Sentencia AP-831-22 — Registro 17051
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada por el delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (23): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (24): Que por todo lo antes expuesto, esta Sala arriba a la conclusión que la resolución del Ad Quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal dotado de todas las garantías, las cuales se infringen en la resolución amparada, sobre todo por omitir la argumentación jurídica expuesta una motivación “suficiente y razonable” y en ponderación ajustada a la importancia de los bienes en conflicto, según aparece de la foliada en el caso concreto. Es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera los demás derechos constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, a favor del señor MARCO ANTONIO DUARTE ESCOBAR, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha siete (7) de febrero del año dos mil veintidós (2022), que declaró HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), con relación a la causa instruida contra el señor MARCO ANTONIO DUARTE ESCOBAR, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 90 y 96 de de ANTECEDENTES 1)Que en Audiencia de Revisión de Medidas y Lectura de Sentencia de fecha seis (6) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó Resolución mediante la cual RESOLVIÓ: Decretar Sobreseimiento Definitivo a favor de MARCO ANTONIO DUARTE, por lo que se le vulneró el debido proceso, en el que se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la Republica.- (Folios 01 al 44 de la pieza de los antecedentes). 2) Que en fecha siete (7) de febrero del año dos mil veintidós (2022), de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán RESOLVIÓ: “1).- DECLARAR HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el MINISTERIO PUBLICO. 2.-REVOCAR la resolución apelada…”. (Folio 67 y 68 de la pieza de antecedentes)3)Que en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veintidós (2022), el recurrente abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, vía correo electrónico interpuso ante este Tribunal, recurso de amparo a favor del señor MARCO ANTONIO DUARTE ESCOBAR, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha siete (7) de febrero del año dos mil veintidós (2022), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 96 de de la República.4) Que en fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), este alto Tribunal tuvo por formalizado el recurso de mérito, y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de del Ministerio Público. (Folio 34 del Recurso de Amparo).CONSIDERANDO (1): Que el recurrente Abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, compareció en fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintidós, ante este Alto Tribunal, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del señor MARCO ANTONIO DUARTE ESCOBAR, al considerar que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete (07) de febrero del año dos mil veintidós (2022), vulnera en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 90 y 96, debido proceso y retroactividad Penal, relacionado con 615 segundo párrafo del Código Penal; 8 y 9 de La Convención Americana sobre Derechos Humanos.CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (3): Que los derechos invocados como vulnerados por los recurrentes en Amparo, es el derecho del debido proceso y retroactividad de la Ley Penal más favorable contenidos en los Artículos 90 y 96 de la Constitución de la República, el primero indica: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”; y el segundo Constitucional que indica: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o al procesado”. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en el escrito del recurso de amparo, arguye que la resolución que se recurre vulnera el derecho al debido proceso por haberse declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de su representado, revocando la resolución apelada , ordenando al Tribunal A-quo, que proceda a decretar una sentencia condenatoria por el delito reprochado, en contra de su representado, por el que interpone recurso de amparo para que se le mantenga a su representado el goce de las garantías constitucionales del debido proceso legal , principio de legalidad y el principio de retroactividad de la Ley Penal, establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la convención americana de derechos humanos y la Constitución Política de la República de Honduras, que se le estaría conculcando a su defendido. CONSIDERANDO (5): Que en el escrito de formalización del recurso, el recurrente arguye que la resolución de la Corte de Apelaciones violó los derechos contenidos en los artículos 90 y 96 de la Constitución de la República, relacionado con el 615 segundo párrafo del Código Penal como ser debido proceso y la aplicación retroactiva de la Ley Penal más favorable al declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía y revocar el sobreseimiento definitivo por el delito de lavado de activos a favor del señor MARCO ANTONIO DUARTE ESCOBAR. Dicha resolución no solo violenta el derecho constitucional establecido en el artículo 90, que establece “Nadie puede ser juzgado, sí no por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”, incumpliendo el Ad-quem lo establecido en el Código Penal contenido en el decreto 130-2017, específicamente en su artículo 615 en cuanto a la retroactividad de la Ley Penal más favorable, en el que establece que en “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto sí las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas. Sí de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgado o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará.” Por lo que en la presente causa en la entrada en vigencia el código penal, no se había dictado sentencia definitiva contra su representado y los demás imputados, puesto que, dentro de las fases que siguen al terminar un debate o juicio oral, se habían alcanzado las dos primeras fases, que son: el haberse dictado un fallo de culpabilidad y la individualización de la pena, más sin embargo NO SE HABIA DICTADO SENTENCIA, puesto que ésta, no es un simple pronunciamiento de un juzgado o tribunal luego de haber seguido un determinado proceso, sí no más bien la sentencia es aquel documento escrito, donde los juzgadores plasman su decisión por escrito que lleva toda la fundamentación fáctica y jurídica que motivaron al Juez o tribunal a adoptar determinada decisión y que permite a cualquiera de las partes que resulte afectada, a impugnar alguno o todos los argumentos y decisiones adoptadas, es decir la decisión adoptada después de cerrado el debate penal, no constituye en sí una sentencia, sí no más bien es una simple decisión de culpabilidad o de inocencia, que debe ir seguido de otras dos etapas, para que se considere que SE HA EMITIDO UNA SENTENCIA POR ESCRITO, que como se ha dicho, es hasta entonces que puede ser objeto de reproche procesal por las partes; pero el Ad-quem, en una flagrante violación al debido proceso, está desconociendo la existencia de estas fases que siguen al debate, pretendiendo que le dicte a su representado una sentencia condenatoria, en contra del tratamiento procesal que ordene el código penal para en los casos en que no se ha dictado sentencia, para los cuales, la única opción procesal y legal, en caso de que la conducta impetrada deje de ser relevante y reprochable penalmente, es el dictado de un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO. Esto en aplicación a lo establecido en los artículo 342 y 343 del Código Procesal Penal y no es responsabilidad del imputado que entre la celebración del debate, el dictado de una decisión de culpabilidad, la celebración de una audiencia de individualización de pena haya pasado tiempo sin que se hubiera dictado sentencia definitiva, Y que en ese ínterin o espacio de tiempo, se haya producido una reforma penal, que excluye de relevancia para el derecho penal la conducta reprochada que haga meritorio el dictado de una sentencia híbrida, en la que se dicte un sobreseimiento definitivo Por lo cual dicha resolución es abusiva y violatoria a las garantías judiciales de su representado. Y en cuanto al debido proceso sigue manifestando que consiste en que los actos y actuaciones de las actuaciones judiciales deben ajustarse, no sólo al ordenamiento jurídico legal, sí no a los preceptos convencionales y constitucionales y es más, deben sujetarse a las decisiones que en materia de derechos humanos han dictado los tribunales internacionales, en aplicación e interpretación de las convenciones y tratados en virtud del control de convencionalidad establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.CONSIDERANDO (6) En ese mismo orden de ideas la resolución de la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, según siguen manifestando el recurrente que dicha resolución de fecha siete (07) de febrero del dos mil veintidós (2022) que colige a folios 67 y 68 del expediente de antecedentes del A-quo, que al momento de la audiencia ya existía un fallo de culpabilidad por parte del Tribunal en contra de su representado, por lo que en esa condición no se le podía dictar un sobreseimiento definitivo, ya que no era el momento procesal oportuno para reclamar la aplicación de retroactividad y ni tampoco la revisión de medidas, por lo que el Ad-quem deja de observar la vigencia que en derecho tiene a la fecha del fallo condenatorio que emitieron y los presupuestos legitimadores para la medida cautelar de la prisión preventiva.CONSIDERANDO (7): Que en la Motivación y Fundamentos Jurídicos de la resolución que se recurre en Amparo, la Corte recurrida fundamenta su decisión en cuanto a declarar Ha lugar por unanimidad el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, en contra del imputado MARCO ANTONIO DUARTE ESCOBAR, bajo los argumentos siguientes: “1- Siendo que al Ministerio Público le agravia al haberse dictado un sobreseimiento definitivo después de existir un fallo condenatorio, justo en el momento que se procedía a la lectura de la sentencia por el principio de la retroactividad penal, vulnerando el debido proceso. 2.- En el caso de autos los señores Marco Antonio Duarte juntamente con otras personas, en fecha 06 de diciembre del 2021, se procedió a la audiencia de revisión de medidas y lectura de sentencia donde fueron condenados por el delito de Lavado de activos por el tribunal de sentencia como era el caso, puesto que habían sido citados para la lectura y notificación de la misma, decantándose en una revisión de medidas, solicitado por las respectivas defensas en donde se ordenó sobreseimiento definitivo por parte del Tribunal. Sigue manifestando el Ad-quem que sí bien es cierto, al momento de la audiencia ya se había redactado la sentencia, no es menos, cierto que ya existía un fallo de culpabilidad, por parte del Tribunal en contra del señor MARCO ANTONIO DUARTE Y OTROS, por lo que en esta audiencia no se podría dictar un sobreseimiento definitivo, ni tampoco el momento procesal para reclamar la aplicación de la retroactividad de la Ley tal como lo establece el artículo 615 párrafo segundo del Código Penal, y es así que el Ad-quem aprecia que se debe proceder a la lectura de la sentencia condenatoria y notificarse la misma, por ende las defensas podrán hacer uso de los recursos y acciones que correspondan tal como bien lo dispone el artículo 624 numeral 1 del Código Penal, por lo tanto en este momento procesal oportuno no procedía la revisión de medidas, sí no, la lectura de fallo, no el dictado de un sobreseimiento definitivo, en detrimento del debido proceso y principio de legalidad, pues deja de observar la vigencia que en derecho tiene a la fecha del fallo condenatorio que emitieron y los presupuestos legitimadores para la medida cautelar de la prisión preventiva. Y es por estas razones que declara Ha lugar el recurso interpuesto por el Ministerio Público y revocando la resolución dictado por el A-quo y proceda el Tribunal conforme a Derecho.CONSIDERANDO (8): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez.CONSIDERANDO (9): La Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.CONSIDERANDO (10): Que, en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda, en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.CONSIDERANDO (11): Que la Constitución de la República de Honduras inicia declarando en el artículo 1 que: “Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”, el artículo indicado contiene todas las aspiraciones a las que anhela todo persona que habita en el territorio hondureño; abarca las garantías y derechos que reconoce la misma Constitución, dirigidos tanto en forma individual como colectiva al individuo, de allí que la normativa constitucional desarrolla en el Título III, las DECLARACIONES, DERECHOS y GARANTÍAS, estableciendo el Capítulo II lo relativo a los Derechos Individuales y específicamente el artículo 69 establece: “La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente.”.CONSIDERANDO (12): Que nuestra Constitución privilegia la persona humana al declarar que constituye “el fin supremo de la sociedad y del Estado y que su dignidad es inviolable, estableciendo por tanto la obligación de todos de respetarla y protegerla”. En virtud de lo cual la interpretación que se haga del texto constitucional deberá ponderar los postulados pro hominen que en nuestra ley fundamental constituyen un eje transversal, en consonancia con los instrumentos internacionales relativos a protección de derechos humanos celebrados por Honduras.CONSIDERANDO (13): Que Honduras hace suyo los Tratados y convenios Internacionales en procura del respeto de los derechos fundamentales de sus habitantes, con el fin de lograr la consolidación de un verdadero Estado de Derecho. El reconocimiento de los Derechos Fundamentales no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de los Estados. Son derechos que se derivan directamente de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos determina en su Artículo 7 el derecho a la libertad personal, indicando que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. En ese orden de ideas el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9 literal 1) establece: “… Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad sí la prisión fuera ilegal….” –Énfasis suplido-CONSIDERANDO (14): En ese mismo orden de ideas el Tribunal de Sentencias con competencia Territorial Nacional en Materia Penal establece en sentencia de fecha seis de Diciembre del dos mil veintiuno que colige a folio 01 al 36 del expediente de antecedente; pero especialmente en la misma en los folios 33 vuelto y 34 establece que (SIC)……”No obstante lo antes expuesto, ahora es meritorio señalar que el juicio ha culminado, que se dio un fallo y que en el ínterin de la redacción de la sentencia, entró en vigencia, entró en vigencia una reforma al tipo penal de Lavado de Activos, establecido en el artículo 439 del Decreto 130-2017, mediante la cual el legislador ha prescindido de una de las características de la acción típica que antes estaba presente en el delito de Lavado de Activos, consistente en que los activos “o que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia” (Decreto 93-2021, el cual entró en vigencia el 1 de noviembre del año 2021);aspecto que como antes hemos dicho, ha quedado demostrado en este proceso penal, pues los acusados no pudieron demostrar tener causa o justificación económica o lícita de la procedencia de las cantidades millonarias que mantuvieron a su disposición. Con tal reforma, se incorpora al nuevo código penal una nueva versión del delito de lavado de activos, el cual se configura, quedando el mismo limitado a aquellas acciones de adquirir, invertir, poseer, utilizar, transformar, resguardar, administrar, custodiar, transportar, transferir, conservar, trasladar, ocultar, dar apariencia de legalidad o impedir la determinación del origen entre otras, Activos como ciertamente lo es el dinero, pero cuando estos sean producto directa o indirectamente de ciertos y expresamente enunciados tipos penales como tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, entre otros. En el presente caso, la fiscalía y la PGR no presentaron prueba que vincule a los ahora condenados a una hipótesis vinculada con alguno de esos tipos penales, ni la prueba evacuada en juicio tampoco arrojó alguna vinculación de uno o algunos de ellos con los actos ejecutados por los acusados MARCO ANTONIO DUARTE ESCOBAR, JAIME ALEXANDER AGUILAR MONDRAGON, RAFAEL ARMANDO UMAÑA Y EDITH DORILEX AMAYA. Lo anterior resulta relevante pues al desaparecer esa característica de los activos que no tengan un origen legal determinado, queda la presente causa desprovista de a base que fundamentó la acción penal, resultando ahora tal condición, no parte del tipo penal, y por ende, a partir de dicha reforma a ese artículo del código penal, tal condición no puede ser objeto de una acción penal que persiga un reproche penal”. CONSIDERANDO: (15) Sigue estableciéndose en la sentencia que (SIC)….”Frente al principio de legalidad, que obligaría a observar el tipo penal vigente a la fecha de los hechos, se impone con mayor fuerza, el principio de retroactividad pues al tenor de lo establecido en la Constitución y en el Decreto 130-2017 actualmente vigente, en su artículo 615. Los delitos y faltas cometido hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto sí las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas”. En tal sentido aplicando la norma al caso concreto y habiendo establecido que la condición hipotética, sobre la cual se declaró la responsabilidad penal la presente causa ha desaparecido como un acto constitutivo del delito de Lavado de Activos, por ende, los actos sometidos a este juicio, ya no constituyen delito que deba ser reprochado penalmente. Al respecto, ya el Decreto 130-2017, dispone entonces cuál debe ser entonces el efecto en estos casos, y a la letra, el artículo 615 párrafo segundo dice “Sí de acuerdo con el presente los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el Órgano Jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o pena impuesta no se ejecutará” (el subrayado es nuestro). Ello entra en consonancia con lo que también dispuesto en el Código Procesal Penal en su artículo 296 que dice: “Sobreseimiento definitivo. Se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1) Resulte probado que el hecho no haya existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión; 2)…3)…” (el subrayado es nuestro). Por todos los motivos antes expuestos, estando vigente el decreto 93-2021, este Tribunal de Sentencias, de manera unánime considera que los actos declarados como hechos probados en este juicio, no son ya constitutivos de delito, y, en consecuencia, se debe finalizar como lo dice la ley, con la emisión de un Sobreseimiento definitivo”.CONSIDERANDO (16) Y es así que la sala aprecia que el Tribunal de Sentencias con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, decreta en la sentencia en el folio 35 vuelto que dice: FALLA (SIC)…”PRIMERO: Decretar como en efecto se decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO en la presente causa instruida contra los señores MARCO ANTONIO DUARTE ESCOBAR, JAIME ALEXANDER AGUILAR MONDRAGON, RAFAEL ARMANDO AMAYA Y EDITH DORILEX AMAYA, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: Se ordena la excarcelación de los acusados MARCO ANTONIO DUARTE ESCOBAR, JAIME ALEXANDER AGUILAR MONDRAGON, RAFAEL ARMANDO UMAÑA Y EDITH DORILEX AMAYA, emitiéndosele su respectiva carta de libertad provisional, sin perjuicio de que deban permanecer en prisión por otra causa penal pendiente, debiéndose emitir la carta de libertad definitiva por esta causa, una vez firme este Sobreseimiento. CUARTO: Se declara sin lugar el comiso solicitado sobre los bienes, dinero y productos financieros, ello sin perjuicio de las acciones encaminadas o que pueda iniciar respecto de estos el Ministerio Público ante el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito”. CONSIDERANDO (17): Que de la resolución que se recurre en amparo, esta Sala de lo Constitucional advierte, que la Alzada fundamento su resolución en el argumento de que no se podía dictar un sobreseimiento definitivo, en virtud de que no era el momento procesal para reclamar la aplicación de la Retroactividad de la Ley, tal como lo establece el artículo 615 párrafo segundo del Código Penal; por lo que debe de procederse a la Lectura de Sentencia Condenatoria y notificarse la misma, por ende las defensas podrían hacer uso de los recursos y acciones que correspondan tal como lo dispone el artículo 624 numeral 1 del Código Penal, en detrimento del debido proceso y legalidad, ya que existía un fallo de culpabilidad; en la que se puede apreciar por parte de la sala, la falta de motivación en la resolución del ad-quem en la que sólo estableció que en el artículo 624 numeral 1 se cumple lo que las partes tienen derecho a Recurrir; sin dar respuesta a las partes en cuanto a la Aplicación del Decreto 93-2021, en el ínterin de tiempo de la audiencia de Individualización de Pena y la Lectura de Sentencia; ya que se al hacer una interpretación al correspondiente artículo 624 es cuando existe un recurso pendiente de una sentencia ya dictada; que no es el caso; ya que en la presente causa no existía la sentencia dictada por el Tribunal, dejando de motivar y fundamentar el Ad-quem esta apreciación que la sala ha observado sin existir la lectura de la Sentencia.CONSIDERANDO (18): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al tribunal que conoce concretamente del asunto.CONSIDERANDO (19): Que al tenor de lo señalado en la normativa citada y del análisis de la resolución impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem muestra falencia en relación a dictar una resolución acorde a los agravios expuestos por el Ministerio Público; en relación a la ponderación de bienes en conflicto, propuesta como solución técnico jurídica al asunto sometido a la esfera de su competencia; resultando, sin embargo, que la argumentación se limita a apuntar a que no se debió decretar Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado, esta última, que tampoco se muestra lo suficiente razonada, en atención a las diligencias investigativas ya aportadas por el ente acusador, pues el ad-quem se limita en relacionar los hechos en el momento en que decretó la sentencia, olvidando que esas circunstancias tienen que valorarse en el momento actual en que se solicita la aplicación de la Retroactividad de la Ley Penal más favorable, en atención a ello no procedió el Ad-quem a la anunciada ponderación de derechos fundamentales en el caso concreto desde el punto de vista de la dogmática constitucional, esto es, sin valorar un orden de preferencia entre el derecho a la libertad personal o la restricción de la misma conforme lo establece la ley procesal penal; buscando por ende dilucidar un equilibrio práctico entre las necesidades del titular de los derechos en conflicto, con atención a los juicios de idoneidad, necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto; Se puede observar por la sala que ya se había realizado un juicio Oral y Público, en el que, el Tribunal en su fundamentación Jurídica establece en el folio 33 vuelto de la sentencia que el Ministerio Publico como la Procuraduría General de la República no presentaron pruebas que vincule al imputado a delitos penales precedentes y ni tampoco se evacuó prueba que lo vincule a un delito penal precedente. CONSIDERANDO (20) Que el Ad-quem procedió a revocar el Sobreseimiento Definitivo dictado en sentencia que decretó el A-quo, en fecha siete de febrero del dos mil veintidós, ignorando lo que se establece con referente al principio del Debido Proceso adjetivo o formal en el que se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.CONSIDERANDO (21): Que este Tribunal ha sostenido que: “La nueva norma penal establecía en el Artículo 439 LAVADO DE ACTIVOS. “Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos, explotación de recursos naturales y medioambientales, contrabando o de enriquecimiento ilícito, cometidos por él o por un tercero, o que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia.”, sin embargo, en fecha uno de noviembre del dos mil veintiuno, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal para el delito de Lavado de Activos:.” Reforma que elimina el párrafo infine del artículo 439 del Código Penal Vigente, que establecía “…o que no tengan causa o, justificación económica lícita de su procedencia. Por lo tanto, el Ad-quem conociendo del recurso de Apelación está obligado a aplicar en su sentencia lo que más beneficie al imputado, además, también encuentran protección constitucional, en el contenido del artículo 96 de la Constitución de la República donde se regula la aplicación retroactiva de una ley penal más benigna a favor del justiciable, en el siguiente contexto: “La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado “ , precepto constitucional vinculado con el párrafo tercero del artículo 1 del Código Penal que establece, “la ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado”; ocupándose más adelante ese mismo código en disponer que, si de acuerdo con dicho código, los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente, dictará sobreseimiento definitivo (artículo 615 párrafo segundo código penal).CONSIDERANDO (22) Por las razones expuestas en los considerandos anteriores, este Tribunal Constitucional, es de la opinión, que se ha violentado el artículo 96 constitucional, al ignorar el Tribunal de Apelaciones aplicar el beneficio de la retroactividad de la ley penal para beneficiar al imputado, considerándose por consiguiente la concurrencia de la violación al artículo 69 de la Constitución pues al apartarse el juzgador de un beneficio de la norma para la encartada, la restricción de la libertad no queda amparada con arreglo a la ley; Se considera en relación al derecho al debido proceso establecido en el artículo 90 párrafo primero, que el mismo ha sido violentado al mantenerse la restricción a la libertad por una conducta que ya no proviene de delito o falta, formalidad que ha dejado de observar la Corte de Apelaciones.-En lo referente al principio de legalidad, si bien resulta que el Tribunal de Apelaciones se ha desmarcado de la reforma legislativa que modificó el injusto penal en cuestión, más que un derecho de las partes es ante todo una obligación impuesta al juzgador para conducirse en sus funciones cuya inobservancia puede conducir a violación de derechos de los justiciables como ha acontecido en el caso subjudice, por lo tanto, no se declara la violación de este principio. La cuestión controvertida del proceso se ha generado más bien por un problema de interpretación de la ley generado por la reforma legislativa que por la extensión del proceso en sí, por lo tanto, el Ad-quem no observó las fases que se deben seguir para condenar al imputado, comprendiendo la primera fase en el que, el Tribunal de Sentencia se pronunciará sobre la culpabilidad de la sentencia, tomando en cuenta las alegaciones y pruebas propuestas por las partes. Y en la segunda fase es para la determinación de la pena concreta conforme a las reglas de la Individualización prescrita en el Código Penal. Incumpliéndose lo que es la Audiencia de Lectura de Sentencia. Decretando el Tribunal de Sentencias lo que es una sentencia Interlocutoria.CONSIDERANDO (23): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.CONSIDERANDO (24): Que por todo lo antes expuesto, esta Sala arriba a la conclusión que la resolución del Ad Quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal dotado de todas las garantías, las cuales se infringen en la resolución amparada, sobre todo por omitir la argumentación jurídica expuesta una motivación “suficiente y razonable” y en ponderación ajustada a la importancia de los bienes en conflicto, según aparece de la foliada en el caso concreto. Es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera los demás derechos constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 59, 60, 82, 90, 96, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 341, 342 Y 343 del Código Procesal Penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional: 1 párrafo 1 y 4, 615 párrafo segundo del Código Penal. FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ a favor del señor MARCO ANTONIO DUARTE ESCOBAR, contra la Resolución de fecha siete (07) de febrero del dos mil veintidós (2022), emitida por la CORTE de APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nueva resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales relacionados en la presente sentencia, restituyendo los derechos conculcados al ciudadano MARCO ANTONIO DUARTE ESCOBAR. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0831-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.-SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.