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Sentencia AP-801-22 — Registro 17423

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por el Tribunal de Sentencia que decretó la extinción de la acción penal pública y ordenó sobreseer las diligencias a favor de imputado por suponerlo responsable del delito de posesión de droga para el consumo personal inmediato en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras; en consecuencia, se revocaron las medidas cautelares; La Autoridad recurrida consideró que con la entrada en vigencia del Código Penal Decreto 130-2017 procede la depenalización del tipo penal bajo el principio de la retroactividad de la ley; por lo que no hay vulneración a garantías constitucionales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de Comayagua, al confirmar la resolución dictada por el A-quo, que decreta la extinción de la acción penal publica y decreta sobreseimiento definitivo en favor del señor PEDRO ANTONIO COTO, en base al principio de retroactividad de la ley, cumple con esa exigencia..."..."En resolución dictada en fecha cinco de agosto del dos mil veintiuno, el A-quo motiva la misma, argumentando lo siguiente: “… dado que la resolución anterior fue anulada en anulada en uso de nuestra independencia judicial y del criterio jurisdiccional, hemos llegado al criterio que con la vigencia del código penal decreto 130-2017, desplaza el artículo 97 del código penal 144-83 y la circular numero 02-2018 emitida por la Corte Suprema de Justicia, en la cual este Tribunal se apoyo en aquel entonces para sobreseer las diligencias en razón de la prescripción, por lo que en este momento al entrar en vigencia el código penal decreto 130-2017, en la cual claramente se despenaliza el delito de POSECION PARA CONSUMO DE DROGA, sería infructuoso motivar conforme a los instrumentos jurídicos precitados, ya que ante la vigencia del nuevo cuerpo legal, es nuestro deber abrazar la retroactividad pues este beneficia en su totalidad y de forma absoluta al encausado de autos; en este sentido y estando en el trámite oral, momento en el cual aún no ha recaído la sentencia, podemos apreciar que en el nuevo Código penal al imputado de autos, lindando todo ello con el principio de legalidad, los cuales abrazan la “RETROACTIVIDAD de la ley más favorable”. Encontrándonos aún en dicha etapa consideramos pertinente invocar el artículo 615 párrafo segundo del recién código penal, en la parte que indica de forma taxativa “…Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia…” es evidente aún que en la presente causa no ha recaído sentencia definitiva. … De la literalidad en su sentido sistemático-gramatical de la norma claramente se deduce que el tipo penal preexistente en la ley de uso indebido y tráfico ilícito de droga, desaparece en el recién código penal decreto 130-2017… por lo anterior RESUELVE: Decretar la extinción de la acción penal pública, a favor de PEDRO ANTONIO COTO por POSECION DE DROGA PARA EL CONSUMO PERSONAL INMEDIATO en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS por el principio de retroactividad por lo que se decreta el sobreseimiento definitivo.”..."..."la motivación externada por el Tribunal ad-quem se revela totalmente incongruente, con la decisión proferida por el A-quo en fecha cinco (5) de agosto del dos mil veintiuno (2021) y con los agravios expresados por el Ministerio Publico en el recurso de apelación presentado en fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil veintiuno (2021) y que obra a folio 108 y 109 de la pieza principal, que su único agravio expone: “Que causa agravio la resolución de fecha cinco de agosto del dos mil veintiuno dictada por el Tribunal de Sentencia en donde de oficio declara extinguida la acción penal publica bajo el principio de retroactividad de la ley bajo el decreto 130-2017, y decreta sobreseimiento a favor del imputado…”.Notemos que, el Ad-quem en su motivación fáctica y jurídica, decide declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, bajo el erróneo argumento de que el proceso estaba inactivo a partir del auto de fecha veintisiete de agosto del dos mil quince, hasta el uno de agosto del dos mil diecinueve y que por lo tanto procedía declarar la PRESCRIPCIÓN de la acción penal.- De lo anterior, esta Sala puede apreciar que el Tribunal de Alzada con la resolución proferida e impugnada por esta vía constitucional, no da respuesta a los agravios expuestos en el recurso de apelación presentado, pues la argumentación del fallo del Ad-quem no muestra que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes, como lo ha dejado establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en motivar debidamente las razones tanto fácticas como jurídicas que lo llevaron a confirmar la resolución apelada, todo ello en respuesta y congruente a las peticiones de las partes y a lo resuelto en la resolución apelada..."..."siendo incoherente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución que decreta la extinción de la acción penal pública y decreta sobreseimiento definitivo en favor de PEDRO ANTONIO COTO por el delito de POSESION DE DROGA PARA EL CONSUMO PERSONAL INMEDIATO en perjuicio de la SALUD DE LA POBRACION DEL ESTADO DE HONDURAS, por el principio de retroactividad, se ha vulnerado en perjuicio de los intereses generales de la sociedad del Estado de Honduras, la garantía genérica del debido proceso, por los argumentos plasmados en los considerandos que preceden...."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio a la resolución proferida por el A-quo en fecha cinco de agosto del dos mil veintiuno y los agravios expuestos por el Ministerio Publico en fecha veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, y de los diferentes elementos probatorios evacuados en el proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara y precisa si concurren o no los elementos a efecto de decretar la extinción penal publica bajo el principio de retroactividad de la ley penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintitrés. VISTO: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, de fecha cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021), con relación a la causa instruida contra el señor PEDRO ANTONIO COTO, por suponerlo responsable del delito de POSESIÓN DE DROGA PARA EL CONSUMO PERSONAL INMEDIATO, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, el Agente Fiscal, el Abogado RENIERY RAMÓN ALMENDAREZ LIZARDO, presentando requerimiento fiscal contra el señor PEDRO ANTONIO COTO, por suponerlo responsable del delito de TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1-2 del antecedente) 2) En fecha cinco de agosto del año dos mil veintiuno, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó auto mediante el cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: Decretar la extinción de la acción penal pública, por los argumentos jurídicos de hecho y de derecho anteriormente expuestos; por ende se ordena sobreseer las presentes diligencias, a favor de PEDRO ANTONIO COTO por POSESIÓN DE DROGA PARA EL CONSUMO PERSONAL INMEDIATO en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, por el principio de retroactividad por lo que se decreta el sobreseimiento definitivo. SEGUNDO: se revocan las medidas cautelares, impuestas durante la tramitación de la presente causa. TERCERO: Contra la presente resolución cabe el recurso de reposición subsidiario del de apelación.” (Folios 104-107 del expediente del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Graciela Maldonado Oliva, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede; la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación que ha planteado el Ministerio Público contra la resolución que OTORGA la Prescripción de la acción penal, en las diligencias del proceso seguido contra el acusado PEDRO ANTONIO COTO, a quienes se le sindica responsables de los delitos de POSESIÓN DE DROGAS PARA CONSUMO PERSONAL INMEDIATO en perjuicio de LA SALUD PUBLICA; Dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua y SOBRESEE DEFINITIVAMENTE AL ENCARTADO.- EN CONSECUENCIA: SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.” (Folios 9-13 del expediente del Ad-quem) 4) Que la recurrente, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, comparecieron ante este Tribunal, en fecha veintitrés de mayo del año dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 304 y 321 la Constitución de la República. 5) Que en fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintidós, por la Corte de Apelaciones de la sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, por la cual se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución que ha quedado relacionada en los antecedentes de este libelo, confirmando la resolución que decreta la extinción de la acción penal pública y decreta sobreseimiento definitivo en favor del señor PEDRO ANTONIO COTO, por el principio de retroactividad, dictada en fecha cinco de agosto del año dos mil veintiuno, por el a-quo, por considerar, que con la entrada en vigencia del Código Penal decreto 130-2017 según lo establecido en el artículo 311 a criterio del Tribunal procede la despenalización del tipo penal que se le había imputado al señor PEDRO ANTONIO COTO. CONSIDERANDO (4): Que, en la interposición y formalización del presente recurso de amparo constitucional, la Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, ha manifestado que la resolución de alzada de la que se demanda amparo quebranta el principio de legalidad consagrado en el artículo 321 en relación con el artículo 304 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que la recurrente desarrolla la garantía constitucional que se estima quebrantada y el concepto de su violación, según las razones fácticas y jurídicas que a continuación se exponen: El fallo ha causado perjuicio al Ministerio Publico, ya que el Ad quem ha realizado una interpretación errónea del artículo 97 del Código Penal (Decreto 144-83) norma que regula la prescripción, procediendo señalar diferentes actos que generaron actividad procesal, por lo cual no comparte lo esgrimido por el Ad-quem en su resolución al estimar que en la presente causa a operado la prescripción por inactividad procesal, circunstancia que se desvirtúa con cada una de las actuaciones descritas, diligencias que lograron activar el proceso, el cual en ningún momento se mantuvo inactivo, por el contrario la actividad procesal realizada en el proceso produjo actividad jurisdiccional, lo que no es congruente con los argumentos de la alzada al sostener que opera la prescripción por inactividad procesal por más de tres años. Argumenta que dicha resolución esta limitando al Ministerio Publico el ejercicio de la acción penal pública y el derecho de petición. CONSIDERANDO (6): Que en la motivación externada por el Tribunal de alzada en el fallo que es recurrido en Amparo, expone entre otras consideraciones fácticas y jurídicas lo siguiente: QUINTO: Que la esencia de la refutación del libelista está en señalar que el término de la prescripción de la acción, el Ministerio Público en varios escritos ha solicitado la fecha para la realización del debate de juicio oral y público, desde el 25 de agosto del 2015 hasta la solicitud de verificación de cumplimiento de medidas de fecha 29 de agosto del 2017 y lo resuelto en auto de fecha 12 de febrero del 2018 señala fecha para audiencia de debate de juicio oral para el 01 de agosto del 2019, fecha en que se declara la prescripción de la acción penal y consecuentemente el sobreseimiento definitivo. SEPTIMO: …en el estudio del caso entiende esta alzada al analizar la pieza de autos, que hay momentos en que el proceso se ha mantenido en inactividad y que esta inactividad se da cuando no hay actitud activa de parte que motive la actividad jurisdiccional, es decir que no se realicen actos de ningún tipo o en su defecto que ante las peticiones planteadas en el proceso, estas no sean capaces de producir actividad jurisdiccional, más que meros intereses de la parte solicitante; de los antecedentes también se evidencia que a partir de la firmeza del auto de declaratoria de reo, se presentan episodios de inactividad, hasta el acto final de prescripción de la acción y dictado de sobreseimiento… OCTAVO: Según el artículo 97 numeral 3 del Código Penal Decreto 144-83, la acción penal prescribe: “En tres (3) años, cuando la multa se imponga como pena principal y , …; que en el asunto de estudio, la causa se ha manejado por la conducta regulada como delito Posesión de Drogas para Consumo personal, que se regula en la ley especial sobre el uso indebido y tráfico ilícito de Drogas, Estupefacientes y sustancias controladas, en su artículo 26, que asignada al mencionado delito una pena de multa; en cuya consecuencia para la prescripción de la acción, se requiere que la causa se paralice por mas de tres años, tal como ha ocurrido en el asunto de estudio, que la misma se ha paralizado a partir del auto de fecha veintisiete de agosto del dos mil quince, hasta el uno de agosto del dos mil diecinueve.”. CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales que se consideran vulnerados según el escrito de interposición y formalización del recurso de amparo, es el principio de legalidad, contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República que señala: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”. CONSIDERANDO (8): Que el Principio de Legalidad demanda una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento; es decir, para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que la Constitución y la ley le permite y todo lo que no está autorizado les está vedado[1]. Siendo así, resulta que cualquier resolución o actuación fuera de este marco legal es arbitraria y confronta directamente la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula el principio de legalidad en el artículo 9, principio que está reservado a la ley formal es decir a las normas emanadas del poder legislativo y por los procedimientos de formación de la ley, con exclusión total de Reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes. Las exigencias de la ley procesal deben tener garantizada eficacia material y formal al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten automáticamente en violaciones al debido proceso[2]. CONSIDERANDO (9): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. CONSIDERANDO (10): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (11): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[3], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[4]. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[5]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[6], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. CONSIDERANDO (12): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de Comayagua, al confirmar la resolución dictada por el A-quo, que decreta la extinción de la acción penal publica y decreta sobreseimiento definitivo en favor del señor PEDRO ANTONIO COTO, en base al principio de retroactividad de la ley, cumple con esa exigencia. CONSIDERANDO (13): En resolución dictada en fecha cinco de agosto del dos mil veintiuno, el A-quo motiva la misma, argumentando lo siguiente: “… dado que la resolución anterior fue anulada en anulada en uso de nuestra independencia judicial y del criterio jurisdiccional, hemos llegado al criterio que con la vigencia del código penal decreto 130-2017, desplaza el artículo 97 del código penal 144-83 y la circular numero 02-2018 emitida por la Corte Suprema de Justicia, en la cual este Tribunal se apoyo en aquel entonces para sobreseer las diligencias en razón de la prescripción, por lo que en este momento al entrar en vigencia el código penal decreto 130-2017, en la cual claramente se despenaliza el delito de POSECION PARA CONSUMO DE DROGA, sería infructuoso motivar conforme a los instrumentos jurídicos precitados, ya que ante la vigencia del nuevo cuerpo legal, es nuestro deber abrazar la retroactividad pues este beneficia en su totalidad y de forma absoluta al encausado de autos; en este sentido y estando en el trámite oral, momento en el cual aún no ha recaído la sentencia, podemos apreciar que en el nuevo Código penal al imputado de autos, lindando todo ello con el principio de legalidad, los cuales abrazan la “RETROACTIVIDAD de la ley más favorable”. Encontrándonos aún en dicha etapa consideramos pertinente invocar el artículo 615 párrafo segundo del recién código penal, en la parte que indica de forma taxativa “…Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia…” es evidente aún que en la presente causa no ha recaído sentencia definitiva. … De la literalidad en su sentido sistemático-gramatical de la norma claramente se deduce que el tipo penal preexistente en la ley de uso indebido y tráfico ilícito de droga, desaparece en el recién código penal decreto 130-2017… por lo anterior RESUELVE: Decretar la extinción de la acción penal pública, a favor de PEDRO ANTONIO COTO por POSECION DE DROGA PARA EL CONSUMO PERSONAL INMEDIATO en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS por el principio de retroactividad por lo que se decreta el sobreseimiento definitivo.”. CONSIDERANDO (14): Que puede definirse el recurso de apelación como una vía o instrumento de impugnación ordinario en el cual se pueden atacar los vicios de derecho sustantivos como de derecho procesal de los que adolece la resolución emitida por un órgano inferior, que tiene como propósito someter esa decisión a la revisión de un tribunal de instancia superior para que la revoque, modifique o anule[7]. CONSIDERANDO (15): Que conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal, los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido. CONSIDERANDO (16): Que la motivación externada por el Tribunal ad-quem se revela totalmente incongruente, con la decisión proferida por el A-quo en fecha cinco (5) de agosto del dos mil veintiuno (2021) y con los agravios expresados por el Ministerio Publico en el recurso de apelación presentado en fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil veintiuno (2021) y que obra a folio 108 y 109 de la pieza principal, que su único agravio expone: “Que causa agravio la resolución de fecha cinco de agosto del dos mil veintiuno dictada por el Tribunal de Sentencia en donde de oficio declara extinguida la acción penal publica bajo el principio de retroactividad de la ley bajo el decreto 130-2017, y decreta sobreseimiento a favor del imputado…”. Notemos que, el Ad-quem en su motivación fáctica y jurídica, decide declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, bajo el erróneo argumento de que el proceso estaba inactivo a partir del auto de fecha veintisiete de agosto del dos mil quince, hasta el uno de agosto del dos mil diecinueve y que por lo tanto procedía declarar la PRESCRIPCIÓN de la acción penal.- De lo anterior, esta Sala puede apreciar que el Tribunal de Alzada con la resolución proferida e impugnada por esta vía constitucional, no da respuesta a los agravios expuestos en el recurso de apelación presentado, pues la argumentación del fallo del Ad-quem no muestra que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes, como lo ha dejado establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en motivar debidamente las razones tanto fácticas como jurídicas que lo llevaron a confirmar la resolución apelada, todo ello en respuesta y congruente a las peticiones de las partes y a lo resuelto en la resolución apelada. CONSIDERANDO (17): Que siendo incoherente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución que decreta la extinción de la acción penal pública y decreta sobreseimiento definitivo en favor de PEDRO ANTONIO COTO por el delito de POSESION DE DROGA PARA EL CONSUMO PERSONAL INMEDIATO en perjuicio de la SALUD DE LA POBRACION DEL ESTADO DE HONDURAS, por el principio de retroactividad, se ha vulnerado en perjuicio de los intereses generales de la sociedad del Estado de Honduras, la garantía genérica del debido proceso, por los argumentos plasmados en los considerandos que preceden. CONSIDERANDO (18): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio a la resolución proferida por el A-quo en fecha cinco de agosto del dos mil veintiuno y los agravios expuestos por el Ministerio Publico en fecha veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, y de los diferentes elementos probatorios evacuados en el proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara y precisa si concurren o no los elementos a efecto de decretar la extinción penal publica bajo el principio de retroactividad de la ley penal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 141 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1.- OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, contra el fallo proferido en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua; 2.- Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo. Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÌQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA.ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-801-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Rodríguez Cesia Victor Manuel. El Debido Proceso y la Convención América Sobre Derechos Humanos. Pág.1304.

[2] Idem Pág.1305

[3] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.

[4] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.

[5] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.

[6] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.

[7] Derecho procesal penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Rigoberto Cuellar Cruz y otros. 1ra. Ed. Tegucigalpa (proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras). Litocom, 2004. Pág. 565.