Sentencia AP-803-19 — Registro 18866
Resumen
La Corte de Apelaciones declaró sin lugar recurso de apelación interpuesto por recurrente contra resolución dictada por juzgado de letras natural que dictó auto de formal procesamiento contra dos altos funcionarios del Estado imputados, uno a título de autor material y el otro a título de cómplice; a quienes se les supone responsables de ciento veinticinco delitos del delito de fraude y delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública; Y, declaró sin lugar solicitud de sustitución de medida cautelar de arresto domiciliario, con vigilancia policial, por la solicitada de caución hipotecaria, ello sin perjuicio que se modifiquen posteriormente; La Corte revocó los autos de formal procesamiento, dictó sobreseimiento definitivo a favor de los dos imputados y suspendió las medidas sustitutivas impuestas, ordenándo completa libertad; por considerar que las pruebas de copias fotostáticas de documentos (cheques) carecen de eficacia probatoria, concluyó que se vulneró el principio de legalidad a un debido proceso, que no se acreditaron los hechos con apariencia de los tipos de delitos que se les imputa; Concuerda con la determinación de la nulidad del acta de declaración de los testigos protegidos por haberse vulnerado el procedimiento de la prueba anticipada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…."en aplicación del artículo 19 párrafo primero de nuestro Código Civil y habiendo analizado el contexto de los artículos 1.4, 16.6, 25, 92 y 294 del Código Procesal Penal en conjunto con cada uno de los antecedentes traídos a la vista, se concluye que la revocatoria del auto de formal procesamiento por el delito de Malversación de Caudales Públicos y Fraude, es producto de la no utilización de la Sana Crítica por parte del Ad-quem, quien ha actuado con inobservancia de las reglas de la lógica y de la experiencia, al interpretar de manera errónea la prueba aportada. La Sana Crítica es el sistema de valoración de la prueba ordenada en el artículo 202 del Código Procesal Penal, señalando al mismo tiempo la necesaria valoración de los medios de prueba de manera adecuada, específicamente el hilo conductor o la trazabilidad de la prueba documental, que es la que permite rastrear en cualquier proceso, en este caso, el origen y destino de varios movimientos financieros referentes a la cuenta No. 730118641 a nombre de casa presidencial, a partir del uno de enero de dos mil diez hasta el 31 de diciembre de 2014..."..."el tribunal Ad-hoc nombrado, omitió mencionar si la conducta del funcionario público cuidó o no los caudales o intereses pecuniarios del Estado; no se pronunció si, por el contrario, se valió de su condición de Secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial, para ordenar la emisión y firmar los cheques. Esta Sala de lo Constitucional manifiesta, en principio, que la resolución recurrida es inconsistente, en tanto no realizó la Corte de Apelaciones una valoración adecuada de la prueba, adoleciendo la sentencia de las reglas de la lógica que se refieren a los principios de identidad, de contradicción, de razón suficiente, del tercero excluido, concluyendo en que la falta de aplicación del sistema de valoración de la Sana Critica constituye una flagrante violación al debido proceso, al derecho de acceso a la justicia y en definitiva a la tutela judicial efectiva por lo cual se determina amparar al recurrente..."..."la Corte de Apelaciones designada se pronunció solamente respecto de los agravios relativos a: (SIC) “1) A la carencia de medios probatorios por consistir en copias fotostáticas de documentos (cheques) sin el respectivo respaldo; y 2) Con respecto al agravio consistente en haber otorgado valoración probatoria a las declaraciones testificales rendidas por los testigos protegidos ALPHA 1 y OMEGA habiendo decretado la nulidad del acta de la declaración de testigos protegidos rendida con las formalidades de prueba anticipada.” Y decidió no abordar el resto de los agravios interpuestos..."..."Si en la sentencia se resuelve sobre asuntos no impugnados, cabe la posibilidad de caer en ultra petita y podría haber una reforma en perjuicio, lo que es vulneratorio de derechos fundamentales como derecho a la defensa componente de un debido proceso, o, por el contrario, que la sentencia no dé respuesta a cada una de las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación, como ocurre en este caso, en el cual la Corte de Apelaciones dice en su sentencia que solamente se pronunciará sobre ciertos agravios, y no emite una respuesta jurisdiccional, como ya se dijo, respecto de los agravios relativos a la posible aplicación inexacta de la ley con relación a la subsunción de los hechos supuestamente ocurridos en los tipos penales de FRAUDE Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, determinación que violenta el derecho de las partes a una sentencia que responda a cada uno de los agravios expuestos por el recurrente, ello garantiza el derecho a la defensa, además el derecho a una sentencia en la cual haya congruencia entre lo que se pide y lo que se resuelve, lo que nos garantiza transparencia y con ello el respeto al derecho a la defensa y el derecho a la aplicación del principio de legalidad, falencias que obliga a esta sala a amparar al recurrente..."..."la Corte de Apelaciones que nombrara la Corte Suprema de Justicia para conocer el caso de mérito, deberá analizar los antecedentes, cada una de las posiciones jurídicas y los medios de prueba pasados por el contradictorio en audiencia inicial, a manera de determinar la existencia o no, de una mínima actividad probatoria que aporte o no, material indiciario para resolver sobre “la probable realización del hecho que se imputa”, en ese sentido se manifiesta que, de una apreciación conjunta de lo acaecido en audiencia inicial, y de un análisis armónico de las pruebas aportadas en este momento procesal, se pronuncien de nuevo sobre el recurso de apelación interpuesto y se dicte una nueva sentencia, en observancia al debido proceso y al principio de legalidad establecido en el artículo 304 y 323 de la Constitución de la República..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 93 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 233 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 198 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 202 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 321 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 323 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…."en aplicación del artículo 19 párrafo primero de nuestro Código Civil y habiendo analizado el contexto de los artículos 1.4, 16.6, 25, 92 y 294 del Código Procesal Penal en conjunto con cada uno de los antecedentes traídos a la vista, se concluye que la revocatoria del auto de formal procesamiento por el delito de Malversación de Caudales Públicos y Fraude, es producto de la no utilización de la Sana Crítica por parte del Ad-quem, quien ha actuado con inobservancia de las reglas de la lógica y de la experiencia, al interpretar de manera errónea la prueba aportada. La Sana Crítica es el sistema de valoración de la prueba ordenada en el artículo 202 del Código Procesal Penal, señalando al mismo tiempo la necesaria valoración de los medios de prueba de manera adecuada, específicamente el hilo conductor o la trazabilidad de la prueba documental, que es la que permite rastrear en cualquier proceso, en este caso, el origen y destino de varios movimientos financieros referentes a la cuenta No. 730118641 a nombre de casa presidencial, a partir del uno de enero de dos mil diez hasta el 31 de diciembre de 2014..."..."el tribunal Ad-hoc nombrado, omitió mencionar si la conducta del funcionario público cuidó o no los caudales o intereses pecuniarios del Estado; no se pronunció si, por el contrario, se valió de su condición de Secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial, para ordenar la emisión y firmar los cheques. Esta Sala de lo Constitucional manifiesta, en principio, que la resolución recurrida es inconsistente, en tanto no realizó la Corte de Apelaciones una valoración adecuada de la prueba, adoleciendo la sentencia de las reglas de la lógica que se refieren a los principios de identidad, de contradicción, de razón suficiente, del tercero excluido, concluyendo en que la falta de aplicación del sistema de valoración de la Sana Critica constituye una flagrante violación al debido proceso, al derecho de acceso a la justicia y en definitiva a la tutela judicial efectiva por lo cual se determina amparar al recurrente..."..."la Corte de Apelaciones designada se pronunció solamente respecto de los agravios relativos a: (SIC) “1) A la carencia de medios probatorios por consistir en copias fotostáticas de documentos (cheques) sin el respectivo respaldo; y 2) Con respecto al agravio consistente en haber otorgado valoración probatoria a las declaraciones testificales rendidas por los testigos protegidos ALPHA 1 y OMEGA habiendo decretado la nulidad del acta de la declaración de testigos protegidos rendida con las formalidades de prueba anticipada.” Y decidió no abordar el resto de los agravios interpuestos..."..."Si en la sentencia se resuelve sobre asuntos no impugnados, cabe la posibilidad de caer en ultra petita y podría haber una reforma en perjuicio, lo que es vulneratorio de derechos fundamentales como derecho a la defensa componente de un debido proceso, o, por el contrario, que la sentencia no dé respuesta a cada una de las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación, como ocurre en este caso, en el cual la Corte de Apelaciones dice en su sentencia que solamente se pronunciará sobre ciertos agravios, y no emite una respuesta jurisdiccional, como ya se dijo, respecto de los agravios relativos a la posible aplicación inexacta de la ley con relación a la subsunción de los hechos supuestamente ocurridos en los tipos penales de FRAUDE Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, determinación que violenta el derecho de las partes a una sentencia que responda a cada uno de los agravios expuestos por el recurrente, ello garantiza el derecho a la defensa, además el derecho a una sentencia en la cual haya congruencia entre lo que se pide y lo que se resuelve, lo que nos garantiza transparencia y con ello el respeto al derecho a la defensa y el derecho a la aplicación del principio de legalidad, falencias que obliga a esta sala a amparar al recurrente..."..."la Corte de Apelaciones que nombrara la Corte Suprema de Justicia para conocer el caso de mérito, deberá analizar los antecedentes, cada una de las posiciones jurídicas y los medios de prueba pasados por el contradictorio en audiencia inicial, a manera de determinar la existencia o no, de una mínima actividad probatoria que aporte o no, material indiciario para resolver sobre “la probable realización del hecho que se imputa”, en ese sentido se manifiesta que, de una apreciación conjunta de lo acaecido en audiencia inicial, y de un análisis armónico de las pruebas aportadas en este momento procesal, se pronuncien de nuevo sobre el recurso de apelación interpuesto y se dicte una nueva sentencia, en observancia al debido proceso y al principio de legalidad establecido en el artículo 304 y 323 de la Constitución de la República..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 93 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 233 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 198 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 199 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 202 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 321 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 323 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…."en aplicación del artículo 19 párrafo primero de nuestro Código Civil y habiendo analizado el contexto de los artículos 1.4, 16.6, 25, 92 y 294 del Código Procesal Penal en conjunto con cada uno de los antecedentes traídos a la vista, se concluye que la revocatoria del auto de formal procesamiento por el delito de Malversación de Caudales Públicos y Fraude, es producto de la no utilización de la Sana Crítica por parte del Ad-quem, quien ha actuado con inobservancia de las reglas de la lógica y de la experiencia, al interpretar de manera errónea la prueba aportada. La Sana Crítica es el sistema de valoración de la prueba ordenada en el artículo 202 del Código Procesal Penal, señalando al mismo tiempo la necesaria valoración de los medios de prueba de manera adecuada, específicamente el hilo conductor o la trazabilidad de la prueba documental, que es la que permite rastrear en cualquier proceso, en este caso, el origen y destino de varios movimientos financieros referentes a la cuenta No. 730118641 a nombre de casa presidencial, a partir del uno de enero de dos mil diez hasta el 31 de diciembre de 2014..."..."el tribunal Ad-hoc nombrado, omitió mencionar si la conducta del funcionario público cuidó o no los caudales o intereses pecuniarios del Estado; no se pronunció si, por el contrario, se valió de su condición de Secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial, para ordenar la emisión y firmar los cheques. Esta Sala de lo Constitucional manifiesta, en principio, que la resolución recurrida es inconsistente, en tanto no realizó la Corte de Apelaciones una valoración adecuada de la prueba, adoleciendo la sentencia de las reglas de la lógica que se refieren a los principios de identidad, de contradicción, de razón suficiente, del tercero excluido, concluyendo en que la falta de aplicación del sistema de valoración de la Sana Critica constituye una flagrante violación al debido proceso, al derecho de acceso a la justicia y en definitiva a la tutela judicial efectiva por lo cual se determina amparar al recurrente..."..."la Corte de Apelaciones designada se pronunció solamente respecto de los agravios relativos a: (SIC) “1) A la carencia de medios probatorios por consistir en copias fotostáticas de documentos (cheques) sin el respectivo respaldo; y 2) Con respecto al agravio consistente en haber otorgado valoración probatoria a las declaraciones testificales rendidas por los testigos protegidos ALPHA 1 y OMEGA habiendo decretado la nulidad del acta de la declaración de testigos protegidos rendida con las formalidades de prueba anticipada.” Y decidió no abordar el resto de los agravios interpuestos..."..."Si en la sentencia se resuelve sobre asuntos no impugnados, cabe la posibilidad de caer en ultra petita y podría haber una reforma en perjuicio, lo que es vulneratorio de derechos fundamentales como derecho a la defensa componente de un debido proceso, o, por el contrario, que la sentencia no dé respuesta a cada una de las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación, como ocurre en este caso, en el cual la Corte de Apelaciones dice en su sentencia que solamente se pronunciará sobre ciertos agravios, y no emite una respuesta jurisdiccional, como ya se dijo, respecto de los agravios relativos a la posible aplicación inexacta de la ley con relación a la subsunción de los hechos supuestamente ocurridos en los tipos penales de FRAUDE Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, determinación que violenta el derecho de las partes a una sentencia que responda a cada uno de los agravios expuestos por el recurrente, ello garantiza el derecho a la defensa, además el derecho a una sentencia en la cual haya congruencia entre lo que se pide y lo que se resuelve, lo que nos garantiza transparencia y con ello el respeto al derecho a la defensa y el derecho a la aplicación del principio de legalidad, falencias que obliga a esta sala a amparar al recurrente..."..."la Corte de Apelaciones que nombrara la Corte Suprema de Justicia para conocer el caso de mérito, deberá analizar los antecedentes, cada una de las posiciones jurídicas y los medios de prueba pasados por el contradictorio en audiencia inicial, a manera de determinar la existencia o no, de una mínima actividad probatoria que aporte o no, material indiciario para resolver sobre “la probable realización del hecho que se imputa”, en ese sentido se manifiesta que, de una apreciación conjunta de lo acaecido en audiencia inicial, y de un análisis armónico de las pruebas aportadas en este momento procesal, se pronuncien de nuevo sobre el recurso de apelación interpuesto y se dicte una nueva sentencia, en observancia al debido proceso y al principio de legalidad establecido en el artículo 304 y 323 de la Constitución de la República..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 93 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 233 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 198 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 199 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 202 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 321 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 323 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS GRIFFIN RAMIREZ, en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, a favor de la sociedad del ESTADO DE HONDURAS, contra el sobreseimiento definitivo de fecha veinte de junio del dos mil diecinueve, dictada por la Corte Apelaciones Natural Designada por la Corte Suprema de Justicia, que declaró SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Natural designado por esta Corte Suprema de Justicia, y que dictó auto de formal procesamiento en la causa instruida contra los señores WILFREDO FRANCISO CERRATO DURON Y RAMON LOBO SOSA, por los delitos de FRAUDE Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1)Que en fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil dieciocho(2018), comparecieron ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, los Abogados JUAN CARLOS GRIFFIN RAMIREZ y LUIS JAVIER SANTOS CRUZ, actuando en su condición de FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando requerimiento fiscal, contra los señores WILFREDO FRANCISCO CERRATO DURON y RAMON LOBO SOSA, quienes se les supone responsables de la Comisión de los delitos de FRAUDE y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS.- (Folios 01 al 22 de la pieza del Juzgado).2)Que en la celebración de la Audiencia Inicial, la cual inició en fecha veinte (20) de noviembre del dos mil dieciocho (2018) y concluyó el treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Natural designado por la Corte Suprema de Justicia, los defensores privados de los imputados, solicitaron nulidad de medios de prueba presentados por el Ministerio Público, consistente en la solicitud de prueba anticipada y declaraciones de Testigos Protegidos.- En consecuencia el Juez Natural RESOLVIÓ: Se declara LA NULIDAD ABSOLUTA de acta de audiencia de prueba anticipada de fecha nueve de agosto del año en curso, de las declaraciones DE TESTIGOS PROTEGIDOS ALPHA I Y OMEGA I, recibido antes las señoras Juez de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupcion, por vulneración efectiva al Derecho de los acusados. En esa misma audiencia el citado Juzgado RESOLVIO: DECRETAR 1.- AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO al imputado WILFREDO FRANCISCO CERRATO DURON, por suponerlo responsable a título de autor material de ciento veinticinco delitos especiales propios de FRAUDE en concurso ideal medial con igual número de delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, ambos en perjuicio de LA ADMINISTRACIO PUBLICA.- 2) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO al imputado RAMON LOBO SOSA, por suponerlos responsables a título de cómplice de ciento veinticinco delitos de FRAUDE en concurso ideal medial con igual números de delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, ambos en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- 3) Con relación a la medida cautelar a imponer a los encausados WILFREDO FRANCISO CERRATO DURON Y RAMON LOBO SOSA, este Juez designado estima pertinente, proporcional e idónea, que continúen estos con la Medida Cautelar de arresto domiciliario, con vigilancia parcial, autorizado únicamente su salida para asistencia médica, debiendo informar por parte de quien ejerza esta vigilancia policial de esta situación especial a este Juez, igualmente declarando sin lugar la solicitud de sustitución de la medida cautelar por la caución hipotecaria solicitada por ahora y sin perjuicio que puedan ser modificadas posteriormente.- (Folio 812-844).3)Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y de la Defensa de los imputados, la Corte de Apelaciones Natural designada por la Corte Suprema de Justicia, dictó Sentencia en fecha veinte (20) de junio del dos mil diecinueve (2019) la cual RESOLVIO: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos por 1.- La Abogada KARLA PATRICIA AGUILAR ARITA, defensora privada del imputado WILFRESO FRANCISCO CERRATO DURON, interpuestos en fecha tres (3) de diciembre del dos mil dieciocho (2018).- 2.- Por la Abogada KAREN VANESSA ELENCOFF MARTINEZ, apoderada judicial del imputado RAMON LOBO SOSA, recurso interpuesto en fecha cinco de diciembre del dos mil dieciocho.- SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por el Ministerio Público en representación de la Sociedad, en fecha tres (3) de diciembre del dos mil dieciocho (2018).- TERCERO: Se dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores WILFREDO FRANCISCO CERRATO DURON y RAMON LOBO SOSA, contra quienes el Ministerio Público, a través de Agentes de Tribunales asignados a la Unidad Fiscal Especial contra la impunidad de la corrupción (UFESIC), incoo acción penal pública por suponerlos responsables de la comisión de la probable existencia del delito de FRAUDE y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- CUARTO: SE REVOCA la medida sustitutiva impuesta a arresto domiciliario con vigilancia policial… (Folio 990-998) 4)El recurrente Abogado JUAN CARLOS GRIFFIN RAMIREZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha veinte (20) de junio del dos mil diecinueve (2019) es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. 5)Que en fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.CONSIDERANDO (1): Que el recurrente Abogado JUAN CARLOS GRIFFIN RAMIREZ, en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, actuando a favor de la sociedad del ESTADO DE HONDURAS, interpuso recurso de amparo contra la sentencia de fecha veinte de junio del dos mil diecinueve, dictada por la Corte Apelaciones Natural designada por la Corte Suprema de Justicia, que declaró SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Natural designado por esta Corte Suprema de Justicia, y que dictó auto de formal procesamiento en la causa instruida contra los señores WILFREDO FRANCISO CERRATO DURON Y RAMON LOBO SOSA, por los delitos de FRAUDE Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (2): Que en la demanda de amparo interpuesta se debe señalar que el recurrente en su escrito de interposición del recurso de amparo, enuncia como garantías fundamentales violadas, las contenidas en los artículos 80, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Que según expone el recurrente, la infracción del precepto constitucional invocado se ha producido cuando, la Corte de Apelaciones designada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia para conocer el presente caso por tratarse de altos funcionarios del Estado, revocó el auto de formal procesamiento decretado al imputado Wilfredo Francisco Cerrato Durón, por suponerlo responsable a título de autor material de ciento veinticinco delitos especiales propios de Fraude en concurso ideal medial con igual número de delitos de Malversación de Caudales Públicos, ambos en perjuicio de La Administración Pública.- Asimismo revocó el Auto de Formal Procesamiento al imputado Ramón Lobo Sosa, por suponerlo responsable a título de cómplice de ciento veinticinco delitos de Fraude en concurso ideal medial con igual números de delitos de Malversación de Caudales Públicos, ambos en perjuicio de La Administración Pública y en ambos casos dictó sobreseimiento definitivo y consecuentemente suspendió las medidas cautelares sustitutivas impuestas por el Aquo ordenando completa libertad. CONSIDERANDO (4): Que, por otro lado, el recurrente sostiene que el Tribunal Ad Quem vulnera la garantía del debido proceso, al realizar una interpretación errónea de medios de prueba documental y consecuentemente de ello inadmite varios cheques certificados y documentos en los cuales constan la trazabilidad de las operaciones bancarias, los que, a juicio del impetrante, fueron introducidos en legal y debida forma por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en vulneración al numeral uno del artículo 272 del Código Procesal Civil que establece que los documentos públicos tendrán fuerza probatoria si se aportan al proceso en original o por testimonio, copias fotostáticas autenticadas, certificación fehaciente o si habiendo sido aportado por copia simple, no se hubiere impugnado su autenticidad.CONSIDERANDO (5): Que, se transcriben literalmente la parte considerativa de la sentencia recurrida, en la cual la alzada plasma la argumentación jurídica en la cual basó su determinación de revocar los autos de formal procesamiento y sobreseer el caso penal a favor de los imputados Wilfredo Francisco Cerrato Durón y Ramón Lobo Sosa: “CONSIDERANDO (3): Que en audiencia inicial se decide si se efectuó en la misma, una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la “probable realización de un hecho” que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación de los imputados en los mismos, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada. Al hacerse referencia a actividad probatoria, es preciso tener como norte, que la finalidad de los medios de prueba, , es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este código. También, la misma normativa procesal en el artículo 200, entre otra manda, que carecerá de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte. (El subrayado es nuestro). CONSIDERANDO (4): Que de la revisión, estudio y análisis de las diligencias acercadas a esta alzada, se observa que el Ministerio Publico manifestó en audiencia inicial, que la investigación que da pie a este proceso penal, inició al haber recibido información de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, informando un reporte de operación sospechosa consistente en que Banco Atlántida había reportado a la Unidad indicada, en adelante UIF que de la cuenta de Banco Atlántida No. 15100000106, se depositaron una serie de cheques a la cuenta del señor Ramón Lobo Sosa ofreciendo como prueba, una serie de cheques emitidos por el señor Wilfredo Cerrato quien en su condición de Secretario de Estado en el despacho de Administración y Gestión Financiera Presidencial, aperturó la cuenta en Banco Fichosa No. 011010403286, bajo la rúbrica Casa Presidencial-Administración. El Ministerio Público afirma haber demostrado que el Señor Ramón Lobo Sosa, en los años entre 2010 al 2014, recibió 34 cheques de la referida cuenta de Banco Ficohsa, que al sumarlos hacen un monto de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL LEMPIRAS (L 4, 628,000.00), asimismo aseguran haber demostrado que el testigo protegido OMEGA1 recibió durante diez meses, cheques a razón de UN MILLON DE LEMPIRAS (L1,000,000.00), es decir cheque por mes, equivalente al valor de CIEN MIL LEMPIRAS (L. 100, 000.00) cada uno, y el testigo protegido ALPHA 1 recibió nueve cheques a razón de CIEN MIL LEMPIRAS (L. 100, 000.00) cada uno, sumados por la cantidad de NOVECIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 900,000.00), sumando un total de cincuenta y tres (53) cheques por un monto de SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL LEMPIRAS (L. 6, 528,000.00). Asimismo, sostiene el Ministerio Público haber acreditado en audiencia inicial la apertura de la cuenta BAC BAMER 730118641 por parte del señor Wilfredo Cerrato, cuenta denominada Casa Presidencial-Guardia de Honor, pruebas contenidas con los informes transaccionales de fecha treinta (30) de octubre de dos mil dieciocho (2018) y nueve (09) de noviembre del mismo año, en donde constan copias fotostáticas de 36 cheques mensuales a razón de CIEN MIL LEMPIRAS (L. 100, 000.00) cada uno y endosados por el Testigo Protegido OMEGA 1; así se efectuó el mismo procedimiento y cantidad de cheques endosados por el testigo protegido ALPHA1, haciendo un total de treinta y dos (32) cheques y un monto de SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.7,200,00.00), sumando una emisión de ciento veinticinco (125) cheques en total por parte del señor Wilfredo Cerrato en su condición predicha, entre los años 2010 a 2014, distribuidos entre el señor Ramón Lobo Sosa y los testigos protegidos ALPHA 1 y OMEGA 1. CONSIDERANDO (5): Que es menester recordar que en un proceso penal la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público, pues es la parte acusadora quien ha de acreditar en juicio la veracidad de los hechos que acusa, para que un Juez competente, con la valoración de los mismos, pueda quebrantar la presunción de inocencia de los ciudadanos investigados. Corresponde al Ministerio Público, por medio de funcionarios y órganos auxiliares, investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública, debiendo realizar los actos necesarios para presentar la acusación y participar en el proceso, solo con una condicionante, que lo deberá hacer de acuerdo a los mandatos de la Constitución de la República, a los Convenios Internacionales suscritos por Honduras, a su respectiva ley y a lo establecido en el Código Procesal Penal.- En el caso que nos ocupa, se ha revisado minuciosamente los antecedentes recibidos, y con relación a la forma en que se dice inició esta investigación, se concluye que no existe en los mismos, un medio de prueba sea documental o medio de prueba técnico de reproducción de imagen, video o sonido, que acredite la remisión de los informes transaccionales enviados, posterior al reporte de operación sospechosa de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Es necesario recordar, que esta Corte decide únicamente con los elementos probatorios acercados al proceso, es así que en el entendido de que la prueba es el medio más confiable para descubrir la verdad real, y a la vez, la mayor garantía contra posibles decisiones judiciales arbitrarias, no basta con que el Ministerio Publico mencione, o simplemente manifieste un hecho, sino que, como se dijo, tiene la obligación de probarlo. En un proceso penal, no hay cabida a la duda, pues procedería la aplicación del principio in dubio pro reo, por lo que, para que se dicte auto de formal procesamiento, o una sentencia condenatoria, el acto de prueba, debe producir resultados irrefutables, ya que tiene la finalidad de ir reconstruyendo de un modo comprobable y demostrable el hecho que asegura, ha cometido supuestamente determinado ciudadano, en este caso, los señores WILFREDO CERRATO Y RAMON LOBO SOSA. Por lo tanto, no se demostró en audiencia inicial con el debido documento de remisión, la formalidad requerida para acreditar la obtención de la información recibida de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros UIF, reiterándose que la simple mención no basta, con ello surge una enorme duda sobre la procedencia de la información. CONSIDERANDO (6): Que se acusa la supuesta comisión de los delitos de FRAUDE Y MALVERSDACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, por haberse librado una serie de cheques sin respaldo, sin embargo, no existe en los antecedentes evidencia que se hayan presentado, ya sea los cheques originales, copias fotostáticas de los mismos debidamente autenticadas o en su defecto, que se haya señalado el lugar en donde se encuentran para realizar una inspección con la finalidad del respectivo cotejo. El Ministerio Publico se limitó a aportar como medios de prueba en este proceso, copias fotostáticas procedentes de microfilm sin el procedimiento legal que otorgaría el valor probatorio a los mismos. La prueba de valor decisivo en este caso son los cheques supuestamente emitidos por el señor WILFREDO FRANCISCO CERRATO DURON como Secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial. Esta Corte entiende que debe ajustarse, en cuanto a la valoración de la prueba, al método de la “sana crítica”, acogido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, ello con obligatorio cumplimiento al mandato establecido en el artículo 303 constitucional, que es impartir justicia sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes. En ese sentido, el artículo 252 del Código Procesal Penal, manda que para determinar el carácter público o privado de un documento, se estará a lo prescrito en el Código Civil, así, en observancia al artículo 1497 del Código Civil que define como documentos públicos “los autorizados por un notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley”, disposiciones legales anteriores aplicables al caso, por tratarse de cheques, los que tanto en el proceso penal y en cualquier otro, constituyen títulos valores al ser documentos necesarios para ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna, según el artículo 449 del Código de Comercio. CONSIDERANDO (7): Que el juzgamiento de los delitos y de las faltas, así como el control de las penas y de las medidas de seguridad, corresponden a jueces y magistrados independientes e imparciales, únicamente sometidos a la Constitución de la República, a los tratados internacionales de que Honduras forma parte y a las leyes; en razón de ello, este Tribunal está en la obligación de rechazar fundadamente cualquier pretensión que se formule contradiciendo las reglas de la buena fe o con manifiesto abuso de derecho o en fraude de ley procesal como ocurre en el presente caso, pues el Ministerio Público al haber presentado como prueba documental (copias de cheques), violentó el mandato contenido en el artículo 93 del Código Procesal Penal, que establece que en el ejercicio de sus funciones, el ente acusador está obligado a actuar con absoluta objetividad y a velar por la correcta aplicación de las leyes penales; especialmente del DECRETO-LEY No. 1059 del 15 de julio de 1980 que exige que la fotocopias llenen las formalidades del caso para elevarlas a una fiel reproducción del documento original, o en su defecto hacer mención de los lugares en donde se encuentran los originales con el propósito de que se realice el respectivo cotejo y así verificar la autenticidad de las copias; lo que no se acreditó en esta audiencia. Como consecuencia de lo anterior, el Ministerio Público vulneró el derecho fundamental al debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. Las vulneraciones detectadas, exigen a esta Corte de Apelaciones designada, DETERMINAR: Que las copias de los cheques aportadas al proceso como elementos de prueba, carecen de eficacia probatoria, pues vulneran el principio de legalidad y consecuentemente el derecho fundamental a un debido proceso, con las formalidades derechos y garantías que la ley establece, restándoles absolutamente el valor probatorio otorgado por el Juez de Instrucción, con lo cual no se acreditó la existencia del hecho con apariencia subsumidos en los tipos delitos de FRAUDE y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. CONSIDERANDO (8): Que con respecto al agravio consistente en haber otorgado valoración probatoria a las declaraciones testificales rendidas por los testigos protegidos ALPHA UNO y OMEGA UNO en audiencia celebrada con las formalidades de prueba anticipada, en fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, aun habiéndose decretado la nulidad de la misma, esta Corte manifiesta su conformidad con dicha determinación, por haberse vulnerado el procedimiento establecido en artículo 277 del Código Procesal Penal relativo a “Prueba anticipada”, para toma de declaración testifical como prueba anticipada. Se dice lo anterior, por estar probado en autos, que el Ministerio Público dejó indefenso al imputado, por no haber notificado y citado al abogado privado designado por el ahora imputado Wilfredo Cerrato, quien, en aquel momento, tenía la categoría de investigado (ver folio 865), habiéndose este último personado en las causas que el Ministerio Publico investiga en contra del imputado. Del escrito de personamiento presentado ante UFESIC, el defensor privado señala que se indique de forma clara los hechos constitutivos de delito que se le atribuyen a su patrocinado. No obstante, esta Unidad, no informó de todos los hechos por los cuales tenía investigaciones abiertas. El Ministerio Público actuando con deslealtad permitió el desarrollo de la audiencia, en inobservancia a lo establecido en el artículo 277 de la ley procesal, que indica la presencia del defensor. El Ministerio Publico estaba obligado a observar esta falencia y por mandato a lo establecido al artículo 93 del Código Procesal Penal que le obliga a actuar con objetividad debió percatarse, y más aún cuando se trata un caso mediático, de relevancia nacional, saber que el imputado en efecto tenía defensor privado de su confianza. Es invalido el argumento del Ministerio Público, cuando señala que el derecho a la defensa le fue garantizado, por haberse contado con la presencia de defensores Públicos en esa audiencia, argumento que denota o falta de objetividad en su actuar o un desconocimiento inexcusable del contenido del último párrafo del artículo 277 apuntado, que manda que en estas audiencias tomadas con las formalidades de prueba anticipada, se nombrara defensores públicos solo en aquellos casos en que se desconozca quien es el imputado y la práctica de la prueba sea de extrema urgencia, ya sea porque exista peligro grave de que resulte imposible o extraordinariamente su práctica en el acto del debate, o cuando exista peligro grave de fallecimiento del testigo o por ausencia o cualquier otra causa que haga imposible o extraordinariamente imposible su comparecencia en juicio, asimismo que exista peligro grave de ser expuesto a presiones, violencia, amenazas ofertas o promesas de dinero u otros beneficios análogos.”CONSIDERANDO (6): Que se debe mencionar que uno de los métodos más útiles en orden a la interpretación de las normas y que es aplicable a cualquier rama o sector del ordenamiento jurídico, es el método lógico o sistemático al que alude el artículo 19 párrafo primero de nuestro Código Civil, donde se establece que “…el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía”. CONSIDERANDO (7): Que de conformidad con lo previsto por el artículo 92 del Código Procesal Penal, corresponderá al Ministerio Público por medio de sus funcionarios y órganos auxiliares, investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública en representación de la sociedad, por su parte, el artículo 25 del mismo texto legal prevé, que el ejercicio de la acción pública le corresponde al Ministerio Público, el cual podrá proceder de oficio o a instancia de parte interesada, y que, en asuntos de su competencia, tal acción será ejercitada por la Procuraduría General de la República, sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 1 No. 4) de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece, que uno de los objetivos fundamentales de dicha institución, es la de combatir la corrupción en cualesquiera de sus formas, por su parte, el artículo 16 No. 6) de dicha ley, prevé que entre las atribuciones del Ministerio Público, se encuentra la de promover las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad penal en que hubieren incurrido los funcionarios o empleados públicos, civiles o militares, con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y empleos, con excepción de las que competan a la Procuraduría General de la República, conforme a la Constitución.CONSIDERANDO (9): Que uno de los principios que informan la regulación de los medios probatorios en el Código Procesal Penal, es el de la libertad probatoria que consigna el artículo 199 de ese texto legal, donde se establece que “los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en éste Código, siempre que sean objetivamente confiables..”, de este modo, nuestro Código Procesal Penal incorpora un sistema de numerus apertus o abierto en orden a la admisión de medios probatorios que sean útiles para sustentar la hipótesis acusatoria o en su caso, para mantener la presunción de inocencia a favor del imputado. CONSIDERANDO (10): Que, en aplicación del artículo 19 párrafo primero de nuestro Código Civil y habiendo analizado el contexto de los artículos 1.4, 16.6, 25, 92 y 294 del Código Procesal Penal en conjunto con cada uno de los antecedentes traídos a la vista, se concluye que la revocatoria del auto de formal procesamiento por el delito de Malversación de Caudales Públicos y Fraude, es producto de la no utilización de la Sana Crítica por parte del Ad-quem, quien ha actuado con inobservancia de las reglas de la lógica y de la experiencia, al interpretar de manera errónea la prueba aportada. La Sana Crítica es el sistema de valoración de la prueba ordenada en el artículo 202 del Código Procesal Penal, señalando al mismo tiempo la necesaria valoración de los medios de prueba de manera adecuada, específicamente el hilo conductor o la trazabilidad de la prueba documental, que es la que permite rastrear en cualquier proceso, en este caso, el origen y destino de varios movimientos financieros referentes a la cuenta No. 730118641 a nombre de casa presidencial, a partir del uno de enero de dos mil diez hasta el 31 de diciembre de 2014.CONSIDERANDO (11): Que, el tribunal Ad-hoc nombrado, omitió mencionar si la conducta del funcionario público cuidó o no los caudales o intereses pecuniarios del Estado; no se pronunció si, por el contrario, se valió de su condición de Secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial, para ordenar la emisión y firmar los cheques. Esta Sala de lo Constitucional manifiesta, en principio, que la resolución recurrida es inconsistente, en tanto no realizó la Corte de Apelaciones una valoración adecuada de la prueba, adoleciendo la sentencia de las reglas de la lógica que se refieren a los principios de identidad, de contradicción, de razón suficiente, del tercero excluido, concluyendo en que la falta de aplicación del sistema de valoración de la Sana Critica constituye una flagrante violación al debido proceso, al derecho de acceso a la justicia y en definitiva a la tutela judicial efectiva por lo cual se determina amparar al recurrente. CONSIDERANDO (12): Que, siguiendo con el análisis, la Corte de Apelaciones designada se pronunció solamente respecto de los agravios relativos a: (SIC) “1) A la carencia de medios probatorios por consistir en copias fotostáticas de documentos (cheques) sin el respectivo respaldo; y 2) Con respecto al agravio consistente en haber otorgado valoración probatoria a las declaraciones testificales rendidas por los testigos protegidos ALPHA 1 y OMEGA habiendo decretado la nulidad del acta de la declaración de testigos protegidos rendida con las formalidades de prueba anticipada.” Y decidió no abordar el resto de los agravios interpuestos, manifestando que; en caso de resultar infundados los agravios antes apuntados, se daría respuesta a lo demás de manera conjunta dada la naturaleza de los mismos. Los agravios expuestos son relativos a la posible aplicación inexacta de la ley con relación a la subsunción de los hechos supuestamente ocurridos en los tipos penales de FRAUDE Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, ambos en perjuicio de la administración pública. (el subrayado es nuestro). CONSIDERANDO (13): Que, el legislador dispuso en el artículo 350 del Código Procesal Penal, los asuntos sobre los que debe recaer la sentencia y sus alcances. En ese sentido, entre otros, dispone que “…la sentencia que resuelva un recurso sólo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación, y solo podrá modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputada, cuando lo impetre alguna otra parte recurrente, y siempre que no agrave lo ya pretendido por ésta, ante el órgano judicial que dictó la resolución recurrida. La aplicabilidad de esta norma al caso presente, debe interpretarse en doble vía, es decir que “la sentencia que resuelva un recurso sólo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación,” no más, pero tampoco menos. Si en la sentencia se resuelve sobre asuntos no impugnados, cabe la posibilidad de caer en ultra petita y podría haber una reforma en perjuicio, lo que es vulneratorio de derechos fundamentales como derecho a la defensa componente de un debido proceso, o, por el contrario, que la sentencia no dé respuesta a cada una de las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación, como ocurre en este caso, en el cual la Corte de Apelaciones dice en su sentencia que solamente se pronunciará sobre ciertos agravios, y no emite una respuesta jurisdiccional, como ya se dijo, respecto de los agravios relativos a la posible aplicación inexacta de la ley con relación a la subsunción de los hechos supuestamente ocurridos en los tipos penales de FRAUDE Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, determinación que violenta el derecho de las partes a una sentencia que responda a cada uno de los agravios expuestos por el recurrente, ello garantiza el derecho a la defensa, además el derecho a una sentencia en la cual haya congruencia entre lo que se pide y lo que se resuelve, lo que nos garantiza transparencia y con ello el respeto al derecho a la defensa y el derecho a la aplicación del principio de legalidad, falencias que obliga a esta sala a amparar al recurrente.CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional ha tomado la decisión jurídica de amparar al recurrente, por lo que, en observancia al numeral 3 del artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, determina que la conducta precisa a cumplirse es lo dispuesto por el legislador, en el artículo 294 del Código Procesal Penal, es decir, que la Corte de Apelaciones que nombrara la Corte Suprema de Justicia para conocer el caso de mérito, deberá analizar los antecedentes, cada una de las posiciones jurídicas y los medios de prueba pasados por el contradictorio en audiencia inicial, a manera de determinar la existencia o no, de una mínima actividad probatoria que aporte o no, material indiciario para resolver sobre “la probable realización del hecho que se imputa”, en ese sentido se manifiesta que, de una apreciación conjunta de lo acaecido en audiencia inicial, y de un análisis armónico de las pruebas aportadas en este momento procesal, se pronuncien de nuevo sobre el recurso de apelación interpuesto y se dicte una nueva sentencia, en observancia al debido proceso y al principio de legalidad establecido en el artículo 304 y 323 de la Constitución de la República. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 93, 183, 233, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 1, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 1,4, 16.6 25, 198, 199, 202, 294 del Código Procesal Penal, 311 párrafo tercero, 321 y 323 del Código Penal; FALLA: 1.- OTORGANDO el amparo interpuesto por Abogado JUAN CARLOS GRIFFIN RAMIREZ, en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, a favor de la sociedad del ESTADO DE HONDURAS; 2.- Que la Corte Apelaciones Natural Designada por la Corte Suprema de Justicia, anule el sobreseimiento definitivo de fecha veinte de junio del dos mil diecinueve, 3.- SE REVOCA la decisión de declarar SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Natural designado por esta Corte Suprema de Justicia, y que dictó auto de formal procesamiento en la causa instruida contra los señores WILFREDO FRANCISO CERRATO DURON Y RAMON LOBO SOSA, por los delitos de FRAUDE Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y 4.- Que la Corte de Apelaciones nombrada por la Corte Suprema de Justicia, dicte una nueva sentencia pronunciándose sobre las medidas cautelares que estime procedente imponer o no. MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.-. REDACTO MAGISTRADO WAGNER VALLECILLO- NOTIFIQUESE. - SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., veintiséis de abril de dos mil veinticuatro.VISTO el escrito que antecede presentado por la Abogada KAREN VANESSA ELENCOFF MARTINEZ, quien comparece en su condición de Apoderada del Señor RAMON LOBO SOSA, quien constituye la parte recurrida y cuya pretensión es la interposición de un recurso de reposición contra la sentencia dictada el dos de junio de dos mil veintitrés, en el recurso de amparo de mérito, en consecuencia, esta Sala estima pertinente realizar las siguientes observaciones: a) Que mediante el recurso de amparo toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece; b) Que en el derecho procesal, la legitimación, alude a la condición del sujeto que ostenta tanto la capacidad para ser parte, como la capacidad procesal; c) Que de conformidad con la ley, el trámite de la acción constitucional de amparo no es de naturaleza contenciosa, iniciándose el mismo por aquella persona que se considera agraviada y que afirma ostentar la titularidad de los derechos constitucionales que se invocan como amenazados, disminuidos y/o violentados por parte de la autoridad recurrida; y, d) Que la pretensión de reposición personamiento por parte de la compareciente, no puede ser admisible en el procedimiento que nos ocupa, toda vez que lleva como propósito contender una acción constitucional de la cual no formó parte y cuyo trámite además de concluido, no ha sido establecido como contencioso por la ley. Acotado lo anterior, SE DISPONE: 1° Declarar SIN LUGAR el recurso de reposición presentado por la Abogada KAREN VANESSA ELENCOFF MARTINEZ, quien comparece en su condición de Apoderada del Señor RAMON LOBO SOSA, por las razones jurídicas antes expuestas. 2° Que se certifique a favor de la Abogada Elencoff, la sentencia de fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés y en definitiva se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 42, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CÚMPLASE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha dos de junio de dos mil veinticuatro, y Resolución de fecha veintiséis de abril de dos mil veinticuatro recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0803-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL