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Sentencia AP-976-21 — Registro 17510

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación con relación a la causa instruida por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública del estado de HONDURAS. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (9): Que esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, ha externado su parecer en cuanto a considerar que el A-Quo realizó una correcta aplicación del derecho al haber otorgado sobreseimiento definitivo a favor de la imputada, puesto que si bien es cierto, se trata de comunidades indígenas, las cuales están protegidas por el Estado, no menos cierto es que existe una excepción en cuanto a la prohibición de enajenar las tierras pertenecientes a estas comunidades cuando se trate de trasferencia de dominio con el propósito de construir vivienda a favor de algún miembro de dicha comunidad; hecho acontecido en el presente caso, en donde consta que a la señora Blanca Argentina Romero se le trasfirió el dominio mediante compraventa que fuere efectuada por el presidente del patronato de la comunidad de Nueva Armenia, otorgando mediante escritura pública la propiedad a una persona miembro de tal comunidad; por tanto, la señora Lucia Maria Urbizo Arias n su condición de registradora en ese momento, actuó dentro del marco legal al considerar que el acto jurídico reúne todos los requisitos exigidos por la ley, constando en documento público y con la debida legitimidad de las personas del tradente y adquirente; en consecuencia, no se aprecia la existencia del deliro de violación de los deberes de los funcionarios. CONSIDERANDO (10): Que vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional coincide con el parecer de la Corte Primera de Apelaciones ya referida, al considerar la no existencia del delito de violación de los deberes de los funcionarios puesto que nos encontramos frente a una excepción a la regla general establecida en el titulo definitivo de propiedad en dominio pleno, mismo que se encuentra agregado en autos y el cual establece que: “Este título es inalienable de la comunidad beneficiaria, excepto en los casos de trasferencia del dominio que se haga con el propósito de construir su vivienda a favor de los miembros de dicha comunidad que carezcan de ella, asimismo, la transferencia de dominio que hagan los propietarios de viviendas tiene que ser a favor de miembros de la misma comunidad” CONSIDERANDO (11): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento de la recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, el haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente…”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dicen: ”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de marzo del dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SEECION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÒN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, con relación a la causa instruida contra la señora LUCIA MARIA URBIZO ARIAS por suponerla responsable de los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha tres (03) de febrero de dos mil veintiuno (2021), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, la Abogada HILDA RIVERA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra la Señora LUCIA MARIA URBIZO ARIAS por suponerla responsable a título de autor del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01–47 de la pieza del A-Quo). 2) Que en fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiuno (2021), el citado Juzgado celebró Audiencia Inicial, en la cual Decretó: “Un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la imputada la señora LUCIA MARIA URBIZO ARIAS por suponerla responsable de la comisión del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA lo anterior en base a los artículos 25 del código penal vigente en relación al 296 numerales 1 y 2 y relacionado con el artículo 615 en relación a la retroactividad de la ley y 499 del código penal vigente siendo que la norma penal vigente en la que favorece a la imputada, consecuentemente se ordena dejar sin valor y efecto las medidas cautelares impuestas en la audiencia de declaración de imputado consistente en las establecidas en el artículo 173 del Código Procesal Penal como ser la del numeral 6 de presentarse a firmar el libro cada una vez al mes que se lleva para tal efecto en la secretaria general de los juzgados de esta ciudad, así como la establecida en el numeral 7 de prohibición de salida del país, para lo cual se deberán librar los oficios correspondientes a las instituciones encargadas de dar cumplimiento a efecto que dejen sin valor y efecto dicha prohibición.- QUEDANDO NOTIFICADAS LAS PARTES EN ESTRADOS DE LA PRESENTE RESOLUCION.” (Folios 61–65 de la pieza del A-Quo). 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada GENESIS SAMARIA PADILLA HERNANDEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021), dicto auto resolutivo en el cual Falló: “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada GENESIS SAMARIA PADILLA HERNANDEZ, en su condición agente Fiscal del Ministerio Público.- SEGUNDO: CONFIRMA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual el A-quo decretó Sobreseimiento Definitivo a favor de la Señora LUCIA MARIA URBIZO ARIAS, por suponerle responsable de la comisión del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.-” (Folios 11–19 de la pieza del Ad-Quem). 4) Que la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal en fecha catorce (14) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 01–12 del Presente Recurso). 5) Que en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 39 del Presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida por la Corte Primea de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante la cual resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, con relación a la causa instruida contra la señora LUCIA MARIA URBIZO ARIAS por suponerla responsable del delito de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Administración Publica del Estado de Honduras. CONSIDERANDO (4): Que expone la recurrente en la interposición del presente recurso que con la resolución impugnada se le han vulnerado las garantías constitucionales establecidas en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 141 del Código Procesal Penal por considerar que la Corte Primera de Apelaciones vulneró el debido proceso al carecer de motivación suficiente, ya que su razonamiento se limitó a establecer que no fue dolosa la conducta de la imputada al realizar en fecha diez de junio de dos mil once la inscripción de la compra venta contenida en la escritura pública 193 registrada bajo asiento número 687 del tomo 36 del diario inmobiliario. Lo anterior se concluye del análisis y valoración de los medios de prueba aportados en la audiencia inicial, indicando que el articulo 102 de la Ley de Propiedad no es de aplicación para el hecho imputado, pues dicho precepto legal va encaminado a prohibir a las autoridades públicas expedir o registrar títulos a favor de terceros en tierras comunales como consecuencia del proceso de regularización, pero cuando se trata de inscripción y cancelación de asientos de forma general, la misma ley tiene regulada tal actuación; de igual forma regula la calificación registral, por lo que indica que la registradora de la propiedad registró un contrato de compra venta contenido en una escritura pública, siendo aplicable al caso el artículo 273 del Código Procesal Civil en el cual se establece la fuerza probatoria que tienen los documentos públicos, encontrándose dentro de estos los actos y contratos otorgados ante o por notario, es decir, se registró un acto contractual contenido en un documento público auténtico porque del mismo dio fe el notario; y la escritura pública presentada ante la registradora de la propiedad y la constancia de municipalidad que acredita el cargo y representación que ostentaba el señor Jairo Joel Figueroa Roches, tiene toda apariencia de legalidad, por cuanto el notario que autorizó la compraventa, estableció la condición con la cual compareció como vendedor; asimismo, establece la alzada que comparte el hecho por constar el documento que contiene el título de propiedad otorgado por el Estado a la comunidad garífuna de Nueva Armenia, a través del Instituto Nacional Agrario en fecha veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y siete, si bien es cierto, dicho documento constituye el reconocimiento por parte del Estado sobre la posesión ancestral de las tierras que posee la comunidad garífuna y que dicho título está registrado bajo el número 1 del tomo 38 del Instituto de la Propiedad, lo que constituye que ante un acto jurídico que en apariencia es legal porque reúne todos los requisitos exigidos por la ley y consta en documento público, constatándose la legitimidad de las personas que comparecieron como tradente y adquirente, en consecuencia no ha existido acto doloso o irregular por parte de la señora Lucia Maria Urbizo Arias al haber inscrito la escritura pública, no lográndose acreditar la concurrencia de los elementos del ilícito imputado ni la participación de la encausada en la comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios. CONSIDERANDO (5): Que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida expone en los fundamentos jurídicos de su resolución, que tiene claro que la Constitución de la República fija los limites y define las relaciones entre los distintos poderes del Estado relacionados con las leyes que rigen a los ciudadanos y en el caso en particular, sobre las disposiciones sobre la reforma agraria, específicamente en el artículo 346 constitucional, donde el Estado debe dictar medidas de protección para los derechos e intereses de la comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas; no obstante, no se debe perder la perspectiva de lo que tiene que analizarse en este caso en concreto, y es, si la conducta de la señora registradora de la propiedad es delictuosa al inscribir una compraventa contenida en la escritura pública 193 en fecha diez de junio de dos mil once. CONSIDERANDO (6): Que para la Corte Primera de Apelaciones referida estima que no fue dolosa la conducta de la señora Urbizo Arias puesto que del análisis y valoración de las pruebas aportadas en la audiencia inicial, puede apreciarse que el articulo 102 de la Ley de Propiedad no es de aplicación al hecho imputado en el requerimiento fiscal, pues dicho precepto va encaminado a prohibir a las autoridades públicas a expedir o registrar títulos a favor de terceros en tierras comunales como consecuencia del proceso de regularización, pero cuando se trata de inscripción y cancelación de asientos de forma general, la misma ley tiene regulada tal actuación, de igual forma regula la calificación registral estableciéndose que la inscripción es el asiento que se hace en el registro de los títulos sujetos a este requisito, con el objeto de que consten públicamente los actos y contratos consignados en dichos títulos, en tanto la calificación registral es la facultad que tienen los registradores para determinar la legalidad y validez formal de los actos y contratos, títulos, instrumentos públicos en cuya virtud se solicite una inscripción. CONSIDERANDO (7): Continúa manifestando la Corte Primera de Apelaciones que comparte el hecho de que el titulo de propiedad otorgado por el Estado a la comunidad garífuna de Nueva Armenia, constituye el reconocimiento por parte del Estado sobre la posesión ancestral de las tierras que posee dicha comunidad garífuna, así como los derechos protegidos por el Convenio 169 de la OIT, tampoco puede desconocerse que la prohibición de enajenar las tierras no es absoluta, por cuanto dicho título contempla una excepción a la regla general de enajenar y es la de la posibilidad de trasferencia de dominio cuando se efectúe con el propósito de construir vivienda a favor de los miembros de dicha comunidad y que carezca de ella y autorizados por la Junta Directiva del Patronato; tal como se aprecia en los autos de primera instancia la compraventa se efectuó por el presidente del patronato de la Comunidad de Nueva Armenia como tradente, otorgando en venta una propiedad a favor de la señora Blanca Argentina Romero Martínez quien es una persona miembro de la comunidad, por tanto, la registradora no tenia que dudar del documento presentado con todos los requisitos de ley para su inscripción, por tanto, es un acto jurídico que en apariencia es legal y que reúne los requisitos exigidos en la ley y consta en documento público, constando la legitimidad de las personas que comparecieron como tradente y adquirente, no existiendo de esta manera, acto doloso o irregular por parte de la señora LUCIA MARIA URBIZO ARIAS al inscribir la escritura pública ya referida, por tanto tampoco se conjugan los elementos del delito de violación de los deberes de los funcionarios. En consecuencia, esta alzada estima que la resolución venida en apelación debe ser confirmada, puesto que el Ministerio Público no logró probar que la señora Urbizo Arias haya inscrito ilegalmente en su condición de registradora, una escritura pública que contenía todos los requisitos exigidos por la ley, no incurriendo en el delito de violación de los deberes de los funcionarios, debiendo declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto. CONSIDERANDO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, ha externado su parecer en cuanto a considerar que el A-Quo realizó una correcta aplicación del derecho al haber otorgado sobreseimiento definitivo a favor de la imputada, puesto que si bien es cierto, se trata de comunidades indígenas, las cuales están protegidas por el Estado, no menos cierto es que existe una excepción en cuanto a la prohibición de enajenar las tierras pertenecientes a estas comunidades cuando se trate de trasferencia de dominio con el propósito de construir vivienda a favor de algún miembro de dicha comunidad; hecho acontecido en el presente caso, en donde consta que a la señora Blanca Argentina Romero se le trasfirió el dominio mediante compraventa que fuere efectuada por el presidente del patronato de la comunidad de Nueva Armenia, otorgando mediante escritura pública la propiedad a una persona miembro de tal comunidad; por tanto, la señora Lucia Maria Urbizo Arias n su condición de registradora en ese momento, actuó dentro del marco legal al considerar que el acto jurídico reúne todos los requisitos exigidos por la ley, constando en documento público y con la debida legitimidad de las personas del tradente y adquirente; en consecuencia, no se aprecia la existencia del deliro de violación de los deberes de los funcionarios. CONSIDERANDO (10): Que vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional coincide con el parecer de la Corte Primera de Apelaciones ya referida, al considerar la no existencia del delito de violación de los deberes de los funcionarios puesto que nos encontramos frente a una excepción a la regla general establecida en el titulo definitivo de propiedad en dominio pleno, mismo que se encuentra agregado en autos y el cual establece que: “Este título es inalienable de la comunidad beneficiaria, excepto en los casos de trasferencia del dominio que se haga con el propósito de construir su vivienda a favor de los miembros de dicha comunidad que carezcan de ella, asimismo, la transferencia de dominio que hagan los propietarios de viviendas tiene que ser a favor de miembros de la misma comunidad”[1]. CONSIDERANDO (11): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento de la recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, el haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 68, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fechas veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0976-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Ver folios 71 al 73 de la pieza del A-Quo