Sentencia AP-915-21 — Registro 17961
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución en relación al delito de violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la administración pública del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un Auto de Formal Procesamiento o un Sobreseimiento Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, y el principio de legalidad transgresiones que no se observan en el caso sub júdice, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, específicamente se observa valoración conjunta, armónica y lógica de la prueba producida en la Audiencia Inicial, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (15): Que por todo ello vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso y Principio de Legalidad que aduce la recurrente como quebrantado, entendiendo éste como el ejercicio del poder público acorde con la ley vigente y su jurisdicción; haciendo prevalecer con ello que el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. CONSIDERANDO (16): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha quince (15) de junio del año dos mil veintiuno (2021), que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución de fecha quince (15) de abril del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en relación a la causa instruida contra la señora VILMA DORIS MENDEZ ROMERO, por suponerla responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha once (11) de diciembre del año dos mil veinte (2020), compareció ante Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, la Abogada HILDA RIVERA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora VILMA DORIS MENDEZ ROMERO, por suponerla responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LA COMUNIDAD GARIFUNA DE NUEVA ARMENIA.- (Folios 1 al 14 de la pieza del Juzgado). 2) Que el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en audiencia Inicial celebrada en fecha quince (15) de abril del año dos mil veintiuno (2021), emitió resolución en la cual; RESOLVIÓ: “…DECRETA: SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor de la señora VILMA DORIS MENDEZ ROMERO, a quien se le supone responsable del delito de VIOLACION A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA…”. (Folios 182 al 190 de la pieza del Juzgado) 3) Que en fecha quince (15) de junio del año dos mil veintiuno (2021), la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: Primero: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico contra la resolución de fecha 15 de abril del año 2021 dictada por el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial.- Segundo: CONFIRMANDO la resolución dictada por el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial en fecha 15 de abril del año 2021.…”. (Folio 7 al 12 de la pieza de Corte de Apelaciones). 4) Que la recurrente Abogada SUSSY COELLO GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS; afirmando la recurrente que la resolución del Ad-quem, de fecha quince (15) de junio del año dos mil veintiuno (2021), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió dar vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, compareció en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintiuno, ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la resolución emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA en fecha quince (15) de junio del año dos mil veintiuno (2021), vulnera y quebranta los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que el caso en estudio se origina en fecha once de diciembre del año dos mil veinte, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, la Abogada Sussy G. Coello García, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora VILMA DORIS MENDEZ ROMERO, por suponerla responsable del Delito de VIOLACION A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (3): Que de la foliada, esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre en Amparo, es en relación a la declaratoria Sin Lugar del Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución adoptada por el A-quo en la Audiencia Inicial celebrada en fecha quince de abril del año dos mil veintiuno, al decretar Sobreseimiento Definitivo, a favor de la señora VILMA DORIS MENDEZ ROMERO, por el delito de VIOLACION A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. La resolución emitida por el Tribunal de Alzada, Confirma el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de la encausada. CONSIDERANDO (4): Que la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, en el planteamiento de su acción constitucional, hace relación a los hechos por los cuales considera que el delito acusado, ha sido cometido por la persona a quien se ha imputado, asimismo hace relación de los medios de prueba que fueron propuestos y evacuados en la Audiencia Inicial a efecto de acreditar su pretensión. Argumenta la recurrente que el Ad-quem al confirmar la resolución del ad-quo, no aprecio que el acto reprochable radica en el hecho que la encausada no tenía facultad para inscribir una transacción de una porción de tierra que se desmembró de un título comunal a favor de un miembro de la comunidad garífuna de Nueva Armenia, en detrimento del interés de la comunidad en referencia, por contravenir el bloque de constitucionalidad que protege las comunidades indígenas sobre los territorios que han ocupado ancestralmente, con el propósito de que puedan producir sus formas de vida y costumbres y sus formas tradicionales de subsistencia. CONSIDERANDO (5): Continúa expresando la recurrente que se cuestiona la motivación insuficiente en la resolución dictada por el Ad-quem, en cuanto se limita a razonar que la encausada no podía saber o conocer que el señor José Luis Antúnez Cáceres era un tercero, o un foráneo no perteneciente a la con unidad garífuna, cuando el acto reprochado penalmente a la encausada consiste en haber omitido cumplir los deberes propios de su cargo como funcionaria del área registral, cuya finalidad es garantizar la legalidad, especialidad y fe pública de las inscripciones registrales, para ello deben velar por la legalidad y validez formal de los actos cuya inscripción solicitan, respetando la normativa legal aplicable en la materia, tal como lo establecen los artículos 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100. 101, 102 de la ley de propiedad y convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas, aplicables al caso particular. CONSIDERANDO (6): Que para finalizar la impetrante sostiene que la resolución impugnada vulnera el principio de legalidad, pues en un estado de derecho el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, en consecuencia le impone al juez la obligación de emitir resoluciones con estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad o interpretación personal, sin tomar en cuenta la norma, el hecho y la prueba ofertada y evacuada en el proceso, con la cual se ha demostrado la responsabilidad penal en la comisión del delito que se le imputa. Asimismo, el debido procesal se entiende como un conjunto de condiciones que deben de cumplirse para asegurar la adecuada defensa de las partes, cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, es decir, que el fallo llegue a concretarse y tutelar la pretensión o derecho amparado, que en este caso no se da. CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales que se consideran vulnerados son el debido proceso y principio de legalidad, contenidos en los artículos 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República que señalan por su orden: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabiliad.”. CONSIDERANDO (8): Que en la motivación externada por el Tribunal en el fallo que es recurrido en Amparo, expone como motivación lo siguiente: “Primero: …rola a folios 89 de la primera pieza el documento denominado autorización (numero 0000949) mediante el cual el patronato Pro Desarrollo de la comunidad de Nueva Armenia autoriza a don José Luis Antúnez Cáceres para traspasar a su favor un lote de terreno de 10 hectáreas de un área de terreno contenida en el Título Comunitario inscrito bajo el No. 1 del Tomo 38 del Registro de la Propiedad y Mercantil (Folios 19 y 20 pp) un lote de terreno, la autorización en mención es requerida según el documento donde consta el otorgamiento del Título definitivo de Dominio Pleno para transferir el dominio a miembros de la comunidad ya tengan como propósito construir viviendas o transferir viviendas, como mencionamos antes, la persona a quien el patronato pro desarrollo de la comunidad de Nueva Armenia representado por su presidenta en aquel entonces doña Margarita Reina Martínez Satuyé, quien hizo la donación a don José Luis Antúnez Cáceres tenia su domicilio en la comunidad de Nueva Armenia, circunstancia que se anota en la referida autorización y en instrumento publico No. 236 (Folio 28 y 29 pp), de lo anterior entendemos que el patronato dono a uno de los suyos el lote de terreno que ahora se encuentra inscrito bajo el No. 81 del Tomo 1440 del Registro de la Propiedad y Mercantil (Folio 23, 28 y 29 pp), también en el otorgamiento de la escritura pública No. 236 consta la autorización del patronato a favor de don José Luis Antúnez Cáceres (Folios 35 pp), cumplidos los requisitos para la transmisión de dominio, así como el otorgamiento del correspondiente instrumento publico lo siguiente era la inscripción en el correspondiente registro de la propiedad, tal cual sucedió, el asunto a definir es como la imputada en su condición de Registradora debía saber o conocer, según exigencia del artículo 102 de la Ley de Propiedad que el señor Antúnez Cáceres era un tercero, es decir ajeno, foráneo, no perteneciente a la comunidad garífuna, si tenia a su favor el título de propiedad de un inmueble perteneciente a la comunidad afro hondureña, habida cuenta que primero, fue autorizado, por lo tanto aprobado por el patronato para su desmembramiento, y segundo, le fue otorgado a título de donación por el presidente del patronato (Wiliams Omar Alvarado Navarro) el lote de terreno con el que fue favorecido, exigir ese conocimiento es exigirle al funcionario un talento sobrenatural, casi divino, pues la documentación exigida para la transmisión de dominio de los bienes inmuebles propiedad de la comunidad garífuna Nueva Armenia, fue cumplida cabalmente, al menos eso se aprecia con la prueba documental aportada a la causa, los datos contenidos en los documentos aludidos fueron proporcionados por los contratantes, presumiendo de ambos la buena fe (Arts 723 y 1564 del Código Civil), es decir que existe la presunción que en aquel entonces el patronato hizo la transmisión de dominio de un lote de terreno de su propiedad a través de la donación a una persona, en este caso don José Luis Antúnez Cáceres, perteneciente a la comunidad garífuna de Nueva Armenia pues así se deduce de la multirepetida Autorización que rola a folios 89 pp como del instrumento público No. 236 que rola entre los folios 28 y 29 pp en relación al Título Definitivo de Dominio Pleno, concluir en lo contrario va contra el razonamiento lógico, de lo anterior expuesto que se extrae de la evacuación de los medios de prueba admitidos no encontramos el menor indicio que la señora Méndez Romero haya participado en los hechos alegados por el Ministerio Publico como delito por lo que la resolución de fecha 15 de abril del año 2021 fue dictada conforme a derecho.”. CONSIDERANDO (9): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[1], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[2]. Sin embargo, también aclaró que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[3]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[4], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[5] CONSIDERANDO (10): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en su resolución de fecha quince de junio del año dos mil veintiuno, al declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el A-quo en Audiencia Inicial, que decreta Sobreseimiento Definitivo por el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, cumple con esa exigencia. CONSIDERANDO (11): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. La recurrente entiende que este derecho a un debido proceso supone la correcta aplicación del sistema de valoración de la Sana Crítica; en ese orden de ideas la impetrante estima que el Tribunal Ad-quem ha vulnerado el debido proceso lo que conlleva de igual forma la vulneración al principio de legalidad, al no realizarse a su criterio una valoración conjunta y armónica de la prueba, lo que culminó en consecuencia con la ratificación de la resolución emitida por el A-quo en la Audiencia Inicial celebrada; es menester entonces señalar lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. CONSIDERANDO (12): Que conforme lo manda el artículo 202 citado en el acápite anterior, la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[6] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”. CONSIDERANDO (13): Que al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha quince de junio del año dos mil veintiuno, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, de la cual el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a ratificar en consecuencia la resolución emitida por el A-quo. CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un Auto de Formal Procesamiento o un Sobreseimiento Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, y el principio de legalidad transgresiones que no se observan en el caso sub júdice, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, específicamente se observa valoración conjunta, armónica y lógica de la prueba producida en la Audiencia Inicial, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (15): Que por todo ello vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso y Principio de Legalidad que aduce la recurrente como quebrantado, entendiendo éste como el ejercicio del poder público acorde con la ley vigente y su jurisdicción; haciendo prevalecer con ello que el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. CONSIDERANDO (16): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 8, 13 y 202 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha QUINCE (15) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTÍFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-915-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.
[2] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.
[3] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.
[4] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.
[5] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.
[6] de Diego Diez, Luis Alfredo. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los medios de prueba. LITOCOM, S de RL de CV, Tegucigalpa, Honduras. Agosto de 2001. Pág. 25.