Sentencia AP-908-23 — Registro 17743
Resumen
Sentencia en Consulta otorgó acción de amparo contra resolución que denegó convalidar las pericias solicitadas por el Ente Acusador en relación a la extracción de información a teléfonos celulares y cámaras de video por considerar que no guardan relación con los delitos investigados; en causa contra Desconocidos por suponerlos responsables de los Delitos Depósito de Arma de Fuego, Municiones o Explosivos, Tráfico Ilícito de Armas Municiones o Explosivos, en perjuicio del Orden Público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Habiéndose analizado las presentes diligencias por la Corte de Apelaciones de la sección Judicial de San Pedro Sula del departamento de Cortés, se establece que en la etapa preparatoria del proceso penal, particularmente en la investigación preliminar de los hechos delictivos denunciados, es de tener en cuenta que la prueba puede ser un fin o un medio; siendo la prueba un fin cuando se encamina a la demostración de la existencia y el contenido de un hecho del que depende un derecho y en cuanto a la prueba que puede ser un medio es cuando constituye un conjunto de recursos que pueden utilizarse para obtener el fin de la prueba; por lo que el Ministerio Público está realizando un procedimiento de investigación con la finalidad de establecer la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y DEPOSITO DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS; por lo que la prueba implica un conjunto de recursos a utilizar para obtener la demostración de los hechos denunciados mediante la información brindada a efecto de establecer sí efectivamente se configura el tipo penal investigado, a través de los dispositivos electrónicos o informáticos que se encontraron e incautaron en el allanamiento convalidado por la Juez Penal, ya que un dispositivo electrónico es una prolongación artificial de la memoria de las personas, que conservan datos, Por lo que la Juez Penal al declarar sin lugar la solicitud de autorización para la revisión, extracción y análisis de información a los aparatos celulares, cámara de video y el señalamiento de audiencia para el nombramiento de los peritos respectivos, lesiona el derecho al debido proceso; pues con dicha decisión judicial se restringen y/o limitan las atribuciones investigativas conferidas por la Ley al Ministerio Público..."..."el Código Procesal Penal establece en su artículo 58 numerales 1 y 2 que los Jueces de Letras conocerán de las peticiones planteadas por el Ministerio Público, así como a la sustanciación y resolución de los asuntos propios de las etapas preparatorias. Y siendo que este medio de prueba declarado sin lugar por el A-quo, como ser las extracciones de los dispositivos celulares y la cámara de video, así como las juramentaciones de los peritos respectivos, son circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados por cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este código, siempre que sean objetivamente confiables; y siendo que fueron secuestrados producto de un allanamiento convalidado por la Juez A-quo, en la colonia Islas del Progreso, 11 avenida, 29 y 30 calle, inmueble donde funciona una mueblería de nombre Muebles Zalmar, en aras de evitar el ocultamiento, pérdida o destrucción de pruebas con miras a lograr la impunidad; los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y consonancia con el derecho, a garantizar que los procedimientos judiciales se realicen conforme a derecho, considerando en toda circunstancia el respeto de los derechos de las partes procesales. CONSIDERANDO (6): Que, el Juez Constitucional a quien compete el conocimiento y tramitación de la acción de Amparo, deberá ejercer su acción constitucional en ponderación a la impartición de justicia pronta y cumplida; finalidad del debido proceso cumplido, de conformidad a lo establecido en los artículos 90 la Constitución de la República, con relación al artículo 58, 272 y 273 del Código Procesal Penal..."..."del examen de las diligencias se aprecia que, tal como fundamenta el fallo dictado por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintisiete de junio del dos mil veintitrés, que la resolución judicial recurrida en amparo vulnera las garantías y derechos constitucionales invocadas por la recurrente; por lo cual resulta adecuado a parámetros constitucionales el otorgamiento del recurso de amparo; resultando procedente, a la vez, confirmar la resolución venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 58 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 272 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 273 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 58 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 272 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 273 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
fff
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. --Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de septiembre de dos mil veintitrés. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogada Wendy Lemus, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticinco de mayo de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra desconocidos por suponerlos responsables de los delitos de Deposito de Arma de Fuego, Municiones o Explosivos, Tráfico Ilícito de Armas Municiones o Explosivos, en perjuicio del Orden Público. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 1, 82, 90, 100, 303, 304, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha once de mayo de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, las Agentes Fiscales del Ministerio Público, las Abogadas Keyla Aguirre y Melissa Turcios, presentando solicitud de convalidación de allanamiento de morada, registro y secuestro de evidencia sobre bien inmueble realizado por agentes de la agencia técnica de investigación criminal. (Folios 2-5 del expediente del A-quo) 2) En fecha veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su parte dispositiva resolvió: (SIC)“…Convalidar el presente Allanamiento de Morada, sobre una vivienda ubicada en colonia Islas del Progreso 11 avenida entre 29 y 30 calle. 2. En cuanto a la solicitud de extracción, si bien es cierto al momento de realizar dicha diligencia se realizó el decomiso de teléfonos, y armas, y las cuales, solicita se realice pericia, pero está suscrita considera que la misma no guarda relación con los delitos investigados, siendo estos los delitos de TRAFICO ILICITO DE ARMAS MUNICIONES Y EXPLOSIVOS Y DEPOSITO DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS, tampoco la peticionara señala cual es la finalidad para poder autorizar dichas pericias. 3. Se declara sin lugar la Juramentación del Perito, Alexander Osmin Orellana Elvir, con numero de identidad 0801-1991-05821, a la revisión, extracción y análisis de la información contenida en el aparato celular descrito, chips y memorias micro SD, mensajes multimedia, como ser videos, agendas fotografías, mensajes, así como grabaciones de voz y todo tipo de contenido encontrado en los celulares mencionados, por lo antes mencionado. 4. Se declara sin lugar la Juramentación del Perito, Alexander Osmin Orellana Elvir, con número de identidad 0801-1991-05821, para realizar análisis, revisión, extracción y fotogramas de la información contenida, por lo antes mencionado. -NOTIFIQUESE y CUMPLASE…” (Folios 21 al 23 de la pieza de antecedentes del A-quo)3) En fecha veinte de agosto de dos mil veintidós, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada WENDY LEMUS, presentando recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución referida en el numeral que antecede, dictada por el A-quo en fecha veinticinco de mayo del dos mil veintidós, por considerar la peticionaria que le vulnera a su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la República. 4) La referida Corte, en fecha veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: (SIC)”…PRIMERO: OTORGANDO LA ACCION DE AMPARO interpuesta por la Abogada WENDY LEMUS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha VEINTICINCO (25) DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS (2022), DICTADA POR EL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE ESTA SECCIÓN JUDICIAL, en la causa instruida como actuaciones previas contra DESCONOCIDOS por suponerlos responsables de los delitos de TRÁFICO ILICITO DE ARMAS, MUNICIONES O EXPLOSIVOS Y DEPOSITO DE ARMA DE FUEGO, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS, en perjuicio de EL ORDEN PÚBLICO.- SEGUNDO: SE DETERMINA COMO CONDUCTA A CUMPLIR, que la Jueza de lo Penal admita las pericias solicitadas por el Ministerio Público, referente a la extracción y análisis de información contenida en dispositivos electrónicos encontrados e incautados en el allanamiento y que consisten en teléfonos celulares y una Tablet.- Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, se remitan los autos en consulta a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Redactó la Magistrada Abogada Brenda Celina Hernández Ferrufino.- NOTIFÍQUESE…” (Folios 38 al 44 de la pieza del Ad-quem)5) Que en fecha veintinueve (29) de Junio de dos mil veintitrés (2023), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías de la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que, se conoce en consulta la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintisiete (27) de junio del dos mil veintitrés (2023), que otorgó la acción de amparo el interpuesto por la Abogada WENDY LEMUS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha veinticinco (25) de mayo del dos mil veintidós (2022) dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en la solicitud de actuaciones previas contra de DESCONOCIDOS, por suponerlo responsables de los delitos de DEPOSITO DE ARMA DE FURGO, MUNICIONES O EXPLOSIVOS, TRAFICO ILICITO DE ARMAS, MUNICIONES O EXPLOSIVOS, en perjuicio de EL ORDEN PUBLICO, causa que se encuentra en la fase de investigación preliminar, accediendo a OTORGAR LA ACCION DE AMPARO.CONSIDERANDO (3): Que, para efectos de realizar motivadamente la presente consulta, se resalta de manera principal lo conceptualizado por la Corte Ad-Quem, respecto a que el presente amparo se origina a raíz de que la resolución de fecha veinticinco de mayo del dos mil veintidós; Resolvió admitir a trámite el escrito presentado por la abogada WENDY LEMUS, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la solicitud de autorización judicial para convalidación de allanamiento, pericias para extracción de información de teléfonos celulares y cámaras de video en la causa instruida en contra de DESCONOCIDOS, en qué el Juzgado decretó sin lugar las pericias para extracción de información a teléfonos celulares y cámaras de video ya que no guardan relación con los delitos investigados. CONSIDERANDO (4): Habiéndose analizado las presentes diligencias por la Corte de Apelaciones de la sección Judicial de San Pedro Sula del departamento de Cortés, se establece que en la etapa preparatoria del proceso penal, particularmente en la investigación preliminar de los hechos delictivos denunciados, es de tener en cuenta que la prueba puede ser un fin o un medio; siendo la prueba un fin cuando se encamina a la demostración de la existencia y el contenido de un hecho del que depende un derecho y en cuanto a la prueba que puede ser un medio es cuando constituye un conjunto de recursos que pueden utilizarse para obtener el fin de la prueba; por lo que el Ministerio Público está realizando un procedimiento de investigación con la finalidad de establecer la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y DEPOSITO DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS; por lo que la prueba implica un conjunto de recursos a utilizar para obtener la demostración de los hechos denunciados mediante la información brindada a efecto de establecer sí efectivamente se configura el tipo penal investigado, a través de los dispositivos electrónicos o informáticos que se encontraron e incautaron en el allanamiento convalidado por la Juez Penal, ya que un dispositivo electrónico es una prolongación artificial de la memoria de las personas, que conservan datos, Por lo que la Juez Penal al declarar sin lugar la solicitud de autorización para la revisión, extracción y análisis de información a los aparatos celulares, cámara de video y el señalamiento de audiencia para el nombramiento de los peritos respectivos, lesiona el derecho al debido proceso; pues con dicha decisión judicial se restringen y/o limitan las atribuciones investigativas conferidas por la Ley al Ministerio Público. CONSIDERANDO (5): En tal sentido el Código Procesal Penal establece en su artículo 58 numerales 1 y 2 que los Jueces de Letras conocerán de las peticiones planteadas por el Ministerio Público, así como a la sustanciación y resolución de los asuntos propios de las etapas preparatorias. Y siendo que este medio de prueba declarado sin lugar por el A-quo, como ser las extracciones de los dispositivos celulares y la cámara de video, así como las juramentaciones de los peritos respectivos, son circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados por cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este código, siempre que sean objetivamente confiables; y siendo que fueron secuestrados producto de un allanamiento convalidado por la Juez A-quo, en la colonia Islas del Progreso, 11 avenida, 29 y 30 calle, inmueble donde funciona una mueblería de nombre Muebles Zalmar, en aras de evitar el ocultamiento, pérdida o destrucción de pruebas con miras a lograr la impunidad; los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y consonancia con el derecho, a garantizar que los procedimientos judiciales se realicen conforme a derecho, considerando en toda circunstancia el respeto de los derechos de las partes procesales. CONSIDERANDO (6): Que, el Juez Constitucional a quien compete el conocimiento y tramitación de la acción de Amparo, deberá ejercer su acción constitucional en ponderación a la impartición de justicia pronta y cumplida; finalidad del debido proceso cumplido, de conformidad a lo establecido en los artículos 90 la Constitución de la República, con relación al artículo 58, 272 y 273 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (7): Que, del examen de las diligencias se aprecia que, tal como fundamenta el fallo dictado por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintisiete de junio del dos mil veintitrés, que la resolución judicial recurrida en amparo vulnera las garantías y derechos constitucionales invocadas por la recurrente; por lo cual resulta adecuado a parámetros constitucionales el otorgamiento del recurso de amparo; resultando procedente, a la vez, confirmar la resolución venida en consulta.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 69, 80, 82, 89, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintisiete de junio dos mil veintitrés, anteriormente descrita y circunstanciada. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. - Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún (21) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO- 0908-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.