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Sentencia AP-847-22 — Registro 17764

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró ha lugar el recurso de con relación al delito de Conducción Temeraria, en perjuicio de la Seguridad Vial, asimismo, del delito de Homicidio Imprudente y por el delito de Daños a Infraestructura o Equipamiento, en perjuicio del Sistema Nacional del 911. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio su representado, los derechos consagrados en los artículos 59, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“CONSIDERANDO (9): Que de los mismos autos también se desprende que el Pleno de la Corte de Apelaciones, en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veintidós (2022), al resolver SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Defensa contra la resolución de fecha veintiocho (28) de marzo del dos mil veintidós (2022), y motivando la misma de la siguiente forma “Que esta Corte considera que el Recurso de Reposición que ha interpuesto la Abogada TANIA JULISSA MATUTE PALMA, en el carácter indicado, en contra de la resolución de fecha veintiocho (28) de marzo del dos mil veintidós (2022), no es procedente en virtud de que la misma se ha pronunciado con arreglo a derecho; es importante recordar a la Impetrante que la calificación en esta etapa procesal es provisional y que requiere precisamente una evidencia mínima probatoria de la comisión del delito y de la participación de imputado, para adquirir esa convicción al juez, siendo en la etapa de juicio oral en donde se realizará el juicio y se determinará la certeza de cómo sucedieron los hechos; entre los argumentos por la Defensa privada, se encuentra que las pruebas de alcoholemia en sangre y orina son negativas, así como no se determina por el informe de tránsito la velocidad, sumado a que su representado se encuentra con secuelas; ninguna de ellas desvirtúa la dinámica de cómo sucedieron los hechos ya que se agrega pruebas documentales que establecen el impacto del vehículo y como quedó la escena en donde se produjeron los daños; ahora bien la Defensa señala las secuelas y daños morales sufridos por el Imputado, pero en ese sentido el artículo 28 numeral 3 de la norma adjetiva, establece que pudo haberse limitado la acción del ente fiscal, ya que es facultad discrecional del ente fiscal respecto de la víctima, de manera que una vez interpuesta la acción penal el juez resolverá con la prueba presentada, y el caso de mérito se presentaron pruebas que determinan en esta etapa (folio 4) conclusiones de la dinámica del suceso que el participante uno es el responsable, el plano a folio 45, así como el informe y fotográficas del impacto del vehículo, en consecuencia como se reitera esta calificación es provisional y se encuentra apegada a derecho. “CONSIDERANDO (10): Que, en base a lo anteriormente descrito, esta sala considera que en la resolución objeto de amparo, se ha razonado de una manera clara, lógica y coherente, la misma se ha pronunciado con arreglo a derecho, conforme los presupuestos de orden fáctico y jurídico que le ha llevado a rechazar los argumentos esgrimidos por el hoy amparista, y por ende a estimar la concurrencia de los elementos típicos, tanto objetivos como subjetivos, de los delitos que se le atribuyen al imputado. CONSIDERANDO (11): Que, en virtud del razonamiento, antes señalado, podemos afirmar que la resolución objeto de amparo, se encuentra suficientemente motivada, y no vulnera las garantías constitucionales y derechos consagrados en los artículos 59, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Tania Julissa Matute Palma, a favor del Miguel Rafael Martínez Raudales, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil veintidós (2022), que declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de enero de dos mil veintidós (2022), con relación a la causa que instruida contra el señor Miguel Rafael Martínez Raudales, a quien se le supone responsable del delito de Conducción Temeraria, en perjuicio de la Seguridad Vial, asimismo, del delito de Homicidio Imprudente en perjuicio de Berner Josué Fúnez Fúnez, y por el delito de Daños a Infraestructura o Equipamiento, en perjuicio del Sistema Nacional del 911. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio su representado, los derechos consagrados en los artículos 59, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta (30) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Agente Fiscal, el Abogado Marvin Benavides, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Miguel Rafael Martínez Raudales, a quien se le supone responsable del delito de Lesiones, en perjuicio de los señores Berner José Fúnez, Juan Carlos Figueroa y Jesús Moisés López, por el delito de Daños en perjuicio de Félix Cruz Díaz y Poste de Concreto de Cámaras del Sistema Nacional de Emergencias y por el delito de Conducción Temeraria en perjuicio de la Seguridad Vial. (Folio 2 vuelto del antecedente)2) En fecha diez (10) de enero de dos mil veintidós (2022), el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en la celebración de la audiencia inicial, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…1).-SE DICTA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de MIGUEL RAFAEL MARTINEZ RAUDALES por los delitos de CONDUCCIÓN TEMERARIA, en perjuicio de LA SEGURIDAD VIAL; HOMICIDIO IMPRUDENTE en perjuicio de BERNER JOSUÉ FÚNEZ FÚNEZ; y por el delito de DAÑOS A INFRAESTRUCTURA O EQUIPAMIENTO en perjuicio del SISTEMA NACIONAL DE 911, en base al artículo 295 del Código Procesal Penal.2).-Se suspende la Medida Cautelar sustitutiva de la detención judicial establecida en el artículo 173 numeral 5, 6 y 7 del Código Procesal; impuesta en la audiencia de imputado. 3).-Se da plazo de cinco (5) años al Ministerio Público para hacer llegar a este estrado nueva prueba que pueda o no acreditar su pretensión acusatoria; quedando notificado a las partes en estrado.” (Folio 22 del antecedente)3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Cesia Estrada Bruner, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil veintidós (2022), dictó resolución mediante la cual dispuso: “…1) Declarar HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Fiscal.-2) REVOCAR el Sobreseimiento Provisional, que se dicten los Autos de Formal procesamiento.” (Folios 94-96 del antecedente).4) Que la recurrente, la Abogada Tania Julissa Matute Palma, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022), interponiendo acción de amparo a favor del señor Miguel Rafael Martínez Raudales, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 59, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha seis (6) de diciembre de dos mil veintidós (2022), ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Tania Julissa Matute Palma, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERACIONES: CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244- 2003. CONSIDERANDO (2): Que de conformidad a lo dispuesto en la Constitución de la República artículo 303, la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, que, de igual manera, corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (3): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (4): Que contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil veintidós (2022,)la Abogada Tania Julissa Matute Palma, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022), interponiendo acción de amparo a favor del señor Miguel Rafael Martínez Raudales, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 59, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que en opinión de la recurrente la resolución dictada por al ad quem es violatoria por “estar convencida que esa resolución judicial es contraria a derecho, ya que violenta el debido proceso y va en contra de las garantías y derechos establecidos tanto en la constitución de la república, convención americana sobre derechos humanos, código penal decreto 130-2017, código procesal penal y demás leyes inherentes a estas, la presente acción de amparo lleva como objetivo fundamental revocar la resolución anteriormente relacionado, para lo cual me fundamento en los hechos y consideraciones siguientes;…” “Sorprende a esta Defensa que la Honorable Corte de Apelaciones no le haya dado el valor probatorio a los medios de pruebas documentales exigidos como requisito por el artículo 295 del Código Procesal Penal, aportados por esta defensa en la audiencia Inicial, Acreditando para ello; PRUEBA DE ALCOHOLEMIA DE SANGRE Y ORINA QUE SON NEGATIVAS, UN INFORME DE TRANSITO DONDE NO SE DETERMINA LA VELOCIDAD Y MAS LA DECLARACION DEL AGENTE DE TRANSITO QUIEN MANIFESTO NO EXISTIÓ EXCESO DE VELOCIDAD, NI SE PASÓ EL ALTO EN ROJO, UN INFORME DEL IHSS QUE DETERMINA LAS SECUELAS SUFRIDAS A MI REPRESENTADO, Y cuya pretensión fue acreditar que Mi Representado No tenía, Ni Tuvo la intención de Cometer los hechos que se le imputan”. CONSIDERANDO (6): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria de las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo y dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los Tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igual de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, al derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (7): Que la valoración de los elementos de investigación a los efectos de dictar o no auto de formal procesamiento, y con ello sobre la probable atribución de la comisión de un delito al o los imputados en una causa criminal, es una tarea propia de los Juzgados y Tribunales de instancia cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso; es por ello que la Sala no puede entrar en consideraciones de fondo sobre los méritos existentes para decretar o no el auto de formal procesamiento dictada contra el imputado, pero si puede y debe pronunciarse en torno a si la resolución objeto de amparo se encuentra suficientemente motivada. CONSIDERANDO (8): Que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil veintidós (2022), razona que los presupuestos procesales para dictar Auto de Formal Procesamiento son: a) Evidencia probatoria de la existencia de un delito y b) Indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice,(artículo 92 de la Constitución de la República) “3.-Que el artículo 294 párrafo último del Código Procesal Penal señala: “..La parte que pretenda producir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hagan presentes”, señala que la defensa presentó únicamente un informe de alta hospitalaria del Instituto Hondureño de Seguridad Social del señor MIGUEL REAFAEL MARTINEZ RAUDALES, y también expresa “4.-Que los agravios expuestos por la Impetrante Abogada CESIA ESTRADA BRUNER Fiscal, van dirigidos a que se revoque el sobreseimiento provisional y se dicten autos de formal procesamiento por homicidio imprudente, conducción temeraria y daños a la infraestructura o equipamiento; los agravios expresados por el ente fiscal son de recibo, pues el A-quo dicta un sobreseimiento provisional por los ilícitos referidos, de manera que con ello está aceptando que los hechos ilícitos han sucedido y que lo que existe respecto al imputado son precisamente sospechas de su participación; pero contrario mediante las pruebas hasta esta etapa preparatoria evacuadas en la audiencia inicial se ha establecido que el imputado andaba conduciendo el vehículo turismo, color negro, placa PDJ 8273, por la calzada del norte; es más, es en el informe técnico se establece que si bien no se determina la velocidad, el participante uno (1) conduce el móvil con falta de atención a las condiciones de seguridad vial del entorno pierde el control del mismo chocando con el tercio frontal medio, por lo tanto de conformidad a dicho informe y la declaración del agente JULIO CONRADO ZELAYA PASTOR, el imputado no conducía su automóvil atento a las condiciones, en ese sentido también es importante conforme al álbum fotográfico (folio 53 al 66) como quedó la zona del impacto producido por el automóvil en el área, por lo tanto si existen elementos que tipifican el delito de conducción temeraria, homicidio imprudente y daños, no existiendo márgenes de sospechas, pues el conductor del vehículo es identificado plenamente; en consecuencia se revoque el sobreseimiento provisional y se dicten los autos de formal procesamiento. “CONSIDERANDO (9): Que de los mismos autos también se desprende que el Pleno de la Corte de Apelaciones, en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veintidós (2022), al resolver SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Defensa contra la resolución de fecha veintiocho (28) de marzo del dos mil veintidós (2022), y motivando la misma de la siguiente forma “Que esta Corte considera que el Recurso de Reposición que ha interpuesto la Abogada TANIA JULISSA MATUTE PALMA, en el carácter indicado, en contra de la resolución de fecha veintiocho (28) de marzo del dos mil veintidós (2022), no es procedente en virtud de que la misma se ha pronunciado con arreglo a derecho; es importante recordar a la Impetrante que la calificación en esta etapa procesal es provisional y que requiere precisamente una evidencia mínima probatoria de la comisión del delito y de la participación de imputado, para adquirir esa convicción al juez, siendo en la etapa de juicio oral en donde se realizará el juicio y se determinará la certeza de cómo sucedieron los hechos; entre los argumentos por la Defensa privada, se encuentra que las pruebas de alcoholemia en sangre y orina son negativas, así como no se determina por el informe de tránsito la velocidad, sumado a que su representado se encuentra con secuelas; ninguna de ellas desvirtúa la dinámica de cómo sucedieron los hechos ya que se agrega pruebas documentales que establecen el impacto del vehículo y como quedó la escena en donde se produjeron los daños; ahora bien la Defensa señala las secuelas y daños morales sufridos por el Imputado, pero en ese sentido el artículo 28 numeral 3 de la norma adjetiva, establece que pudo haberse limitado la acción del ente fiscal, ya que es facultad discrecional del ente fiscal respecto de la víctima, de manera que una vez interpuesta la acción penal el juez resolverá con la prueba presentada, y el caso de mérito se presentaron pruebas que determinan en esta etapa (folio 4) conclusiones de la dinámica del suceso que el participante uno es el responsable, el plano a folio 45, así como el informe y fotográficas del impacto del vehículo, en consecuencia como se reitera esta calificación es provisional y se encuentra apegada a derecho. “CONSIDERANDO (10): Que, en base a lo anteriormente descrito, esta sala considera que en la resolución objeto de amparo, se ha razonado de una manera clara, lógica y coherente, la misma se ha pronunciado con arreglo a derecho, conforme los presupuestos de orden fáctico y jurídico que le ha llevado a rechazar los argumentos esgrimidos por el hoy amparista, y por ende a estimar la concurrencia de los elementos típicos, tanto objetivos como subjetivos, de los delitos que se le atribuyen al imputado. CONSIDERANDO (11): Que, en virtud del razonamiento, antes señalado, podemos afirmar que la resolución objeto de amparo, se encuentra suficientemente motivada, y no vulnera las garantías constitucionales y derechos consagrados en los artículos 59, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 82, 89, 90 párrafo primero, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 24, 323 y 383, del Código Penal; 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 141, 198, 199, 203, 285, 293, 294, 295, 296 y 298 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 42, 47, 49, 51, 63, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA. DENEGAR EL AMPARO interpuesto por la Abogada TANIA JULISSA MATUTE PALMA, en su condición de apoderada de señor MIGUEL RAFAEL MARTINEZ RAUDALES, contra la resolución de Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil veintidós (2022). Y MANDA: Que, con certificación de esta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. -- Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO- 0847-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.