Sentencia AP-816-19 — Registro 17050
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró ha lugar el recurso de Apelación con relación al antejuicio instruido por el delito de prevaricato, en perjuicio de la administración pública. Estima el recurrente que la acción de Amparo tiene como propósito lograr que se le mantenga o restituya a su representada el goce de los derechos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (5): Que es menester mencionar que la decisión emitida por esta Sala de lo Constitucional, no vulnera el derecho al debido proceso como arguye el peticionario, ello es así, porque como lo ha dejado establecido este Tribunal de Justicia Constitucional, la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. El recurrente de nuevo expone como agravios que le causa la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional, los mismos que ya fueron expuestos en el escrito de presentación y formalización del recurso de Amparo, sobre los cuales este Tribunal se pronunció en el fallo constitucional de fecha dos de mayo del presente año dos mil veintitrés; es así que en el considerando 12 se desarrolla lo que es el Antejuicio y lo que se entiende como apariencia de delito a nivel general. Se hacer referencia a que, si bien el Ministerio Público promovió el Antejuicio en fundamento al artículo 378 del Código Penal, por el delito de Prevaricato y en su recurso de Apelación señala que el Tribunal A-quo debió modificar la conducta enmarcándola en el No. 2 del artículo 380 del referido texto normativo, que contempla el delito de prevaricato negligente atenuado, tesis que es respaldada por la Sala de lo penal en la motivación de su sentencia, aspecto éste sobre el cual no se pronuncia esta Sala, por ser cuestiones a ser dilucidadas por el órgano jurisdiccional de instancia conforme a derecho; asimismo vale hacer énfasis que el Antejuicio nunca será tenido como una declaratoria de culpabilidad de la persona antejuiciada, puesto que la declaratoria de absolución o condena corresponde al Tribunal competente, donde se someta al contradictorio el acervo probatorio que harán valer las partes a fin de acreditar los extremos de sus hipótesis. CONSIDERANDO (6): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado SAGLUL ALEXANDER LÓPEZ CASTELLANOS, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha dos (2) de mayo del presente año dos mil veintitrés (2023), que corre agregada en autos se establece claramente las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional de amparo de mérito. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho congruente, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (7): Que el impetrante manifiesta que ni el Ministerio Público ni la Sala de lo Penal, tienen claridad en cuanto al delito en el cual se deberán enmarcar los hechos investigados, pues la Fiscalía comienza solicitando antejuicio por el delito de Prevaricato contemplado en el artículo 378 del Código Penal y más adelante en su recurso de apelación señala que el Tribunal A-Quo debió modificar la conducta enmarcándola en el No. 2 del artículo 380 del Código Penal que contempla el delito de “, tesis que es respaldad por la Sala de lo Penal en la motivación de su sentencia, sin embargo no se pronuncia en su Fallo sobre tal asunto, advirtiéndose con ello una contradicción más en la sentencia el tribunal de alzada. A criterio del recurrente, no es posible aplicar dicha disposición puesto que la sentencia de la Jueza no se puede considerar como manifiestamente ilegal, ni ha existido negligencia de su parte, se trata eso sí, es un mero error material manifiesto que no constituye delito, pues ya se encuentra previsto en el artículo 142 del Código Procesal Penal la posibilidad de rectificar el error en cualquier momento. CONSIDERANDO (8): Que el impetrante señala que ciertamente la sentencia dictada por su representada adolece de un vicio que perfectamente pudo haber sido saneado de oficio por la Jueza al tener ésta conocimiento del mismo, y, este conocimiento lo pudo haber obtenido mediante solicitud de alguna de las partes o comunicación que le hiciera el mismo Tribunal de Ejecución de Sentencias en cualquier momento, pues al tratarse de un error material involuntario no constituye motivo para interponer recurso alguno sino que procede la rectificación de la misma sin más trámite según lo establece el artículo 142 párrafo último del Código Procesal Penal según el cual: “Los meros errores materiales y los aritméticos o de cálculo, cuando sean manifiestos podrán ser rectificados en cualquier momento a petición de parte o por propia iniciativa del órgano jurisdiccional” y el artículo 345 del mismo ordenamiento jurídico que se refiere al saneamiento de los vicios eventuales de la sentencia. Es decir que la ley previendo el hecho que al emitir una sentencia, el Juez, Jueza o Tribunal puedan cometer errores materiales, establece soluciones antes de tal eventualidad. Por todo ello el recurrente considera que se han quebrantado el Principio de Legalidad, contenido en el artículo 84 y 95 constitucional, ya que el Tribunal de alzada ha prejuzgado sobre el fondo del asunto. Principio de Lesividad artículo 2-C del Código Penal, no existe la necesidad de accionar el aparato de justicia si no existe una lesión a un bien jurídico determinado, manifestando que sería excesivo someter a su representada a un proceso penal, pues no ha tenido la intención de favorecer injustamente y con malicia a ninguna de las partes o de ocasionar un perjuicio a la administración de justicia, indicando que no sería proporcional someter a su representada a un proceso penal pues no ha ocasionado un perjuicio a la administración de justicia. El Estado de Inocencia artículo 89 constitucional y 422 párrafo segundo del Código Procesal Penal, que constituye una de las garantías más importantes dentro de la libertad individual y se concreta desde el primer momento de la persecución penal. Quedando evidenciado que la lesión del bien jurídico es nula por lo que no concurren los elementos del tipo penal de prevaricato, violentándose además la Garantía del Juicio Previo. CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Penal en su resolución analiza los agravios expresados por el apelante, señalando que más allá de la calificación jurídica que pueda atribuir el acusador a unos hechos concretos, el juzgador debe atender tales hechos y determinar si comportan o no la apariencia de del delito, en este sentido la Sala de Lo Penal actuando como Corte de Apelaciones considera que la acción de antejuicio promovida en contra de la Jueza KEYLA JOLANY FUGON AVILA, encuentra fundamento razonable para ser declarada ha lugar, pues los hechos tienen apariencia de delito y aparentan una omisión al artículo 70 del Código Penal, el cual establece los requisitos taxativos e integradores para que opere la institución de la suspensión condicional de la pena.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 422 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 2 C (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION.
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia y la Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SAGLUL ALEXANDER LOPEZ CASTELLANOS, a favor de la señora KEYLA JOLANY FUGON AVILA, contra la sentencia dictada en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, actuando como Corte de Apelaciones, que declaró Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que declara No Ha Lugar el antejuicio, promovido por el Ministerio Público, con relación al antejuicio instruido contra la Abogada KEYLA JOLANY FUGON AVILA, por sus actuaciones como Juez de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, por suponerla responsable del delito de PREVARICATO, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Estima el recurrente que la acción de Amparo tiene como propósito lograr que se le mantenga o restituya a su representada el goce de los derechos que señala la Constitución de la República en los artículos 82, 84, 89, 94 y 95, relacionados con los artículos 2-C del Código Penal y los artículos 2 y 422 párrafo segundo del Código Procesal Penal. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado ISAIAS OLIVA PALMA, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, en representación de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), instando procedimiento especial de antejuicio a fin de que se declare a lugar la persecución penal del Ministerio Público, contra Juez de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro. (Folios del 1-4 de la pieza de antecedentes de Antejuicio).2) Que en fecha seis (6) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, emitió resolución a través de la cual fallo: (Sic) “Declarar NO HA LUGAR el antejuicio promovido por el Ministerio Público en contra de las actuaciones de la Juez KEYLA JOLANY FUGON AVILA, Juez de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, por suponerla responsable del delito PREVARICATO, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. Y MANDA: Que se notifique la presente resolución a las partes procesales y a la Juez KEYLA JOLANY FUGON AVILA, Juez de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, para efectos legales correspondientes…” (Folios del 311-314 de la pieza de antecedentes de antejuicio).- 3) Que no conforme con la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Ministerio Público por medio de la Agente de Tribunales Abogada Karen Osorto, interpuso recurso de apelación en fecha nueve (9) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); ordenando la Corte de Apelaciones remitir las diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia. (Folios del 317-321 y 329 de la pieza de antecedentes de Antejuicio). 4) Que en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, conociendo del recurso de apelación promovido por el Ministerio Público, emitió sentencia por medio de la cual falló: (Sic) “1)Declara HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Karen Osorto, en su condición de agente Fiscal del Ministerio Público; 2) REVOCA lo resuelto por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la resolución de fecha seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017); 3) Declarar HA LUGAR la acción de Antejuicio promovida por el Ministerio Público contra la Juez de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, Abogada Keyla Jolany Fugón Ávila, por considerarla responsable del delito de Prevaricato en perjuicio de la Administración Pública; 4) Rechaza de plano el incidente de nulidad interpuesto por la Abogada Keyla Jolany Fugón Ávila, en su condición de Jueza de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro…” (Folios del 336-341 de la pieza de antecedentes de antejuicio). 5) Que el recurrente Abogado SAGLUL ALEXANDER LOPEZ CASTELLANOS, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), interponiendo amparo a favor de la señora KEYLA JOLANY FUGON AVILA, afirmando el recurrente que la resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), no es aplicable, pues disminuye y tergiversa el derecho al debido proceso y el estado de inocencia de su representada, contemplados en la Constitución de la República y los tratados internacionales, invocando los artículos 82, 84, 89, 94 y 95 de la Constitución de la Republica, relacionados con los artículos 2-C del Código Penal y los artículos 2 y 422 párrafo segundo del Código Procesal Penal. (Folios del 1-11 de los autos). 6) Que en fecha siete(7) de diciembre del año dos mil veinte (2020), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 55 de los autos).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la sentencia dictada, en fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, por la SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, actuando como Corte de Apelaciones, que declara HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación al antejuicio instruido contra la Abogada KEYLA JOLANY FUGON AVILA, por sus actuaciones como Juez de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, por suponerla responsable del delito de PREVARICATO, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización de la Acción de Amparo expone que el hecho sometido a investigación consiste en una sentencia condenatoria por estricta conformidad dictada por la Juez de Letras del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro, que presenta una incongruencia que en definitiva resulta irrelevante. Según dicha sentencia la Jueza condena a la pena concreta de cinco años de reclusión al imputado HEBER ELISEO VALLECILLO RAMIREZ, por el delito de EVASIÓN y establece además, suspender la ejecución de la pena con fundamento en el artículo 70 del Código Penal, lo cual no procede, pues la pena concreta excede de tres años y el sujeto había sido condenado en un proceso anterior, sin embargo se ha constatado que la Jueza no libra oficio de excarcelación, ni realiza acción alguna tendiente a impedir el cumplimiento de la pena de reclusión de cinco años, sino que remite dicha sentencia condenatoria al Juzgado de Ejecución competente para su debido control. De lo último se infiere la ausencia de dolo y de conciencia de que la resolución o fallo contenía lo referente a la suspensión de ejecución de la pena, pues la Jueza no insistió ni se aseguró mediante cualquier artimaña que se ejecutara dicha disposición. CONSIDERANDO (5): Que el recurrente manifiesta que, para el Tribunal de Alzada, los resultados de la investigación realizada y sometida a su análisis, demuestra con claridad que la jueza trabajó sobre la plantilla de otra sentencia similar…, sin embargo, por un error material involuntario, algunos datos de la plantilla utilizada no fueron suprimidos completamente, siendo de esa manera impresa y firmada por la Juez sin que tuviera conciencia de ello. Manifiesta que la sentencia es contradictoria al tiempo que señala que “… la tarea en esta etapa pre procesal consiste en determinar… si, al estudio de la causa se concluye que existe fundamento razonable en lo alegado por el actor, sobre la existencia de un hecho en apariencia de delito”, establece además que el A-Quo no debió analizar si concurre o no dolo por parte de la recurrente, pero, dice el impetrante como saberlo si no se analiza el tipo penal y se descompone en sus elementos para determinar si los hechos encajan en el mismo…, señalando que la malicia o conciencia de la injusticia constituye uno de estos elementos, por lo que inevitablemente se deberá verificar si en apariencia existe o no. Manifiesta que en el presente caso se ha acreditado que no existe tal malicia o conciencia de la injusticia, apresurándose la Sala de lo Penal a declarar con lugar una solicitud de antejuicio por unos hechos que no tienen apariencia de delito, omitiendo de esa manera el análisis de aspectos importantes del delito de prevaricato bajo riesgo de considerarlos como cuestiones de fondo, cuando de la lectura de los artículos 378 y 379 del Código Penal, se aprecia que constituyen elementos objetivos de dicho tipo penal que al dejarlas por fuera se estaría apartando del principio de legalidad. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente expone que para el A-Quo no hubo un perjuicio a la administración de justicia, pero la Sala de lo Penal establece que no debe analizarse en el trámite del antejuicio si hubo o no lesión a un bien jurídico u otras cuestiones de fondo como el dolo, resulta contradictorio, pues a su vez establece que le resulta posible concluir que el delito por el cual se solicita el antejuicio es de mera actividad, señalando el recurrente: “entonces porque al Tribunal A-Quo no se le tiene permitido pronunciarse en cuanto a que no existió un perjuicio a la administración de justicia y que no hubo malicia o conciencia de la injusticia, como elemento objetivo del tipo penal, pero el Tribunal de Alzada si se permite señalar que hubo una lesión a un bien jurídico ya que para dicho tribunal, la Jueza cometió un delito de mera actividad, señalando que con ello es el tribunal de alzada el que está prejuzgando en una etapa pre procesal que no tiene dicha finalidad, atentado seriamente contra el estado de inocencia de su representada”. CONSIDERANDO (7): Que el impetrante manifiesta que ni el Ministerio Público ni la Sala de lo Penal, tienen claridad en cuanto al delito en el cual se deberán enmarcar los hechos investigados, pues la Fiscalía comienza solicitando antejuicio por el delito de Prevaricato contemplado en el artículo 378 del Código Penal y más adelante en su recurso de apelación señala que el Tribunal A-Quo debió modificar la conducta enmarcándola en el No. 2 del artículo 380 del Código Penal que contempla el delito de Prevaricato Negligente Atenuado, tesis que es respaldad por la Sala de lo Penal en la motivación de su sentencia, sin embargo no se pronuncia en su Fallo sobre tal asunto, advirtiéndose con ello una contradicción más en la sentencia el tribunal de alzada. A criterio del recurrente, no es posible aplicar dicha disposición puesto que la sentencia de la Jueza no se puede considerar como manifiestamente ilegal, ni ha existido negligencia de su parte, se trata eso sí, es un mero error material manifiesto que no constituye delito, pues ya se encuentra previsto en el artículo 142 del Código Procesal Penal la posibilidad de rectificar el error en cualquier momento. CONSIDERANDO (8): Que el impetrante señala que ciertamente la sentencia dictada por su representada adolece de un vicio que perfectamente pudo haber sido saneado de oficio por la Jueza al tener ésta conocimiento del mismo, y, este conocimiento lo pudo haber obtenido mediante solicitud de alguna de las partes o comunicación que le hiciera el mismo Tribunal de Ejecución de Sentencias en cualquier momento, pues al tratarse de un error material involuntario no constituye motivo para interponer recurso alguno sino que procede la rectificación de la misma sin más trámite según lo establece el artículo 142 párrafo último del Código Procesal Penal según el cual: “Los meros errores materiales y los aritméticos o de cálculo, cuando sean manifiestos podrán ser rectificados en cualquier momento a petición de parte o por propia iniciativa del órgano jurisdiccional” y el artículo 345 del mismo ordenamiento jurídico que se refiere al saneamiento de los vicios eventuales de la sentencia. Es decir que la ley previendo el hecho que al emitir una sentencia, el Juez, Jueza o Tribunal puedan cometer errores materiales, establece soluciones antes de tal eventualidad. Por todo ello el recurrente considera que se han quebrantado el Principio de Legalidad, contenido en el artículo 84 y 95 constitucional, ya que el Tribunal de alzada ha prejuzgado sobre el fondo del asunto. Principio de Lesividad artículo 2-C del Código Penal, no existe la necesidad de accionar el aparato de justicia si no existe una lesión a un bien jurídico determinado, manifestando que sería excesivo someter a su representada a un proceso penal, pues no ha tenido la intención de favorecer injustamente y con malicia a ninguna de las partes o de ocasionar un perjuicio a la administración de justicia, indicando que no sería proporcional someter a su representada a un proceso penal pues no ha ocasionado un perjuicio a la administración de justicia. El Estado de Inocencia artículo 89 constitucional y 422 párrafo segundo del Código Procesal Penal, que constituye una de las garantías más importantes dentro de la libertad individual y se concreta desde el primer momento de la persecución penal. Quedando evidenciado que la lesión del bien jurídico es nula por lo que no concurren los elementos del tipo penal de prevaricato, violentándose además la Garantía del Juicio Previo. CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Penal en su resolución analiza los agravios expresados por el apelante, señalando que más allá de la calificación jurídica que pueda atribuir el acusador a unos hechos concretos, el juzgador debe atender tales hechos y determinar si comportan o no la apariencia de del delito, en este sentido la Sala de Lo Penal actuando como Corte de Apelaciones considera que la acción de antejuicio promovida en contra de la Jueza KEYLA JOLANY FUGON AVILA, encuentra fundamento razonable para ser declarada ha lugar, pues los hechos tienen apariencia de delito y aparentan una omisión al artículo 70 del Código Penal, el cual establece los requisitos taxativos e integradores para que opere la institución de la suspensión condicional de la pena. CONSIDERANDO (10): Que la Sala recurrida, respecto de la nulidad interpuesta por la recurrente, expone que la misma debe ser rechazada de plano con base en las consideraciones legales siguientes: a) La nulidad es “… una clase de sanción procesal por la que se elimina un acto por la inobservancia de un requisito modal extrínseco, relativo a su estructura exterior. Se define también como una sanción procesal por la cual se declara invalido un acto procesal, privándolo de sus efectos, por haber sido cumplido sin observar los requisitos esenciales exigidos por la ley. Por su parte la sanción procesal es la privación al acto de los efectos producidos o que debía producir. Esta prevista en la ley procesal para eliminar los actos viciados. b) Según la normativa procesal se rige bajo tres principios: 1) Principio de Especificidad el cual constituye el aspecto formal de la nulidad y determina que solo puede declararse la nulidad por aquellos vicios que la ley procesal haya previsto como remedio (art. 165 Código Procesal Penal); 2) Principio de Trascendencia, el cual constituye el aspecto material de la nulidad y que determina que solo podrá declararse la nulidad cuando exista un perjuicio verdadero y concreto producido por el vicio procesal; 3) Principio de Preclusión, la declaratoria de nulidad solo podrá decretarse cuando la parte interesada la haya opuesto en el momento procesal oportuno determinado por el artículo 167 del Código Procesal Penal, caso contrario se declara Precluido el derecho; la ley procesal prohíbe expresamente la declaratoria de nulidad cuando tengan como efecto retrotraer el proceso a estadios ya superados (artículo 170 Código Procesal Penal). CONSIDERANDO (11): Que la Sala Penal deja establecido que en el caso sub- júdice la censora dejó de cumplir el Principio de Especificidad que exige la norma procesal, pues su argumento es que el antejuicio no debió presentarse en virtud de que el Ministerio Público no recurrió la sentencia por la cual se les imputa el delito de Prevaricato, no encaja su alegato de manera concreta en ninguno de los presupuestos establecidos en el artículo 166 del Código Procesal Penal, pretendiendo bajo esta argumentación que se declare No Ha Lugar la acción de antejuicio, tampoco precisa cuál es la actuación procesal defectuosa de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que a su parecer lesiona las normas de procedimiento, sumado a lo anterior el incumplimiento del Principio de Preclusión, pues no es como arguye en el recurso: que la nulidad “puede ser invocada en cualquier tiempo que esté latente el perjuicio causado”, dejando establecido el Tribunal, que la declaratoria de nulidad solo podrá decretarse cuando la parte interesada la haya interpuesto en el momento procesal oportuno determinado en el artículo 167 del Código Procesal Penal, caso contrario se declara precluido el derecho. Se expone la sentencia recurrida, que en el caso de auto de no estar de acuerdo con el curso dado por el A-Quo a la acción de antejuicio promovida por el Ministerio Público, debió interponer su escrito de nulidad al realizar su primera actuación procesal, la cual fue rendir el informe correspondiente de descargo y no esperar hasta que las actuaciones procesales llegaran a esa superioridad para interponer el recurso de nulidad, lo anterior conlleva a dar por consentida la tramitación del antejuicio presentado ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés. Por todo ello la autoridad recurrida, declaró Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y revocó la resolución dictada por la Corte de Apelaciones, declarando Con Lugar la acción de antejuicio promovida por el Ministerio Público contra la Juez de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, Abogada KEYLA JOLANY FUGON AVILA. CONSIDERANDO (12): Que el antejuicio es un trámite previo, establecido como garantía a favor de Jueces y Magistrados, en el que se decide si ha lugar o no a proceder criminalmente contra ellos por razón a su cargo. Autorización previa para procesar a los Funcionarios Públicos, es decir una garantía de que los jueces no serán detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente de conformidad con las disposiciones de la ley, de tal manera que para su procedencia se requiere que una acción tenga apariencia de delito. La apariencia de delito a nivel general, se define como aquella verosimilitud o probabilidad (en sentido lato) de que el delito haya sido cometido por el sujeto imputado. En el caso de autos se aprecia que se dio inicio a una acción de antejuicio por el delito de Prevaricato contenido en el artículo 378 del Código Penal vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos, posteriormente el Ministerio Público, en su Recurso de Apelación señala que el Tribunal A-Quo debió modificar la conducta enmarcándola en el No. 2 del artículo 380 del Código Penal que contempla el delito de prevaricato negligente atenuado, tesis que es respaldada por la Sala de lo Penal en la motivación de su sentencia. Aspecto sobre el cual no se pronuncia esta Sala, pronunciamiento que corresponde al órgano jurisdiccional competente conforme al derecho y a la justicia. Por otra parte, el antejuicio nunca será tenido como una declaratoria de culpabilidad de la persona antejuiciada, puesto que la declaratoria de absolución o condena corresponde a un Tribunal competente donde se someta al contradictorio el acervo probatorio que harán valer las partes para probar los extremos de sus hipótesis. CONSIDERANDO (13): Que el artículo 90 de la Constitución de la República implica el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, produciría el atropello de éste; lo cual no ocurre en el caso sub-júdice, apreciando esta Sala, que el Ad-Quem, ha respetado las disposiciones constitucionales inherente al Principio de Legalidad, por ende el Debido Proceso, respondiendo a una tutela judicial efectiva. En consecuencia, los motivos invocados por el impetrante no son de recibo, por lo que debe desestimarse la garantía constitucional de Amparo intentada. CONSIDERANDO (14): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto de la normativa legal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado SAGLUL ALEXANDER LOPEZ CASTELLANOS, a favor de la señora KEYLA JOLANY FUGON AVILA, contra la sentencia dictada en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), por la SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, actuando como Corte de Apelaciones, que declara HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada en fecha seis (6) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan las diligencias al lugar de su procedencia. Redactó la Magistrada. - VILLELA ZAVALA. NOTIFÍQUESE. NOTIFIQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Tegucigalpa, M.D.C., catorce de agosto del año dos mil veintitrés. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado SAGLUL ALEXANDER LÓPEZ CASTELLANOS, en su condición de Representante Procesal de la señora KEYLA JOLANY FUGON AVILA, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, dos (2) de mayo del presente año dos mil veintitrés (2023), y por la cual se falla Denegando la acción constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado SAGLUL ALEXANDER LÓPEZ CASTELLANOS a favor de la señora KEYLA JOLANY FUGON AVILA, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), actuando como Corte de Apelaciones, que declaró Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que declara No Ha Lugar el antejuicio, promovido por el Ministerio Público en contra de la Abogada KEYLA JOLANY FUGON AVILA, por sus actuaciones como Juez de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro. CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del Despacho.CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición del recurrente, se aprecia del mismo, que éste fundamenta su recurso arguyendo que: 1.- Con el propósito de generar congruencia con el considerando (13) el cual relaciona que el artículo 90 de la Constitución de la República implica el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, producirá el atropello de éste; sin embargo dicho contenido de ineludible cumplimiento resulta no ser apreciado en la presente resolución, al considerar que en el trámite del Antejuicio deben apreciarse lo que señala la Constitución de la República a saber: Principio de legalidad (No hay crimen sin ley) Artículo 84 y 95; Estado de Inocencia Artículo 89 y 2, 422 párrafo final del Código Procesal Penal; y Garantía de juicio previo (Artículos 82, 94 y 95 CR); 2.- En relación al principio de legalidad, el peticionario sostiene que, con la declaratoria de antejuicio contra su representada, el Tribunal de Alzada ha prejuzgado el fondo del asunto, responsabilizándola por la comisión de un delito de prevaricato, sin que existe el mismo, ni se haya puesto en peligro bien jurídico alguno. Con lo cual se expone a ser acusada en un proceso penal, mediante la presentación de requerimiento fiscal en su contra y todo lo que trae consigo tal declaratoria; 3.- En cuanto al Principio de Lesividad, dice que no existe necesidad de accionar el aparato de justicia si no existe una lesión a un bien jurídico determinado. En atención a lo anterior sería excesivo someter a su representada a un proceso penal, pues no ha tenido la intención de favorecer injustamente y con malicia a ninguna de las partes; 4.- En los argumentos relativos al Estado de Inocencia, el peticionario sostiene que se desprende que no concurren los elementos del tipo penal de prevaricato en la presente causa y ese es un asunto que se debe analizar en el trámite del antejuicio. Que la sentencia emitida por la Jueza sometida a antejuicio, si bien, en una de sus partes es contraria a derecho, no es manifiestamente injusta, pues no ha favorecido, ni perjudicado ninguna de las partes. 5.- Desarrollando la Garantía de Juicio Previo, el recurrente expone que discrepa con lo establecido en la sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que, en el trámite del antejuicio no se requiere analizar si los hechos investigados constituyen o no delito, pues de ser así la figura del antejuicio no tendría razón de ser y los jueces podrían ser sometidos a proceso penal ante cualquier circunstancia; concluye el pedidor que de ahí podemos constatar como el Tribunal de Alzada le niega al Tribunal A-quo la posibilidad de realizar dicho análisis y de concluir que no ha existido delito de prevaricato, bajo excusa de que no se debe analizar el fondo del asunto, para seguidamente hacerlo ella misma y establecer que si existe un delito de mera actividad, prejuzgando se esa manera a su representada, faltando con ello al principio de congruencia de la sentencia. CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto. CONSIDERANDO (4): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto de que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho.CONSIDERANDO (5): Que es menester mencionar que la decisión emitida por esta Sala de lo Constitucional, no vulnera el derecho al debido proceso como arguye el peticionario, ello es así, porque como lo ha dejado establecido este Tribunal de Justicia Constitucional, la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. El recurrente de nuevo expone como agravios que le causa la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional, los mismos que ya fueron expuestos en el escrito de presentación y formalización del recurso de Amparo, sobre los cuales este Tribunal se pronunció en el fallo constitucional de fecha dos de mayo del presente año dos mil veintitrés; es así que en el considerando 12 se desarrolla lo que es el Antejuicio y lo que se entiende como apariencia de delito a nivel general. Se hacer referencia a que, si bien el Ministerio Público promovió el Antejuicio en fundamento al artículo 378 del Código Penal, por el delito de Prevaricato y en su recurso de Apelación señala que el Tribunal A-quo debió modificar la conducta enmarcándola en el No. 2 del artículo 380 del referido texto normativo, que contempla el delito de prevaricato negligente atenuado, tesis que es respaldada por la Sala de lo penal en la motivación de su sentencia, aspecto éste sobre el cual no se pronuncia esta Sala, por ser cuestiones a ser dilucidadas por el órgano jurisdiccional de instancia conforme a derecho; asimismo vale hacer énfasis que el Antejuicio nunca será tenido como una declaratoria de culpabilidad de la persona antejuiciada, puesto que la declaratoria de absolución o condena corresponde al Tribunal competente, donde se someta al contradictorio el acervo probatorio que harán valer las partes a fin de acreditar los extremos de sus hipótesis.CONSIDERANDO (6): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado SAGLUL ALEXANDER LÓPEZ CASTELLANOS, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha dos (2) de mayo del presente año dos mil veintitrés (2023), que corre agregada en autos se establece claramente las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional de amparo de mérito. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho congruente, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (7): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.CONSIDERANDO (5): Que es menester mencionar que la decisión emitida por esta Sala de lo Constitucional, no vulnera el derecho al debido proceso como arguye el peticionario, ello es así, porque como lo ha dejado establecido este Tribunal de Justicia Constitucional, la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. El recurrente de nuevo expone como agravios que le causa la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional, los mismos que ya fueron expuestos en el escrito de presentación y formalización del recurso de Amparo, sobre los cuales este Tribunal se pronunció en el fallo constitucional de fecha dos de mayo del presente año dos mil veintitrés; es así que en el considerando 12 se desarrolla lo que es el Antejuicio y lo que se entiende como apariencia de delito a nivel general. Se hacer referencia a que, si bien el Ministerio Público promovió el Antejuicio en fundamento al artículo 378 del Código Penal, por el delito de Prevaricato y en su recurso de Apelación señala que el Tribunal A-quo debió modificar la conducta enmarcándola en el No. 2 del artículo 380 del referido texto normativo, que contempla el delito de prevaricato negligente atenuado, tesis que es respaldada por la Sala de lo penal en la motivación de su sentencia, aspecto éste sobre el cual no se pronuncia esta Sala, por ser cuestiones a ser dilucidadas por el órgano jurisdiccional de instancia conforme a derecho; asimismo vale hacer énfasis que el Antejuicio nunca será tenido como una declaratoria de culpabilidad de la persona antejuiciada, puesto que la declaratoria de absolución o condena corresponde al Tribunal competente, donde se someta al contradictorio el acervo probatorio que harán valer las partes a fin de acreditar los extremos de sus hipótesis.CONSIDERANDO (6): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado SAGLUL ALEXANDER LÓPEZ CASTELLANOS, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha dos (2) de mayo del presente año dos mil veintitrés (2023), que corre agregada en autos se establece claramente las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional de amparo de mérito. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho congruente, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (7): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado SAGLUL ALEXANDER LÓPEZ CASTELLANOS, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en fecha dos (2) de mayo del presente año dos mil veintitrés (2023), por las razones que se dejan ya señaladas. Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFÍQUESE.SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (05) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023) certificación de la Sentencia de fecha catorce de agosto de dos mil veintitrés, y resolución de fecha 02 de mayo 2023 recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0816-2019.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.