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Sentencia AP-822-22 — Registro 16851

Resumen

Sentencia declaró ha lugar recursos de apelación y revocó Resolución de sobreseimiento definitivo a favor de los encausados, ahora recurrentes, por suponerlos responsables del delito de Estafa y Daños Culposos en perjuicio de afectado; Se ordenó extender la carta de libertad definitiva; La Autoridad recurrida ordenó continuar con el proceso contra imputados en base a los medios probatorios que acreditan los daños causados y no existe prescripción de la acción penal al haberse iniciado un procedimiento

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem realiza una transcripción de los testimonios rendidos en la Audiencia de prosecución del proceso, limitándose a decir que en la referida audiencia se presentaron medios probatorios que acreditan los daños causados, asimismo relaciona lo establecido en el artículo 321 del Código Procesal Penal, para concluir en el numeral 4 lo siguiente: (Sic) “Habiéndose celebrado la Audiencia de Prosecución dentro del término establecido, y modificándose la calificación del delito dentro de dicha audiencia, no existe prescripción de la acción penal ya que se había iniciado un procedimiento, por lo que los agravios expuestos por los apelantes son de recibo y procede revocar la resolución apelada, y que se continúe con el proceso…” -Lo subrayado es nuestro..."..."la motivación externada por el Tribunal Ad-quem se revela insuficiente, pues no se cumple con las exigencias procesales establecidas en la ley penal adjetiva, ello porque la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o transcripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación; la alzada emite una resolución carente de motivación suficiente, pues no realiza una justificación razonada del cuadro fáctico y jurídico que permita llegar a una conclusión, a efecto que las partes procesales tengan la convicción de lo que concluye sea lo correcto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en la obligación de motivar debida y en forma suficiente las razones tanto fácticas como jurídicas que la llevaron a revocar la resolución apelada que decretó Sobreseimiento Definitivo por los delitos de Estafa y Daños Culposos, ello es así, porque en la resolución impugnada, solamente se hace la trascripción de testimonios rendidos en Audiencia de Prosecución del Proceso, asimismo se cita y transcribe los artículos 99 del Código Penal, relacionado con la prescripción de la acción penal y el artículo 321 del Código Procesal Penal que desarrolla lo concerniente a la ampliación de la acusación, para concluir que no existe prescripción de la acción penal, pero no realiza una valoración de esos testimonios, así como de los incidentes que se han presentado en el desarrollo del proceso, si los plazos a que alude el artículo 295 del Código Procesal Penal, han sido observados, como tampoco se realiza un análisis del alcance de las disposiciones contenidas en el artículo 321 de la ley penal adjetiva en relación a la ampliación de la acusación, en consideración a que se dictó un sobreseimiento provisional por el delito de Estafa etc., para conforme a ello ordenar se revoque la resolución dictada por el A-quo y se continúe con el proceso, por no existir prescripción de la acción penal, como bien lo expone el recurrente..."..."siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al revocar la resolución que declara Sobreseimiento Definitivo por los delitos de Estafa y Daños Culposos, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en la audiencia de prosecución del proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, así como el análisis correspondiente de la normativa legal aplicable al caso concreto, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos a efecto de revocar la resolución de Sobreseimiento Definitivo por los delitos de Estafa y Daños Culposos, dictada por el A-quo y por consiguiente se continúe con el proceso..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de agosto del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAFAEL LEONARDO VILLACORTA ROMERO, a favor de los señores HEYDA YIYI VILLATORO GODOY y CARLOS ENRIQUE DUARTE, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), que declaró Ha Lugar los recursos de apelación promovidos por los Acusadores Privados y el Ministerio Público, contra la resolución de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en la audiencia de continuación de prosecución del proceso, que decreta Sobreseimiento Definitivo a favor de los encausados; en relación la causa instruida contra los señores HEYDA YIYI VILLATORO GODOY y CARLOS ENRIQUE DUARTE, por suponerlos responsables del delito de ESTAFA, en perjuicio del señor YANKEL JOSUE MENDOZA AMADOR.- Estima el recurrente que la resolución emitida por el Ad-quem infringe la garantía del debido proceso, tutela judicial efectiva y el principio de legalidad, contenidos en los Artículos 82, 90 párrafo primero, 303, 321 y 323 de de la República y artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relacionado a las reglas de interpretación. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco de abril del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada CLAUDIA REYES, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento Fiscal contra los señores HEYDA YIYI VILLATORO GODOY y CARLOS ENRIQUE DUARTE, por suponerlos responsables del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio del señor YANKEL JOSUE MENDOZA AMADOR. (Folios del 02–12 del Tomo I de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que, en la Audiencia de Continuación de Prosecución del Proceso, celebrada en fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, resolvió: “1.-) DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, favor de los encausados HEYDA YIYI VILLATORO GODOY Y CARLOS ENRIQUE DUARTE ambos de generales ya conocidas, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio de YANKEL JOSUE MENDOZA AMADOR 2.-) DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor de los encausados HEYDA YIYI VILLATORO GODOY Y CARLOS ENRIQUE DUARTE ambos de generales ya conocidas, por suponerlo responsable del delito de DAÑOS CULPOSOS en perjuicio de YANKEL JOSUE MENDOZA AMADOR. asi mismo se ordena que se les extienda a los encartados la respectiva carta de libertad Definitiva para los efectos legales correspondiente…” (Folios del 1997-2003fv del Tomo IV de la pieza de antecedentes de primera instancia) 3) Que los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ y CELESTE AÍDA CERRATO, actuando en su condición de Acusadores Privados en representación del señor YANKEL JOSUE MENDOZA AMADOR y la Abogada CLAUDIA ELISABETH CASTAÑEDA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fechas 27 y 28 de julio del año 2020, interponiendo Recurso de Apelación, contra la resolución de fecha trece de marzo del dos mil veinte, que se deja relacionada en el acápite que antecede. (Folios del 2012-2020 y del folio 2022-2026 del Tomo V de la pieza de antecedentes) 4) Que conociendo de los Recursos de Apelación interpuestos contra la resolución de fecha trece de marzo del año dos mil veinte, dictada por el A-quo, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), mediante la cual Resolvió: (Sic) “1) Declarar HA LUGAR los recursos de apelación interpuestos. 2.- REVOCAR la resolución Apelada, y que se continúe el proceso”. (Folios del 2083 al 2090fv del Tomo V de la pieza de antecedentes del A-quo) 5) Que en fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veintidós (2022), compareció ante este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, el Abogado RAFAEL LEONARDO VILLACORTA ROMERO, interponiendo Acción de Amparo a favor de los señores HEYDA YIYI VILLATORO GODOY y CARLOS ENRIQUE DUARTE, contra la Resolución de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones de lo penal del Departamento de Francisco Morazán, relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma infringe la garantía del debido proceso, tutela judicial efectiva y el principio de legalidad, contenidos en los Artículos 82, 90 párrafo primero, 321 y 323 de de la República y artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relacionado a las reglas de interpretación. (Folios del 1-6 de los autos) 6) Que en fecha seis (06) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de del Ministerio Público. (Folio 49 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha quince de diciembre del año dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, por la cual se declara HA LUGAR los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y los Acusadores Privados, contra la resolución de sobreseimiento definitivo, decretada en la audiencia de continuación de prosecución del proceso, celebrada en fecha trece de marzo del año dos mil veinte y revoca la resolución dictada por el A-quo, ordenando se continúe con el proceso, en contra de los imputados Heyda Yiyi Villatoro Godoy y Carlos Enrique Duarte, por considerar el Ad-quem que: (Sic) “3.- … En el caso de autos, se ha seguido un procedimiento por el delito de Estafa, el cual en la Audiencia de Prosecución del Proceso, se modificó a Daños Culposos, originados siempre en los hechos por los que se inició el requerimiento, habiéndose presentado medios probatorios que acreditan los daños causados por los imputados. De conformidad con el artículo 321 del Código Procesal Penal el ente Fiscal y el Acusador pueden modificar la calificación legal del delito, a fin de que sea considerado durante el debate. 4.- Habiéndose celebrado la Audiencia de Prosecución dentro del término establecido, y modificándose la calificación del delito dentro de dicha audiencia, no existe prescripción de la acción penal ya que se había iniciado un procedimiento, por lo que los agravios expuestos por los apelantes son de recibo y procede revocar la resolución apelada, y que se continúe con el proceso…” (Ver folios 2089v y 2090 del Tomo V de la pieza de antecedentes del A-quo) CONSIDERANDO (4): Que, de la foliada del escrito de interposición y formalización de la acción de mérito, esta Sala observa que el recurrente señala como vulnerados los derechos al debido proceso, tutela judicial efectiva y el principio de legalidad, contenidos en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República; así como el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Que, en la exposición de los hechos, el recurrente realiza una cronología de la forma en como se ha desarrollado el proceso, mismo que comienza en el año 2013, con la presentación de un Requerimiento Fiscal en contra de los encausados por el delito de Estafa Continuada y ante la interposición de recursos ordinarios y acciones constitucionales de Amparo, a los imputados se les decretó un sobreseimiento provisional por el delito imputado, realizando audiencia en fecha 01 de enero del año 2015. En fecha 4 de diciembre del año 2019 se celebra audiencia de Prosecución del Proceso, en la cual el Ministerio Público en base a lo dispuesto en el artículo 254 del Código Procesal Penal, modifica la calificación jurídica del delito de Estafa al delito de Daños Culposos y es en esta audiencia que el A-quo decreta sobreseimiento definitivo por los delitos de Estafa y Daños Culposos. CONSIDERANDO (5): Que no conforme con la decisión adoptada por el A-quo, tanto el Ministerio Público como los acusadores privados interponen recursos de apelación y es en respuesta a dichos recursos de apelación que el Ad-quem declara ha lugar los mismos y revoca la resolución dictada por el A-quo, ordenando que se continúe con el proceso, decisión que según los argumentos del recurrente en Amparo, infringe garantías constitucionales en atención a que según el peticionario la resolución emitida por el Tribunal Ad-quem no realiza un análisis y valoración de cómo se desarrolló el proceso apelado, para poder establecer la resolución, ni emite criterio legal del por qué emite la resolución; con lo cual a criterio del garantista se patentiza la violación a ser juzgado por un Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Dice el recurrente que a todas luces el Pleno de la Corte quiere revivir delitos que ya conforme a la ley no se pueden perseguir. Sostiene asimismo el peticionario que se emite una resolución sin motivación lógica y sin argumentos legales, por ello se vincula como infringido el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente en Amparo, desarrolla conceptos de lo que se entiende por tutela judicial efectiva, debido proceso y principio de legalidad, asimismo señala jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, por ello deduce que el fallo declarando ha lugar los recursos de apelación sin argumentar de forma lógica y legal debe corregirse con la interposición del Amparo, ya que al no haber motivos legales suficientes el mismo debe declarase sin lugar, ya que vulnera las garantías constitucionales invocadas. La vulneración del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el garantista lo relaciona con la observancia del principio pro homine o pro persona. CONSIDERANDO (7): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. CONSIDERANDO (8): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (9): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader, cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad” CONSIDERANDO (10): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es fundamental establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, al revocar la resolución dictada en Audiencia de Continuación de Prosecución del Proceso que decreta Sobreseimiento Definitivo por los delitos de Estafa y Daños Culposos, contiene la motivación suficiente y exteriorizada de la justificación razonada que permita llegar a esa decisión. CONSIDERANDO (11): Que puede definirse el recurso de apelación como una vía o instrumento de impugnación ordinario en el cual se pueden atacar los vicios de derecho sustantivos como de derecho procesal de los que adolece la resolución emitida por un órgano inferior, que tiene como propósito someter esa decisión a la revisión de un tribunal de instancia superior para que la revoque, modifique o anule. CONSIDERANDO (12): Que conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal, los actos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido. CONSIDERANDO (13): Que al tenor de lo señalado en la normativa citada y del análisis de la resolución impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem realiza una transcripción de los testimonios rendidos en la Audiencia de prosecución del proceso, limitándose a decir que en la referida audiencia se presentaron medios probatorios que acreditan los daños causados, asimismo relaciona lo establecido en el artículo 321 del Código Procesal Penal, para concluir en el numeral 4 lo siguiente: (Sic) “Habiéndose celebrado la Audiencia de Prosecución dentro del término establecido, y modificándose la calificación del delito dentro de dicha audiencia, no existe prescripción de la acción penal ya que se había iniciado un procedimiento, por lo que los agravios expuestos por los apelantes son de recibo y procede revocar la resolución apelada, y que se continúe con el proceso…” -Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO(14): Que la motivación externada por el Tribunal Ad-quem se revela insuficiente, pues no se cumple con las exigencias procesales establecidas en la ley penal adjetiva, ello porque la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o transcripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación; la alzada emite una resolución carente de motivación suficiente, pues no realiza una justificación razonada del cuadro fáctico y jurídico que permita llegar a una conclusión, a efecto que las partes procesales tengan la convicción de lo que concluye sea lo correcto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en la obligación de motivar debida y en forma suficiente las razones tanto fácticas como jurídicas que la llevaron a revocar la resolución apelada que decretó Sobreseimiento Definitivo por los delitos de Estafa y Daños Culposos, ello es así, porque en la resolución impugnada, solamente se hace la trascripción de testimonios rendidos en Audiencia de Prosecución del Proceso, asimismo se cita y transcribe los artículos 99 del Código Penal, relacionado con la prescripción de la acción penal y el artículo 321 del Código Procesal Penal que desarrolla lo concerniente a la ampliación de la acusación, para concluir que no existe prescripción de la acción penal, pero no realiza una valoración de esos testimonios, así como de los incidentes que se han presentado en el desarrollo del proceso, si los plazos a que alude el artículo 295 del Código Procesal Penal, han sido observados, como tampoco se realiza un análisis del alcance de las disposiciones contenidas en el artículo 321 de la ley penal adjetiva en relación a la ampliación de la acusación, en consideración a que se dictó un sobreseimiento provisional por el delito de Estafa etc., para conforme a ello ordenar se revoque la resolución dictada por el A-quo y se continúe con el proceso, por no existir prescripción de la acción penal, como bien lo expone el recurrente. CONSIDERANDO (15): Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al revocar la resolución que declara Sobreseimiento Definitivo por los delitos de Estafa y Daños Culposos, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (16): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en la audiencia de prosecución del proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, así como el análisis correspondiente de la normativa legal aplicable al caso concreto, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos a efecto de revocar la resolución de Sobreseimiento Definitivo por los delitos de Estafa y Daños Culposos, dictada por el A-quo y por consiguiente se continúe con el proceso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 141 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1.- OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado RAFAEL LEONARDO VILLACORTA ROMERO, en su condición de Defensor Privado, a favor de los señores HEYDA YIYI VILLATORO GODOY y CARLOS ENRIQUE DUARTE, contra la Resolución proferida en fecha QUINCE(15) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán; 2.- Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo. Y MANDA: Que, con certificación de esta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada Villela Zavala.- NOTIFÌQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de octubre de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha dos de agosto de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0822-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.