víctima, por el doble de tiempo de la pena de prisión equivalente a 22 años; Inscripción en el Libro de Agresores que para tal efecto lleva el Juzgado de Ejecución; e Inhabilitación Absoluta, por el delito de Violación en perjuicio de Víctima 1, no habiéndose interpuesto recurso de casación por lo que la sentencia adquirió firmeza, asimismo establece que a la fecha no ha cumplido la pena para poder optar a la libertad, asimismo que cuando fue entrevistado este le manifestó que no se encontraba sufriendo tortura, coacción, golpes y ningún vejamen. CONSIDERANDO NUEVE (9): En consecuencia de lo anterior esta Sala de lo Constitucional tomando en consideración los elementos antes señalados, estima apegado a derecho la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Venida en Consulta, ya que no se dan los presupuestos contenidos en los artículos 13 numeral 1 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional pues como lo señala la Corte recurrida que el señor RAFAEL MOLINA ORTIZ, se encuentra legalmente detenido, su privación de libertad obedece a una sentencia judicial , asimismo en su detención no ha sido objeto de malos tratos, torturas o vejámenes, exacciones ilegales u otra restricción o molestia por parte de los funcionarios judiciales y personal penitenciario. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos 1, 16, 59, 68, 82, 90, 182,303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1 y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 1, 2, 3 numeral primero, 7, 8, 9 numeral primero, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34,35,36,37, 38, 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en la que se DECLARA NO HA LUGAR EL RECURSO DE HABEAS CORPUS O EXHIBICION PERSONAL interpuesto por la señora JUANA MOLINA ORTIZ a favor de RAFAEL MOLINA ORTIZ, en fecha nueve de febrero del año dos mil veintitrés, contra las actuaciones del Juzgado de Ejecución de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil veintitrés, certificación del Fallo de fechas veintiocho de julio de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en revisión registrado en este Tribunal con el número SCO-0275-2023.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.