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Sentencia AP-824-22 — Registro 16820

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución contentiva de un Sobreseimiento Provisional con relación al delito de Conducción Temeraria en perjuicio de la Seguridad Vial del Estado de Honduras, asimismo, por el delito de Lesiones en por el delito de Daños.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: (10) Que para dictar Auto de Formal Procesamiento bastará la mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada, conforme lo establece el artículo 294, párrafo 5 del Código Procesal penal. En este sentido, el auto de prisión es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal y por ello eventualmente puede dar lugar a una resolución en la que se declare sin lugar la hipótesis acusatoria, ya sea por haberse puesto de manifiesto la inocencia del sospechoso o por existir una duda razonable en torno a su culpabilidad. CONSIDERANDO: (11) Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que la misma establece, a fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales que forman parte del derecho estatal.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"CONSIDERANDO: (11) Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que la misma establece, a fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales que forman parte del derecho estatal. "

Legislación citada

Sentencia

C E R T I F I C A C I Ó N

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Giovinezza Dubois Závala, a favor del señor Carlos Roberto Cerrato Gonzales, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de enero de dos mil veintidós, que declaró Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución contentiva de un Sobreseimiento Provisional dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra el señor Carlos Roberto Cerrato Gonzales, por suponerlo responsable del delito de Conducción Temeraria en perjuicio de la Seguridad Vial del Estado de Honduras, asimismo, por el delito de Lesiones en perjuicio de Jimmy Wilfredo Pineda y por el delito de Daños en perjuicio de Wilmer Alexander Castro Gutiérrez. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha seis de junio de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Agente Fiscal, Abogada Grissell Portillo Espino, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Carlos Roberto Cerrato Gonzales, por suponerlo responsable del delito de Conducción Temeraria en perjuicio de la Seguridad Vial del Estado de Honduras, asimismo, por el delito de Lesiones en perjuicio de Jimmy Wilfredo Pineda y por el delito de Daños en perjuicio de Wilmer Alexander Castro Gutiérrez. (Folios 9-10 del antecedente) 2) En fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en la celebración de la audiencia inicial, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…1).-Se homologa acuerdo conciliatorio entre los señores CARLOS ROBERTO CERRATO GONZALES, en su representación la señora REINA CAROLINA CERRATO GONZALES y el señor WILMER ALEXANDER CASTRO GUTIERREZ, en su condición de ofendido, por el delito de DAÑOS, por la cantidad de veinte mil seiscientos lempiras (Lps. 20,6000.00). -Haciendo entrega el día sábado doce (12) de junio del año 2021. 2).-Se ordena a la secretaria del Despacho que emita la correspondiente acta de acuerdo conciliatorio, que deberán firmar las partes. 3).-Señalando AUDIENCIA REVISIÓN DE ACUERDO CONCILIATORIO, para el día MIERCOLES DIECISEIS (16) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021) A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 AM). 4).-Se ordena dejar citado el legal y debida forma al imputado, y ofendido, para la referida audiencia. 5).-DICTAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del imputado CARLOS ROBERTO CERRATO GONZALES, por el delito de LESIONES, en perjuicio de JIMMY WILFREDO PINEDA, y se ordena extenderle su respectiva carta de libertad definitiva. 6).-Se decreta sobreseimiento provisional a favor de CARLOS ROBERTO CERRATO GONZALES, por el delito de CONDUCCIÓN TEMERARIA, en perjuicio de la SEGURIDAD VIAL DEL ESTADO DE HONDURAS, se ordena librar la respectiva Carta de Libertad provisional a favor del imputado…” (Folio 16 vuelto del antecedente) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Silvia Sauceda, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de enero de dos mil veintidós, dictó resolución por unanimidad de votos mediante la cual dispuso: “…1) Declarando HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. 2) REVOCAR el sobreseimiento provisional dictado a favor del Carlos Roberto Cerrato Gonzales. 3) Que se dicte en su contra, auto de formal procesamiento por el delito de CONDUCCIÓN TEMERARIA.” (Folios 83-85 del antecedente) 4) Que la recurrente, la Abogada Giovinezza Dubois Zavala, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco de mayo de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha dos de diciembre de dos mil veintidós, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Giovinezza Dubois Zavala, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de enero de dos mil veintidós, que declaró Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución contentiva de un Sobreseimiento Provisional dictado por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de junio de dos mil veintiuno; Con relación a la causa instruida contra el señor Carlos Roberto Cerrato Gonzales, por suponerlo responsable del delito de Conducción Temeraria en perjuicio de la Seguridad Vial del Estado de Honduras, asimismo, por el delito de Lesiones en perjuicio de Jimmy Wilfredo Pineda y por el delito de Daños en perjuicio de Wilmer Alexander Castro Gutiérrez. CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente en la Formalización de la Acción de Amparo manifiesta: “Que los hechos que motivan el presente recurso de amparo tiene su génesis en fecha nueve de junio de 2021, día en el cual se realizó la audiencia inicial, en la cual, tomo la decisión el Juez de Letras Penal dictar un sobreseimiento provisional por el delito de Conducción Temeraria a favor del señor Carlos Roberto Cerrato Gonzales; debido a esta decisión el ente acusador presentó recurso de apelación, mismo que fue resuelto por la Corte de Apelaciones Penal de la Jurisdicción de Francisco Morazán, resolviendo declarar con lugar dicho recurso, revocando el sobreseimiento provisional otorgado a mi representado y ordenando que se dictara en su contra el auto de formal procesamiento por el delito de Conducción Temeraria….Tomando en consideración que el artículo 294 del Codigo Procesal Penal señala que en la audiencia inicial se debe tener la mínima actividad probatoria con La finalidad de aportar materia indiciario para resolver sobre la probable realización de un hecho que se imputa, la misma debe de ser encaminada que se tenga claridad sobre los hechos imputados y quien es el posible participe en los mismos, y así tener bajo un auto de formal procesamiento a una persona y de decretarle la medida cautelar proporcional al hecho, pero en la causa impugnada no se tuvo la información fidedigna sobre la cantidad de alcohol en la sangre, al encontrarse ante una prueba de campo que no era confiable debido a que el aparato con que se practico la prueba de campo en aliento no estaba en optima condiciones, extremo que se puede confirmar con la declaración del testigo del Ministerio Público, Policía Kevin Rafael Moncada, quien explicó que la misma es una prueba presuntiva que sirve para sancionar administrativamente y que se debe de confirmar dicha presunción con la prueba en sangre, lo cual no se acreditó en la presente causa, aunado a esto se estableció que el aparato con el que se realizo dicha prueba de campo fue calibrado la ultima vez el 28 de febrero del año 2019 transcurriendo aproximadamente dos años seis meses desde su última calibración la cual debe de realizarse cada seis meses, por lo que esto podría arrojar un falso positivo.” CONSIDERANDO: (5) Continúa exponiendo la recurrente, que el artículo 3 de la Ley de la Penalización de la Embriaguez Habitual expresa: “Los funcionarios de la Policía Preventiva o de Investigación, deberá tomar las medidas inmediatas para someter al detenido a un examen científico, tendiente a determinar el grado de alcohol en los organismos. El examen se verificará en los laboratorios de Medicina Forense del Ministerio Público, o en su defecto, en los laboratorios de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud o centro privado, supervisados en todo momento por los servicios de la medicina forense…. Si el examen científico, resultara que no ha ingerido bebidas alcohólicas en la escala intencional prohibitiva estimada, por los organismos de salud, la cual será igual o superior a 0.07 mgs de alcohol X 100 en sangre, se pondrá en libertad inmediato al detenido, pero de ser positivo el examen se pondrá a la orden del Juzgado competente…” la amparista manifiesta que la resolución impugnada quebranta los siguientes derechos Constitucionales de su representado: “Presunción de Inocencia contenido en el artículo 89 Constitucional; Debido Proceso contenido en el artículo 90; Asimismo considera violentado el artículo 92 que señala los requisitos para Decretar Auto de Formal Procesamiento.” CONSIDERANDO: (6) Que el Ad quem, en la resolución impugnada realiza un análisis de los medios de prueba sometidos por las partes al contradictorio de la audiencia inicial. Deja establecido el Ad quem, que “El artículo 323 del Codigo Penal, dispone que incurre en el delito de conducción temeraria quien conduzca un vehículo con temeridad manifiesta poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas. El mismo texto refiere que será considerada como conducción temeraria, hacerlo bajo los efectos de drogas, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas. En el caso de estudio, de acuerdo al parte de transito numero 0317-2021 emitido por la Dirección de Viabilidad y Transporte, Carlos Roberto Cerrato Gonzales conducía su motocicleta Bajo los efectos del alcohol y según la prueba de campo que se le realizó y se adjunto a dicho informe, (folio 36) tenia una taza una ingesta de alcohol de 108.9 mg/100 ml, así también lo refirió el testigo de cargo Kevin Rafael Moncada Irías. El Juez estimo que para acreditarse su estado de ebriedad debió de presentar un dictamen toxicológico, razón por la cual dictó sobreseimiento provisional por este delito. Al respecto debemos de manifestar que, en esta etapa preparatoria del proceso deben de incorporarse una mínima actividad probatoria, y que para efecto de aportar indicios de participación en el delito como el que ocupa (conducción temeraria) la prueba de campo realizada por los Agentes de Policía o de la Dirección de Viabilidad y Transporte es suficiente para aportar la evidencia probatoria necesaria para apreciar la participación del acusado de un ilícito como el que ocupa. En el caso que ocupa, según dicha prueba, Carlos Roberto Cerrato Gonzales tenía una taza de 108.9 mg/100 ml de grados de alcohol, cantidad que sobrepasa abundantemente el nivel con el cual se debe de conducir un vehículo. La defensa argumentó y así lo aprecio el Juez en su resolución, que el aparato con el que se hizo la prueba no estaba debidamente calibrado, circunstancia que tampoco fue acreditada en audiencia como para dudar del resultado arrojado y poner en tela de duda el nivel de ingesta de alcohol con el que conducía su motocicleta Carlos Roberto Cerrato Gonzales”. Por las razones antes expuestas el Ad quem declara Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, revocando el Sobreseimiento Provisional y ordena se dicte el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Conducción Temeraria en contra del imputado. CONSIDERANDO (7): Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo dispone el Artículo 198; Igualmente el artículo 199 de la misma norma adjetiva establece: “Medios de Prueba Permitidos. Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables. En lo no previsto en este Código se estará a lo dispuesto en las normas que regulen el medio de prueba que más se asemeje. Los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir.” CONSIDERANDO (8): Siempre y en relación al considerando que antecede, la Ley de Tránsito en el artículo 11 establece sus atribuciones: 1) …2) …3) …4) …5) …6) …7) …8) …9) …10) …11…)12…) Practicar y certificar pruebas para detectar el nivel de alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas en el organismo…. Asimismo, el artículo 323 del Codigo Penal dispone: Conducción Temeraria.” Quien conduce un vehículo automotor con temeridad manifiesta y pone en concreto peligro la vida o la integridad de las personas…. A los efectos de este artículo, se entiende que es conducción temeraria: 1) …2) Conducir bajo los efectos de drogas toxicas, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas.” En ese orden de ideas, la autoridad competente (Miembros de la Dirección de viabilidad y Transporte), está facultada para realizar las pruebas de alcohol de campo, que junto al Informe Técnico de Transito, fueron incorporadas por el Ente Acusador en la audiencia inicial, produciendo una mínima actividad probatoria, que inobservo el Ad quo al momento de dictar su resolución. CONSIDERANDO(9): Que el artículo 92 Constitucional establece los requisitos por los que el Juzgador ha de dictar una Auto de Formal Procesamiento, a través de la valoración de los elementos probatorios en orden a determinar si es o no procedente dictar el auto de formal procesamiento, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de ahí que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando en esa valoración el Juez ordinario ha quebrantado o vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: (10) Que para dictar Auto de Formal Procesamiento bastará la mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada, conforme lo establece el artículo 294, párrafo 5 del Código Procesal penal. En este sentido, el auto de prisión es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal y por ello eventualmente puede dar lugar a una resolución en la que se declare sin lugar la hipótesis acusatoria, ya sea por haberse puesto de manifiesto la inocencia del sospechoso o por existir una duda razonable en torno a su culpabilidad. CONSIDERANDO: (11) Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que la misma establece, a fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales que forman parte del derecho estatal. CONSIDERANDO: (12) Que la garantía del Debido Proceso exige que: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; y que se consagrada en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como garantías judiciales; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido ante los Jueces, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La garantía genérica del debido proceso en materia criminal, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso, dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los Tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO: (13) Que el derecho a la Tutela Judicial Efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. CONSIDERANDO: (14) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala desde el prisma de la justicia constitucional, aprecia que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, contiene el razonamiento de acuerdo a las reglas mínimas de la lógica y la coherencia, en lo referente a la valoración de los medios de pruebas incorporados al expediente judicial, en específico (Informe Técnico de Transito No 317-2021), por lo tanto, se ha producido una mínima actividad probatoria de cargo que justifica la continuación del proceso penal incoado contra el procesado. De ahí que, al no constatarse la vulneración de preceptos constitucionales en perjuicio del imputado, y sin prejuzgar de ningún modo en torno a su culpabilidad, la Sala es del criterio porque se Deniegue el Amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Artículos 7, 8, 12, 14, 198, 199 Y 294 del Código Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO el Recurso de amparo, interpuesto por la Abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZÁVALA, a favor del señor CARLOS ROBERTO CERRATO GONZALES, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de enero de dos mil veintidós. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-824-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL