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Sentencia AP-996-22 — Registro 16821

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró con lugar el recurso de apelación por la existencia de responsabilidad civil derivada de un accidente de tránsito, en el cual se vio involucrado un agente de policía de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, condenando como tercero civilmente responsable, al Estado de Honduras a pagar a la Menor 1 y su padre, en concepto de indemnización, el pago de Nueve Millones Doscientos Cuarenta Mil Lempiras (L. 9,240,000.00).

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: (19) Que, del estudio de los antecedentes, la resolución recurrida como de la acción de amparo, el impetrante comparece en búsqueda de justicia constitucional por considerar que la resolución del Ad quem, quebranta los derechos constitucionales de sus representados, en el caso concreto han intervenido los órganos jurisdiccionales competentes, actuado de conformidad con las facultades que les confiere la ley. En tal sentido el Juez de lo Penal, al dictar sentencia condenatoria mediante la vía del procedimiento abreviado solo pronunció sobre la responsabilidad penal de la acusada, por el delito de Homicidio Culposo por el que fue condenada, no declara sobre quien o quienes recae la responsabilidad civil, de hacerlo estaría invadiendo el ámbito de competencia del Juez de Ejecución, por lo que la decisión del Órgano jurisdiccional, fue conforme a derecho, de igual manera el fallo del Juez de ejecución también es conforme a derecho, no así, como erróneamente lo ha interpretado el A quem, al señalar que los recurrentes no están legitimados para ejercitar una acción por la vía de apremio, porque no existe un título ejecutivo que declare la responsabilidad civil contra Verónica Arsenia Ayala Herrera y el Estado de Honduras; En el caso sub-examine existe una sentencia condenatoria firme que se acompañó al momento de presentar la demanda para deducir responsabilidad civil ante el Juzgado competente (Ejecución) que sirve como título ejecutivo, que es uno de los requisitos que exige la norma adejtiva en el artículo 434. En ese orden de ideas, y de acuerdo a la resolución emitida por el Juez de Ejecución las exigencias, requisitos y solemnidades, previamente establecidas en la ley bajo el respeto de las normas constitucionales, han sido cumplidas, en consecuencia, el A quo ha dictado una resolución apegada a derecho.”

Legislación citada

Sentencia

C E R T I F I C A C I Ó N.

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de octubre del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Ruddy Rolando Cuello Sierra, a favor del señor Reynel de Jesús Castillo Guerra, quien actúa en representación de su menor 1, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de febrero de dos mil veintidós, que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Ejecución del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, con relación a la existencia de responsabilidad civil derivada de un accidente de tránsito, en el cual se vio involucrado un agente de policía de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, ocasionándole la muerte de manera culposa a la señora Cinthia Carolina Pastrana Moradel, condenando como tercero civilmente responsable, al Estado de Honduras a pagar a la Menor 1 y su padre, el señor Reynel de Jesús Castillo Herrera, en concepto de indemnización, el pago de Nueve Millones Doscientos Cuarenta Mil Lempiras (L. 9,240,000.00). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados los derechos consagrados en los artículos 59, 60, 63, 70, 82, 90, 305, 320, 321 y 324 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha seis de enero de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Ejecución del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Ruddy Rolando Cuello Sierra, en su condición de representante procesal del señor Reynel de Jesús Castillo Guerra, quien a su vez actúa en representación de su menor 1, interponiendo demanda de responsabilidad civil por la vía de apremio en contra del Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, en su condición de tercero civilmente responsable, para que el mismo sea condenado a indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del delito de Homicidio Culposo cometido por la Agente de Policía Nacional de Honduras, Verónica Arsenia Ayala Herrera, en perjuicio de la señora Cinthia Carolina Pastrana Moradel. (Folios 1-8 de la pieza del A-quo) 2) El Juzgado de Ejecución del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dictó sentencia mediante la cual fallo: (Sic) “…PRIMERO: Declarar la existencia por disposición de Ley, de la Responsabilidad Civil como tercero EL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD por los daños y perjuicios ocasionados por su Agente de la Policía VERONICA ARSENIA AYALA HERRERA con ocasión de haber dado muerte de manera culposa a Cinthia Carolina Pastrana Moradel. SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración y reconocimiento de la responsabilidad civil como tercero EL ESTADO DE HONDURAS, se le CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, a pagar a la MENOR 1, y al padre que fuese esposo de la Victima el señor REYNEL DE JESUS CASTILLO GUERRA. en su condición de víctima, en concepto de INDEMNIZACIÓN la cuantía de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS (L. 9,240,000.00) que deberá ser dividida y entregada a las dos víctimas demandantes, distribuido de la siguiente manera: 1) DAÑO MATERIAL: OCHO MILLONES CUARENTA MIL LEMPIRAS (L. 8,040,000.00), 2) DAÑO EMERGENTE: CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 40, 000.00).- 3) DAÑO MORAL: UN MILLON DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 1,200,000.00) considerado como una compensación bajo los principios de Equidad y Justicia y no un pago por los daños sufridos por la víctima.- TERCERO: Sin Costas.- CUARTO: Que la Secretaria del Despacho proceda a NOTIFICAR personalmente a las partes en el proceso, para que en el caso de no estar conforme con lo aquí resuelto, puedan interponer el Recurso de Apelación, dentro del término de tres (3) días, para que el superior jerárquico pueda revisarla, caso contrario, de no ser recurrido el mismo adquirirá el carácter de firme y se procederá a ejecutar conforme a los dispuesto por la norma que para estos casos se encuentran regulados.- Redactó esta Sentencia Definitiva el señor Juez de Ejecución.-” (Folios 161-175 del expediente del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por los abogados Leonel Omar Quiroz Gonzales y Alexandra Victoria Amador Cáceres, en su condición de Procuradores Judiciales delegados por la Procuraduría General de la República, contra la sentencia referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, por unanimidad de votos dictó resolución en fecha nueve de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual dispuso lo siguiente: (Sic) “…1) Declarar HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República en su condición de parte demandante. 2) REVOCAR la resolución recurrida…” (Folios 235-241 del expediente del Ad-quem) 4) Que el recurrente Ruddy Rolando Coello Sierra, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticuatro de junio de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del señor Reynel de Jesús Castillo Guerra, quien actúa en representación de su Menor 1, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a sus representados los derechos consagrados en los artículos 59, 60, 63, 70, 82, 90, 305, 320, 321 y 324 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha uno de noviembre de dos mil veintidós, habiéndose constatado un error material en el cálculo del término concedido al recurrente para formalizar el recurso de mérito y que conllevó a la emisión de la providencia de fecha diez de octubre de dos mil veintidós (f-80), siendo que de los antecedentes no se desprendió caducidad de término, es procedente anular de oficio la referida providencia, y para efectos de subsanar el error apuntado, se dispone: 1) Dejar sin valor y efecto la providencia de fecha diez de octubre de dos mil veintidós; y 2)Admitir el escrito de formalización presentado por el Abogado Ruddy Rolando Coello Sierra, teniéndose por formalizado en tiempo y forma, asimismo, al tratarse el antecedente de la presente acción de una demanda de responsabilidad civil en la cual el Ministerio Público no fue parte, en consecuencia, se ordena dar vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emita el dictamen correspondiente. (Folio 81 del recurso de mérito) 6) En fecha dos de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal, desprendiendo de su informe las consideraciones siguientes: “…Conforme lo anterior, esta representación fiscal aprecia que el Código Procesal Penal en su artículo 433 establece: "La demanda debe ser dirigida contra los condenados, contra los responsables civilmente según los dispuesto en el Código Penal o contra los terceros que, por previsión legal o relación contractual, son responsables civilmente como consecuencia de la conducta conocida en el respectivo proceso". Es así, que, si existe una responsabilidad del funcionario o empleado público, la responsabilidad del Estado y del funcionario o empleado público coexisten, pues de un mismo hecho (delictivo en el caso de autos) hay dos responsables en materia civil, a) el Estado por imperio de la ley, b) Y el funcionario o empleado público, cuyas acciones fueron conocidas en el proceso penal. En respaldo de ello la legislación civil deja sin lugar a dudas establecido el nacimiento de las obligaciones civiles (artículo 1346 C.C), cuando nacen de los delitos o faltas deberá regirse por el Código Penal (artículo 1349 C.C). En el caso sub-examine, consta la sentencia condenatoria en la que condenan por el delito de HOMICIDIO CULPOSO a la señora VERONICA ARSENIA AYALA HERRERA, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, emitida en fecha 16 de junio del 2017. Asimismo, la Sentencia emitida por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa del Departamento de Francisco Morazán, dictada el 31 de mayo del año 2021, en la que se declaró la responsabilidad civil y ordena la reparación del daño e indemnización de perjuicios a la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, en su condición de Tercero Civilmente Responsable. Por lo que del daño causado (muerte de la señora CINTHIA CAROLINA PASTRANA MORADEL quien fuera madre de la MENOR 1, representada por su padre (REYNEL DE JESUS CASTILLO GUERRA) es de donde nace la responsabilidad civil proveniente de la comisión del delito, siendo que, el cargo de oficial de la Policía Nacional Preventiva, que ostentaba la hoy condenada, al momento de cometer el ilícito penal, genera la vinculación entre el funcionario o empleado público con el Estado, creando de esta manera el nexo de causalidad que es un requisito ineludible del supuesto de hecho que hace nacer la responsabilidad del Estado en el caso de mérito. En cuanto al criterio de la Alzada que la responsabilidad Civil, debió de haberse decretado en la Sentencia Condenatoria emitida y que al Juzgado de Ejecución le corresponde únicamente su ejecución, nos referiremos al razonamiento vertido por la Sala de lo Constitucional, en la Resolución emitida en el Amparo AP-08-19 de 7 de diciembre de 2020, en el que apunta lo siguiente: "...Esta sala aprecia que ciertamente en el acápite que corresponde al fallo, el Tribunal de Sentencia no se pronuncia sobre la responsabilidad Civil, puesto que como tal solo podrá fallar sobre la responsabilidad penal de los acusados, y es que fueron sometidos a juicio las acciones penales tipificadas como delito, y sobre ellas debía pronunciarse, pues, como el mismo lo declaró en el acápite anterior, la parte interesada debía proceder a entablar la acción civil de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 432 al 440 en el código procesal Penal. Porque el legislador ha establecido un procedimiento especial para la prosecución de la acción civil que deberá solicitarse ante el Juez de Ejecución, de lo que es fácil entender que no será el Tribunal de Sentencia quien fallará respecto de la responsabilidad civil, pues será el Juez de ejecución que una vez concluido el procedimiento podrá fallar sí ha lugar o no la demanda de responsabilidad civil, si el Tribunal de Sentencia emitiera fallo al respecto, sería una actuación arbitraria con menosprecio del principio de legalidad y al Debido Proceso inherente a este, pues el Código Procesal Penal tiene claramente establecido el procedimiento para deducir dicha responsabilidad civil." Lo anterior, en consonancia con lo establecido en el artículo 60 del Código Procesal Penal, que en su último párrafo establece que también será de la competencia de los Jueces de Ejecución conocer de las demandas en que se exija la responsabilidad civil proveniente de los delitos. De ahí, que, de lo expuesto anteriormente, el Ministerio Público estima que en el caso sub-judice el fallo emitido por el Ad-quem vulnera las garantías Constitucionales invocadas por el Amparista, ya que su resolución no es razonable, congruente y justa, por lo que se aprecia violación a la Tutela Judicial Efectiva y Debido Proceso alegados por el recurrente. VI.-OPINIÓN: El Ministerio Público en vista de lo expuesto opina que SE OTORGUE la presente acción de Amparo por existir las vulneraciones constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios 84-91 del recurso de mérito) CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce la Garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado RUDDY ROLANDO COELLO SIERRA a favor del señor REYNEL DE JESUS CASTILLO SIERRA, en su condición de REPRESENTANTE de su MENOR 1, se dirige contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de febrero del año dos mi veintidós, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Ejecución del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la existencia de responsabilidad civil derivado de un accidente de tránsito, en el cual se vio involucrado un Agente de Policía de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, quien le ocasionó la muerte de manera culposa a la señora CINTHIA CAROLINA PASTRANA MORADEL, condenando como tercero involucrado al ESTADO DE HONDURAS a pagar a la MENOR 1 y al padre de la víctima REYNEL DE JESUS CASTILLO HERRERA, en concepto de indemnización al pago de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS (L. 9,240.00). CONSIDERANDO: (4) Que el Abogado RUDY ROLANDO COELLO SIERRA, en la Formalización de la Acción de Amparo, expone que el reproche se dirige contra la resolución dictada por el Ad quem, mencionando como antecedentes del caso los siguientes puntos:” 1.- la presente acción inicia en fecha 06 de enero del año 2020, en virtud de la interposición de la demanda por el procedimiento para deducir responsabilidad civil por la vía de apremio, según la acción promovida por el señor REYNEL DE JESUS CASTILLO GUERRA Y LA MENOR 1, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, por considerarlo solidario civilmente, con el fin de que se reconozca y sea condenada la reparación de Daños materiales, morales, psicológicos e indemnización de perjuicios, exigiéndose inicialmente la cantidad de Diez Millones, Seiscientos Cincuenta Y Nueve Mil Trescientos Lempiras con Siete Centavos (10.659,300.07). 2.- Durante la sustanciación del procedimiento en el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, El Estado de Honduras a través de la Procuraduría General de la República procedió a objetar la demanda, que se basó en objetar la cuantía de la reclamación, la existencia o la legalidad de responsabilidad civil de un tercero por la vía de apremio, dictada en resolución penal en contra del Estado de Honduras, proponiendo perito respectivamente, en consecuencia se celebró audiencia de conciliación la cual fracasó y se dio continuidad a la misma, para practicar la prueba y en fecha seis de mayo del año 2021, se emitieron conclusiones.” CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente manifiesta “que en fecha 31 de mayo del 2021, el referido Juzgado de Ejecución dictó sentencia, en la que determina como hecho probado “que en fecha 16 de junio del año 2017, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante sentencia condenatoria declaró penalmente responsable y condenó a VERONICA ARSENIA AYALA HERRERA, por el HOMICIDIO CULPOSO, en perjuicio de CINTHIA CAROLINA PASTRANA MORADEL, sentencia que actualmente se encuentra en la fase de ejecución en virtud de haber adquirido el carácter de firme” Así mismo declaró probado: “Consecuencia del deceso de CINTHIA CAROLINA PASTRANA MORADEL, se generó un impedimento de su proyecto de vida y produciéndose igualmente de manera directa, un truncamiento y menoscabo en la oportunidades en las vidas de a los miembros de su familia, en este caso golpeando de manera directa la condición económica de la familia y la situación emocional y psicológica de la menor 1 y su padre, esposo de la víctima, sentencia que conforme su valoración probatoria y motivación decidió; Declarar la existencia por disposición de la Ley, de la responsabilidad Civil como tercero EL ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, por los daños y perjuicios ocasionados por su agente de la Policía VERÓNICA ARSENIA AYALA HERRERA, con ocasión de haber dado muerte de manera culposa de la madre y esposa respectivamente de las víctimas.” CONSIDERANDO: (6) Que como consecuencia de la declaración y reconocimiento de la responsabilidad civil como tercero del Estado de Honduras, se le condena a pagar a la MENOR 1 y el padre de la menor REYNEL DE JESUS CASTILLO GUERRA, ambos en su condición de víctima, en concepto de INDEMNIZACIÓN la cuantía de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS (9.240,000.00), que deberá ser divida y entregada a las dos víctimas demandantes, distribuido de la siguiente manera: 1)DAÑO MATERIAL OCHO MILLONES CUARENTA MIL LEMPIRAS (8.040,000.00) 2) DAÑO EMERGENTE: CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (40,000.00) 3) DAÑO MORAL: UN MILLON DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS (1,200.000.00), considerado como una compensación bajo los principios de equidad y justicia y no un pago por los daños sufridos por la víctima.” CONSIDERANDO: (7) Que contra la sentencia dictada en fecha 31 de mayo del año 2021, el Estado de Honduras, interpuso en tiempo y forma Recurso de Apelación, formalizado por los Abogados LEONEL OMAR QUIROZ GONZALES Y ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES, quienes actúan en su condición de Procuradores Judiciales en representación legal del Estado de Honduras, señalando como agravios la cuantía de la reclamación fijada por el Juez, entre esto la suma fijada para indemnizar por daños materiales, sin que se tomara en consideración la expuesta por el perito, argumentando motivos del porque no se consideró la edad activa laboral, desarrollando en dicho recurso un ataque contra la cuantía condenada. También señalan como agravio que el Juez en su motivación y fundamentación jurídica, específicamente en el numeral sexto (6), afirma que la sentencia condenatoria firme declara la responsabilidad civil del autor del hecho ilícito (homicidio culposo), considerando que no es cierto ya que en la parte dispositiva de la sentencia condenatoria dictada en procedimiento abreviado no declara civilmente responsable a la señora VERÓNICA ARSENIA AYALA HERRERA, no dispone que debe pagar indemnización de Daños y Perjuicios, por lo cual el Juzgado de Ejecución debió necesariamente limitarse a ejecutar solamente lo dispuesto en la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa. Además, argumentan que los demandantes carecen de legitimación para demandar, dado que no se declararon herederos ab intestato de la causante hoy occisa.” CONSIDERANDO (8) Que contra los argumentos señalados por los apelantes se contestó los mismos, señalando que la sentencia dictada es apegada a derecho, por lo que debió declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar a sentencia apelada, en el mismo acto señala y solicita a la Corte de Apelaciones la corrección de la cuantía que de manera equivocada se señaló y que debe ser NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.9, 499.300.74), tal como lo reconoce el Juez de Instancia en los hechos probados, valoración de la prueba y fundamentos de derecho, ya que por un error aritmético se consignó en la parte dispositiva de la sentencia (de la Corte de Apelaciones), la cantidad de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS (L.9,240.000.00). Además, se recurre contra la motivación judicial y los efectos negativos y altamente perjudiciales que produce la sentencia, resolución que contravienen, disminuye y tergiversa los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República e instrumentos internacionales. Sin embargo, la Corte de Apelaciones declaró a Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República, en su condición de parte demandante, revocando la resolución recurrida.” CONSIDERANDO: (9) Que el recurrente expone “que se ha quebrantado la Sana Critica, el Debido Proceso y Derecho a la Protección Judicial de las Víctimas. Manifiesta que el Ad quem ha quebrantado la sana crítica en su vertiente de la razón suficiente, al interpretar incorrectamente la disposición 338 en su numeral 3 del Código Procesal Penal, además razonando dicho artículo en forma sesgada e incompleta, en su numeral quinto (5), señala: “Quinta: En la parte resolutiva, se absolverá o condenará a las personas acusadas, con pronunciamientos separados respecto de cada una de ellas, y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados, determinando, en caso de condena, la pena correspondiente a cada una de ellas y por cada infracción. La parte resolutiva contendrá, además el pronunciamiento que corresponda en materia de costas.” Así mismo, en la parte resolutiva se dispondrá lo que proceda acerca del destino de las piezas de convicción, instrumentos y efectos del delito, Y, nótese que no contempla tal artículo la exigencia de que en la parte dispositiva se determine un pronunciamiento concreto sobre la responsabilidad civil, ya que la declaración es intrínseca con el fallo condenatorio, es de la fundamentación jurídica de la sentencia que se debe comprender la obligación de reparación del daño causado, porque por principio de unidad de la sentencia es que le toca al juez analizar si corresponde la reparación de daños materiales y morales y la indemnización de perjuicios, porque así lo manda y se lo faculta el artículo 432 del Código Procesal Penal, y en este caso no se consideró la responsabilidad civil implícita que se determina en la sentencia penal firme que ahora se ejecuta, tal sentencia en los hechos probados reconoce los daños producidos por el accionar de la funcionario que a su vez obligan solidariamente al Estado de Honduras por mandato de ley, si el daño hubiese sido reparado la aplicación de la pena hubiese sido reparada hasta la tercera parte, tal como lo indica el artículo 404 último párrafo “La rebaja podrá llegar hasta la tercera parte, cuando el imputado haya procedido a reparar las consecuencias del delito perjudiciales para la víctima”. CONSIDERANDO: (10) Que el amparista señala “que es competencia del Juez de Ejecución que una vez firme la sentencia condenatoria seguir por la vía de apremio para ordenar la reparación de los daños materiales o morales y la indemnización de perjuicios en los casos que proceda. Y en este caso procede, por lo que no es acertada la conclusión desarrollada por la Corte de Apelaciones de que los “casos que proceda” es únicamente cuando haya este expresado en el fallo bajo pronunciamiento de responsabilidad civil, ya que tal situación como han explicado no es un obligatorio, no podemos desconocer que si hay casos en que se realiza pronunciamiento expreso por el Juez o Tribunal que dicta la sentencia, sin embargo la anterior situación no puede traducirse en indefensión ni en una posición autoritaria, ya que en los casos en que no se desprende expresamente del fallo, pero se comprende intrínsecamente de los hechos del caso, será siempre posible su ejecución contra la persona acusada o contra otras sujetas a tal reparación de daños y perjuicios, siendo éste uno de tales casos, en que el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Seguridad debe responder como civilmente responsable por la vía de la solidaridad, sin que exista duda legal para ello a fin de otorgar justicia.” CONSIDERANDO: (11) Que se quebranta el “Debido Proceso cuando se conculca la sana crítica en su razón suficiente interpretando las normas con excesivo formalismo, reduciéndose todo en una interpretación altamente restrictiva de derechos fundamentales, en este caso con las conclusiones y razonamientos vertidos por el Ad quem se lesiona el derecho de la protección judicial a las víctimas del caso, desmejorando y restringiendo los derechos que le deben corresponder a mi representada la MENOR 1, ya que al ser niña, la interpretación incorrecta de tales disposiciones lesiona de forma flagrante y directa el principio del “interés superior del niño”, que tutelan los artículos 119 y 126 de la Constitución de la República y artículos 19 y 25 del Pacto de San José (Convención Americana Sobre Derechos Humanos), señalando que el con el razonamiento del Ad quem, se genera una seria afectación de los derechos integrales de la menor en referencia a su pleno resarcimiento de daños y perjuicios todo en aras de que con tal indemnización recuperarse de la afectación evidentemente emocional y psicológica que le ha producido la muerte de su madre….” CONSIDERANDO: (12) Señala, además “que el razonamiento del Ad quem de que el juez no tiene la facultad de declarar la existencia de una responsabilidad… y de acuerdo al artículo 338 corresponde UNICAMENTE al Juez sentenciador quien fijará las responsabilidades en la sentencia, y el Juez de Ejecución partiendo de la declaración de responsabilidad procederá a su ejecución”. No es correcto porque como ya dejaron establecido la determinación para ejecutar se deberá revisar del fallo firme que se presenta, según los hechos probados y fundamentación jurídica, siendo en el proceso de vía de apremio que corresponde determinar no solo la cuantía sino también los alcances de la ejecución para resarcir el daño causado y debatir las objeciones que permite el artículo 437 del Código Procesal Penal, ya que el TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE, puede objetar, además de la falta de legitimación del demandante y la cuantía de la reclamación, “La existencia o legitimidad de su propia responsabilidad” lo que se traduce en que si es posible debatir la fijación de responsabilidad civil en este caso del Estado de Honduras por la vía de la solidaridad.” CONSIDERANDO: (13) Que el impetrante expone “que se ha quebrantado la garantía de la motivación judicial razonable y el derecho fundamental a la reparación plena del daño causado al dictarse en total violación a la ley, con pena infamante al afectar el derecho natural de la dignidad humana; ya que la decisión del Ad quem es irracional al contener una argumentación jurídica insuficiente y aparente, causando un daño grave al derecho de reparación plena de sus representados, quienes tienen todo el derecho a una reparación de daños materiales, morales y perjuicios. Señala que el derecho a obtener una respuesta motivada de las pretensiones deducidas, involucra la garantía genérica del debido proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero Constitucional, manifestando, que el fallo dictado por el Ad quem es incoherente ya que la suficiencia motivacional es solo aparente, en este caso el fundamento primero (motivación 1) se reconoce el derecho para promover la demanda, reconociendo a sus representados como víctimas del daño producido, pero por otro lado en los fundamentos (sentencia) dos y tres se niega, bajo el fundamento formalista e incorrecto que realiza la corte impugnada. Además, el fallo impugnado presenta un vicio de incongruencia frente a lo planteado por las partes y frente al derecho al no tomar en consideración el fallo y sus argumentos relevantes, quebrantando la ley y la garantía de motivación.” CONSIDERANDO: (14) Que el Ad Quem deja establecido en su resolución lo siguiente: ”Para proceder por la vía de apremio, se requiere que previamente exista un título ejecutivo para ejecutar la cantidad debida al ejecutante; por tanto para que proceda a deducirse por la vía de apremio la responsabilidad civil, es necesario que se declare la misma (por lo menos genéricamente) previamente en la sentencia pues esta constituye el titulo ejecutivo, que el juez ejecutará, y en el cual se declara la existencia de responsabilidad; no procede como argumenta el demandante que el juez de ejecución asuma y de por sentado que, con la declaración de responsabilidad penal se declara la responsabilidad civil; Así lo dispone y contempla el artículo 338 del Código Procesal Penal, el cual en su numeral 3 de la regla cuarta de los requisitos de la sentencia, establece que el juez en párrafos separados, y enumerado, consignará en forma clara, los fundamentos doctrinales y de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido las personas acusadas u otras sujetas a ella, además del pronunciamiento sobre las costas….” Continúa manifestando que el A quem que el juez de ejecución no tiene la facultad de declarar la existencia de una responsabilidad (sea penal y/o civil, ni sus alcances) y de acuerdo al artículo 338 corresponde UNICAMENTE al juez sentenciador quien fijará las responsabilidades en la sentencia, y el juez de ejecución partiendo de la declaración de responsabilidad, procederá a su ejecución. Siendo del criterio el Tribunal de Alzada, que en la causa de mérito no, existe titulo ejecución alguno (sentencia judicial firme de condenada) que declare la existencia de responsabilidad civil de Verónica Arsenia Ayala Herrera y menos del Estado de Honduras.” CONSIDERANDO: (15) Que una de las facultades del Juez de Ejecución, es conocer de las demandas en que se exija la responsabilidad civil proveniente de los delitos, de acuerdo al artículo 60 párrafo 4to. Código Procesal Penal. La responsabilidad civil es la obligación de responder ante la justicia por un daño y reparar sus consecuencias indemnizando a la víctima: su objetivo principal es la reparación, que consiste en restablecer el equilibrio que había sido roto, por el autor del daño entre su patrimonio y el de la víctima,(o en perjuicio de la persona en sí), aceptando también que aparte de este aspecto de reparación también puede ser preventiva como punitiva, como acontece en la indemnización del daño moral. Siendo así la fuente de la obligación está en el daño causado de donde nace la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, previamente establecida en la ley, debe existir vinculación entre el funcionario o empleado público con el Estado creando de esta manera el nexo de causalidad, que es un requisito ineludible del supuesto de hecho que hace nacer la responsabilidad patrimonial del Estado, por su conducto un resultado considerado jurídicamente dañoso (daño), que el damnificado (víctima ofendido)(el paréntesis es nuestro), no tiene ni el deber ni la obligación de soportar, se conecta con una actuación estatal antecedente. El Artículo 433 del mismo Código establece que la demanda deberá ser dirigida contra los condenados, contra los responsables civilmente según lo dispuesto en el Código Penal o contra los terceros que, por previsión legal o relación contractual, son responsables civilmente (las negritas son nuestras), como consecuencia de la conducta de que se conoció en el respectivo proceso.” Es así que, si existe una responsabilidad del funcionario o empleado público frente al administrado, es claro que la responsabilidad del Estado y del funcionario o empleado público coexisten, pues de un mismo hecho (delictivo en el caso de autos) hay dos responsables en materia civil, a) el Estado por imperio de la ley, b) Y el funcionario o empleado público, cuyas acciones fueron conocida en el proceso penal. En respaldo de ello la legislación civil deja sin lugar a dudas establecido el nacimiento de las obligaciones civiles (artículo 1346 C.C), cuando nacen de los delitos o faltas deberá regirse por el Código Penal, (artículo 1349 C.C.), estas obligaciones son exigibles no solo por los actos y omisiones propios, sino por los de aquellas personas a quienes se debe responder…. Y son igualmente responsables los dueños o directores de un establecimiento o empresa, respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieren empleados o con ocasión de sus funciones.–CONSIDERANDO: (16) Que el Código Procesal Penal, dispone la Procedencia para deducir la responsabilidad civil estableciendo en su artículo 432: “Firme que sea la sentencia condenatoria o excluida la responsabilidad penal en los casos de inimputabilidad, fuerza irresistible, miedo insuperable y estado de necesidad, a que se refiere el Código Penal, la víctima o sus herederos o la Procuraduría General de la República, en su caso, podrá solicitar al Juez de Ejecución por la vía de apremio ordene la restitución, la reparación de los daños materiales o morales y la indemnización de perjuicios, en los casos en que proceda.” Por su parte el artículo 434 establece los requisitos de la demanda, debiendo acompañarse la copia autenticada de la sentencia condenatoria. CONSIDERANDO: (17) Que la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, que nace de la comisión de un delito o falta, no son sinónimos, debiendo quedar planamente establecidas sus diferencias, así la responsabilidad penal es siempre subjetiva y se refiere a la posibilidad de atribuir una pena a un determinado autor de un hecho ilícito. La responsabilidad civil se presenta cuando se ocasiona un daño en la propiedad de otro o en la persona, lo cual puede acontecer por violación, transgresión o desconocimiento de una obligación preexistente o bien por ejecutar un hecho ilícito, o en últimas, por cuanto así lo disponga la ley. CONNSDERANDO: (18) Que el Debido Proceso representa el conjunto de derechos y garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Todo lo cual es inherente a un adecuado derecho de defensa, implica, entonces: el derecho de ser oído; poder hacer uso de todos instrumentos o mecanismos legales/procesales propios para una defensa eficaz. Observando las normas constitucionales como la ley secundaria, con una interpretación jurídica acorde al contenido de la norma jurídica, lo contrario implica alterar el principio de legalidad, y quebrantar el debido proceso y el derecho de defensa, lo que desemboca en la falta de una tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO: (19) Que, del estudio de los antecedentes, la resolución recurrida como de la acción de amparo, el impetrante comparece en búsqueda de justicia constitucional por considerar que la resolución del Ad quem, quebranta los derechos constitucionales de sus representados, en el caso concreto han intervenido los órganos jurisdiccionales competentes, actuado de conformidad con las facultades que les confiere la ley. En tal sentido el Juez de lo Penal, al dictar sentencia condenatoria mediante la vía del procedimiento abreviado solo pronunció sobre la responsabilidad penal de la acusada, por el delito de Homicidio Culposo por el que fue condenada, no declara sobre quien o quienes recae la responsabilidad civil, de hacerlo estaría invadiendo el ámbito de competencia del Juez de Ejecución, por lo que la decisión del Órgano jurisdiccional, fue conforme a derecho, de igual manera el fallo del Juez de ejecución también es conforme a derecho, no así, como erróneamente lo ha interpretado el A quem, al señalar que los recurrentes no están legitimados para ejercitar una acción por la vía de apremio, porque no existe un titulo ejecutivo que declare la responsabilidad civil contra Verónica Arsenia Ayala Herrera y el Estado de Honduras; En el caso sub-examine existe una sentencia condenatoria firme que se acompañó al momento de presentar la demanda para deducir responsabilidad civil ante el Juzgado competente (Ejecución) que sirve como título ejecutivo, que es uno de los requisitos que exige la norma adejtiva en el artículo 434. En ese orden de ideas, y de acuerdo a la resolución emitida por el Juez de Ejecución las exigencias, requisitos y solemnidades, previamente establecidas en la ley bajo el respeto de las normas constitucionales, han sido cumplidas, en consecuencia, el A quo ha dictado una resolución apegada a derecho. CONSIDERANDO (20) Que el Ministerio Público representado por la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, realizó un análisis exhaustivo de la normativa aplicable a la demanda sobre responsabilidad civil, señalando en la parte conducente que la decisión del A quem de revocar la decisión del A quo, le da estructura a las violaciones denunciadas por el recurrente, específicamente en cuanto a que la decisión vulnera las garantías constitucionales del amparista, ya que su resolución no es razonable, congruente y justa, apreciándose la violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Por todo ello es de la opinión porque se OTORGUE la acción de amparo, por la existencia de vulneraciones constitucionales. CONSIDERANDO (21) Que, en consecuencia, esta Sala, comparte la decisión del A quo, la que ha sido dictada conforme la normativa establecida en la ley y la Constitución para dilucidar la demanda sometida a su conocimiento, resolución que, contrastada con la decisión del Tribunal de Alzada, se aprecia que dicho Tribunal ha hecho una interpretación de manera errónea la normativa atinente al procedimiento establecido en la ley, para deducir la responsabilidad civil. Por todo ello esta Sala, arriba a la conclusión que en la decisión del A quem objeto del recurso en estudio, no se observó ni interpretó la norma Procesal Penal ajustada al caso concreto, tal como se reseña en considerandos que anteceden. Por todo ello su decisión no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como sucede en caso sub judice. Por esa razón es conforme a derecho Otorgar el amparo demandado. CONSIDERANDO: (22) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Artículos 17, 49, 60, 432 al 440 del Codigo Procesal Penal. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado RUDDY ROLANDO COELLO SIERRA, a favor del señor REYNEL DE JESUS CASTILLO GUERRA Y su menor 1, contra la sentencia de fecha nueve de febrero de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha once de octubre de do mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-996-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL