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Sentencia AP-870-23 — Registro 18102

Resumen

Recurso de amparo contra la que resolvió la revisión de medidas con relación a la causa instruida los delitos de fraude continuado y apropiación indebida, en perjuicio de la administración pública. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, determinó sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario bajo vigilancia policial, por estimarla acorde a lo que el Código Procesal exige en el artículo 172 para imponer dicha medida, estimándola idónea para garantizar el sometimiento de la beneficiaria en el proceso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Siendo que la impugnante aprecia como violentada la garantía del debido proceso, la cual estima esta Sala, ha sido observada por el órgano judicial que ha sido censurado, no logrando determinar que con la resolución impugnada se haya infringido el debido proceso considerando que la misma gira conforme a lo preceptuado en la ley. CONSIDERANDO: Que en el caso de autos, las argumentaciones de la recurrente constituyen alegatos propios de los tribunales comunes en sus respectivas instancias, por cuanto se aleja del ámbito constitucional. Que este Tribunal estima que la resolución adoptada por el Ad-Quem contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional alegado por la recurrente.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Siendo que la impugnante aprecia como violentada la garantía del debido proceso, la cual estima esta Sala, ha sido observada por el órgano judicial que ha sido censurado, no logrando determinar que con la resolución impugnada se haya infringido el debido proceso considerando que la misma gira conforme a lo preceptuado en la ley. CONSIDERANDO: Que en el caso de autos, las argumentaciones de la recurrente constituyen alegatos propios de los tribunales comunes en sus respectivas instancias, por cuanto se aleja del ámbito constitucional. Que este Tribunal estima que la resolución adoptada por el Ad-Quem contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional alegado por la recurrente.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de diciembre del año dos mil veintitrés. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SANDRA LORENA ZÚNIGA GARCÍA, quien actúa a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución dictada por la SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha ocho(08) de febrero del año dos mil veintitrés, que resolvió una revisión de medidas con relación a la causa instruida contra ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, por suponerla responsable coautora de los delitos de FRAUDE CONTINUADO y APROPIACIÓN INDEBIDA, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, a quien se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintidós, dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN. CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que la recurrente censura el acto reclamado, por estimar que el motivo por el cual fue concedida la modificación de la medida cautelar no le asiste a la beneficiaria, toda vez que las patologías en que se cimentó para su otorgamiento no son consideradas de gravedad ni terminales que arriesguen su salud, por lo que se contraviene lo dispuesto en la ley se vulnera la tutela judicial efectiva como la garantía del debido proceso y el principio de legalidad consagrados en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que de la resolución denunciada se desprende que la SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, determinó sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario bajo vigilancia policial, por estimarla acorde a lo que el Código Procesal exige en el artículo 172 para imponer dicha medida, estimándola idónea para garantizar el sometimiento de la beneficiaria en el proceso, y asimismo, en cuanto al tratamiento médico de las enfermedades que padece la imputada, siendo estos los motivos para revocar la resolución del A-quo. CONSIDERANDO: Siendo que la impugnante aprecia como violentada la garantía del debido proceso, la cual estima esta Sala, ha sido observada por el órgano judicial que ha sido censurado, no logrando determinar que con la resolución impugnada se haya infringido el debido proceso considerando que la misma gira conforme a lo preceptuado en la ley. CONSIDERANDO: Que en el caso de autos, las argumentaciones de la recurrente constituyen alegatos propios de los tribunales comunes en sus respectivas instancias, por cuanto se aleja del ámbito constitucional. Que este Tribunal estima que la resolución adoptada por el Ad-Quem contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional alegado por la recurrente. CONSIDERANDO: Que de lo expresado anteriormente esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL en nombre de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, y en aplicación de los Artículos 90, 103, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de de ; 372 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada SANDRA LORENA ZÚNIGA GARCÍA, quien actúa a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución dictada por la SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha ocho(08) de febrero del año dos mil veintitrés; al advertirse que la recurrente ha cimentado su recurso en alegatos de mera legalidad. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELLA BUSTILLO HERNANDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de abril del año dos mil veinticuatro. VISTO el recurso de reposición interpuesto por la Abogada SANDRA LORENA ZÚNIGA GARCÍA, a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución de emitida por esta Sala de lo Constitucional, en fecha once (11) de diciembre del año dos mil veintitrés, en relación a un recurso de amparo que fue presentado contra la sentencia dictada por la resolución dictada por la SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha ocho(08) de febrero del año dos mil veintitrés, que resolvió una revisión de medidas con relación a la causa instruida contra ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, por suponerla responsable coautora de los delitos de FRAUDE CONTINUADO y APROPIACIÓN INDEBIDA, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, a quien se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintidós, dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN. CONSIDERANDO: Que la recurrente expone su inconformidad con la resolución emitida por esta Sala por estimar que los agravios expuestos en el recurso de amparo, contra el acto reclamado radican en que dicha resolución no deriva del cumplimiento de la norma, motivo por el cual, no concurre la mera legalidad ni resulta ser un alegato de instancia, por lo que debe declararse con lugar el presente recurso de reposición y dictarse en su oportunidad un fallo acorde con el procedimiento debido y conforme a la ley. CONSIDERANDO: Que revisada de nueva cuenta los antecedentes, el escrito de interposición, el acto reclamado como la resolución interpelada, se advierte que los motivos por los que no fueron de recibo los alegatos de la impugnante, resultan de no apreciarse el perjuicio que denuncia, por lo que no procede revocar la resolución objetada. CONSIDERANDO: Que la finalidad del recurso de reposición es que el afectado con una providencia pida a la misma autoridad que emitió un determinado pronunciamiento proceda a su examen con el objeto de enmendarlo o revocarlo en caso de apreciar yerros en la misma. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada SANDRA LORENA ZÚNIGA GARCÍA, a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución de emitida por esta Sala de lo Constitucional, en fecha once (11) de diciembre del año dos mil veintitrés, que sobresee el recurso de merito por no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución impugnada. Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, y se proceda al archivo de las presentes actuaciones.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELLA BUSTILLO HERNANDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación de la resolución de fecha once de diciembre de dos mil veintitrés y reposición de fecha veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-870-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL