Sentencia AP-952-22 — Registro 17053
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo interpuesto contra la sentencia que declaró no ha lugar el recurso de apelación con relación a la causa instruida por el delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido CD-277.- Estimando la recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendido en los artículos 69, 82 y 88 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7): Asimismo, esta Sala aprecia del estudio de la foliada que en fecha trece de junio de dos mil veintidós, el abogado Luis Enrique Larios Fonseca, interpuso ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, recurso de casación por quebrantamiento de forma, por considerar que, en la valoración de la prueba, el juzgador viola las reglas de la sana critica en su ley lógica de la derivación a atribuir a ciertas pruebas alcances probatorios que no poseen. Dicho recurso de casación se encuentra pendiente de resolver en la Sala de lo Penal de esta Corte Suprema de Justicia, registrado bajo número SP 481-2022CONSIDERANDO (8): Que esta Sala aprecia asimismo de las actuaciones relacionadas al acto reclamado en amparo, que se han respetado en todo momento las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, estimando, que al no alegarse una violación constitucional concreta contra la resolución emitida por el Ad-Quem, es preciso ratificar que el acto reclamado se ha dictado con todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (9): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (10): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, ya que el recurrente ha hecho uso de todos los recursos que le franquea la ley; teniendo pendiente hasta esta fecha recurso de casación ante la Sala de lo Penal de esta Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, al estar pendiente tal recurso de casación, se ha logrado constatar que el acto reclamado en amparo se encuentra susceptible de resolución por parte de la Sala de lo Penal; por tanto, resulta procedente la denegatoria de la presente acción. CONSIDERANDO (11): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento del recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, el haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, así como de encontrarse pendiente de resolución el recurso de casación en la Sala de lo Penal, es del criterio porque se sobresea la acción de amparo interpuesta por el recurrente.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia y la Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de junio del dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE LARIOS FONSECA, a favor del señor CHRISTIAN ENRIQUE MUÑOZ VILLANUEVA, contra la sentencia de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintidós (2022), dictada por de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, que declaró No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veintidós (2022), con relación a la causa instruida contra el señor CHRISTIAN ENRIQUE MUÑOZ VILLANUEVA, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CD-277.- Estimando la recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendido en los artículos 69, 82 y 88 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil veintiunos (2021), compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, el Abogado JOSE COREA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor CHRISTIAN ENRIQUE MUÑOZ VILLANUEVA, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CD-277. (Folios 01 al 5 de los antecedentes).2) Que seguido el procedimiento, en el Debate de Juicio Oral y Público, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, emitió resolución en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veintidós (2022), en cual resolvió: “…por lo que en este acto este Tribunal por unanimidad de votos de sus miembros declara la responsabilidad penal del señor Christian Enrique Muñoz, como autor de un delito de Extorsión en perjuicio de testigo Protegido “CD277”, asimismo ante la petición que ha hecho el Ministerio Público y tomando en consideración la pena que es grave a imponer a este delito es de 10 a 15 años y que este monto de pena implica un peligro de fuga, este Tribuna por unanimidad de votos accede a la petición en cuanto a que se revoquen las medidas cautelares y se imponga la prisión preventiva en virtud de la declaratoria de responsabilidad penal que se ha hecho en este acto. …” (Folio 187 al 198 de la pieza de los antecedentes).3) Que conociendo del recurso de apelación presentado por el Abogado LUIS ENRIQUE LARIOS FONSECA, en su condición de Defensor Privado del señor CHRISTIAN ENRIQUE MUÑOZ VILLANUEVA, contra la resolución de la que se hace relación en el numeral anterior, de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintidós (2022), resolvió: “1) Declarando NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Privada.- 2) confirma la resolución apelada.- (véase copia simple de la sentencia agregada a folios 12 y 13 del expediente de amparo).4) Que el recurrente Abogados LUIS ENRIQUE LARIOS FONSECA compareció ante este Tribunal, en fecha trece (13) de junio del año dos mil veintidós (2022), reclamando amparo a favor del señor CHRISTIAN ENRIQUE MUÑOZ VILLANUEVA, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintidós (2022), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 69, 82 y 88 de de la República. (Folios 01 al 03 del presente recurso).5) Que en fecha veinte 20) de febrero del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la cual denegó las medidas cautelares revocadas por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor CHRISTIAN ENRIQUE MUÑOZ VILLANUEVA por suponerlo responsable del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CD-277.CONSIDERANDO (4): Que expone el recurrente en la interposición del presente recurso que con la resolución impugnada se le han vulnerado las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 82, 88 párrafo tercero, de la Constitución de la República, por considerar que se amenaza el derecho a la libertad del señor Christian Enrique Muñoz desde que el Tribunal de Sentencia revocó las medidas cautelares sin justificación alguna y sin que la sentencia haya adquirido el carácter de firme, debido a que la misma no ha sido ejecutada todavía y es susceptible del recurso de casación ante la Sala de lo Penal, esto relacionado con lo dispuesto en los artículos 178 y 188 del Código Procesal Penal ya que antes de realizarse el juicio oral y público, se solicitaron medidas distintas a la prisión preventiva y tanto el Ministerio Público como el Tribunal de Sentencia consideraron que no se daba el presupuesto contentivo en el artículo 178 del Código Procesal Penal en cuanto al peligro de fuga; sin embargo, al finalizar el juicio de manera contradictoria y sin fundamento alguno, llegan a la convicción de que ahora hay peligro de fuga sin acreditar dicho extremo. De igual manera se considera que al haberse revocado la medida cautelar distinta a la prisión preventiva y seguir defendiéndose en libertad hasta tanto no este firme la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia, infringe el principio consagrado en el articulo 1 del Código Procesal Penal y el principio de legalidad ya que la sentencia aun no tiene el carácter de firme puesto que se encuentra en la etapa de ser recurrida ante la Sala de lo Penal. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán en su resolución de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós expone en su motivación que la finalidad procesal de las medidas cautelares en materia penal, es la de asegurar la eficacia del procedimiento y así materializar la función institucional de juzgar y ejecutar lo juzgado, objetivo que se cumple garantizando la regular obtención de las fuentes de prueba y/o garantizando la presencia de la persona imputada. Asimismo establece que al revisar la foliada, conforme a los agravios planteados por el impetrante, no son de recibo, ya que se dictó un fallo condenatorio teniendo de conformidad con las reglas determinadas en los artículos 341 y 342 de la norma adjetiva, que el A-Quo a petición de parte y en este caso del ente fiscal, la facultad de sustituir las medidas como se aprecia, podrá modificarlas y si bien el impetrante también señala el cumplimiento por parte del imputado, estas cumplieron su finalidad durante se realizó el juicio oral y público, pues así lo determinó el tribunal en su oportunidad; según se desprende, ahora se ha declarado su culpabilidad por tribunal competente y señala la individualización de la pena, por tanto, existe peligro de fuga por la gravedad de la pena, pues la pena abstracta en este caso oscila de 10 a 15 años de reclusión como bien lo señala el A-Quo, por tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación y se confirma la resolución apelada. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones referida, ha externado su parecer en cuanto a considerar que el Tribunal de Sentencia realizó una correcta aplicación del derecho al haber revocado las medidas cautelares e imponer la prisión preventiva en virtud de la declaratoria de responsabilidad penal del señor CHRISTIAN ENRIQUE MUÑOZ VILLANUEVA, puesto que se aprecia de autos que efectivamente al imputado, en juicio oral y público se le ha declarado responsabilidad penal como autor del delito de extorsión; y considerando que la pena a imponer oscila entre 10 a 15 años de reclusión, el Tribunal de Sentencia accedió a la petición realizada por el Ministerio Público en cuanto a la revocación de las medidas cautelares, imponiendo la prisión preventiva, ya que en el momento del cumplimiento de dichas medidas no existía la certeza de un fallo condenatorio como en este momento, lo que incrementa el peligro de fuga del imputado. Coincidiendo esta Sala con el parecer de la Corte de Apelaciones ya referida, al considerar que al habérsele declarado culpabilidad por tribunal competente y señalado la individualización de la pena, existe peligro de fuga por la gravedad de la pena, pues la pena abstracta en este caso oscila de 10 a 15 años de reclusión como bien lo señala el A-Quo.CONSIDERANDO (7): Asimismo, esta Sala aprecia del estudio de la foliada que en fecha trece de junio de dos mil veintidós, el abogado Luis Enrique Larios Fonseca, interpuso ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, recurso de casación por quebrantamiento de forma, por considerar que, en la valoración de la prueba, el juzgador viola las reglas de la sana critica en su ley lógica de la derivación a atribuir a ciertas pruebas alcances probatorios que no poseen. Dicho recurso de casación se encuentra pendiente de resolver en la Sala de lo Penal de esta Corte Suprema de Justicia, registrado bajo número SP 481-2022.CONSIDERANDO (8): Que esta Sala aprecia asimismo de las actuaciones relacionadas al acto reclamado en amparo, que se han respetado en todo momento las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, estimando, que al no alegarse una violación constitucional concreta contra la resolución emitida por el Ad-Quem, es preciso ratificar que el acto reclamado se ha dictado con todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.CONSIDERANDO (9): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (10): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, ya que el recurrente ha hecho uso de todos los recursos que le franquea la ley; teniendo pendiente hasta esta fecha recurso de casación ante la Sala de lo Penal de esta Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, al estar pendiente tal recurso de casación, se ha logrado constatar que el acto reclamado en amparo se encuentra susceptible de resolución por parte de la Sala de lo Penal; por tanto, resulta procedente la denegatoria de la presente acción. CONSIDERANDO (11): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento del recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, el haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, así como de encontrarse pendiente de resolución el recurso de casación en la Sala de lo Penal, es del criterio porque se sobresea la acción de amparo interpuesta por el recurrente.POR TANTO: de lo Constitucional de de Justicia, como intérprete último y definitivo de de , en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 68, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de de ; 1 y 25 de sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Tegucigalpa, M. D. C., Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de septiembre del dos mil veintitrés. VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE LARIOS FONSECA en la sentencia del recurso de amparo presentado por el peticionario a favor del señor CHRISTIAN ENRIQUE MUÑOZ VILLANUEVA, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés y por la cual se falla denegando el recurso de amparo interpuesto contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós, de lo cual se ha hecho el debido mérito. CONSIDERANDO (1): Que en fecha dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, el recurrente abogado LUIS ENRIQUE LARIOS FONSECA, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la resolución emitida por este Alto Tribunal en fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés, por considerar que dicha resolución continúa negándole la posibilidad de seguir sometiéndose y cumpliendo las medidas cautelares distintas de la prisión preventiva, las cuales fueron revocadas en fecha veintiocho de abril de dos mil veintidós, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; manifestando que el señor Muñoz Villanueva se acogió a la prerrogativa de las medidas cautelares decretadas por el Tribunal de Sentencia, las cuales venia cumpliendo desde el treinta de septiembre de dos mil veintiuno y en la que el representante del Ministerio Público consideró que no habían presupuestos de un posible peligro de fuga ni obstrucción en la investigación, mucho menos que estuviere en peligro la integridad de la víctima; quedando evidenciado a lo largo del proceso el desinterés de la víctima de no seguir con la causa, además de no haber comparecido a declarar en ninguna etapa del proceso. CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá interponerse en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho; misma que fue efectuada al abogado LUIS ENRIQUE LARIOS FONSECA en fecha quince de agosto de dos mil veintitrés, interponiéndose el recurso de reposición en fecha dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, según consta en la pieza de amparo.CONSIDERANDO (3): Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible. En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (4): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de de ; 78 atribución 5ta., 187, 188, 189, 222 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 9, 61, 62, 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 4 numerales 6, 7 y 8, 119, 120, 124 y demás aplicables de Justicia Constitucional. RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE LARIOS FONSECA, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés; por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que del Despacho notifique lo resuelto al recurrente y se continúe con el trámite de ley correspondiente. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés, y Resolución de fecha 07 de septiembre 2023, y, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0952-2022. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.