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Sentencia AP-886-22 — Registro 15877

Resumen

Resolución que deniega acción de amparo interpuesta contra resolución que inadmite medios de prueba con relación a la causa instruida contra imputados por suponerlos responsables del delito de Usurpación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...".”.- CONSIDERANDO (8): Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a Denegar el recurso de amparo promovido, tomando como parámetro los requisitos o presupuestos de admisibilidad contenidos en el artículo 199 del Código Procesal Penal que en su párrafo tercero reza: “Los medios de prueba serán admitidos solo si son pertinentes y se refieren directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir.” Es así que el A-quo esta facultado para admitir o inadmitir medios de pruebas que hayan sido propuestos por las partes, observando los presupuestos contenidos en el artículo 199 ya citado, sin que con ello se vulnere el derecho de defensa y debido proceso, como bien lo deja establecido el Ad-Quem en la sentencia que se revisa.-CONSIDERANDO (9): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir una resolución dictada con irrestricto respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso concreto y previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de mayo del año dos mil veintidós, que falla Denegando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA2

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil veintitrés.-VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha seis (6) de mayo del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, que Denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA, en su condición de apoderado legal de los señores ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENCE, MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS y MARIA ALBERTINA MEZA PINEDA, contra actuaciones del Tribunal de Sentencias de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra los señores ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENCE, MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS y MARIA ALBERTINA MEZA PINEDA, por suponerlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio del señor ROBERT JAY MILLER.- Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 82 y 90 contenidos en la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA, interponiendo recurso de Amparo a favor del de los señores ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENCE, MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS y MARIA ALBERTINA MEZA PINEDA, contra actuaciones del Tribunal de Sentencias de la Ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra los señores ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENCE, MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS y MARIA ALBERTINA MEZA PINEDA, por suponerlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio del señor ROBERT JAY MILLER. (Folio 01 al 10 de la pieza de Corte de Apelaciones).-2) Que en fecha seis (6) de mayo del año dos mil veintidós (2022), la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLÓ: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA, a favor del señor ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENCE, MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS y MARIA ALBERTINA MEZA PINEDA. (Folio 86 al 87 de la pieza de Corte de Apelaciones).-3) Que en fecha seis (06) de junio abril del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA, contra la resolución de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en relación a la causa instruida contra los señores ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENCE, MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS y MARIA ALBERTINA MEZA PINEDA, por suponerlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio del señor ROBERT JAY MILLER.-CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, vulnera el derecho de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (3): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO (4): Que como lo ha expresado esta Sala de lo Constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (5): Que del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha veintiocho de octubre del año dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que resuelve inadmitir medios de prueba propuestos en audiencia de proposición de prueba por el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA, en representación de los señores ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENCE, MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS y MARIA ALBERTINA MEZA PINEDA.-CONSIDERANDO (6): Que del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos constitucionales de derecho de defensa y debido proceso, los expone argumentando que con la resolución donde se inadmiten los medios de prueba relacionados, se está negando en el proceso penal la debida confrontación de las pretensiones jurídicas de todas las partes procesales; se está negando a Ismael Pastor Marroquín Midence, en el proceso penal la posibilidad de ser escuchado; se está negando en el proceso penal a alcanzar la verdad en una investigación judicial y la verdad fáctica perseguida por Ismael Pastos Marroquín Midence, de acuerdo con el interés que persigue se le está vulnerando.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha seis (6) de mayo del año dos mil veintidós (2022), y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en la motivación de la sentencia, la Corte señala en el acápite Cuarto: “… El rechazo de prueba por parte del juez no necesariamente conlleva a una vulneración del derecho de defensa y puede no ser suficiente para que la pretensión de amparo adquiera relevancia constitucional pues para ello, el defecto procesal debe tener una indefensión material correcta, por lo que si ello no se ha producido no cabe apreciar la existencia de indefensión desde una perspectiva constitucional. El juicio de pertinencia, necesidad, proporcionalidad y utilidad, que es el límite legal al ejercicio del derecho a la prueba, resulta de la exclusiva competencia del juez quienes devienen obligados a explicitar y motivar las resoluciones en que rechacen las pruebas propuestas. Los artículos 199 y 317 párrafo final de la norma adjetiva penal permiten al órgano jurisdiccional inadmitir un medio de prueba propuesto por las partes sin que ello lesione el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, es decir el juez no se encuentra obligado a admitir todos los medios de probatorios que las partes estimen pertinentes, sino únicamente aquellos que el juzgador valore libre y razonablemente como tales; lo que resulta inaceptable para el debido proceso, es que los rechace sin motivación alguna pues está en el deber ineludible de motivar razonadamente la denegación de las pruebas propuestas, no hacerlo supondría una interpretación y aplicación del principio de legalidad manifiestamente arbitrario e irrazonable vulnerando con ello el debido proceso, el derecho a una tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. Del estudio de la foliada se desprende que el Tribunal de Sentencia explicó y motivó las razones por las cuales rechaza la prueba propuesta por el censor, y estableció claramente que existen otros medios de prueba también propuestos por el abogado defensor que fueron admitidos y con los cuales se alcanza el fin probatorio pretendido con la prueba rechazada, argumentación que deviene que esta alzada considere y concluya que no existe la violación denunciada o transgresión de derecho fundamental alguno como ser el derecho de defensa y el debido proceso como lo invoca el censor.”.- CONSIDERANDO (8): Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a Denegar el recurso de amparo promovido, tomando como parámetro los requisitos o presupuestos de admisibilidad contenidos en el artículo 199 del Código Procesal Penal que en su párrafo tercero reza: “Los medios de prueba serán admitidos solo si son pertinentes y se refieren directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir.” Es así que el A-quo esta facultado para admitir o inadmitir medios de pruebas que hayan sido propuestos por las partes, observando los presupuestos contenidos en el artículo 199 ya citado, sin que con ello se vulnere el derecho de defensa y debido proceso, como bien lo deja establecido el Ad-Quem en la sentencia que se revisa.-CONSIDERANDO (9): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir una resolución dictada con irrestricto respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso concreto y previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de mayo del año dos mil veintidós, que falla Denegando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis (6) de mayo del año dos mil veintidós (2022), que DENIEGA el Recurso de Amparo promovido por el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA, a favor de los señores ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENSE, MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS y MARIA ALBERTINA MEZA PINEDA, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veintiuno (2021) en la causa instruida contra los señores ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENSE, MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS y MARIA ALBERTINA MEZA PINEDA, por suponerlos responsables del delito de USURPACION en perjuicio del señor ROBERT JAY MILLER. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la magistrada Hercules Rosa.- NOTIFÌQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0886-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL