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Sentencia AP-982-21 — Registro 17545

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación y confirmó resolución en solicitud de revocación de medida de aseguramiento del bien inmueble de recurrente; La Autoridad recurrida encuentra que la resolución impugnada es conforme a derecho al denegar la revocatoria solicitada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"el respeto asumido por la Corte de Apelaciones recurrida a los derechos constitucionales invocados en formalización del recurso de amparo, ajustándose la resolución bajo estudio a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de Debido Proceso; así como en congruencia al derecho de inviolabilidad de la defensa y al principio de Legalidad, establecidos en el Bloque de Constitucionalidad..."..."en definitiva, a lo anteriormente expuesto, se aúna no observarse comprometida la integridad del derecho de propiedad de la ciudadana WUENDY RAQUEL MONTES BOBADILLA, con la medida de aseguramiento de bienes legalmente impuesta. Según lo prescrito en el artículo 103 de la Constitución de la República, el Estado de Honduras garantiza el derecho de propiedad, si adquirido de forma lícita, con respeto a las exigencias de la legalidad vigente; lo cual constituye, asimismo, y en su formulación lógica implícita, presupuesto de la acción que la doctrina ha caracterizado como institución autónoma de carácter patrimonial, que permitiría al Estado a través de un proceso judicial desvirtuar el derecho de propiedad de quien manifieste ostentarlo; de acreditarse debidamente, en un proceso dotado de todos los derechos y garantías, la acción u omisión personal que facilitó o permitió la destinación ilegal de los bienes patrimoniales sujetos a intervención. Por todo lo cual, resulta del caso dictar sentencia desestimatoria a la presente acción de Amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil veintitrés.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada AYLING V. PEREZ FIALLOS, a favor de la señora WUENDY RAQUEL MONTES BOBADILLA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CON COMPETENCIA Y JURISDICCION NACIONAL EN MATERIA DE PRIVACION DEFINITIVA DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO, en fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, que declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra las actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACION DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO CON JURISDICCION NACIONAL, con relación a la Solicitud de Revocación de Medida de Aseguramiento del bien inmueble registrado bajo matrícula 538919 del Instituto de la Propiedad de Trujillo, departamento de Colón, Propiedad de la señora WUENDY RAQUEL MONTES BOBADILLA.ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el Ministerio Público a través de la Abogada MARLEN RODRIGUEZ, compareció ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, solicitando se decretara la medida cautelar de aseguramiento de varios bienes inmuebles. (Folios 1-6 de los antecedentes) 2) Que en fecha ocho días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, con Jurisdicción Nacional, emitió resolución en la cual: RESUELVE: 1) Tener por admitida la solicitud de Medida de Aseguramiento, juntamente con el informe rendido por la Dirección de Lucha Contra el Narcotraficante, presentado por la Abogada MARLEN RODRIGUEZ, quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado.- 2) Decretar la Medida Precautoria de Aseguramiento sobre los bienes antes descritos...” (Folios 20-24 pieza de los antecedentes)3) Que en fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno la Abogada AYLING V. PEREZ FIALLOS, actuando en su condición de Defensora Privada de la señora WUENDY RAQUEL MONTES BOBADILLA, compareció ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, solicitando celebración de audiencia en la cual, se revocara la medida de aseguramiento, en virtud de no haberse promovido la acción de Privación por parte del Ministerio Público. (Folio 31 de la pieza de antecedentes) 4) Que en fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, el citado Juzgado, emitió su resolución mediante la cual: “RESUELVE: 1) Admitir el escrito de solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento sobre los bienes de la señora WUENDY RAQUEL MONTES BOBADILLA, presentado por la Abogada AYLIN V. PEREZ FIALLOS. - 2) Y en cuanto a lo solicitado por la peticionaria SIN LUGAR,” (Folio 34 de la pieza de antecedentes) 5) Que conociendo del Recurso de Apelación presentado contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, dictó sentencia en fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la cual: “FALLA: 1) NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto. - 2.- CONFIRMAR la resolución apelada.” (Folio 92-95 de la pieza de antecedentes).6) Que en fecha veinte de septiembre de dos mil veintiuno, la Abogada AYLING V. PEREZ FIALLOS, compareció ante la Sala de lo Constitucional, presentando recurso de amparo a favor de la señora WUENDY RAQUEL MONTES BOBADILLA, contra la sentencia dictada por el Ad-Quem, por estimarla violatoria a los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.7) Que en fecha veintisiete de marzo dos mil veintitrés, la Sala tuvo por formalizada, en tiempo y forma, la acción de mérito presentada por la Abogada AYLING V. PEREZ FIALLOS, en su condición preindicada, omitiendo dar la vista de las diligencias al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo que establece el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CON COMPETENCIA Y JURISDICCION NACIONAL EN MATERIA DE PRIVACION DEFINITIVA DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO, por la cual declaró NOHA LUGAR el Recurso interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACION DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO CON JURISDICCION NACIONAL, con relación a la Solicitud de Revocación de Medida de Aseguramiento del bien inmueble registrado bajo matricula 538919 del Instituto de la Propiedad de Trujillo, departamento de Colón, propiedad de la señora WUENDY RAQUEL MONTES BOBADILLA; sentencia confirmatoria que se fundamentó en que, encontraba suficiente justificación fáctica y jurídica para la resolución adoptada por el Juzgado especializado A Quo, en cuanto a la carga de argumentación empleada para denegar la solicitud de revocatoria de tal medida de aseguramiento; con vista a las disposiciones legales específicamente aplicables, tales como son las contenidas en los artículos 5 y 33, párrafo quinto, de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. Asimismo, en los acápites 4.- y 5.-, motiva, la sentencia en relación, la congruencia existente entre la fecha de presentación de las solicitudes, por parte del Ministerio Público, para el inicio y prorroga de las medidas de aseguramiento implementadas sobre los bienes de la señora WUEDY RAQUEL MONTES BOBADILLA; las cuales se encuentran dentro de los términos legales establecidos, y dentro de las facultades que otorga la Ley al Juzgado A Quo. CONSIDERANDO (4): Que, en formalización de la garantía de amparo, interpuesta a favor de la señora WUENDY RAQUEL MONTES BOBADILLA, manifestó la Abogada AYLING V. PEREZ FIALLOS, la siguiente incidencia de agravios en cuanto a los derechos constitucionales que estima vulnerados y el concepto de su violación, del siguiente tenor: 1. DERECHO AL DEBIDO PROCESO, prescrito en el artículo 90 de la Constitución de la República y que literalmente dice: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; con relación al artículo 39 de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que asegura el debido proceso durante el ejercicio y trámite del proceso respecto a la privación definitiva del dominio; en vista a que la medida estuvo vigente por 24 meses, solicitando prorroga el Ministerio Público en dicho expediente, tal como estipula la ley, más sin aportar nada al proceso. Manifiesta asimismo la garantista, que, en el caso concreto se ha infringido la garantía legal contenidos en los artículos 33 y 35 de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, con relación a los artículos 65 y 69 de la Ley de Lavado de Activos; los cuales transcribe, por considerar resultan conducentes a regular la duración y procedencia de las Medidas de Aseguramiento. 2. DERECHO DE DEFENSA, prescrito en el artículo 82 de la Constitución de la República y que literalmente dice: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”, el cual se traduce en el deber de los tribunales a garantizar una tutela judicial efectiva, a efecto obtener una resolución fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual acaece, en el presente caso, dada la falta de aplicación de normas penales sustantivas y la aplicación de normas legales adjetivas, en quebrantamiento del principio de legalidad; así como del principio de presunción de legalidad y en desprotección de los intereses generales de la sociedad. CONSIDERANDO (5): Que, finalmente, esgrime la amparista, se ha vulnerado a la persona agraviada: 3. ELDERECHO DE PROPIEDAD, prescrito en el artículo 103 de la Constitución de la República y que literalmente dice: “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas por motivos de necesidad o interés público establezca la ley”, lo cual corresponde al supuesto de hecho por el cual se invoca el presente amparo, en vista a que la señora WUENDY RAQUEL MONTES BOBADILLA no tiene ningún proceso pendiente, ni investigativo en su contra, a pesar de lo cual se encuentra siendo privada de su derecho de propiedad; ante una medida de aseguramiento vencida, no resuelta en plazo razonable por el Estado de Honduras. Refiere que, ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicho plazo deberá contarse desde el primer momento en que fue asegurado el inmueble, tal y como fue el 28 de septiembre de 2016. – Por lo anterior, solicita se otorgue el presente Recurso de Amparo, a efecto reivindicar la integridad de los derechos constitucionales de la señora WUENDY RAQUEL MONTES BOBADILLA. CONSIDERANDO (6): Que vista para sentencia la resolución de la cual se viene en amparo, en acatamiento a la configuración constitucional del derecho de debido proceso, le brinda una solución jurisdiccional vinculada a derecho y debidamente motivada a la resolución del Juzgado de Primera Instancia, especializado conocer acciones sobre privación definitiva del dominio, acorde a la ley respectiva; lo cual genera desde luego discrepancia a la pretensión garantista de la Defensa, pero sin brindar el contenido de la garantía constitucional, así promovida, elementos de juicio suficientes, relevantes y congruentes, del porqué se habría violentado a la señora MONTES BOBADILLA, el plexo de los derechos fundamentales invocados como infringidos por la Letrada garantista y que le asisten como ciudadana. CONSIDERANDO (7): Que, abundando en lo anteriormente expuesto, no se ha puesto en entredicho con la presentación de la presente garantía constitucional, el contenido prescriptivo del artículo 37 de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito (LSPDDBOI), que a la letra dice: “Artículo 37.- LA REVOCACIÓN DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS. Las medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento pueden ser revocadas por el Ministerio Público o por el Órgano Jurisdiccional Competente en los casos que esta Ley determine. El Órgano Jurisdiccional solamente puede revocar las medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento dictado, si la petición de que se revoque es presentada por el Ministerio Público o en la sentencia definitiva que declare sin lugar la solicitud de privación definitiva de dominio. La revocación se llevará a cabo con la presencia del representante del Ministerio Público y del apoderado legal del afectado o titular”; norma jurídica vigente y de pertinente aplicación a los hechos que se conocen en el caso de mérito, según lo fallado por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán con Competencia y Jurisdicción Nacional en materia de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de origen ilícito, en su resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.CONSIDERANDO (8): Que, en consonancia a jurisprudencia autorizada por esta alta sede de Justicia Constitucional: “La seguridad debe estaral servicio de la libertad, entendida en un sentido amplio, de libre desarrollo de la personalidad, es decir, ejercicio de la libertad, lo que incluye la intimidad, la dignidad y, por supuesto, la vida, la salud e, incluso, la propiedad”, lo cual debe tomarse en cuenta por el Legislador, en abstracto, al discernir los presupuestos del riesgo, y por el Juzgador, en concreto, al argumentar respecto a la adopción de la medida prevista legalmente; para lo cual es claro deberá implementar la carga de motivación necesaria en cuanto a la certeza de riesgo; y, por otra, a la acreditación, o no, de la ilicitud en el objeto.CONSIDERANDO (9): Lo anterior, en síntesis valiosa de la tensión constante existente entre el valor seguridad jurídica y la exigencia por una mayor eficacia del ordenamiento, sin obviar en ningún momento su deber de garantía de los derechos y libertades fundamentales de la sociedad, lo cual ha sido puesto de manifiesto por estudios de la Política Criminal, entre los cuales el formulado por Emiliano BORJA JIMÉNEZ, para quien: “El Derecho penal, pues, encuentra su propia razón de ser y esencia dentro del marco dibujado por estas dos consideraciones: de una parte, la que viene condicionada por la necesidad de que las normas que lo integran contribuyan eficazmente a la protección de la sociedad y de los individuos que la integran (…) y de otra parte, estableciendo la exigencia de que esta función de protección no se lleve a cabo a costa de un sacrificio ilimitado de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”. CONSIDERANDO (10): Que, a manera de contextualización, cabe precisar que la Jurisdicción está llamada, por imperativo constitucional, a resolver caso por caso, la tensión existente entre tales valores y expectativas de derecho; entre las cuales, la de mantenimiento (restablecimiento) de la vigencia efectiva de la norma, lo cual tiene, por cierto, aplicación para dirimir los casos de emergencia, de riesgo concreto; efectuando una ponderación adecuada, entre el riesgo real y existente, hacia bienes jurídicamente protegidos; con la mesura, idoneidad y proporcionalidad de las medidas que precave legalmente el Estado para contrarrestarlo. CONSIDERANDO (11): Que se aprecia, pues, el respeto asumido por la Corte de Apelaciones recurrida a los derechos constitucionales invocados en formalización del recurso de amparo, ajustándose la resolución bajo estudio a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de Debido Proceso; así como en congruencia al derecho de inviolabilidad de la defensa y al principio de Legalidad, establecidos en el Bloque de Constitucionalidad. CONSIDERANDO (12): Que, en definitiva, a lo anteriormente expuesto, se aúna no observarse comprometida la integridad del derecho de propiedad de la ciudadana WUENDY RAQUEL MONTES BOBADILLA, con la medida de aseguramiento de bienes legalmente impuesta. Según lo prescrito en el artículo 103 de la Constitución de la República, el Estado de Honduras garantiza el derecho de propiedad, si adquirido de forma lícita, con respeto a las exigencias de la legalidad vigente; lo cual constituye, asimismo, y en su formulación lógica implícita, presupuesto de la acción que la doctrina ha caracterizado como institución autónoma de carácter patrimonial, que permitiría al Estado a través de un proceso judicial desvirtuar el derecho de propiedad de quien manifieste ostentarlo; de acreditarse debidamente, en un proceso dotado de todos los derechos y garantías, la acción u omisión personal que facilitó o permitió la destinación ilegal de los bienes patrimoniales sujetos a intervención. Por todo lo cual, resulta del caso dictar sentencia desestimatoria a la presente acción de Amparo. POR TANTO: de lo Constitucional de de Justicia, como intérprete último y definitivo de de , en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 82, 90, 103, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de de ; 1 y 8 de de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente garantía constitucional de amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0982-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.