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Sentencia EP-1794-22 — Registro 16291

Resumen

Se interpuso Recurso de Exhibición Personal. Manifestando el peticionario: “mi defendido ha guardado prisión, teniendo de prisión preventiva 5 años 4 meses y 15 días, sin que a la fecha haya sentencia firme, en virtud de que la Sala Penal no ha dictado sentencia de casación, habiendo cumplido a la fecha más del 50% de la pena impuesta.” en relación a la causa instruida por el delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (5): Que según se desprende del informe brindado por la Sala Penal y de las autoridades del Centro Penitenciario Nacional de Támara se aprecia que en fecha diecisiete de agosto de dos mil veintiuno ingresó el expediente contentivo del recurso de casación contra la sentencia de fecha veinte de enero de dos mil veintiuno proferida por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal mediante la cual se condenó al señor Jorge Alberto Barralaga Hernández por el delito de lavado de activos en prejuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras, a la pena de 10 años de reclusión más una multa del 15% del valor de lo lavado, equivalente a L.114,913,975.62 más la pena accesoria de inhabilitación absoluta. Asimismo, mediante resolución de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, la Sala Penal dispuso declarar con lugar la solicitud presentada por la defensa privada, revocando la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al acusado, sin perjuicio del cumplimiento de otras medidas cautelares impuestas por proceso judicial distinto y para asegurar la vinculación del acusado con el proceso penal, se le impusieron las medidas cautelares de prohibición de salir del país, obligación de fijar su domicilio dentro del territorio nacional y residir en el de manera permanente, presentarse a firmar los días lunes y viernes de cada semana, sin excepción alguna a la secretaría del Tribunal con Competencia Territorial en Materia Penal, someter al imputado al cuidado y vigilancia de su apoderado legal. CONSIDERANDO (6): Que después de haber sido entrevistado el señor Barralaga Hernández y de haber recabado toda la información y analizado la misma, el juez ejecutor es del parecer que el recurso de Habeas Corpus procede en aquellos casos donde la persona es detenida ilegalmente, cohibida de cualquier modo, en el goce de su libertad y cuando la detención o prisión sea legal pero que en ella se apliquen a la persona presa o detenida tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual; extremos que no se dan en el caso del señor JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNNDEZ según lo expresado por la parte recurrente, ya que el mismo fue puesto en libertad en fecha diecisiete de diciembre de dos mil veintidós por orden del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, dando cumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, al no haberse constatado el incumplimiento de los presupuestos legales establecidos para incoar un habeas corpus, resulta que no procede la presente acción. CONSIDERANDO (7): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. CONSIDERANDO (8): Que con fundamento en las anteriores consideraciones, al no cumplirse los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es del criterio porque la presente acción de exhibición personal debe ser denegada, no cumpliéndose así con los requisitos que la ley exige para declarar la procedencia de esta acción constitucional, ya que el señor JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNANDEZ fue puesto en libertad en fecha diecisiete de diciembre del dos mil veintidós según consta en el informe rendido por las autoridades del Centro Penitenciario Nacional de Támara.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de marzo de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Exhibición Personal presentado por el Abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE, a favor del señor JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNANDEZ, contra actuaciones de la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Manifestando el peticionario: “mi defendido ha guardado prisión, teniendo de prisión preventiva 5 años 4 meses y 15 días, sin que a la fecha haya sentencia firme, en virtud de que la Sala Penal no ha dictado sentencia de casación, habiendo cumplido a la fecha más del 50% de la pena impuesta.” en relación a la causa instruida contra el señor JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNANDEZ, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha catorce de diciembre de dos mil veintidós, el Abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE, compareció ante la Sala de lo Constitucional, presentando Recurso de Exhibición Personal a favor del señor JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNANDEZ, contra actuaciones del SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; manifestando la peticionaria: “Manifestando el peticionario: “mi defendido ha guardado prisión, teniendo de prisión preventiva 5 años 4 meses y 15 días, sin que a la fecha haya sentencia firme, en virtud de que la Sala Penal no ha dictado sentencia de casación, habiendo cumplido a la fecha más del 50% de la pena impuesta.” (Folios 01 al 05 del recurso). 2) Que en esa misma fecha, la Sala admitió el recurso de exhibición personal de mérito, designando como Juez Ejecutor al Abogado LUIS MANUEL ROSALES, Defensor Público de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, debiendo constituirse al lugar donde se encontraba detenido el señor JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNANDEZ, a efecto de que constatara los extremos narrados por la recurrente, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual del agraviado, asimismo requerir a la autoridad recurrida el informe correspondiente dentro del plazo establecido en el Artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 07 del recurso). 3) Que el Abogado LUIS MANUEL ROSALES VARELA, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha siete de enero de dos mil veintitrés, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre otros extremos lo siguiente: a) Que de la entrevista realizada al señor JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNANDEZ, y de las respuestas dadas por el mismo, se desprendió que se encontraba detenido desde hacía cinco (5) años, cuatro (4) meses y quince (15) días en la Penitenciaría Nacional de Támara, por orden del Juzgado de Jurisdicción Nacional, por el delito de Lavado de Activos y fue condenado a la pena de diez (10) años, no habiendo sufrido tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual e integridad física. b), Que la Sala Penal rindió el informe solicitado por el Juez Ejecutor, se desprendió que en fecha diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, ingresó el expediente No. SP-444-2021, contentivo del recurso de Casación interpuesto por el Abogado Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde, contra la sentencia proferida por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en el cual se condenó al señor Jorge Alberto Barralaga Hernández, a la pena de 10 años, más una multa del 15% del valor de lo lavado. En fecha catorce de diciembre de dos mil veintidós, la Sala Penal emitió resolución mediante la cual declaró con lugar la solicitud planteada por la defensa y Revocando la Medida Cautelar de Prisión Preventiva, sin perjuicio de otras medidas cautelares impuestas por el proceso judicial distinto del juicio de mérito. Al señor Barralaga se le impusieron las siguientes medidas cautelares: prohibición de salir del país, la obligación de fijar su domicilio dentro del territorio nacional y residir en él de manera permanente, hasta tanto no se defina su situación jurídica en sentencia firme, presentarse a firmar los lunes y viernes de cada semana en la Secretaría del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, y someter al señor Jorge Alberto Barralaga al cuidado y vigilancia de su apoderado legal. El Jorge Alberto Barralaga fue puesto en Libertad en fecha diecisiete de diciembre de dos mil veintidós, por orden del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en cumplimiento de lo ordenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. c) Que el Juez Ejecutor: DECLARA No ha lugar la acción del recurso de exhibición personal, interpuesto por el Abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE, a favor del señor JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNANDEZ;” (Folios 15-16 del recurso). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley de Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo 182, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia, en el Hábeas Corpus o de Exhibición Personal, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla (…): a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”. CONSIDERANDO (3): Que el recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma ilegal y arbitraria el derecho a la libertad individual, en contravención a las normas legales, constitucionales y convencionales. Asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten por acción u omisión contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos privados de libertad, o bien, contra la imposición de restricción o molestias innecesarias para su seguridad, o para el orden de la prisión en que se cumple la medida privativa de libertad impuesta, en este caso, según lo manifestado por el recurrente, por considerar que el señor Jorge Alberto Barralaga Hernández ha guardado prisión preventiva por cinco años, cuatro meses y quince días sin que a la fecha haya sentencia firme, en virtud de que la Sala de lo Penal no ha dictado sentencia de casación, habiendo cumplido a la fecha más del 50% de la pena impuesta y hasta la fecha sigue guardando prisión, por lo que en fecha tres de agosto de dos mil veintidós se solicitó cambio de medidas a la Sala Penal, realizándose audiencia, la cual fue declarada sin lugar, imponiendo al señor Barralaga Hernández una multa de más de 57 millones de lempiras, cantidad que se encontraba fuera de su alcance, por lo que se interpuso recurso de reposición solicitando estudio socio económico; a lo que la Sala Penal resolvió con lugar y ordenó al Juzgado de Ejecución que procediera a dicho estudio socio económico, el cual es de conocimiento de la defensa que fue remitido a dicha Sala pero se desconoce el resultado del mismo; por tanto se presentó ante la Sala Penal un escrito suplementario, basado en el articulo 624 numeral 2 del Código Penal vigente, en relación a la aplicación retroactiva del decreto 93-2021, el cual reforma el artículo 439 del Código Penal, sin tener hasta la fecha respuesta alguna; por lo que esta defensa puede observar una falta de homogeneidad en cuanto a la aplicación del Código Penal vigente que establece que los condenados a penas inferiores a quince años, deberán salir en libertad condicional una vez cumplida el 50% de la pena, solicitando la defensa, no la libertad condicional sino un cambio de medida cautelar mientras la Sala Penal emite la sentencia de casación. CONSIDERANDO (4): Que en fecha catorce de diciembre de dos mil veintidós, esta Sala de lo Constitucional admitió el Recurso de Exhibición Personal en referencia, designando como Juez Ejecutor, al abogado LUIS MANUEL ROSALES VARELA, Defensor Público de esta ciudad; a efecto de que rindiera el informe de estilo sobre los extremos planteados en la presentación del recurso; consignando, el Juez Ejecutor, que una vez realizadas las respectivas diligencias puede establecerse que luego de la entrevista realizada al señor Jorge Alberto Barralaga Hernández y de las respuestas brindadas por el mismo se desprende que hace cinco años cuatro meses y quince días se encuentra detenido en la Penitenciaria Nacional de Támara por orden del Juzgado de Jurisdicción Nacional por el delito de lavado de activos, siendo condenado a una pena de diez años, sin haber sufrido tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual. CONSIDERANDO (5): Que según se desprende del informe brindado por la Sala Penal y de las autoridades del Centro Penitenciario Nacional de Támara se aprecia que en fecha diecisiete de agosto de dos mil veintiuno ingresó el expediente contentivo del recurso de casación contra la sentencia de fecha veinte de enero de dos mil veintiuno proferida por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal mediante la cual se condenó al señor Jorge Alberto Barralaga Hernández por el delito de lavado de activos en prejuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras, a la pena de 10 años de reclusión más una multa del 15% del valor de lo lavado, equivalente a L.114,913,975.62 más la pena accesoria de inhabilitación absoluta. Asimismo, mediante resolución de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, la Sala Penal dispuso declarar con lugar la solicitud presentada por la defensa privada, revocando la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al acusado, sin perjuicio del cumplimiento de otras medidas cautelares impuestas por proceso judicial distinto y para asegurar la vinculación del acusado con el proceso penal, se le impusieron las medidas cautelares de prohibición de salir del país, obligación de fijar su domicilio dentro del territorio nacional y residir en el de manera permanente, presentarse a firmar los días lunes y viernes de cada semana, sin excepción alguna a la secretaría del Tribunal con Competencia Territorial en Materia Penal, someter al imputado al cuidado y vigilancia de su apoderado legal. CONSIDERANDO (6): Que después de haber sido entrevistado el señor Barralaga Hernández y de haber recabado toda la información y analizado la misma, el juez ejecutor es del parecer que el recurso de Habeas Corpus procede en aquellos casos donde la persona es detenida ilegalmente, cohibida de cualquier modo, en el goce de su libertad y cuando la detención o prisión sea legal pero que en ella se apliquen a la persona presa o detenida tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual; extremos que no se dan en el caso del señor JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNNDEZ según lo expresado por la parte recurrente, ya que el mismo fue puesto en libertad en fecha diecisiete de diciembre de dos mil veintidós por orden del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, dando cumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, al no haberse constatado el incumplimiento de los presupuestos legales establecidos para incoar un habeas corpus, resulta que no procede la presente acción. CONSIDERANDO (7): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. CONSIDERANDO (8): Que con fundamento en las anteriores consideraciones, al no cumplirse los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es del criterio porque la presente acción de exhibición personal debe ser denegada, no cumpliéndose así con los requisitos que la ley exige para declarar la procedencia de esta acción constitucional, ya que el señor JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNANDEZ fue puesto en libertad en fecha diecisiete de diciembre del dos mil veintidós según consta en el informe rendido por las autoridades del Centro Penitenciario Nacional de Támara. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 69, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el Abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE a favor del señor JORGE ALBERTO BARRALAGA HERNANDEZ. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. REDACTO LA MAGISTRADA ISBELA BUSTILLO. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WARNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha dos de marzo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-1794-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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