Sentencia AP-988-22 — Registro 17546
Resumen
Acto recurrido en contra de la sentencia que declara sin lugar el recurso de apelación al ente acusador y revocar el auto de formal procesamiento por el delito de Asesinato en su Grado de Cómplice contra el imputado Luis David Aguilar Donaire y en su lugar dictar un sobreseimiento provisional, -es decir- excluir la participación del imputado en el hecho delictivo sin apoyar su decisión en evidencia o elemento probatorio alguno, en relacion a proceso por delitos de Asesinato y Robo de Arma
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que la Sala es del parecer, que el Tribunal de Alzada adecue y ajuste sus decisiones a lo que dispone la norma procesal penal, de conformidad a los razonamientos mencionados en el presente fallo, pues la determinación de la Corte de Apelaciones al declarar sin lugar el recurso de apelación al ente acusador y revocar el auto de formal procesamiento por el delito de Asesinato en su Grado de Cómplice contra el imputado Luis David Aguilar Donaire y en su lugar dictar un sobreseimiento provisional, -es decir- excluir la participación del imputado en el hecho delictivo sin apoyar su decisión en evidencia o elemento probatorio alguno, sino más bien desvirtúa medios probatorios aportados en la audiencia inicial que no fueron objetados por la defensa y, que una vez valorados con arreglo a la sana critica racional, la lógica, las máximas de la experiencia, y que el Órgano Jurisdiccional bajo las condiciones de legalidad e inmediación que provee el proceso penal llegó al convencimiento de plena prueba de haberse cometido el delito, a través de la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal, estimando como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia para adquirir la convicción de que el imputado si participó en la comisión del mismo, se deduce entonces de la foliada, que no existe sustento o elementos probatorios de peso para que la Alzada dicte un sobreseimiento provisional desconociendo la declaración de testigos en sede judicial, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución de la República en relación directa a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal como ha quedado expresado. La Sala reitera, que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, requiere además que se respeten las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan..." …" Que analizados los antecedentes y la sentencia objeto del recurso, se concluye que las consideraciones del fallo recurrido no permiten una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, lo que quebranta tanto el principio de legalidad como la garantía del debido proceso reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por tanto, esta Sala es del parecer que se conceda la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en respeto a la tutela del debido proceso, proceda a dictar una nueva resolución bajo los parámetros establecidos en este fallo, motivada y conforme las reglas de la sana crítica y en forma integral y objetiva, por haber quebrantado y vulnerado manifiestamente la garantía del debido proceso como ha quedado expresado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 08 de noviembre de dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra los señores Rodolfo Alexis Barralaga y Luis David Aguilar Donaire por suponerlos responsables de los delitos de Robo y Asesinato en su Grado de Ejecución de Complicidad, en perjuicio de los señores Celso David Barralaga Bonilla, Jonathan Moisés García Suazo e Ixel Jafeth Barralaga Pérez, respectivamente. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1) Que en fecha diez de junio de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Agente Fiscal, Abogada Ernestina Salinas Aguilar, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Rodolfo Alexi Barralaga Diaz por suponerlos responsables de los delitos de Asesinato y Robo en perjuicio de Celso David Barralaga Bonilla y por el delito de Asesinato en perjuicio de los jóvenes Jonathan Moisés García Suazo, Ixel Jafeth Barralaga Pérez. 2.-contra Luis David Aguilar Donaire por suponerle responsable de los delitos de Asesinato y Robo en su condición de Cómplice en perjuicio de Celso David Barralaga Bonilla y Asesinato en su condición de Cómplice en perjuicio de Jonathan Moisés García Suazo e Ixel Jafeth Barralaga Pérez. (Folios 1-3 del antecedente.2) En fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en la celebración de la audiencia de nulidades, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…1) Tener por explicado y fundamentado el Requerimiento Fiscal por parte del Ministerio Publico.- 2) Tener por admitidos, evacuados e incorporados los elementos de prueba que fueron admitidos en el desarrollo de la presente audiencia y descritos en la misma, ofertados por la representante del Ministerio Publico, y por parte de la Defensa Privada del imputado LUIS DAVID AGUILAR DONAIRE .- 3) Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra RODOLFO ALEXI BARRALAGA DIAZ por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de CELSO DAVID BARRALAGA BONILLA, JONATHAN MOISES GARCIA SUAZO E IXEL JAFETH BARRALAGA PEREZ.- 4) Imponer al imputado RODOLFO ALEXI BARRALAGA DIAZ la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA en virtud de que aún no han desaparecido los presupuestos tomados en cuenta al momento de decretar la Detención Judicial.- 5) Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra LUIS DAVID AGUILAR DONAIRE por suponerlo responsable del delito de ASESINATO EN SU GRADO DE COMPLICIDAD en perjuicio de CELSO DAVID BARRALAGA BONILLA, JONATHAN MOISES GARCIA SUAZO E IXEL JAFETH BARRALAGA PEREZ.- 6) Imponer al imputado LUIS DAVID AGUILAR DONAIRE la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA en virtud de que aún no han desaparecido los presupuestos tomados en cuenta al momento de decretar la Detención Judicial.- 7) Decretar Sobreseimiento Definitivo a RODOLFO ALEXI BARRALAGA DIAZ por suponerlo responsable del delito de ROBO en perjuicio de CELSO DAVID BARRALAGA BONILLA.- 8) Decretar Sobreseimiento Definitivo a LUIS DAVID AGUILAR DONAIRE por suponerlo responsable del delito de ROBO en su condición de COMPLICE en perjuicio de CELSO DAVID BARRALAGA BONILLA.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: Articulo 1, 80, 82, 90, 92, 95, 303 y 304 de la Constitución de la Republica; 1, 2, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 172, 173 no. 3, 178, 179, 180, 184, 296, 297 no. 1, 298, del Código Procesal Penal; Articulo 193 en relación con el 25 y 26 del Código Penal vigente.- NOTIFIQUESE A LAS PARTES LA PRESENTE RESOLUCION.” (Folios 104-107 vuelto del antecedente) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada Claudia Carolina Obando Montoya, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación que ha planteado El Ministerio Público, CONTRA EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO dictado contra el acusado RODOLFO ALEXI BARRALAGA DIAZ por el delito de ROBO CON INTIMIDACION en perjuicio de CELSO DAVID BARRALAGA BONILLA. EN CONSECUENCIA: SE CONFIRMA LA RESOLUCION RECURRIDA.- SEGUNDO: Declarando CON LUGAR el Recurso de Apelación que ha planteado La Defensa Privada CONTRA EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO dictado contra el acusado LUIS DAVID AGUILAR DONAIRE por el delito de COMPLICE DEL DELITO DE ASESINATO en perjuicio de CELSO DAVID BARRALAGA BONILLA, JONATHAN MOISES GARCIA SUAZO, IXEL JAFETH BARRALAGA PEREZ.- TERCERO: SE REVOCA LA RESOLUCION RECURRIDA.- EN CONSECUENCIA: SE DICTA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL contra el acusado LUIS DAVID AGUILAR DONAIRE por el delito de COMPLICE DEL DELITO DE ASESINATO en perjuicio de CELSO DAVID BARRALAGA BONILLA, JONATHAN MOISES GARCIA SUAZO, IXEL JAFETH BARRALAGA PEREZ.- CUARTO.- Se le instruye al A-Quo que haga aplicación del INSTRUCTIVO PARA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CASOS DONDE SE HAYA DECRETADO SOBRESEIMIENTOS PROVISIONALES, dictado por la Corte Suprema de Justicia en interpretación del artículo 295 del Código Procesal Penal señala, “En los casos que resulte procedente dictar un sobreseimiento provisional, el Juez de Letras Correspondiente señalará las diligencias investigativas que el Ministerio Publico debe realizar para la obtención de elementos probatorios encaminados a la acreditación de indicios suficientes de participación del procesado en el delito imputado.- Y MANDA: Que una vez notificadas las partes que se encuentren personadas ante este Tribunal, y firme que sea la presente resolución, se remitan las diligencias al Juzgado de su procedencia para la los efectos legales supra indicados.-NOTIFIQUESE.” (Folios 5-12 del expediente del Ad-quem).4) Que la recurrente, Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.5) Que en fecha veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito, el escrito presentado por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene por objeto, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. Igualmente, el artículo 9.3.b de la misma ley es competente esta Sala para conocer el presente recurso de amparo penal en razones de las alegaciones de violación de derechos fundamentales por un órgano jurisdiccional. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua. De fecha diecisiete (17) de mayo del dos mil veintidós (2022), que en su parte dispositiva falla: PRIMERO: Declarando Sin Lugar el Recurso de Apelación que ha planteado el Ministerio Público contra el acusado Rodolfo Alexi Barralaga Díaz por el delito de Robo con Intimidación en perjuicio de Celso David Barralaga Bonilla. En consecuencia, se confirma la resolución recurrida. - SEGUNDO: Declarando Con Lugar el Recurso de Apelación que ha planteado la Defensa Privada contra el Auto de Formal Procesamiento dictado contra el acusado Luis David Aguilar Donaire por el delito de Cómplice del Delito de Asesinato en perjuicio de Celso David Barralaga Bonilla, Jonathan Moisés García Suazo, Ixel Jafeth Barralaga Pérez. Tercero: Se revoca la resolución recurrida. En consecuencia, se dicta Sobreseimiento provisional contra el acusado Luis David Aguilar Donaire por el delito de Cómplice del Delito de Asesinato en perjuicio de Celso David Barralaga Bonilla, Jonathan Moisés García Suazo, Ixel Jireth Barralaga Pérez,CUARTO: Se instruye…” CONSIDERANDO (4): Que la impetrante plantea en la acción de amparo, que la resolución del Tribunal de Alzada vulnera derechos constitucionales contenidos en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. Confirma el sobreseimiento definitivo a favor de Rodolfo Alexis Barralaga Díaz por el delito de Robo y se centra en el hecho que la víctima entregó el arma de fuego de manera voluntaria con el fin de que éste los cuidara, sin perjuicio del uso que se le dio después del hecho, el provecho económico al venderla a un tercero, así como otros elementos. CONSIDERANDO (5) :Que en relación al delito de Asesinato en su grado de Complicidad imputado al señor Luis David Aguilar Donaire señala en el fallo, que la prueba indiciaria no aportó elemento de participación del acusado mediante actos anteriores al delito de Asesinato, cuya autoría directa se le asignó al imputado Rodolfo Alexi Barralaga Díaz, que en el tema de simultaneidad de los actos realizados por el cómplice, con los actos del autor del hecho, implicaría que el acusado llevase al autor del hecho al lugar donde se cometen los mismos y con conocimiento de ellos, para que una vez que el autor de los mismos los haya realizado, lo aleja de la zona de los hechos, aunque no ejecuta el plan de este, facilitando la ejecución del plan de este, sin embargo, en el caso de autos el testigo protegido A-85 solo refiere que vio llegar al acusado en una motocicleta, una vez que el autor de los hechos ya había realizado los mismos se lo llevó, por lo que el acto imputable no resulta un acto simultaneo, sino un acto posterior, lo que no incluye la conducta atribuida al acusado, pudiendo incluirse en otro tipo de conductas que atiendan a obstruir la acción de la justicia y procede sobreseer provisionalmente a favor del encausado Luis David Aguilar Donaire.CONSIDERANDO (6): Que para el fiscal, el criterio esgrimido por el Ad-Quem y que no comparte, viola al debido proceso pues la motivación externada para confirmar el sobreseimiento definitivo por el delito de robo y reformar la decisión del A-Quo al dictar un sobreseimiento provisional por el delito de Asesinato en su Grado de Complicidad a favor de los imputados, vulnera el derecho fundamental que le asiste al representante de la sociedad a tener una sentencia que cumpla con los requisitos de exhaustividad y suficiencia de la motivación que exige el debido proceso, según artículo 90 de la Constitución de la República, con respecto a la inobservancia de los requisitos esenciales de los artículos 141, 202 y 338 del Código Procesal Penal, no explica la motivación cuestionada de forma objetiva las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio conforme las reglas de la sana critica para arribar a una conclusión, falencias que causan la vulneración a la tutela judicial efectiva que le asiste al representante de la sociedad, que aportó el material indiciario suficiente para acreditar la probable realización de los hechos que se imputan y la probable participación de los imputados en los mismos, no explicando el juzgador las razones del por qué no le daba valor probatorio a los mismos, lo que no fue cuestionada durante el desarrollo de la audiencia inicial. CONSIDERANDO (7): Que vistos los antecedentes, la sentencia impugnada decidió Confirmar el sobreseimiento definitivo a favor de Rodolfo Alexis Barralaga Díaz por el delito de Robo y en cuanto al delito de Asesinato en su grado de Complicidad imputado al señor Luis David Aguilar Donaire REVOCA la resolución recurrida y dicta Sobreseimiento provisional contra el acusado Luis David Aguilar Donaire por el delito de Cómplice del Delito de Asesinato en perjuicio de Celso David Barralaga Bonilla, Jonathan Moisés García Suazo, Ixel Jireth Barralaga Pérez, contra el auto de formal procesamiento que fuera dictado en Audiencia Inicial celebrada el veinticuatro (24) de junio del año dos mil veintiuno (2021)por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua. CONSIDERANDO (8): Que la Alzada expresa, en el asunto de estudio de la acusación y recurrente, se cuestiona que en la decisión el A-Quo no se tomó en cuenta los medios de prueba presentados para el dictado de un auto de formal procesamiento por el delito de robo; empero, del análisis de la lectura del recurso planteado, establece el libelista, que al acusado le ha entregado el arma de manera voluntaria, por parte de una de las víctimas, con el fin de que este les cuidara, por lo que sin perjuicio del uso posterior que se le da al arma de fuego, y, finalmente el provecho económico que el autor de un hecho de sangre hace con el arma al vendérsela a un tercero, no se cumplen los elementos configuradores del delito de robo, como que ésta sea arrebatada mediante violencia o intimidación al dueño de esta, o fuerza en las cosas en algún caso, sino que este portaba el arma por la entrega voluntaria del dueño de esta, esto sin perjuicio que, si exista afectación del derecho de propiedad, y el lucro de parte del acusado, que sea atribuible a otro tipo de calificación delictiva. En cuya consecuencia, se confirma la resolución judicial recurrida por la acusación pública. CONSIDERANDO (9): Que la Alzada refiere en el fallo, que la Defensa señala que el testigo protegido en la prueba anticipada en ningún momento se refiere a su defendido ya que él no lo conoce y no sabe quién es, en el audio que está en el expediente judicial no lo identifica físicamente, como andaba vestido, cual es la altura aproximadamente, que color de ropa andaba vestido el día de los hechos y también no identifica a la motocicleta y si bien menciona a David pero no solo mi cliente se llama así, por lo que ataca las reglas de la sana critica ya que un testimonio no es suficiente, esta Alzada teniendo en cuenta la motivación de la resolución judicial en el apartado primero, párrafo cuarto, donde el A-Quo expresa que es la declaración del testigo protegido A-85 el que manifiesta que el día de los hechos después de relatar el desarrollo de los hechos realizados por el acusado Rodolfo Alexis Barralaga Díaz quien apunta de disparos le quito la vida a las víctimas, observa el testigo a una persona de nombre David, a quien le apodan pintura, en una motocicleta que recogió a Rodolfo, siendo el único dato que relaciona al acusado Luis David Aguilar Donaire, que al analizar la imputación fijada en el auto de formal procesamiento contra el acusado Luis David Aguilar Donaire se fija por la complicidad en eldelito de Asesinato, que ante la calificación dada a la conducta del acusado, resulta necesario analizar la norma de derecho positivo contenido en el artículo 26 párrafo segundo el Código Penal que a su letra expresa “son cómplices, quienes no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan en la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos”; que en el asunto de estudio la prueba indiciariamente no aporta elementos de participación del acusado mediante actos anteriores, anteriores al delito de asesinato, cuya autoría directa se le asigna al imputado Rodolfo Alexi Barralaga Díaz, que en el tema de los actos de simultaneidad de los actos realizados por el cómplice, con los actos del autor del hecho, implicaría que el acusado llevase al autor del hecho al lugar donde se cometen los mismos y con conocimiento de los mismos, para una vez que el autor de los mismos los haya realizado, lo aleja de la zona de los hechos, se exige que tenga conocimiento del plan del autor de hecho, aunque no ejecuta el plan de este, facilita la ejecución del plan de este, en el caso de los autos, el testigo protegido A-85 según la motivación judicial en la parte aludida, señala que el testigo solo refiere que vio llegar al acusado en una motocicleta, una vez que el autor de los hechos ya había realizado los mismos, llevándose al autor de los mismos, el acto imputable no resulta un acto simultaneo, sino un acto posterior, lo que no incluye la conducta atribuida al acusado, pudiendo incluirse en otro tipo de conductas que tiendan a obstruir la acción de la justicia, en cuya consecuencia, procede sobreseer provisionalmente las diligencias a favor del acusado”. CONSIDERANDO (10): Que la Alzada si bien es cierto ha emitido un fallo que resuelve los recursos de apelación presentados en el presente proceso, tanto para la Fiscal del Ministerio Público que lo declara Sin Lugar y para la Defensa Privada de los imputados lo declara Con Lugar y Revoca la resolución recurrida, -es decir- contra el auto de formal procesamiento, dictando un sobreseimiento provisional a favor de uno de los acusados Luis David Aguilar Donaire por el delito de Cómplice del Delito de Asesinato en perjuicio de Celso David Barralaga Bonilla (20 a.), Jonathan Moisés García Suazo (17 a.) e Ixel Jafeth Barralaga Pérez 13 a.), aun y cuando se encuentra acreditada la comisión del delito como obra en las diligencias de mérito contra las tres víctimas, quedando establecida su muerte e identificación de cada uno. CONSIDERANDO (11): Que evacuados los medios probatorios admitidos a la Fiscalía del Misterio Público consistente en declaraciones de testigos protegidos A-85 y AA-20 con las formalidades de la prueba anticipada y declaración en Sede Judicial de Celso Efraín Barralaga con las formalidades de prueba anticipada, el Juez A-Quo da credibilidad a la declaración del Testigo Protegido A-85, quien hizo una relación pormenorizada de los hechos ocurridos, quien se encontraba a 13 metros de donde ocurrieron los hechos delictivos, lo relevante de su declaración es que Alexi le dijo a Celso que él los iba a cuidar y que le pasara la pistola, el cipote le paso la pistola; Rodolfo se quedó a dormir con Celso (victima) en la cabina del Vehículo y los otros dos (victimas) en la paila del vehículo, que como a las 3 y 30 de la madrugada escuchó dos disparos, se levantó y observó a Rodolfo con la pistola en la mano, dirigirse hacia la parte de atrás del vehículo en eso escucho un disparo más, al ratito escucho dos disparos más, por lo que salió corriendo hacia el fondo del terreno observando a una persona de nombre David, a quien le apodan pintura en una motocicleta que recogió a Rodolfo por todo escucho como siete u ocho disparos. Que para el A-Quo las declaraciones rendidas de los testigos A-85 y AA-20 con las formalidades de prueba anticipada y la declaración en Sede Judicial de Celso Efraín Barralaga con las mismas formalidades que son también concordantes con el resto de las pruebas presentadas por el Ministerio Púbico relacionando cada una e indicando el decomiso del arma con la cual se dio muerte a las víctimas; es así, que quedó acreditada la muerte real y legal de las victimas con sus nombres designados, se acreditó el lugar donde ocurrieron los hechos y donde se encontraron los cuerpos de las víctimas. En cuanto a la prueba de descargo presentada consistente en la declaración testifical de Caridad Rivera Guzmán y Juan Alberto Machado Alvarado, el juzgador no le otorga credibilidad por las contradicciones entre uno y otro y por no contar dicha prueba con otras pruebas que le den sustento a la misma y, concluye, que con los elementos de prueba presentados ha quedado acreditada la plena prueba de haberse cometido el delito de Asesinato y el indicio racional de que el imputado Rodolfo Alexi Barralaga Díaz ha participado en el mismo, igualmente ha quedado acreditado la plena prueba de haberse cometido el delito de Asesinato en su Grado de Complicidad y el indicio racional de que el imputado Luis David Aguilar Donaire ha participado en el mismo. En cuanto a la imputación por el delito Robo del Arma de Fuego…” CONSIDERANDO (12): Que examinados por esta Sala los antecedentes del caso subjudice, tanto las actuaciones del A-Quo como del Ad-Quem, estima esta Sala su razonamiento de la siguiente forma: La sentencia recurrida llama a preocupación, en el sentido del aparente desconocimiento que muestra en su resolución el Tribunal de Alzada sobre conceptos y criterios jurisprudenciales básicos concernientes al procedimiento penal. En el caso en estudio, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, desconoce totalmente el contenido del último párrafo del Artículo 88 de la Constitución de la República; desestima en forma impropia la validez de las declaraciones rendidas ante el juez con las formalidades de la prueba anticipada del testigo protegido A-85 y declaración en sede judicial de Celso Efraín Barralaga con las formalidades también de prueba anticipada, para finalmente, dictar un sobreseimiento provisional sin apoyo probatorio alguno, demostrando con ello su poco entendimiento del propósito de la etapa preparatoria y de la finalidad en sí de nuestro proceso penal, y lo más importante, ha provocado una transgresión a la garantía del debido proceso en perjuicio no solo de los intereses de la sociedad, sino de las víctimas, Celso David Barralaga Bonilla (20 a.), Jonathan Moisés García Suazo (17 a.) e Ixel Jafeth Barralaga Pérez 13 a.) y la forma alevosa con que actuaron los imputados al quedar acreditado por el ente acusador todos los requisitos objetivos y subjetivos del delito de asesinato, establecido en el artículo 193 del Código Penal. Por otro lado, el precepto normativo, revelado en el último párrafo del artículo 294 del Código Procesal Penal dispone expresamente, que en la audiencia inicial se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la posible realización del hecho que se imputa, su relevancia jurídico penal y la probabilidad de que el imputado haya tenido participación en el mismo. La etapa preparatoria del proceso penal en su fase de investigación tiene como propósito esclarecer los hechos para que las partes puedan efectuar las afirmaciones acusatorias o exculpatorias, mismas que después en el juicio oral se verificarán con la prueba que se aporte, con el fin de servir de fundamento a la sentencia. Para ello, es imprescindible aclarar, que si bien los elementos de investigación o actos de investigación que se reúnen en esta etapa —como son las declaraciones rendidas ante juez- entendiéndose como tal los que se reproducen en la etapa del juicio oral y público, los mismos son suficientes y relevantes —salvo aporte de la defensa en contrario— para decidir sobre la procedencia de continuar el proceso y encausarlo hasta el juicio oral y público como es el caso que nos ocupa, sin embargo, se presta atención como el Tribunal de Apelaciones pretende buscar la plena persuasión de inocencia en una etapa del proceso que todavía no la exige. CONSIDERANDO (13) :Que para esta Sala, la veracidad y relevancia de los actos de investigación, se encuentra garantizada por disposición de la ley procesal penal; según la cual, corresponde al Ministerio Público practicar la investigación para desentrañar los elementos de existencia del supuesto hecho delictivo, normativa claramente dispuesta en los artículos 272 y 279 Código Procesal Penal, por tanto e juzgador deberá tomar en cuenta que el representante y defensor de los intereses de la sociedad (El Estado) actúa bajo el Principio de Objetividad, que merece toda credibilidad en sus actuaciones, sin perjuicio de las aportaciones que haga valer la defensa en contrario; esto permite al juzgador valorar juiciosamente para sostener la existencia del delito y la participación del imputado como autor o cómplice en el mismo durante la etapa preliminar e intermedia del proceso. Los actos de investigación no son suficientes para fundamentar la sentencia definitiva, dictada por el Tribunal de Sentencia; pero si, como material indiciario en las etapas preparatoria e intermedia del proceso, para acreditar la probable realidad del hecho imputado, su relevancia jurídico penal y la supuesta responsabilidad de la persona imputada; así como de la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de medidas cautelares y con ello establecer la situación jurídica del encausado durante la sustanciación del proceso, finalidad primordial de la audiencia inicial. CONSIDERANDO (14): Que este Alto Tribunal de Justicia confirma que las declaraciones testificales rendidas ante juez competente indiscutiblemente forman parte del expediente investigativo al momento de celebrarse la audiencia inicial, por cuanto el Juez al tomar la decisión de si procede dictar o no el respectivo auto de formal procesamiento contra el o los imputados, deberá entonces en este momento procesal razonar de manera motivada, se precisa recordar, que en esta fase del proceso únicamente se establece la probabilidad razonable más no la certeza de que el imputado ha podido participar como cómplice en la comisión del delito que se le atribuye, aspectos que el Tribunal de Alzada parece desconocer; de los anteriores razonamientos, reitera esta Sala, es que todas estas valoraciones se hacen sin perjuicio del aporte probatorio que realice la defensa, sin dejar por alto que esta prueba de carácter indiciario puede ser contradicha con otros elementos probatorios por la parte defensora, sin embargo, se deja ver que en el presente asunto, la actividad probatoria de la defensa privada no presentó objeción a los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público y presenta únicamente como elementos de prueba la declaración de dos testigos, para acreditar -según la defensa- que su defendido estuvo en la Aldea la Joya, El Rosario, los días 29 y 30 de mayo cuando sucedieron los hechos, testigos que fueron desestimados por el A-Quo por las contradicciones encontradas en sus declaraciones y por no contar con otra prueba que le diera sustento a los mismos. En cuanto al delito de robo, como motivo de impugnación, de los hechos señalados y los elementos de prueba presentados por el ente acusador, se concluye que por la dinámica de cómo sucedieron los hechos, no se dan los presupuestos legitimadores para este delito, según lo dispuesto en los artículos 361 y 363 del Código Penal, criterio que comparte esta Sala; es importante traer como punto importante, que el tema a dirimir no es en torno al juicio de culpabilidad sino más bien al de probabilidad, que es precisamente en lo que nos encontramos en esta etapa del proceso, se procura no la fijación definitiva de los hechos sino la preparación del juicio en el que debe decidirse con precisión si la prueba que se produzca en el debate resulta suficiente para quebrantar el principio de presunción de inocencia. CONSIDERANDO (15): Que la Sala es del parecer, que el Tribunal de Alzada adecue y ajuste sus decisiones a lo que dispone la norma procesal penal, de conformidad a los razonamientos mencionados en el presente fallo, pues la determinación de la Corte de Apelaciones al declarar sin lugar el recurso de apelación al ente acusador y revocar el auto de formal procesamiento por el delito de Asesinato en su Grado de Cómplice contra el imputado Luis David Aguilar Donaire y en su lugar dictar un sobreseimiento provisional, -es decir- excluir la participación del imputado en el hecho delictivo sin apoyar su decisión en evidencia o elemento probatorio alguno, sino más bien desvirtúa medios probatorios aportados en la audiencia inicial que no fueron objetados por la defensa y, que una vez valorados con arreglo a la sana critica racional, la lógica, las máximas de la experiencia, y que el Órgano Jurisdiccional bajo las condiciones de legalidad e inmediación que provee el proceso penal llegó al convencimiento de plena prueba de haberse cometido el delito, a través de la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal, estimando como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia para adquirir la convicción de que el imputado si participó en la comisión del mismo, se deduce entonces de la foliada, que no existe sustento o elementos probatorios de peso para que la Alzada dicte un sobreseimiento provisional desconociendo la declaración de testigos en sede judicial, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución de la República en relación directa a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal como ha quedado expresado. La Sala reitera, que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, requiere además que se respeten las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. CONSIDERNADO (16): Que analizados los antecedentes y la sentencia objeto del recurso, se concluye que las consideraciones del fallo recurrido no permiten una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, lo que quebranta tanto el principio de legalidad como la garantía del debido proceso reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por tanto, esta Sala es del parecer que se conceda la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en respeto a la tutela del debido proceso, proceda a dictar una nueva resolución bajo los parámetros establecidos en este fallo, motivada y conforme las reglas de la sana crítica y en forma integral y objetiva, por haber quebrantado y vulnerado manifiestamente la garantía del debido proceso como ha quedado expresado. POR TANTO la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de amparo de que se ha hecho mérito Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VALLECILLO PAREDES. - NOTIFIQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO- 0988-2022
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.