Sentencia AP-981-22 — Registro 17766
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia que declara sin lugar apelación, con relación a la causa que se instruye por supuesta responsabilidad en los delitos de Fraude y Lavado de Activos en perjuicio de la Administración Pública y la Economía del Estado de Honduras respectivamente.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que el caso bajo estudio está relacionado directamente con el estado de salud del privado de libertad, estado de salud que de acuerdo al Informe Médico Forense está siendo tratado por el personal médico, asistiéndolo con los medicamentos necesarios, para controlar sus patologías de base. De acuerdo a lo expuesto por los peritos forenses (SIC) “el señor mantiene los órganos y sistema sin alteraciones, por lo que recomiendan se le hagan revisiones periódicas para determinar la causa del vértigo”. En consecuencia, la alteración de la salud del privado de libertad, puede ser tratada dentro del centro penitenciario, bajo las condiciones establecidos por el médico tratante, lo que no priva al imputado del derecho de que se le asista con especialistas en las enfermedades que padece, para lograr el control de dichos padecimientos. En consecuencia, esta Sala de lo Constitucional, concluye en que Debe Denegarse el amparo del que se ha hecho merito, en virtud de que la resolución dictada por el Ad quem contiene, el razonamiento suficiente conforme a derecho, que garantizan los derechos fundamentales del recurrente, así como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos contenidos en los Tratados y/o Convenciones suscritos y ratificados por el Estado..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil veintitrés.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS, a favor del señor OSCAR GUERRA OCAMPO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha trece de junio de dos mil veintidós, que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha veintiocho de mayo de dos mil veintidós, con relación a la causa que instruida contra Oscar Guerra Ocampo, por suponerlo responsable de los delitos de Fraude y Lavado de Activos en perjuicio de la Administración Pública y la Economía del Estado de Honduras, respectivamente. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio su representado, los derechos consagrados en los artículos 59, 65, 68 y 145 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, los Agentes Fiscales, los Abogados Pedro Valladares Reyes, Gina Romero Calix, Blanca Mejía Mejía y Bairon Castro Reyes, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Berttety Osorio, por suponerlos responsables a título de autores de catorce (14) delitos de Violación de los Deberes de los Funcionarios y de catorce (14) delitos de Fraude, un (1) delito de Lavado de Activos; contra el señor Luis Alejandro Joya Fajardo y José Alberto Zelaya Guevara, a título de autores de doce (12) delitos de Violación de los Deberes de los Funcionarios, doce (12) delitos de Fraude y un (1) delito de Lavado de Activos; contra Javier Rodolfo Pastor Vásquez y Carlos Montes Rodriguez a título de Autores de dos (2) delitos de Fraude y un (1) delito de Lavado de Activos; contra Wilmer Rolando Polanco Autor de catorce (14) delitos de Violación de los Deberes de los Funcionarios y como Cooperador Necesario de catorce (14) delitos de Fraude; contra Claudia Marisol Lazo Polanco y Aldo José Sevilla Cerrato a título de Autores de un (1) delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios y a título de Cooperadores Necesarios, de un (1) delito de Fraude; contra Oscar Guerra Ocampo a título de Cooperador Necesario de seis delitos de Fraude y autor de un delito de Lavado de Activos; contra Alex Idilio Reyes Serrano a título de Cooperador Necesario de tres delitos de Fraude y a título de autor de un delito de Lavado de Activos; contra Francisco Javier Pineda Peña a título de Cooperador Necesario de dos delitos de Fraude; contra Rubén Antonio Lozano Girón y Byron Eduardo Menjívar Fuentes a título de Cooperador Necesario de un delito de Fraude y Autores de un delito de Lavado de Activos; y contra Jack Jordan Bodenn Álvarez a título de Autor de un delito de Lavado de Activos y contra Juan Carlos Maradiaga Ortiz a título de autor de un delito de Testaferrato; delitos cometidos en perjuicio de la Administración Pública y la Economía del Estado de Honduras y consecuentemente el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). (Folios 1-37 del tomo I del expediente SCO-735-2022) 2) En fecha veintiocho de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en la celebración de la audiencia de revisión de medidas cautelares dictó resolución mediante la cual dispuso: “…En resumen mandan a que el médico tratante le dé un seguimiento médico constante y efectivo para poder sacar de esa crisis de vértigo al señor Óscar Guerra, y en las demás enfermedades de bases que ha venido sufriendo cómo data la información proporcionada es desde 1994 con las que ha podido sobrevenir a la fecha de igual manera debe dársele un seguimiento formal por el médico tratante a efecto de qué no se llegue a un desenlace no deseado, en ese sentido en relación a la petición de la defensa sobre la revisión de las medidas por lo expuesto anteriormente, se establece, que siguen existiendo y se mantienen los riesgos procesales para cambiar la medida en este momento, dado que del expediente se puede apreciar qué el imputado ha tenido significativa participaciones en los hechos, esto indica qué de estar en libertad puede haber peligro de obstrucción la investigación pues como ya lo dijo el fiscal y en aprecio a la resolución de la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción comparto el criterio de que hay peligro de fuga por la gravedad de la pena a imponer como resultado de un juicio oral y público dado que tiene que enfrentar 6 delitos de fraude a título de cooperador necesario, y un delito de lavado de activos, se aprecia peligro de obstrucción dado que los Testigos si bien es cierto se ha recibido anticipo de prueba los mismos deben comparecer en juicio oral y público y estos testigos podrían ser coaccionados …” (Folio 2660-2663 vuelto tomo VI del expediente SCO-735-2022) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Nilia Raquel Ramos Gonzales, en su condición de Defensor del señor Oscar Guerra Ocampo; contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha trece de junio de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual resolvió: “…PRIMERO: Declarar sin lugar el Recurso de Apelación. SEGUNDO: Confirma la resolución de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción…” (Folios 7-10 vuelto del expediente del Ad-quem) 4) Que la recurrente, la Abogada Nilia Raquel Ramos Gonzales, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del Oscar Guerra Ocampo, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 59, 65, 68 y 145 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha seis de diciembre de dos mil veintidós, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Nilia Raquel Ramos Gonzales, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS, interpuso acción de amparo, contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha trece de junio de dos mil veintidós, que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha veintiocho de mayo de dos mil veintidós, con relación a la causa que instruida contra OSCAR GUERRA OCAMPO, por suponerlo responsable de los delitos de FRAUDE Y LAVADO DE ACTIVOS EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente expone en el recurso: “que en fecha 28 de mayo del presente año 2022, se celebró audiencia de revisión de medidas por los delitos de Fraude y consecuentemente Lavado de Activos, audiencia solicitada por la ocurrencia de un evento en el cual su representado empezó a sentirse con fuertes afectaciones de salud como ser desvanecimiento y desmayos, habiéndole prestado los primeros auxilios un enfermero que tiene asignado el Primer Batallón de Infantería, lugar donde se encuentra recluido el señor OSCAR GUERRA, quien padece de enfermedades de base como ser Hipertensión Arterial Crónica y Diabetes Crónica, enfermedades que tienen una evolución de 18 años, habiendo sido tratadas desde ese tiempo, pero resulta que el 14 de mayo del 2022, en horas de la madrugada el señor Oscar Guerra comenzó a sentirse mal sufriendo un episodio que lo ha mantenido en cama todos estos días desde la fecha en que empezó con los malestares, desvanecimientos, nauseas que no le permiten ponerse de pie. Sigue manifestando la recurrente que en fecha 20 del presente mes y entregado el dictamen en fecha 26 de mayo, en el cual la médico forense Doctora Claudia María Díaz López, el dictamen da como resultado que el señor GUERRA OCAMPO, sufre de Hipertensión Arterial, hipertriliceridemia e hipercolesterolemia y síndrome metabólico de 18 años de evolución, además presenta ceguera del ojo izquierdo secundaria de un glaucoma operado en tres ocasiones en estos 18 años y sin conseguir una respuesta favorable, es decir este paciente presenta una ceguera periférica, es portador de una prótesis artificial total de rodilla derecha y pos operado de la columna por haber sufrido una hernia lumbar, además sufre de hiperplasia protática. Además, establece el dictamen que el señor Guerra sufre de crisis de vértigo alteración que se caracteriza por trastornos en el equilibrio, es decir que el señor Guerra no puede estar parado, sentado ni acostado durante dichos eventos, por esta razón que todas las patologías mencionadas anteriormente requieren evaluaciones periódicas para su control efectivo, los signos y síntomas que presentan son evidentes y por lo tanto él no es capaz de llevar a cabo un trabajo o actividad normal.” CONSIDERANDO: (5) Que la amparista considera “que se han vulnerado los siguientes derechos Fundamentales, Sociales y Libertades Públicas contenidas en la Constitución de la República, en su artículo 59 que declara que “la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla”. La dignidad del ser humano es inviolable. Artículo 145 reformado por Decreto 270-2011 del 19 de enero del 2012 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta NO. 32, 753 del 21 de febrero del 2012, que dispone “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. El Estado conservará el medio adecuado para proteger la salud de las personas. Señala la recurrente que se considera que la salud es el estado de completo bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Señalando que una vez que se ve afectado el derecho a la salud se involucran y comprometen otros derechos fundamentales como el derecho a la vida (artículo 65 constitucional) derecho a la integridad física, psíquica y moral (artículo 68 constitucional) y el principio de dignidad humana artículo 59 de la misma Constitución. Siendo esta unidad intrínseca la que hace que el derecho a la salud adquiera el carácter de derecho fundamental y por lo tanto esa dimensión Constitucional hace que su afectación merezca protección por la vía constitucional de la acción de amparo.” CONSIDERANDO: (6) Que la impetrante ha invocado la “resolución No. SCO-275-2020, dictada por la Sala de lo Constitucional, en la que señala: Que el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y suscrito por Honduras, que reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Además, se señalan las medidas a tomar para asegurar la efectividad de este derecho…, entre ellas la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. La misma resolución señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, que las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las portadores del VIH-SIDA, tuberculosis y las personas con enfermedades en fase terminal. El tratamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores prácticas.” CONSIDERANDO: (7) Que la recurrente manifiesta “que la resolución impugnada también quebranta el Derecho a la Libertad contenido en el artículo 69 y relacionado con el artículo 84 Constitucional, contenido además en los artículos 2 y 7.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. En el artículo 9.1 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, manifiesta la impetrante que de todo este contexto resulta que la medida cautelar de prisión preventiva, impuesta según la normativa procesal penal, por mandato de los Tratados Internacionales Humanitarios, debe estar sujeto a lo que disponen los artículos 69, 84 y demás aplicables de la Constitución de la República: 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (pacto de San José) y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) entre otras disposiciones.” CONSIDERANDO: (8) Que la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en el acápite de los Antecedentes Procesales expone: ”Que el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Corrupción celebró el veintisiete( 27) y veintiocho (28) de mayo del dos mil veintidós (2022), la audiencia de revisión de medidas cautelares a solicitud de la defensa del señor OSCAR GUERRA OCAMPO, al término de la audiencia el A quo determinó declarar sin lugar la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario. Resolución que fue apelada por la representante de la defensa del imputado. La Corte de Apelaciones ahora impugnada, dictó resolución dejando establecido en el párrafo de la Motivación y Fundamentación Jurídica, en cuanto a que la Juez (Aquo), dictó la medida de prisión preventiva por la gravedad de la pena, asociada al peligro de fuga, y el peligro de obstrucción asociado al parentesco o relación laboral que el procesado tenía en su momento con algunos de los testigos que están pendientes de declarar en juicio, destacando la idoneidad de la medida, ya que, la vida y la salud del señor Oscar Guerra Ocampo están bajo toda posibilidad de cuidado médico en el batallón, situación informada por los peritos de medicina forense, quienes explicaron el manejo continuo de su salud y de su padecimiento. Además que en cuanto a la caución depositaria ofrecida fue de L. 600.000.00, no pasó por la valoración y pronunciamiento del Juez como se ordena en el artículo 193 del CPP, no obstante se resolvió que lo ofrecido no era lo bastante y suficiente para cautelar o proteger el riesgo procesal que se quiere evitar, criterio que comparte el Ad quem, señalando que en ese orden de ideas el artículo 188 CPP., establece que el Juez para la sustitución de medidas cautelares privativas de libertad deberá tener en cuenta: 1) Que hayan desaparecido los presupuestos que se tuvieron en cuenta para dictarla. 2) Que el indiciado haya estado recluido por un tiempo igual o superior a la duración mínima de la pena prevista para el delito de que se trate; 3) que haya transcurrido el plazo máximo de duración de la prisión preventiva y su prórroga, en caso de que esta haya sido excepcionalmente acordada y 4) La restricción de la libertad del imputado haya adquirido las características de una pena anticipada o provocado limitaciones a su libertad, que excedan las imprescindibles para evitar los riesgos a que se refiere el artículo 178 de CPP, coincidiendo en todo la Corte de Apelaciones impugnada con el Juez de Letras de Primera Instancia, en consecuencia considera que se ha dictado una resolución conforme a derecho por lo que debe ser Confirmada, declarando Sin Lugar el Recurso de Apelación instruido y confirma la resolución de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintidós.” CONSIDERANDO: (9) Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 172 del Código Procesal Penal, referido a “las medidas cautelares: Presupuestos y Finalidad De las Medidas Cautelares. Estas tienen como finalidad, asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba”. Tres presupuestos sin los cuales no podría realizarse el proceso penal, quedando establecido de esta manera el principio de instrumentalidad de las medidas cautelares. De acuerdo a los antecedentes el recurrente junto a otros imputados, se les impuso la prisión preventiva como medida cautelar, que no tiene un fin en sí misma, sino que se limita a ser un medio instrumental a través del cual se logra llevar el proceso penal adelante y la aplicación de la ley sustantiva, no obstante para imponerla deberán concurrir los presupuestos señalados en el artículo mencionado, siendo preciso: 1. “que existan indicios suficientes para sostener razonablemente que el imputado es autor o partícipe de un hecho tipificado como delito. 2. Que la persona imputada se haya fugado, o exista motivo fundado para temer que podría darse a la fuga en caso de permanecer en libertad; y 3. Que existan fundados motivos para temer que, puesta en libertad, el imputado tratará de destruir o manipular las fuentes de prueba”. Requisitos sin los cuales no cabría aplicar la prisión preventiva que consiste en “el encarcelamiento que se impone al o los imputados (a) de un delito reprimido con pena privativa de la libertad, antes de la sentencia firme, por no poderse neutralizar su peligrosidad procesal con otro tipo coercitivo menos lesivo, más legítimo y al sólo efecto de cautelar conforme a derecho el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley sustantiva en caso concreto”. Al efecto el artículo 178 del Código Procesal Penal, define la prisión preventiva en los siguientes términos “por prisión preventiva se entenderá la privación de la libertad que se produzca, durante el proceso, en cumplimiento de la orden emitida por el órgano jurisdiccional competente, hasta que la sentencia definitiva adquiera el carácter de firme.” En ese orden de ideas, en el caso sub examine concurren los presupuestos para estimar una prisión preventiva, como ser el FUMUS BONI IURIS( juicio de imputación o fundada sospecha de participación del imputado en un hecho punible) y el PERICULUM IN MORA ( peligro de fuga o de destrucción o alteración de la prueba), criterios que han sido ampliamente valorados tanto por el Ad quo, como el Ad quem en sus resoluciones, para mantener la medida cautelar a la que se encuentra sometido el imputado. CONSIDERANDO: (10) Que la Constitución de la República en su artículo 59 señala que la persona Humana es el fin supremo de la Sociedad y del Estado, todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. En su artículo 69, establece la inviolabilidad del derecho a la libertad y los casos en que puede ser suspendida o restringida, lo que significa que la libertad individual es la regla general y solo por excepción, sobre la base de razones legales con intervención del órgano jurisdiccional competente puede ser restringida. La libertad individual, la que pertenece y es inherente a cada individuo de la especie humana, es el derecho que tiene toda persona de realizar acciones u omisiones que le permitan efectuar sus propias elecciones, desarrollar sus capacidades y aptitudes y determinar el curso de su vida; el único límite es que lo que haga no esté prohibido por la Constitución y las leyes y que no afecte los derechos de los demás. De manera recíproca, toda persona espera que los otros no amenacen o lesionen su propio derecho a la libertad mediante cualquier acto que la limite, como sería el caso de la coerción física o moral que restringe y suprime la autonomía de la voluntad, o con cualquier conducta que la coarte, la someta, la reduzca, la oprima, la anule o la sojuzgue. CONSIDERANDO: (11) Que el caso bajo estudio está relacionado directamente con el estado de salud del privado de libertad, estado de salud que de acuerdo al Informe Médico Forense está siendo tratado por el personal médico, asistiéndolo con los medicamentos necesarios, para controlar sus patologías de base. De acuerdo a lo expuesto por los peritos forenses (SIC) “el señor mantiene los órganos y sistema sin alteraciones, por lo que recomiendan se le hagan revisiones periódicas para determinar la causa del vértigo”. En consecuencia, la alteración de la salud del privado de libertad, puede ser tratada dentro del centro penitenciario, bajo las condiciones establecidos por el médico tratante, lo que no priva al imputado del derecho de que se le asista con especialistas en las enfermedades que padece, para lograr el control de dichos padecimientos. En consecuencia, esta Sala de lo Constitucional, concluye en que Debe Denegarse el amparo del que se ha hecho merito, en virtud de que la resolución dictada por el Ad quem contiene, el razonamiento suficiente conforme a derecho, que garantizan los derechos fundamentales del recurrente, así como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos contenidos en los Tratados y/o Convenciones suscritos y ratificados por el Estado. CONSIDERANDO: (12) Que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, reconocen la salud como un derecho humano y las consiguientes responsabilidades que ello implica, como la reconocen de manera explícita e implícitamente las declaraciones internacionales de derechos humanos tales como la Declaración de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Internacional sobre toda Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Declaración Americana Sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Americana Sobre Derechos Humanos ( Pacto de San José de Costa Rica). El artículo 145 Constitucional reconoce los derechos a la protección de la salud. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Articulo 2, 3,7,13,14,172,178 Y demás aplicables del Codigo Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO el Recurso de amparo, interpuesto por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS, contra la resolución dictada en fecha trece de junio de dos mil veintidós, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL con COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, a favor del señor OSCAR GUERRA OCAMPO, supuesto responsable como Cooperador Necesario en los delitos de FRAUDE Y UN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ADMINSTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE. -FIRMAS Y SELLO.SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C. a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés. VISTO: El recurso de reposición presentado en fecha veinte de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), interpuesto por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, actuando en representación del señor OSCAR GUERRA OCAMPO; contra la sentencia dictada por esta Sala, en fecha veintiocho de julio de dos mil veintitrés (2023), en la que se declara Sin Lugar el recurso de amparo interpuesto por la impetrante contra la resolución de fecha trece de junio del año dos mil veintidos (20212), dictada por la de Corte de Apelaciones de lo Penal Con Competencia Nacional En Materia De Corrupción, que declaró sin lugar el recurso interpuesto por la defensa privada del encausado, con relación a la causa instruida por suponerlo responsable de los delitos de Fraude y Lavado de Activos en perjuicio de la Administración Pública y la Economía del Estado de Honduras. ANTECEDENTES PROCESALES CONSIDERANDO: Que la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, interpuso acción de amparo a favor del señor OSCAR GUERRA OCAMPO. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, se dictó sentencia en fecha veintiocho de julio de dos mil veintitrés (2023), mediante la cual Esta Sala falló DENEGANDO el recurso de amparo del que se hizo mérito. CONSIDERANDO: Que la recurrente Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, presento Recurso De Reposición, en la que se pide: Revocar fallo por unanimidad proferido por la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO: Que, del análisis del recurso de Reposición impetrado por la impetrante, la Sala encuentra que, respecto de los argumentos planteados en dicho recurso, resultan ser los mismos hechos exteriorizados al momento de interposición y formalización del Recurso de Amparo. CONSIDERANDO: Que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, reconocen la salud como un derecho humano y las consiguientes responsabilidades que ello implica, como la reconocen de manera explícita e implícitamente las declaraciones internacionales de derechos humanos tales como la Declaración de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Internacional sobre toda Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Declaración Americana Sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Americana Sobre Derechos Humanos ( Pacto de San José de Costa Rica). El artículo 145 Constitucional reconoce los derechos a la protección de la salud. CONSIDERANDO: Que sometida a estudio la sentencia cuya reposición se solicita, esta Sala, encuentra que ha sido dictada conforme a derecho, con la debida motivación y fundamentación pertinente, por lo que no se considera infringida los derechos fundamentales, sociales, consagrado en la Constitución e invocados por la recurrente. Esta Sala aprecia, que dichos derechos han sido garantizados, como se dejó establecido en la sentencia objeto del presente recurso, pues del Informe Médico Forense, se desprende que el señor OSCAR GUERRA OCAMPO, está siendo tratado por el personal médico, asistiéndolo con los medicamentos necesarios, para controlar sus patologías de base. En tal sentido, la alteración de la salud del privado de libertad, puede ser tratada dentro del centro penitenciario, bajo las condiciones establecidos por el médico tratante, lo que no priva al encausado del derecho de que se le asista con especialistas en las enfermedades que padece, para lograr el control de dichos padecimientos. Por todo ello no es de recibo el recurso de reposición planteado por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 N.º 7 Y N.º 8, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS, por las razones que se dejan señaladas. Y MANDA: Que el secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. – NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio y reposición de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-981-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL