Sentencia AP-998-22 — Registro 17695
Resumen
con relación a la causa instruida contra impetrante por suponerlo responsable del delito de TRAFICO DE DROGAS Y PORTACION ILEGAL DE MUNICIONES DE USO NO PERMITIDO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y EL ORDEN PUBLICO.-la acción se produjo a través de un allanamiento de morada, en altas horas de la noche. lesivo según recurrente a sus derechos fundamentales, el hecho de imponérsele auto de formal procesamiento a su representado por el ilícito de PORTACIÓN ILEGAL DE MUNICIÓN PROHIBIDA, y no un auto de sobreseimiento definitivo ,la Sala de lo Constitucional se establece, que, en esta etapa del proceso, no se requiere acudir al Standard convictivo de certeza; sino que basta una carga mínima de prueba de cargo, o de descargo, cuya presentación corre a cargo de las partes, para que el Juez pueda decidir en función de lo dispuesto en cualquiera de los tres numerales del artículo 294 del Código Procesal Penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(9): Que, en abundancia al anterior aserto, en numerosa jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional se establece, que, en esta etapa del proceso, no se requiere acudir al Standard convictivo de certeza; sino que basta una carga mínima de prueba de cargo, o de descargo, cuya presentación corre a cargo de las partes, para que el Juez pueda decidir en función de lo dispuesto en cualquiera de los tres numerales del artículo 294 del Código Procesal Penal; despejando, así las alegaciones que concernirían a la infracción de las garantías constitucionales y procesales, entre las cuales, al derecho de defensa y al debido proceso legal; las cuales considera conculcadas el garantista, al no haberse comprobado el supuesto irrespeto a los actos esenciales del proceso. En cuanto al derecho a una notificación razonable, para el caso, se estima no vulnerado, tal lo denunciado en formalización del presente recurso de amparo; pues encuentra la Sala de lo Constitucional que ha hecho uso efectivo el interesado del recurso de reposición, contra la resolución de instancia, que, según lo manifestado en vías de amparo, le habría generado sendos agravios. Por lo cual, se estima que se respetaron tales principios y garantías, fundantes de la juridicidad constitucional, con la resolución de apelaciones impugnada; los cuales deberán mantenerse incólumes durante la tramitación del proceso penal incoado, contra la persona imputada. CONSIDERANDO (10): Que, asimismo, ha considerado la Sala de lo Constitucional, que el respeto al estado de inocencia como derecho fundamental del justiciable, no se vería comprometido constitucionalmente con la procedibilidad que se dictaré al proceso; siempre y cuando se acreditare la comisión de un ilícito penal y el establecimiento de indicios racionales de participación del imputado, tal el presente caso; de conformidad a la prescripción garante del artículo 92 de la Constitución de la República. En conclusión, se aprecia a la vista del caso, el respeto asumido por la Corte de Apelaciones recurrida a los derechos constitucionales invocados en la formalización del recurso de amparo; ajustándose la resolución bajo estudio, a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso, según reconocidas en el bloque de constitucionalidad. - Por todo lo cual, procede dictar fallo desestimatorio a la presente acción de Amparo
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
(9): Que, en abundancia al anterior aserto, en numerosa jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional se establece, que, en esta etapa del proceso, no se requiere acudir al Standard convictivo de certeza; sino que basta una carga mínima de prueba de cargo, o de descargo, cuya presentación corre a cargo de las partes, para que el Juez pueda decidir en función de lo dispuesto en cualquiera de los tres numerales del artículo 294 del Código Procesal Penal; despejando, así las alegaciones que concernirían a la infracción de las garantías constitucionales y procesales, entre las cuales, al derecho de defensa y al debido proceso legal; las cuales considera conculcadas el garantista, al no haberse comprobado el supuesto irrespeto a los actos esenciales del proceso. En cuanto al derecho a una notificación razonable, para el caso, se estima no vulnerado, tal lo denunciado en formalización del presente recurso de amparo; pues encuentra la Sala de lo Constitucional que ha hecho uso efectivo el interesado del recurso de reposición, contra la resolución de instancia, que, según lo manifestado en vías de amparo, le habría generado sendos agravios. Por lo cual, se estima que se respetaron tales principios y garantías, fundantes de la juridicidad constitucional, con la resolución de apelaciones impugnada; los cuales deberán mantenerse incólumes durante la tramitación del proceso penal incoado, contra la persona imputada. CONSIDERANDO (10): Que, asimismo, ha considerado la Sala de lo Constitucional, que el respeto al estado de inocencia como derecho fundamental del justiciable, no se vería comprometido constitucionalmente con la procedibilidad que se dictaré al proceso; siempre y cuando se acreditare la comisión de un ilícito penal y el establecimiento de indicios racionales de participación del imputado, tal el presente caso; de conformidad a la prescripción garante del artículo 92 de la Constitución de la República. En conclusión, se aprecia a la vista del caso, el respeto asumido por la Corte de Apelaciones recurrida a los derechos constitucionales invocados en la formalización del recurso de amparo; ajustándose la resolución bajo estudio, a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso, según reconocidas en el bloque de constitucionalidad. - Por todo lo cual, procede dictar fallo desestimatorio a la presente acción de Amparo
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de agosto de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE CARLOS VELASQUEZ M., a favor del señor JEFERSON OMAR DOMINGUEZ, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil veintidós (2022), que declaró Con Lugar el recurso de Apelación interpuesto, contra la resolución de fecha quince (15) de marzo del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, departamento de Cortés, con relación a la causa instruida contra el señor JEFERSON OMAR DOMINGUEZ, por suponerlo responsable del delito de TRAFICO DE DROGAS Y PORTACION ILEGAL DE MUNICIONES DE USO NO PERMITIDO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y EL ORDEN PUBLICO.-Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-Quem, es violatoria a lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha nueve (9) de marzo del año dos mil veintidós (2022), compareció ante el Juzgado de Letras de Letras Penal de la Sección Judicial de Choloma, departamento de Cortes, el Abogado CARLOS ALBERTO MEJIA, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando REQUERIMIENTO FISCAL contra los ciudadanos HENRY LEONEL LICONA RAMOS, CESAR ANTONY SALIZ ENAMORADO, por el delito TRAFICO DE DROGAS Y TENENCIA ILEGAL DE MUNICION DE USO NO PERMITIDO, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA Y EL ORDEN PUBLICO.- (Folios 01 al 04 de la pieza del Juzgado).2) Que en Audiencia Inicial de fecha quince (15) de marzo del año dos mil veintidós (2022), el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, departamento de Cortes, RESUELVE: PRIMERO: Decrétese AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, en contra de los señores HENRY LEONEL LICONA RAMOS, CESAR ANTONY SOLIZ ENAMORADO y JEFERSON OMAR DOMINGUEZ ARANDA, por el delito de PORTACION ILEGAL DE MUNICIONES DE USO NO PERMITIDO.- SEGUNDO: Imponer la medida cautelar contentiva en el artículo numeral 3 del Código Procesal Penal, consistente en prisión preventiva, el cual deberá cumplir en el Centro Penitenciario que considere pertinente en el Instituto Penitenciario…”.(Folios 23 de la pieza de los Antecedentes). 3) Que en Audiencia Ad Hoc, que dio inicio en fecha catorce (14) de junio, concluyendo en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil veintidós (2022), la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortes, FALLO: “1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE EDUARDO SILVA PALOMO, representante del imputado HENRY LEONEL LICONA RAMOS y declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada JANETH MORALES MARADIAGA, en su condición de apoderada legal del encausado JEFERSON OMAR DOMINGUEZ ARANDA, ambos contra la resolución judicial de fecha quince (15) de marzo del año dos mil veintidós (2022) dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Coloma, departamento de Cortes, en la presente causa.- SEGUNDO: REVOCAR EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, dictado en contra de los procesados HENRY LEONEL LICONA RAMOS y JEFERSON OMAR DOMINGUEZ ARANDA, por el delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- TERCERO: DICTAR SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor de los procesados HENRY LEONEL LICONA RAMOS y JEFERSON OMAR DOMINGUEZ ARANDA, por el delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CUARTO: CONFIRMAR EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO dictado contra el procesado JEFERSON OMAR DOMINGUEZ ARANDA por el delito de PORTACION ILEGAL DE MUNICIONES DE USO NO PERMITIDO en perjuicio del ORDEN PÚBLICO. QUINTO: Como consecuencia del sobreseimiento provisional, SE ORDENA LA INMEDIATA LIBERTAD del procesado HENRY LEONEL LICONA RAMOS por el delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, (…)”; resolutivo que se funda, primero, en la no acreditación del elemento subjetivo de tipo en cuanto al delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, por el que fueron requeridos penalmente ambos imputados; urgiéndose más elementos probatorios por el Ministerio Público para completar la investigación acreditar el elemento motivacional, o móvil, por el cual se les encontró en posesión de la exigua cantidad de droga (marihuana), y; segundo, en la completa acreditación del indicio racional de participación del procesado JEFFERSON OMAR DOMINGUEZ ARANDA en el delito a él imputado, como es el de PORTACION ILEGAL DE MUNICIONES DE USO NO PERMITIDO en perjuicio del ORDEN PÚBLICO; a través de elementos probatorios, que incluyen el acta de registro personal, firmada por el referido imputado; acta de decomiso de 10 cartuchos metálicos calibre AK 47, sin percutir; acta de pericia acreditativa, con sus respectivas fotografías, de la referida munición; así como el dictamen de laboratorio de balística forense (f. 43), por el cual se confirma que dicha munición se encuentra en buen estado de funcionamiento, apta para su uso en armas de fuego tipo fusil, calibre 7.62 x 39mm, modelos AK 47 y demás variantes. (Folios 9 al 18 de la segunda pieza de los Antecedentes). 4) El recurrente, Abogado JOSE CARLOS VELASQUEZ M., compareció ante este Tribunal, en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil veintidós (2022), reclamando amparo a favor del señor JEFERSON OMAR DOMINGUEZ, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil veintidós (2022), resulta violatoria a lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que, en formalización del recurso, compareció el Abogado JOSÉ CARLOS VELÁSQUEZ M., afirmando que la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil veintiuno (2021), cuyas partes motivas y resolutiva obran reseñadas en el Antecedente 3) de la presente sentencia, resulta violatoria a lo preceptuado en los artículos 82 y 90 de de la República y a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 4, 14, 198, 199 y 352 del Código Procesal Penal, en relación; en virtud de agraviar al debido proceso del beneficiario del recurso, en tramitación de la etapa preparatoria del proceso. Asimismo, censura el amparista, la defectuosa notificación de la resolución jurisdiccional impugnada, en fecha 21 de junio de 2022; la cual resuelve desfavorablemente su recurso de apelación contra la resolución de Audiencia Inicial adoptada en fecha 15 de marzo de 2022; habiéndosele remitido por vía WhatsApp, sólo una parte de la sentencia, limitándose la judicatura a hacerle envío de la parte resolutiva. En desarrollo de su tesis garantista, expone el Letrado amparista, que se le dictó, en dicha oportunidad, sobreseimiento provisional a su representado, el ciudadano JEFFERSON OMAR DOMINGUEZ, por exonerársele de responsabilidad penal por el delito de TRAFICO DE DROGAS; no así por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE MUNICIÓN PROHIBIDA, por el cual se le confirmó el auto de formal procesamiento dictado en su contra. CONSIDERANDO (4): Que, sigue manifestando el amparista, acaece en el presente caso violación al componente esencial de la garantía del debido proceso, al valorarse argumentos y mecanismos ilícitos de obtención de elementos de prueba empleados y promovidos por el ente acusador, en procura del dictado auto de formal procesamiento; los cuales fueron validados por la Corte Ad Que, desestimando sus argumentos de habérseles plantado una pequeña cantidad de drogas y unos pocos casquillos de arma de fuego, ilegalmente, a los imputados, entre los cuales, su representado, el joven JEFFERSON OMAR DOMINGUEZ; acción ilícita de la autoridad policial que se produjo a través de un allanamiento de morada, en altas horas de la noche. Considera lesivo a tales derechos fundamentales, el hecho de imponérsele auto de formal procesamiento a su representado en el ilícito de PORTACIÓN ILEGAL DE MUNICIÓN PROHIBIDA, y no un auto de sobreseimiento definitivo. - Por todo lo cual, solicita se tenga por ratificado el presente recurso de amparo y que se otorgue, a favor de su representado, señor JEFERSON OMAR DOMINGUEZ, amparándole en sus legítimos derechos, garantías procesales constitucionales, contra la resolución de apelaciones dictada en la causa seguida en su contra por el delito de PORTACION ILEGAL DE MUNICIONES DE USO NO PERMITIDO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y EL ORDEN PUBLICO.CONSIDERADO (5): Que una preliminar observación del sistema de justicia penal hondureña, alude a la exigencia constitucional sita en los artículos 303 y 304 de la Norma Fundamental, referida a que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes; correspondiéndole a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (6): En desarrollo de la anterior preceptiva constitucional, la sujeción sistemático jurídica del Juez y las partes al modelo acusatorio formal, también denominado mixto o proacusatorio, el cual estaría basado en: “… una mezcla de caracteres inquisitivos y acusatorios, en función de las diferentes fases del proceso penal.” Entre las principales características que los estudiosos de la materia le confieren a este modelo procesal penal, se le reconocen las siguientes: “1. Las funciones de acusar y juzgar están separadas: Juzga el órgano jurisdiccional y acusa un órgano público, el Ministerio Público (…) 2. Principio Acusatorio: Rige en toda su extensión el principio clave “no puede existir juicio sin acusación” (…) 3. División en dos fases del proceso: La primera es de investigación del delito y sus circunstancias y quien lo ha podido cometer, sirviendo sus actuaciones para meritar si se le acusa por ello o no; y otra para juzgarlo, practicándose las pruebas que demuestren su culpabilidad o inocencia (…) 4. La vista o acto del juicio oral se rige por los principios de oralidad, publicidad y contradicción (…) 5. Connatural al sistema acusatorio formal es el juicio con Jurado (…)”. CONSIDERANDO (7): Que ha reiterado la Sala, pacífica jurisprudencia constatada en pronunciamientos anteriores, conforme a la cual, la garantía del debido proceso constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales. Constituye entonces un límite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sean respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo, guiado a través de un debido proceso, el cual comprende, entre otros; el principio de legalidad, a un juez natural, al acceso a los órganos jurisdiccionales, al derecho de defensa, al derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas y a ser oído en juicio, así como el derecho a resoluciones debidamente motivadas; a manera tal que no se deje de dar respuesta a los extremos planteados y a que no exista incertidumbre respecto a las razones jurídicas que vinculan el caso, proscribiendo cualquier reminiscencia, o propensión, de la autoridad judicial al libre arbitrismo, en desmedro al Estado de Derecho. CONSIDERANDO (8): Que el debido proceso comprende el derecho de obtener una sentencia que se pronuncie de manera clara sobre las razones en que se fundó el Tribunal de Alzada, para mantener el auto de formal procesamiento dictado al agraviado, señor JEFERSON OMAR DOMINGUEZ en el ilícito de PORTACIÓN ILEGAL DE MUNICIÓN PROHIBIDA; si bien, revocando el auto de formal procesamiento, contra él dictado, por el delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; lo cual tuvo motivación en la no acreditación del elemento subjetivo de tipo, es decir, en razones vinculadas al derecho penal material. Para la Sala de lo Constitucional, tal exigencia del debido proceso muestra ajustado cumplimiento en el caso, en vista a la suficiente razonabilidad y claridad del fallo; el cual es congruente a examinar los elementos probatorios allegados a la audiencia inicial, por la Fiscalía del Ministerio Público, los cuales resultan argumentados en estricto derecho; así como a la necesaria ponderación de los elementos de juicio que promueve la defensa técnica, a favor de su representación procesal; elementos, los cuales, se tienen por inconcluyentes y no probados, en lo que concierne al supuesto de obtención ilícita de la prueba. CONSIDERANDO (9): Que, en abundancia al anterior aserto, en numerosa jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional se establece, que, en esta etapa del proceso, no se requiere acudir al Standard convictivo de certeza; sino que basta una carga mínima de prueba de cargo, o de descargo, cuya presentación corre a cargo de las partes, para que el Juez pueda decidir en función de lo dispuesto en cualquiera de los tres numerales del artículo 294 del Código Procesal Penal; despejando, así las alegaciones que concernirían a la infracción de las garantías constitucionales y procesales, entre las cuales, al derecho de defensa y al debido proceso legal; las cuales considera conculcadas el garantista, al no haberse comprobado el supuesto irrespeto a los actos esenciales del proceso. En cuanto al derecho a una notificación razonable, para el caso, se estima no vulnerado, tal lo denunciado en formalización del presente recurso de amparo; pues encuentra la Sala de lo Constitucional que ha hecho uso efectivo el interesado del recurso de reposición, contra la resolución de instancia, que, según lo manifestado en vías de amparo, le habría generado sendos agravios. Por lo cual, se estima que se respetaron tales principios y garantías, fundantes de la juridicidad constitucional, con la resolución de apelaciones impugnada; los cuales deberán mantenerse incólumes durante la tramitación del proceso penal incoado, contra la persona imputada. CONSIDERANDO (10): Que, asimismo, ha considerado la Sala de lo Constitucional, que el respeto al estado de inocencia como derecho fundamental del justiciable, no se vería comprometido constitucionalmente con la procedibilidad que se dictaré al proceso; siempre y cuando se acreditare la comisión de un ilícito penal y el establecimiento de indicios racionales de participación del imputado, tal el presente caso; de conformidad a la prescripción garante del artículo 92 de la Constitución de la República. En conclusión, se aprecia a la vista del caso, el respeto asumido por la Corte de Apelaciones recurrida a los derechos constitucionales invocados en la formalización del recurso de amparo; ajustándose la resolución bajo estudio, a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso, según reconocidas en el bloque de constitucionalidad. - Por todo lo cual, procede dictar fallo desestimatorio a la presente acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 92, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63, 65, 67, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente Garantía Constitucional de Amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO- 998-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL