Sentencia EP-1071-23 — Registro 17295
Resumen
Se interpuso recurso de Exhibición exponiendo el agraviado en escrito presentado por la señora Gloria Moncada lo siguiente: “… fui detenido el 02 de Abril del año 2003 y trasladado a la Penitenciaria Marco Aurelio Soto de Tamara el 02 de junio del año 2018… se me han violado mis derechos privados constitucionales e internacionales, pues no se me permitió esperar el proceso judicial estando en libertad, con la reforma del Código Procesal Penal y el Código Penal Vigente ya cumplí la pena, la ley en materia penal tiene efectos retroactivos, si no le sirve la vieja se le aplica la nueva y la nueva es la que me da la libertad. Bastante mal estuve con la Pandemia del Covid 19, no se me dio el tratamiento necesario, se agotaron todos los medicamentos…”.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… CONSIDERANDO (8): Que después de realizado el estudio de los autos que forman la Pieza de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y del informe y documentación presentada junto con el mismo, por la Juez Ejecutor nombrada, este Alto Tribunal, observa que el beneficiario de la presente garantía se encuentra privado de su libertad en virtud de sentencia condenatoria firme por los delitos de Homicidio, en perjuicio de Pablo Mejía, a una pena de 16 años de Reclusión, y Robo, en perjuicio de la Iglesia Pentecostés, a una pena de 6 años de reclusión, acumulando 22 años en la pena de reclusión. Asimismo, fue condenado por el delito de Facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas, a una pena de 6 años de reclusión y multa de cincuenta mil lempiras (Lps. 50,000.00); la revisión de la condena firme y el cumplimiento de ésta y el acceder a beneficios de Libertad Condicional y otros establecidos legalmente, no son situaciones a ser dilucidadas a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, pues los argumentos expuestos por el peticionario no se encuentran enmarcadas en las disposiciones constitucionales ut supra relacionadas, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Aunado a ello de la entrevista personal realizada al Privado de Libertad Omar Enrique Banegas Suazo, manifiesta que no recuerda la fecha que le dio Covid-19, lo trataron con lo poco que tenían y el otro medicamento para el VIH y solicita traslado al Centro Penal de La Paz. Esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal del privado de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “CONSIDERANDO (9): Que la libertad y la seguridad comportan la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que, adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar en todo momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones (STC 15/1986, de 31 de enero). Este derecho fundamental, como cualquier otro, no se puede concebir como un derecho absoluto y no susceptible de restricciones, si bien teniendo en cuenta que sólo la Ley podrá establecer los casos y la forma en que aquellas restricciones o privaciones de libertad son posibles. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido-CONSIDERANDO (11): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, aprobar el informe presentado por la Juez Ejecutor y declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de noviembre del año dos mil veintitrés VISTO: para dictar sentencia en el recurso de Exhibición Personal interpuesto por la señora GLORIA MONCADA a favor del señor OMAR ENRIQUE BANEGAS SUAZO, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO "MARCO AURELIO SOTO" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, exponiendo la peticionaria que al agraviado se le han violentado sus derechos privados constitucionales e internacionales, pues no se le permitió esperar el proceso judicial en libertad y con la reforma del Código Procesal Penal y el Código Penal Vigente ya cumplió la pena, estuvo mal del Covid-19, se agotaron todos los medicamentos y no se le brindó el tratamiento necesario.A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciséis (16) de Agosto del año dos mil veintitrés (2023), compareció ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la señora GLORIA MONCADA, interponiendo recurso de Exhibición Personal a favor del señor OMAR ENRIQUE BANEGAS SUAZO, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO "MARCO AURELIO SOTO" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, expone el agraviado en escrito presentado por la señora Gloria Moncada lo siguiente: “… fui detenido el 02 de Abril del año 2003 y trasladado a la Penitenciaria Marco Aurelio Soto de Tamara el 02 de junio del año 2018… se me han violado mis derechos privados constitucionales e internacionales, pues no se me permitió esperar el proceso judicial estando en libertad, con la reforma del Código Procesal Penal y el Código Penal Vigente ya cumplí la pena, la ley en materia penal tiene efectos retroactivos, si no le sirve la vieja se le aplica la nueva y la nueva es la que me da la libertad. Bastante mal estuve con la Pandemia del Covid 19, no se me dio el tratamiento necesario, se agotaron todos los medicamentos…”. (Folio 1 de los autos) 2) Que en fecha dieciséis (16) de Agosto del año dos mil veintitrés (2023), la Sala de lo Constitucional, tuvo por admitido el Recurso de Exhibición Personal referido, designando como Juez Ejecutor a la Abogada LUCIA MARIA NAVAS, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, quien debería constatar los extremos narrados por la recurrente, debiendo constituirse al lugar en donde se encuentra detenido el señor Omar Enrique Banegas Suazo, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual, asimismo ordenar a la autoridad recurrida que rinda informe de conformidad a lo establecido en el Artículo 26 de La Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 3 de los autos)3) Que la Abogada LUCIA MARIA NAVAS, actuando en su condición antes indicada, rindió el informe correspondiente en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), consignando entre otras situaciones lo siguiente: “CONSIDERANDO UNO (1): La suscrita Jueza Ejecutora recibida la Comunicación, me constituí en las instalaciones físicas que ocupa el Centro Penal de Tamara a fin de requerir al director de dicho centro, quien rindió informe manifestando que el Imputado OMAR ENRIQUE BANEGAS SUAZO ingresado al centro penal en fecha 02 de Junio del 2018, proveniente del Centro Penal de Comayagua a donde ingresa el 28 de enero del año 2018, por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, a la orden del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA, se registra un cómputo de pena de fecha 22 de abril del año 2019, hace reforma de computo de pena al señor OMAR ENRIQUE BANEGAS SUAZO, quien resulto CONDENADO A LA PENA DE 6 AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L50,000). Se registra computo, por la Juez de Ejecución de la jurisdicción de Comayagua hace reforma del cómputo de pena del Señor OMAR ENRIQUE BANEGAS SUAZO fue condenado a 16 años de reclusión por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de PABLO MEJIA y a la pena de 6 años por el delito de ROBO en perjuicio de LA IGLESIA PENTECOSTES, acumulación de 22años de reclusión. A folio 33, se registra reforma de computo de pena, de fecha 11 de octubre del año 2022, emitido por el Juzgado de Ejecución Penal de la Paz, donde se indica que dicho interno No puede solicitar el beneficio de LIBERTAD CONDICIONAL, en virtud de estar pendiente el cumplimiento de sentencia según expediente 1656-2018 por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. Y su condición jurídica es de SENTENCIADO. CONSIDERANDO DOS (2): Que así mismo se solicitó informe sobre la situación de salud del imputado por lo que remitió, oficio CPTN-DM-0166-2023 de fecha 18 de agosto del año 2023, emitido por la dra. Lesly Josep Castillo Martel, Medico Asistencial de Centro Penitenciario de Tamara, en el que sus conclusiones establecen: *Paciente en buen estado general cumpliendo con su tratamiento para patologías de base (VIH) brindados por este centro penal. *Paciente no tiene antecedente patológico de haber enfermado de Covid 19, según expediente médico no hay documentación clínica. *Sin signos de enfermedad aguda. CONSIDERANDO DOS (3): En fecha 18 de agosto entreviste al señor OMAR ENRIQUE BANEGAS SUAZO, el que manifestó lo siguiente; Que se encuentra en procesados 2 hogar 4, hace 5 años con 8 meses. Condenado por el delito de facilitación de los medios de transporte para droga que su caso lo lleva la Abogada LINDA HAN en la ciudad de Comayagua, no recuerda la fecha que le dio Covid-19, perdió el sabor y el olfato, me trataron con lo poco que tenían y el otro medicamento para VIH, cuando entraron los militares nos tuvieron todo el día en el sol sin beber agua y la alimentación no es buena solo nos dan arroz y queso de desayuno y de almuerzo solo plátano y frijoles.-Solicito traslado humanitario pues su familia se encuentra en La Paz y desea ser trasladado al Centro Penal de esa ciudad… CONSIDERANDO NUEVE (6): La suscrita Jueza Ejecutora después de haber realizado diligencias pertinentes para la averiguación de los argumentos expuestos en la interposición de la solicitud de Exhibición Personal, y sobre todo las disposiciones que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, se logra establecer que los hechos denunciados no encuentran correspondencia en las normas legales para declarar procedente dicho Recurso, en vista que el Señor OMAR ENRIQUE BANEGAS SUAZO, no se encuentra detenido ilegalmente, ya que se le siguió un proceso y culminó como lo establece la ley, en una sentencia condenatoria y que se encuentra recluido bajo la orden Juzgado Seccional del Departamento de Comayagua, que según el computo de sentencia no le procede beneficio de libertad condicional en virtud de estar pendiente el cumplimiento de la sentencia por el delito de Facilitación de los medios de transporte para el tráfico de drogas, dicho computo es de fecha 11 de octubre del año 2022, no ha manifestado ser víctima de tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, siendo estos los preceptos legitimadores que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional para interponer el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus.- POR TANTO: La suscrita Jueza Ejecutora en uso de las facultades que le confiere la Constitución de La República y la Ley Sobre Justicia Constitucional, declara lo siguiente: 1.- No ha lugar la procedencia del recurso de exhibición personal o habeas corpus interpuesta por la señora GLORIA MONCADA, a favor del señor OMAR ENRIQUE BANEGAS SUAZO…”.CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo 182 precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”; asimismo el artículo 69 constitucional dispone que la libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente. CONSIDERANDO (4): Que en fecha dieciséis de agosto del presente año dos mil veintitrés, se presentó ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Garantía de Hábeas Corpus a favor del Privado de Libertad señor OMAR ENRIQUE BANEGAS SUAZO, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TÁMARA, ubicado en la localidad de Támara, departamento de Francisco Morazán, según el peticionario se le han vulnerado sus derechos constitucionales privados e internacionales, no se le permitió esperar el proceso judicial estando en libertad, con la reforma del Código Procesal Penal y Código Penal vigente ya cumplió la pena, asimismo expone que estuvo bastante mal por la pandemia del Covid-19. Aunado a ello el Decreto 36-2020 dice que cuando el humano estuviese en riesgo su vida, lo primero es protegerlo, por lo que pide su excarcelación inmediata.CONSIDERANDO (5): Que en fecha cuatro de septiembre del presente año dos mil veintitrés, la Juez Ejecutor nombrado por esta Sala de lo Constitucional, para conocer de la garantía constitucional promovida, Abogada Lucia Navas, rindió el informe correspondiente, mediante el cual concluye declarar no ha lugar la procedencia del recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus interpuesta por la señora Gloria Moncada, al concluir que después de haber realizado diligencias pertinentes para la averiguación de los argumentos expuestos en la interposición de la solicitud de Exhibición Personal, y sobre todo las disposiciones que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, se logra establecer que los hechos denunciados no encuentran correspondencia en las normas legales para declarar procedente dicho Recurso, en vista que el Señor OMAR ENRIQUE BANEGAS SUAZO, no se encuentra detenido ilegalmente, ya que se le siguió un proceso y culminó como lo establece la ley, en una sentencia condenatoria y que se encuentra recluido bajo la orden Juzgado Seccional del Departamento de Comayagua. CONSIDERANDO (6): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. Asimismo, el artículo 7 de la precitada Convención en relación a la libertad personal indica: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las acusas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas…” CONSIDERANDO (7): Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha diez de abril de dos mil veinte, emitió la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMERICAS”, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida, y siendo que el derecho humano afectado por esta pandemia es precisamente el más preciado –la vida- como consecuencia de una afectación grave y directa al derecho humano a la Salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, a la salud, y a la integridad personal de todas aquellos personas que se encuentren privadas de libertad, siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes. CONSIDERANDO (8): Que después de realizado el estudio de los autos que forman la Pieza de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y del informe y documentación presentada junto con el mismo, por la Juez Ejecutor nombrada, este Alto Tribunal, observa que el beneficiario de la presente garantía se encuentra privado de su libertad en virtud de sentencia condenatoria firme por los delitos de Homicidio, en perjuicio de Pablo Mejía, a una pena de 16 años de Reclusión, y Robo, en perjuicio de la Iglesia Pentecostés, a una pena de 6 años de reclusión, acumulando 22 años en la pena de reclusión. Asimismo, fue condenado por el delito de Facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas, a una pena de 6 años de reclusión y multa de cincuenta mil lempiras (Lps. 50,000.00); la revisión de la condena firme y el cumplimiento de ésta y el acceder a beneficios de Libertad Condicional y otros establecidos legalmente, no son situaciones a ser dilucidadas a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, pues los argumentos expuestos por el peticionario no se encuentran enmarcadas en las disposiciones constitucionales ut supra relacionadas, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Aunado a ello de la entrevista personal realizada al Privado de Libertad Omar Enrique Banegas Suazo, manifiesta que no recuerda la fecha que le dio Covid-19, lo trataron con lo poco que tenían y el otro medicamento para el VIH y solicita traslado al Centro Penal de La Paz. Esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal del privado de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (9): Que la libertad y la seguridad comportan la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que, adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar en todo momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones (STC 15/1986, de 31 de enero). Este derecho fundamental, como cualquier otro, no se puede concebir como un derecho absoluto y no susceptible de restricciones, si bien teniendo en cuenta que sólo la Ley podrá establecer los casos y la forma en que aquellas restricciones o privaciones de libertad son posibles. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido-CONSIDERANDO (11): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, aprobar el informe presentado por la Juez Ejecutor y declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 59, 68, 69, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL promovido por la señora GLORIA MONCADA, a favor del señor OMAR ENRIQUE BANEGAS SUAZO, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TÁMARA, ubicado en la localidad de Támara, departamento de Francisco Morazán, por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia al Privado de Libertad señor OMAR ENRIQUE BANEGAS SUAZO; 2.-Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las diligencias en esta Sala de lo Constitucional.- Redacto la Magistrada Villela Zavala.- NOTIFÍQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO- 1071-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.