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Sentencia AP-841-21 — Registro 17897

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación con relación a la causa instruida por el delito de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública del estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (15): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un Auto de Formal Procesamiento o un Sobreseimiento Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, y el principio de legalidad transgresiones que no se observan en el caso sub júdice, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, específicamente se observa valoración conjunta, armónica y lógica de la prueba producida en la Audiencia Inicial, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (16): Que por todo ello vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso y Principio de Legalidad que aduce la recurrente como quebrantados, entendiendo éste como el ejercicio del poder público acorde con la ley vigente y su jurisdicción; haciendo prevalecer con ello que el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas nacionales. CONSIDERANDO (17): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, la Resolución de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, con relación a la causa instruida contra la Señora VILMA DORIS MENDEZ ROMERO, por suponerla responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha once (11) de diciembre del año dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la Abogada HILDA RIVERA, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra la Señora VILMA DORIS MENDEZ ROMERO, por suponerla responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01–41 de la pieza del A-Quo) 2) Que en fecha once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021), el citado Juzgado en la celebración de la Audiencia Inicial en la Decretó: (SIC): “SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la imputada la señora VILMA DORIS MENDEZ ROMERO, por suponerla responsable de la comisión del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÙBLICA lo anterior fundamentado en base a los artículos 25 del código penal vigente en relación al 296 numerales 1 y 2 y relacionado con el artículo 615 en relación a la retroactividad de la ley y 499 del código penal vigente siendo que la norma penal vigente en la que favorece a la imputada.” (Folios 68-77 de la pieza del A-Quo) 3) Conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución que antecede de fecha once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021), (ver constancia en folio No.78 que indica la fecha correcta de dicha Acta de Audiencia Inicial), la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021), Falló: (SIC): “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, en su condición de Fiscal del ministerio público y apelante.- SEGUNDO: SE CONFIRMA LA RESOLUCION JUDICIAL de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida.” (Folios 06–13 de la pieza del Ad-Quem) 4) Que la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, compareció ante este Tribunal en fecha trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 01–07 del Presente Recurso) 5) Que en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 37 del Presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, compareció en fecha trece de agosto del año dos mil veintiuno, ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la resolución emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA en fecha trece (13) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), vulnera y quebranta los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que el caso en estudio se origina en fecha once de diciembre del año dos mil veinte, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, la Abogada HILDA RIVERA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora VILMA DORIS MENDEZ ROMERO, por suponerla responsable del Delito de VILACION A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (3): Que de la foliada, esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre en Amparo, es en relación a la declaratoria Sin Lugar del Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución adoptada por el A-quo en la Audiencia Inicial celebrada en fecha once de febrero del año dos mil veintiuno, al decretar Sobreseimiento Definitivo, a favor de la señora VILMA DORIS MENDEZ ROMERO, por el delito de VIOLACION A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. La resolución emitida por el Tribunal de Alzada, Confirma el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de la encausada. CONSIDERANDO (4): Que la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en el planteamiento de su acción constitucional, hace relación a los hechos por los cuales considera que el delito acusado, ha sido cometido por la persona a quien se ha imputado, asimismo hace relación de los medios de prueba que fueron propuestos y evacuados en la Audiencia Inicial a efecto de acreditar su pretensión. Argumenta que de la lectura de la resolución ahora impugnada, se aprecia que el Ad-quem vulnero el debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional al carecer de una motivación suficiente, ya que en su razonamiento se limitó a establecer que en el caso que nos ocupa, los medios de prueba admitidos, no encontraron el menor indicio que la señora Méndez Romero, haya participado en los hechos imputados por el Ministerio Publico, que no se trata de un procedimiento de regularización predial, sino de un acto donde la misma comunidad de Nueva Armenia, a través de su junta directiva, autorizó el desmembramiento del título ancestral, por lo que no se logró acreditar la concurrencia de todos los elementos del ilícito imputado, ni la participación de la encausada en la comisión del delito. Razonamiento que a criterio del Ministerio Público, inobserva el deber de motivación reconocido en nuestra constitución e instrumentos internacionales, y desarrollado en el artículo 141 con relación al artículo 202 del Código Procesal Penal, ya que no se aprecia que el Ad-quem apoyo su decisión en conclusiones razonables derivadas y deducidas de las pruebas evacuadas en audiencia inicial, así como tampoco explica que circunstancias fueron tomadas en consideración para no atribuirles valor probatorio a la prueba de cargo aportada por el ente acusador, lo que a su vez constituye una inobservancia del mandato legal de valoración conjunta que requiere el debido proceso. En ese orden de ideas, el Ministerio Público estima que en la motivación de la resolución impugnada no existe concordancia entre el acervo probatorio aportado y la conclusión final a la que llega el Tribunal. CONSIDERANDO (5): Argumenta la recurrente que el Ad-quem al confirmar la resolución del ad-quo, no aprecio que el hecho en discusión, es si la encausada tenía facultad o no para inscribir un bien inmueble, sino el hecho de haber registrado una transacción de una porción de tierra que se desmembra de un título comunal a favor de un miembro de la comunidad garífuna de Nueva Armenia, actuar que lesiona el interés de la comunidad en referencia, así como también vulnera el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a través del cual se protege que estas comunidades tengan seguridad sobre los territorios que han ocupado ancestralmente, con el propósito de que puedan producir sus formas de vida y costumbres y sus formas tradicionales de subsistencia. CONSIDERANDO (6): Continúa expresando la recurrente que la acción de registrar el bien inmueble a favor de la señora Martha Emelda Flores Álvarez, que se desmembra de un título comunitario y registrado bajo el número 38, tomo 1420 del Instituto de la Propiedad, menoscaba el derecho de la propiedad comunal y por ende el derecho colectivo de los pueblos de la Comunidad Garífuna Nueva Armenia. Asimismo no se puede justificar que una funcionaria del área registral desconozca la normativa legal aplicable en la materia, tal como lo establecen los artículos 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 de la Ley de propiedad y Convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas, aplicables al caso en particular, pues no puede ignorar la ley al desconocer que el predio se encontraba dentro del predio del polígono de la comunidad Garífuna Nueva Armenia, y que por derecho ancestral les corresponde el uso, goce y propiedad del predio antes descrito y en ningún momento el traspaso de predios a favor de tercero. Es así que la no ejecución de leyes cuyo cumplimiento le incumbe, sigue siendo válido el criterio, que consiste en omitir la ley de manera intencional, esto es con dolo, de manera que queda de lado toda conducta negligente. En el presente caso se trata de una omisión que consiste en la inobservancia de la ley, esto es no hacer, no ejecutar, no cumplir con lo que la ley manda expresamente hacer al funcionario dentro de su autoridad funcional, es así que en el caso que nos ocupa, se trata de un delito doloso pues la acusada no podía desconocer dentro de la esfera de sus funciones la ilegalidad de su accionar. CONSIDERANDO (7): Que para finalizar la impetrante sostiene que la encausada tenía conocimiento que su accionar no es conforme a lo que manda la ley y por ende una acción ilegal, contraviniendo con ello lo establecido en el artículo 321 de la Constitución de la República. Sin embargo, el Ad-quem en su resolución estima que no encuentra en los hechos imputados a la Registradora del Instituto de la Propiedad de Le Ceiba, departamento de Atlántida, que se haya encontrado el menor indicio de participación en estos hechos. Por lo que la resolución impugnada vulnera el principio de legalidad, pues en un estado de derecho el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, en consecuencia le impone al juez la obligación de emitir resoluciones con estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad o interpretación personal, sin tomar en cuenta la norma, el hecho y la prueba ofertada y evacuada en el proceso, con la cual se ha demostrado la responsabilidad penal en la comisión del delito que se le imputa. Asimismo, el debido proceso se entiende como un conjunto de condiciones que deben de cumplirse para asegurar la adecuada defensa de las partes, cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, es decir, que el fallo llegue a concretarse y tutelar la pretensión o derecho amparado, que en este caso no se da. CONSIDERANDO (8): Que los derechos constitucionales que se consideran vulnerados son el debido proceso y principio de legalidad, contenidos en los artículos 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República que señalan por su orden: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabiliad.”. CONSIDERANDO (9): Que en la motivación externada por el Tribunal en el fallo que es recurrido en Amparo, expone como motivación entre otros considerandos lo siguiente: “CUARTO: Haciendo un análisis de la prueba aportada en audiencia incial a folios 94 de la primera pieza (pp en lo que sigue) el documento constancia mediante el cual el patronato pro desarrollo de la comunidad de Nueva Armenia autoriza a la señora Marta Emelda Flores Antúnez, (de quien entre otros datos se le tiene como domiciliada en esa comunidad) para desmembrar del Título Comunitario inscrito bajo el No. 1 del Tomo 38 del libro de Titulo definitivos del INA del Registro de la Propiedad un lote de terreno, la autorización en mención es requerida según el documento donde consta el otorgamiento del Título definitivo de Dominio Pleno para transferir el dominio (folio 71 al 73) a miembros de la comunidad ya tengan como propósito construir viviendas o transferir viviendas, como mencionamos antes, la persona a quien el patronato pro desarrollo de la comunidad de Nueva Armenia representado por su presidente en aquel entonces don Luis Alonzo Alvarez, quien hizo la donación a Marta Emelda Flores Antúnez, quien tenía su domicilio en la comunidad de Nueva Armenia, circunstancia que se anota en la referida constancia de autorización y en instrumento publico No. 891 (Folio 89 pp), de lo anterior entendemos que el patronato dono a uno de los suyos el lote de terreno que ahora se encuentra inscrito bajo el No. 83 del Tomo 1451 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil (Folio 93 pp), cumplidos los requisitos para la transmisión de dominio, así como el otorgamiento del correspondiente instrumento público lo siguiente era la inscripción en el correspondiente registro de la propiedad, tal cual sucedió, el asunto a definir es como la imputada en su condición de Registradora debía saber o conocer, según exigencia del artículo 102 de la Ley de Propiedad que la señora Marta Emelda Flores Antúnez, era un tercero, es decir ajeno, foráneo, no perteneciente a la comunidad garífuna, si tenía a su favor el título de propiedad de un inmueble perteneciente a la comunidad afro hondureña, habida cuenta que primero, fue autorizado, por lo tanto aprobado por el patronato para su desmembramiento, y segundo, le fue otorgado a título de donación por el presidente, vicepresidente, secretario, y vocal 1 del patronato, el lote de terreno con el que fue favorecida (véase instrumento público 891 de fecha 30 de diciembre del año 2005 autorizado por el notario Nectaly Montoya Reyes, folio 89 al 90 pp) exigir ese conocimiento es exigirle al funcionario un talento sobrenatural, casi divino, pues la documentación exigida para la transmisión de dominio de los bienes inmuebles propiedad de la comunidad garífuna Nueva Armenia, fue cumplida cabalmente, al menos eso se aprecia con la prueba documental aportada a la causa, los datos contenidos en los documentos aludidos fueron proporcionados por los contratantes, presumiendo de ambos la buena fe (Arts. 723 y 1564 del Código Civil), es decir que existe la presunción que en aquel entonces el patronato hizo la transmisión de dominio de un lote de terreno de su propiedad a través de la donación a una persona, en este caso doña Marta Emelda Flores Antúnez, perteneciente a la comunidad garífuna de Nueva Armenia, pues así se deduce de la multirepetida Autorización que rola a folios 94 pp, como del instrumento público No. 891 (folio 89 al 90), en relación al Título Definitivo de Dominio Pleno, concluir en lo contrario va contra el razonamiento lógico, de lo anterior expuesto que se extrae de la evacuación de los medios de prueba admitidos no encontramos el menor indicio que la señora Méndez Romero haya participado en los hechos alegados por el Ministerio Publico como delito. SEXTO: Que como regla de interpretación aplicable a todo el ordenamiento jurídico, el artículo 17 del Título Preliminar del Código Civil, establece que “…no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intensión del legislador”. En este sentido es menester señalar que el artículo 102 de la Ley de Propiedad no debe verse de forma separada de otros preceptos legales de la misma ley de propiedad, pues si vemos el espíritu de la ley contenida en el decreto 82-2004 entre otros aspectos es, que como novedad se introduce la regularización predial, con la finalidad de incrementar la seguridad jurídica, diseñando y ejecutando un programa de regularización, titulación y registro de la propiedad inmueble que no se encuentre registrada o que estándolo presente problemas (ver los 3 considerandos tomados en cuenta por el Poder Legislativo para decretar la Ley de Propiedad así como los artículos 3 numerales 3 y 6; 5 numeral 9 de la Ley de Propiedad). Partiendo de ello en la sección Quinta, Capítulos III Y IV que contienen los artículos del 93 al 109 de la referida ley, nos encontramos con el procedimiento que debe seguirse en la regularización de la propiedad inmueble para pueblos indígenas y afro hondureños y las disposiciones generales para la regularización, consecuentemente si bien el artículo 102 de la precitada Ley señala “ninguna autoridad podrá expedir o registrar títulos a favor de terceros en tierras comunales…”. No debemos pasar por alto el caso que nos ocupa, no se trata de un procedimiento de regularización predial sino de un acto donde la misma comunidad de Nueva Armenia a través de su junta directiva autorizó el desmembramiento del título ancestral. SEPTIMO: Que por lo anteriormente expuesto y en base a las normas jurídicas relacionadas, este Tribunal de alzada estima procedente que la resolución venida en apelación debe ser confirmada en vista que el Ministerio Publico no logró probar que la señora Vilma Doris Méndez Romero, con su actuar haya incurrido en el hecho que se le imputa.”. CONSIDERANDO (10): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[1], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[2]. Sin embargo también aclaró que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[3]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[4], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[5] CONSIDERANDO (11): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en su resolución de fecha trece de mayo del año dos mil veintiuno, al declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el A-quo en Audiencia Inicial, que decreta Sobreseimiento Definitivo por el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, cumple con esa exigencia. CONSIDERANDO (12): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. La recurrente entiende que este derecho a un debido proceso supone la correcta aplicación del sistema de valoración de la Sana Crítica; en ese orden de ideas la impetrante estima que el Tribunal Ad-quem ha vulnerado el debido proceso lo que conlleva de igual forma la vulneración al principio de legalidad, al no realizarse a su criterio una valoración conjunta y armónica de la prueba, lo que culminó en consecuencia con la ratificación de la resolución emitida por el A-quo en la Audiencia Inicial celebrada; es menester entonces señalar lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal que se considera vulnerado: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. CONSIDERANDO (13): Que conforme lo manda el artículo 202 citado en el acápite anterior, la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[6] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”. CONSIDERANDO (14): Que al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha trece de mayo del año dos mil veintiuno, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, de la cual el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a ratificar en consecuencia la resolución emitida por el A-quo. CONSIDERANDO (15): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un Auto de Formal Procesamiento o un Sobreseimiento Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, y el principio de legalidad transgresiones que no se observan en el caso sub júdice, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, específicamente se observa valoración conjunta, armónica y lógica de la prueba producida en la Audiencia Inicial, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (16): Que por todo ello vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso y Principio de Legalidad que aduce la recurrente como quebrantados, entendiendo éste como el ejercicio del poder público acorde con la ley vigente y su jurisdicción; haciendo prevalecer con ello que el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas nacionales. CONSIDERANDO (17): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 8, 13, 141 y 202 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha TRECE (13) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTÍFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-841-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.

[2] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.

[3] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.

[4] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.

[5] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.

[6] de Diego Diez, Luis Alfredo. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los medios de prueba. LITOCOM, S de RL de CV, Tegucigalpa, Honduras. Agosto de 2001. Pág. 25.