Sentencia AP-990-22 — Registro 17962
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación y Revocó Auto de Formal Procesamiento dictado contra imputado por suponerlo responsable del delito de Homicidio en su grado de Tentativa inacabada en perjuicio de tres víctimas; el Juzgado de Instancia consideró que no ha desaparecido el peligro de fuga del imputado; La Autoridad recurrida Revocó auto de formal procesamiento con Prisión Preventiva; Decretó sobreseimiento provisional por considerar que se acredito plena prueba de la comisión del delito de lesiones y la intención del imputado según la prueba, era de lesionar a los sujetos pasivos, siendo procedente que se revoque el auto de formal procesamiento dictado por el A-Quo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala asiente en que el principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un criterio rector e incluso controlador en el ejercicio del poder punitivo del Estado…"…" la motivación externada por el Tribunal ad-quem en la resolución de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil veintidós, se revela totalmente incongruente entre sí, pues a la vez que afirma la participación del imputado JORGE MARIN BAUTISTA SORTO en el delito de LESIONES en perjuicio de los señores HERNANDEZ CANO, (ver folio 45 frente y vuelto de la pieza del recurso) revoca el auto de formal procesamiento recurrido y decreta en favor del imputado un sobreseimiento provisional. De lo anterior, esta Sala puede apreciar que la resolución impugnada por esta vía constitucional y proferida por el Tribunal de Alzada, no es congruente en sus argumentos, Si bien la argumentación de la Alzada, denota un estudio minucioso de las pruebas allegadas a la audiencia inicial que tiene como finalidad según el artículo 294 del Código Procesal Penal último párrafo que dispone:...la Alzada se contradice cuando una vez que califica el delito atribuido al señor JORGE MARIN BAUTISTA SORO, como delito de LESIONES tipificado en el artículo 199 del Código Penal Vigente, afirma que el imputado en referencia participó en la comisión del referido delito, pero declara con lugar el recurso de apelación, revocando el Auto de Formal Procesamiento y decretando un Sobreseimiento provisional. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en motivar debidamente las razones tanto fácticas como jurídicas que lo llevaron a revocar la resolución apelada, mediante una resolución congruente en sus argumentos..."..."siendo incoherente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al revocar la resolución que decreta Auto de Formal Procesamiento en contra del señor JORGE MARIN BAUTISTA SORTO, por suponerlo responsable delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA INACABADA en perjuicio de los señores DENIS DIONICIO HERNANDEZ CANO, VICTOR MANUEL HERNANDEZ CANO y ORMAN NATANAEL HERNANDEZ CANO, se ha vulnerado en perjuicio de los intereses generales de la sociedad del Estado de Honduras, la garantía genérica del debido proceso y con ello el principio de Legalidad, por los argumentos plasmados en los considerandos que preceden..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara y precisa los argumentos jurídicos por los cuales declara con Lugar el recurso de apelación y consecuentemente revoca el Auto de Formal Procesamiento y dicta un Sobreseimiento Provisional en favor del encausado JORGE MARIN BAUTISTA SORTO..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 114 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[7], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de junio de dos mil veintitrés.- VISTO: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil veintidós, que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Marcala, departamento de La Paz, en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra el señor JORGE MARIN BAUTISTA SORTO, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA INACABADA, en perjuicio de los señores DENIS DIONISIO, VÍCTOR MANUEL y ORMAN NATANAEL, todos de apellidos HERNÁNDEZ CANO. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES:1) Que en fecha diez de diciembre del año dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Marcala, departamento de La Paz, el Agente Fiscal, Abogado HENRY ALEXANDER PINEDA, presentando requerimiento fiscal en contra del señor JORGE MARIN BAUTISTA SORTO, por suponerlo responsable de la comisión de tres (3) delitos de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA INACABADA, en perjuicio de los señores DENIS DIONISIO HERNÁNDEZ CANO, VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ CANO y ORMAN NATANAEL HERNÁNDEZ CANO. (Folios 1-2 del antecedente).-2) En fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Marcala, departamento de La Paz, en la celebración de la audiencia inicial, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…PRIMERO: Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra el señor JORGE MARIN BAUTISTA SORTO, por suponerlo responsable de la comisión del delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA INACABADA en perjuicio de DENIS DIONISIO HERNANDEZ CANO, que se subsumen en el tipo penal del artículo 192 en relación al 21 y 25 del Código Penal.- SEGUNDO: Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra el señor JORGE MARIN BAUTISTA SORTO, por suponerlo responsable de la comisión del delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA INACABADA en perjuicio de VICTOR MANUEL HERNANDEZ CANO, que se subsumen en el tipo penal del artículo 192 en relación al 21 y 25 del Código Penal.- TERCERO: Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra el señor JORGE MARIN BAUTISTA SORTO, por suponerlo responsable de la comisión del delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA INACABADA en perjuicio de ORMAN NATANAEL HERNANDEZ CANO, que se subsumen en el tipo penal del artículo 192 en relación al 21 y 25 del Código Penal.- CUARTO: Al señor JORGE MARIN BAUTISTA SORTO se le impone la medida establecida en el Articulo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal de PRISIÓN PREVENTIVA, en vista que no han desaparecido los presupuestos legitimadores que fueron tomados en cuenta en la audiencia de declaración de imputado como ser el peligro de fuga del imputado, el riesgo fundado que el imputado atente o ejecuten actos de represaría en contra de la víctima o de sus parientes, así como la obstrucción de la investigación; y siendo que las medidas cautelares tiene como finalidad asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba, establecidos en los artículos 172, 173 numeral 3; 178 numeral 1 y 4; 179 numeral 2 y 3; del Código Procesal Penal…” (Folios 61-72 del antecedente).-3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado ISMAEL MENDOZA RIVERA, en su condición de defensor privado del señor JORGE MARIN BAUTISTA SORTO, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA APELACION interpuesta por el Abogado ISMAEL MENDOZA RIVERA en su condición de Defensor Privado del señor JORGE MARIN BAUTISTA SORTO, contra el auto de Formal Procesamiento proferido en Audiencia Inicial por el Juzgado de Letras Seccional de Marcala, departamento de La Paz, el dieciséis de diciembre del año dos mil veintiuno, contra su defendido BAUTISTA SORTO, por suponerlo responsable de la comisión del delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA INACABADA en perjuicio de DENIS DIONISIO HERNANDEZ CANO, VICTOR MANUEL HERNANDEZ CANO Y ORMAN NATANAEL HERNANDEZ CANO. SEGUNDO: REVOCA EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO descrito y relacionado en el numeral PRIMERO de esta parte resolutiva, así mismo la medida cautelar de Prisión Preventiva. TERCERO: 1) DECRETA en favor del imputado JORGE MARIN BAUTISTA SORTO, SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA INACABADA en perjuicio de DENIS DIONISIO HERNANDEZ CANO, VICTOR MANUEL HERNANDEZ CANO Y ORMAN NATANAEL HERNANDEZ CANO.- 2) Se le instruye al a-quo que haga aplicación del INSTRUCTIVO PARA LA RESOLUCION DEFINITIVA DE CASOS DONDE SE HAYA DECRETADO SOBRESEIMIENTOS PROVISIONALES, dictado por la Corte Suprema de Justicia en interpretación del artículo 295 del Código Procesal Penal señala, "En casos que resulte procedente dictar un sobreseimiento provisional, el Juez de Letras correspondientes señalara las diligencias investigativas que el Ministerio Publico debe realizar para la obtención de elementos probatorios encaminados a la acreditación de indicios suficientes de participación del procesado en el delito imputado”.- Y MANDA: que una vez firme y debidamente notificado el presente fallo, se remitan los antecedentes al Juzgado de su procedencia con certificación de estilo para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE.” (Folios 8-14 del expediente del Ad-quem).-4) Que la recurrente, Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJÍA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintitrés de junio del año dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha once de abril del año dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito, el escrito presentado por la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJÍA, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha veinticuatro de Mayo del año dos mil veintidós, por la Corte de Apelaciones de la sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, por la cual se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ISMAEL MENDOZA RIVERA, en su condición de defensor privado del señor JORGE MARIN BAUTISTA SORTO, contra la resolución que ha quedado relacionada en los antecedentes de este libelo, mediante la cual el Tribunal de Alzada REVOCA el Auto de Formal Procesamiento y DECRETA en favor del imputado JORGE MARIN BAUTISTA SORTO, SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA INACABADA en perjuicio de DENIS DIONISIO HERNANDEZ CANO, VICTOR MANUEL HERNANDEZ CANO y ORMAN NATANAEL HERNANDEZ CANO.-CONSIDERANDO (4): Que, en la interposición y formalización del presente recurso de amparo constitucional, la Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, ha manifestado que la resolución de alzada de la que se demanda amparo quebranta el principio de debido proceso y legalidad consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (5): Que la recurrente desarrolla la garantía constitucional que se estima quebrantada y el concepto de su violación, según las razones fácticas y jurídicas que a continuación se exponen: Que la violación al debido proceso se produce porque la resolución de Sobreseimiento Provisional emitida, entraña en un razonamiento incongruente por parte del Ad-quem, ya que a pesar de afirmar que conforme a los medios de prueba evacuados se ha acreditado la plena prueba de la comisión del delito de lesiones y que la intensión del sujeto activo JORGE MARIN BAUTISTA SORTO, el tenor de los elementos probatorios, era únicamente el de lesionar a los sujetos pasivos, procede a revocar el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo, tornando contradictoria dicha resolución, pues lo afirmado no tiene una secuencia lógica con lo finalmente ordenado en la parte resolutiva, donde refiere que el ente acusador debe realizar diligencias investigativas encaminadas a la acreditación de indicios suficientes de participación del procesado en el delito imputado. Por ello arguye la amparista, en el caso sub judice, debió emitirse resolución reformando el auto de formal procesamiento contra el ciudadano Jorge Marín Bautista, por el delito de LESIONES, tal como lo deja claramente establecido el propio Ad-quem en su razonamiento. Argumenta también que se vulnera la tutela judicial efectiva, al considerar que la resolución es contradictoria, pues el razonamiento esgrimido al tenor de la valoración de los elementos probatorios, no guarda coherencia con la conclusión a pesar de estar acreditado el delito de lesiones y quien ha sido su autor. Por último, argumenta la pedidora que se vulnera el principio de legalidad, pues en el presente caso se aprecia una contravención a la ley y a la constitución, la aplicación del principio de legalidad debe ser total, ya que los jueces son los encargados de guardad y hacer guardas las leyes, su cumplimiento y es determinante su estricta aplicación porque de ello depende la validez de su creación.- CONSIDERANDO (6): Que en la motivación externada por el Tribunal de alzada en el fallo que es recurrido en Amparo, expone entre otras consideraciones fácticas y jurídicas lo siguiente: El Tribunal de Alzada en el acapice CUARTO argumenta una discrepancia derivada de dos posibles escenarios facticos, sobre el posible injusto penal, esto debido a los elementos de prueba vertidos y acreditados en audiencia inicial, por ello la Alzada luego de hacer una análisis de los hechos y los medios de prueba aportada por el Ministerio Público y por la defensa, concluye: “Sin duda alguna para esta Corte, existió una riña tumultuaria en la cual, tanto los sujetos pasivos como el activo fueron protagonistas del hecho, pues todos resultaron lesionados y sujetos a tratamiento médico, lo que denota su participación en una conducta delictuosa que por su propia naturaleza o dinámica no puede calificarse como HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, ni mucho menos que la misma fuese inacabada, pues no existió una causa ajena a la voluntad del sujeto activo que le impidiese ejecutar y consumar hipotéticamente un injusto penal, como ser la presencia repentina de familiares, pues tuvo la posibilidad de hacerlo y desistió en forma volitiva, razón por la cual no es aplicable a la causa de merito la calificación y subsunción del hecho en el tipo penal consignado en los artículos 21 inciso a), 24, 25, 60, 61, 62 del Código Penal, sino en el tipo penal de LESIONES, de cierta manera reciprocas, en correspondencia con el artículo 199 del Código Penal, de cuya dinámica del suceso delictivo resultó lesionado el imputado BAUTISTA SORTO.”; Por último la Alzada en el numeral QUINTO establece: “Que con vista y valoración de los elementos de prueba, no hay duda, sobre la comisión de un injusto penal, vale decir, se acreditó la plena prueba del delito de LESIONES, tipificado en el artículo 199 del Código Penal, pero las pruebas dan margen de que efectivamente el imputado JORGE MARIN BAUTISTA SORTO, quien también resultó lesionado, participó en la comisión del referido delito en perjuicio de los señores HERNANDEZ CANO, elementos de juicio que conducen a esta Corte, a declarar con lugar la apelación, revocar el Auto de Formal procesamiento recurrido y decretar en favor del imputado JORGE MARIN BAUTISTA SORTO un sobreseimiento abierto o provisional.”.- CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales que se consideran vulnerados según el escrito de interposición y formalización del recurso de amparo, son el derecho al debido proceso y el principio de legalidad, contenidos en los artículos 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República que por su orden señalan: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”; “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”. -CONSIDERANDO (8): Que el Principio de Legalidad demanda una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento; es decir, para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que la Constitución y la ley le permite y todo lo que no está autorizado les está vedado[1]. Siendo así, resulta que cualquier resolución o actuación fuera de este marco legal es arbitraria y confronta directamente la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula el principio de legalidad en el artículo 9, principio que está reservado a la ley formal es decir a las normas emanadas del poder legislativo y por los procedimientos de formación de la ley, con exclusión total de Reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes. Las exigencias de la ley procesal deben tener garantizada eficacia material y formal al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten automáticamente en violaciones al debido proceso[2]. CONSIDERANDO (9): Que, esta Sala asiente en que el principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un criterio rector e incluso controlador en el ejercicio del poder punitivo del Estado.-CONSIDERANDO (10): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.-CONSIDERANDO (11): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[3], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[4]. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[5]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[6], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores.-CONSIDERANDO (12): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[7], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.-CONSIDERANDO (13): En ese sentido, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de Comayagua, al REVOCAR la resolución dictada por el A-quo, que decreta Auto de Formal Procesamiento en contra del imputado JORGE MARIN BAUTISTA SORTO, por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTAVIVA INACABADA en perjuicio de DENIS DIONISIO HERNANDEZ CANO, VICTOR MANUEL HERNANDEZ CANO y ORMAN NATANAEL HERNANDEZ CANO, ha sido dictada en observancia a los principios y derechos constitucionales que alega vulnerados la recurrente en amparo.- CONSIDERANDO (14): Que, siguiendo este orden de ideas, sabemos que parte de las alegaciones del ente fiscal para fundar su acción de amparo es que considera que la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, es incongruente, ya que a pesar de afirmar que conforme los medios de prueba evacuados se ha acreditado “la plena prueba de la comisión del delito de lesiones, y que a intensión del sujeto activo JORGE MARIN BAUTISTA SORTO al tenor de los elementos probatorios era únicamente el de lesionar a los sujetos pasivos”; procede a revocar el Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-quo, tornando contradictoria dicha resolución, pues lo afirmado no tiene una secuencia lógica con lo ordenado en la parte resolutiva.-CONSIDERANDO (15): Que, el Tribunal de Alzada reseña en su sentencia: “Que con vista y valoración de los elementos de prueba, no hay duda, sobre la comisión de un injusto penal, vale decir, se acreditó la plena prueba del delito de LESIONES, tipificado en el artículo 199 del Código Penal, pero las pruebas dan margen de que efectivamente el imputado JORGE MARIN BAUTISTA SORTO, quien también resultó lesionado, participó en la comisión del referido delito en perjuicio de los señores HERNANDEZ CANO, elementos de juicio que conducen a esta Corte, a declarar con lugar la apelación, revocar el Auto de Formal procesamiento recurrido y decretar en favor del imputado JORGE MARIN BAUTISTA SORTO un sobreseimiento abierto o provisional”.- CONSIDERANDO (16): Que conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal, los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido.-CONSIDERANDO (17): Que la motivación externada por el Tribunal ad-quem en la resolución de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil veintidós, se revela totalmente incongruente entre sí, pues a la vez que afirma la participación del imputado JORGE MARIN BAUTISTA SORTO en el delito de LESIONES en perjuicio de los señores HERNANDEZ CANO, (ver folio 45 frente y vuelto de la pieza del recurso) revoca el auto de formal procesamiento recurrido y decreta en favor del imputado un sobreseimiento provisional. De lo anterior, esta Sala puede apreciar que la resolución impugnada por esta vía constitucional y proferida por el Tribunal de Alzada, no es congruente en sus argumentos, Si bien la argumentación de la Alzada, denota un estudio minucioso de las pruebas allegadas a la audiencia inicial que tiene como finalidad según el artículo 294 del Código Procesal Penal último párrafo que dispone: “En esta audiencia se deberá una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada.”; la Alzada se contradice cuando una vez que califica el delito atribuido al señor JORGE MARIN BAUTISTA SORO, como delito de LESIONES tipificado en el artículo 199 del Código Penal Vigente, afirma que el imputado en referencia participó en la comisión del referido delito, pero declara con lugar el recurso de apelación, revocando el Auto de Formal Procesamiento y decretando un Sobreseimiento provisional. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en motivar debidamente las razones tanto fácticas como jurídicas que lo llevaron a revocar la resolución apelada, mediante una resolución congruente en sus argumentos.-CONSIDERANDO (18): Que siendo incoherente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al revocar la resolución que decreta Auto de Formal Procesamiento en contra del señor JORGE MARIN BAUTISTA SORTO, por suponerlo responsable delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA INACABADA en perjuicio de los señores DENIS DIONICIO HERNANDEZ CANO, VICTOR MANUEL HERNANDEZ CANO y ORMAN NATANAEL HERNANDEZ CANO, se ha vulnerado en perjuicio de los intereses generales de la sociedad del Estado de Honduras, la garantía genérica del debido proceso y con ello el principio de Legalidad, por los argumentos plasmados en los considerandos que preceden.-CONSIDERANDO (19): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara y precisa los argumentos jurídicos por los cuales declara con Lugar el recurso de apelación y consecuentemente revoca el Auto de Formal Procesamiento y dicta un Sobreseimiento Provisional en favor del encausado JORGE MARIN BAUTISTA SORTO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 141 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1.- OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, contra el fallo proferido en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua; 2.- Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo. Y MANDA: Que, con certificación de esta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.-NOTIFÌQUESE. -Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES .- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los seis (6) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la sentencia de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0990-20222.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Rodríguez Cesia Victor Manuel. El Debido Proceso y la Convención América Sobre Derechos Humanos. Pág.1304.
[2] Idem Pág.1305
[3] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.
[4] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.
[5] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.
[6] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.
[7] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11.