Sentencia AP-784-22 — Registro 16978
Resumen
Recurso de apelación declarado con lugar revocando resolución que declaro sin lugar excepción por falta de acción cuando no haya debido promoverse o no pueda proseguirse ,declarando con lugar dicha excepción y ordenando sobreseimiento definitivo con relación a la causa instruida contra imputado por suponerlo responsable del delito de Cohecho cometido por particular en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, la Sala Constitucional siguiendo una interpretación lógico sistemática del texto codificado, encontramos que el artículo 354 del Código Procesal Penal, establece un listado taxativo de resoluciones apelables y efectos del ejercicio del recurso; en el cual no aparece franqueado el auto de apertura a juicio como resolución recurrible ni susceptible del recurso de apelación habiendo siendo declarado con lugar
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(8): Que, asimismo, ha considerado la Sala de lo Constitucional, que, el respeto al estado de inocencia como derecho fundamental del justiciable, no se vería comprometido constitucionalmente con la procedibilidad que se dictaré al proceso; siempre y cuando se acreditare la comisión un ilícito penal y el establecimiento de indicios racionales de participación del imputado en el mismo, conforme a lo prescrito en forma garante por el artículo 92 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (9): Que al estudiarse la foliada, ha motivado, el voto mayoritario de los sentenciadores, que el “Cohecho por consideración al cargo”, contemplado en el artículo 495 del Código Penal (Decreto No. 130-2017), discierne un parámetro monetario (L 5,000.00), para definir su objeto. Que el ofrecimiento hecho por el imputado a la autoridad policial, por su parte, consiste en la suma de L 3, 500.00; por lo cual, la conducta enjuiciada devendría en la comisión de una falta, no de un delito. CONSIDERANDO (10): Que, sin embargo, es necesario, realizar sobre este parecer particular, las siguientes acotaciones: a) Que es notoria la divergencia de tal calificación judicial respecto a los hechos e imputación legal formulada en Audiencia Preliminar (Título III, Capítulo Único del Libro Segundo del Código Procesal Penal), por la Fiscalía del Ministerio Público. Así lo ha hecho saber la garantista, en formalización de su garantía constitucional, censurando tal razonamiento de la Alzada como erróneo e incongruente, ya que el artículo 496 del Código Penal sólo exigiría que el acto del particular constitutivo de cohecho ataque la rectitud y el buen proceder de un funcionario o servidor público, para los fines de calificación penal descritos en los artículos precedentes. Sin embargo, el artículo 302 del Código Procesal Penal, en su numeral segundo, establece como preceptivo del auto de apertura a juicio: “La descripción de las acciones u omisiones por las cuales se acusa. Si existe discrepancia entre la acusación presentada por el Fiscal y la del Acusador Privado, el Juez tratará de compatibilizarlas y, de no ser posible, se estará al contenido de la primera”. CONSIDERANDO (11): Que, asimismo, es relevante enfatizar, que: b) Conforme al último párrafo del artículo en mención, si con base en la formalización de la acusación por el Fiscal y el Acusador Privado y en la contestación de cargos, el Juez considera que no hay fundamentos razonables para el desarrollo del juicio, podrá dictar resolución: “… que será apelable en ambos efectos, en el sentido de que no procede la apertura del mismo y, según el caso, pronunciará sobreseimiento provisional o definitivo”. (El énfasis es añadido). Como se desprende de la propia lectura, no se atribuye a las partes la facultad de plantear recurso de apelación, a contrario sensu; es decir, en el caso se dicte procedencia al auto de apertura a juicio. En el mismo sentido y siguiendo una interpretación lógico sistemática del texto codificado, encontramos que el artículo 354 del Código Procesal Penal, establece un listado taxativo de resoluciones apelables y efectos del ejercicio del recurso; en el cual no aparece franqueado el auto de apertura a juicio.CONSIDERANDO (12): Que, siguiendo el estudio de la precitada garantía constitucional, en lo que respecta a derecho penal material: c) Remite el fallo de apelaciones a la regulación de las faltas (Libro III, Títulos I al V del Código Penal vigente), el cual se aplica, según sus propias disposiciones generales, sólo a las faltas consumadas. Cabe acotar, que el delito de Cohecho, en sus distintas modalidades, se encuentra agrupado para fines de tipificación penal, en el Capítulo VI del Título XXVII, Libro II (Parte Especial) del Código Penal (Decreto No. 130-2017), contentivo de los “Delitos Contra la Administración Pública”. No obstante, resulta imposible soslayar que el Libro III, regulador de las faltas en el Código Penal, carece de un título homogéneo para tal conglomerado de bienes jurídicos protegidos, en la forma y modalidades que permite la aplicación racional del derecho penal, bajo los límites del derecho subjetivo del Estado para el ejercicio de la punibilidad (principios de subsidiariedad y fragmentariedad), según contenidos en la dogmática jurídico - penal. d) En tal sentido, hace suya la Sala de lo Constitucional, lo siguiente cita del jurista hispano Jesús – María SILVA SÁNCHEZ: “En efecto, si hay algo sobre lo que no parece existir discusión alguna, esto es que la elaboración categorial y la integración de los diversos conceptos jurídico-penales en un sistema características de los estudios dogmáticos, proporcionan —sea cuál sea el método o la concepción dogmática de la que se parta— una seguridad jurídica de otro modo inexistente. La dogmática jurídico-penal, en palabras de GIMBERNAT, «hace posible, por consiguiente, al señalar límites y definir conceptos, una aplicación segura y calculable del Derecho penal, hace posible sustraerle a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la improvisación. Cuanto menos desarrollada esté una dogmática, más imprevisible será la decisión de los tribunales, más dependerán del azar y de factores incontrolables la condena o la absolución».CONSIDERANDO (13): Que la garantía del debido proceso exige que, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe respetarse el derecho de defensa, el cual implica, entre otros: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba y la equiparación de posiciones entre las partes, ante órgano jurisdiccional competente; conjunto de garantías de orden enunciativo que busca asegurar a quienes acuden ante la Jurisdicción, o ante la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO (14): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos. Lo anterior, en observancia y con fundamentación del principio de legalidad constitucional, sin el cual no puede haber lugar a la justicia y a la seguridad jurídica como valores axiales del ordenamiento jurídico democrático, republicano y representativo. CONSIDERANDO (15): Que, en consideración a todo ello, y en cumplimentación al deber de motivación y fundamentación judicial, como parte integrante de la tutela judicial efectiva, se tienen tales derechos constitucionales como omisos en la resolución del Ad-Quem objeto de estudio; al no ajustarse a las garantías y requisitos que son propios del debido proceso y, particularmente, a la estricta observancia al principio de legalidad constitucional. Por todo lo cual, debe otorgarse el amparo demandado, a efectos de reenvío, para que la honorable Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, se sirva dictar una nueva resolución, apegada a los principios constitucionales y convencionales que se han relacionado en la presente sentencia
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 354 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra el señor Alejandro José Ordoñez Hernández por suponerlo responsable del delito de Cohecho Cometido por Particular en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco de octubre de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, el Agente Fiscal, Abogado Marvin Edgardo Zelaya Herrera, presentando requerimiento fiscal en contra el señor Alejandro José Ordoñez Hernández por suponerlo responsable del delito de Cohecho Cometido por Particular, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. (Folios 1-4 de la pieza del A-quo) 2) En fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en la celebración de la audiencia preliminar, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…Una vez escuchadas las partes.-Este juzgado en consecuencia se ordena emitir el Auto de Apertura a Juicio dentro del término de (3) días después de la celebración de la presente audiencia para que las partes comparezcan a este Juzgado a escuchar la resolución, con lo cual se da por formalizada la acusación todo en base al art 303 y 304 del CPP…” (Folios 52-53 de la pieza del A-quo)3) En fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, resolvió: “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN CUANDO NO HAYA DEBIDO PROMOVERSE O NO PUEDA PROSEGUIRSE, A FAVOR DEL IMPUTADO ALEJANDRO JOSÉ ORDOÑEZ HERNÁNDEZ, a quien se le supone responsable del delito de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SEGUNDO: DICTAR AUTO DE APERTURA A JUICIO en contra del imputado JOSÉ ALEJANDRO ORDOÑEZ HERNÁNDEZ a quien se le supone responsable del delito de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. TERCERO: Emplazar a las partes para que se personen al Tribunal de Sentencia, dentro del término de CINCO (5) DÍAS COMUNES, a partir de la última notificación. CUARTO:…” (Folios 56-61 vuelto de la pieza del A-quo) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Luis Enrique Bellino Martínez, en su condición de Defensor Público del señor Alejandro José Ordoñez Hernández, contra la resolución referida en los numerales segundo y tercero, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle dictó sentencia en fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual, por mayoría de votos de sus miembros, falló: “…PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE BELLINO MARTÍNEZ, en su condición de Defensor Público, contra la AUDIENCIA PRELIMINAR, celebrada en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en fecha cinco (5) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), en la causa penal instruida contra ALEJANDRO JOSÉ ORDOÑEZ HERNÁNDEZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta resolución, por suponerlo responsable del delito de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.- SEGUNDO: REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, en el sentido de declarar con lugar la excepción por falta de acción cuando no haya debido promoverse o no pueda proseguirse. TERCERO: En consecuencia con fundamento en el artículo 296 numeral 1 del Código Procesal Penal, se decrete el correspondiente sobreseimiento definitivo a favor del imputado Alejandro José Ordoñez Hernández.- Y MANDA: Que una vez firme el presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia con la Certificación del mismo para su debido cumplimiento.-NOTIFÍQUESE.-” (Folios 11-14 del expediente del Ad-quem).5) Que la recurrente, Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-Quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.6) Que en fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérito, el escrito presentado por la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en garantía de amparo la resolución dictada, por mayoría de votos de sus miembros, por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en Audiencia Preliminar por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra el señor Alejandro José Ordoñez Hernández por suponerlo responsable del delito de Cohecho Cometido por Particular en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. La motivación esencial de la anterior resolución, refiere la plausibilidad de declarar ha lugar la excepción planteada en Audiencia Preliminar por la Defensa, consistente en falta de acción cuando no haya podido promoverse o no pueda proseguirse, por considerar la falta de tipicidad conforme al artículo 495, párrafo segundo, del Código Penal vigente; no obstando que, en la Audiencia Preliminar, el auto de apertura a juicio es irrecurrible. Ha considerado el voto mayoritario, que tal preceptiva legal no le es aplicable al caso de mérito, con sustento en el principio de igualdad de las partes. Por ello, ha decidido el resolutivo judicial sub examine, que la defensa técnica también tiene el derecho de recurrir la descrita resolución; lo cual asistiría a dictar procedibilidad y proceder al otorgamiento del consabido recurso de apelación. CONSIDERANDO (4): Que, en formalización de la garantía constitucional de amparo, ha afirmado la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJÍA, que tal decisión del Ad-Quem, resulta violatoria a lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República; con relación a lo preceptuado en los artículos 1, 2, 3, 492, 495 y 496 del Código Penal, y, artículos 25, 45 y demás aplicables del Código Procesal Penal; particularmente, en lo concerniente a la declaratoria con lugar del auto de apelación promovido por la Defensa, contra el auto de apertura a juicio dictado por el Juzgado A Quo en Audiencia Preliminar; lo cual conllevó a la revocatoria de la resolución recurrida, en el sentido de declarar con lugar la excepción por falta de acción cuando no haya debido promoverse o no pueda proseguirse; procediendo, de consiguiente, la Corte de Apelaciones concernida, a dictar el sobreseimiento definitivo del caso. CONSIDERANDO (5): Que, en formalización del recurso, la Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogada MEJÍA MEJÍA, ha expresado que tal preceptiva constitucional y legal ordinaria, en relación, ha sido vulnerada por el Ad-Quem en vista al argumento motivacional empleado para declarar con lugar la declaratoria con lugar del auto de apelación promovido por la Defensa Técnica, procediendo, de consiguiente a la revocatoria del auto de apertura a juicio y sobreseer definitivamente al imputado, señor Alejandro José Ordoñez Hernández, en la causa que se le sigue por suponerlo responsable del delito de Cohecho Cometido por Particular en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras; el cual, según queda expresado de forma sucinta, se refiere al establecimiento de un parámetro monetario para discernir la existencia de un delito de cohecho, en cualquiera de sus modalidades; de donde derivaría que el ofrecimiento hecho por el imputado a la autoridad policial (L 3,500.00), según los hechos probados de la causa, devendría en una falta, no en delito; lo cual imposibilitaría la continuación de la acción penal incoada, y la procedibilidad de la excepción por falta de acción, puesta de manifiesto. CONSIDERANDO (6): Que, apunta, la Censora sobre el particular, que tal argumento motivacional empleado para declarar con lugar la apelación promovida por la Defensa Técnica, refiere al establecimiento de un parámetro monetario para discernir la existencia de un delito de cohecho, en cualquiera de sus modalidades; lo cual constituye un razonamiento erróneo e incongruente por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, ya que el artículo 496 del Código Penal exige que el acto del particular constitutivo de cohecho ataque la rectitud y el buen proceder de un funcionario o servidor público en el cumplimiento de sus funciones; buscando corromperlo a base de dinero para obtener un beneficio a su favor, lo cual se subsume en el tipo penal en mención, al pretender el imputado que el agente policial lo dejara en libertad; es decir, mediando el ofrecimiento de dádiva a fin de que la autoridad realizara un acto contrario al ejercicio de los deberes de su cargo. Concluye su planteamiento recursivo, al manifestar que tal revocatoria del auto de apertura a juicio, no resulta válido, ya que vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva, así como el principio de legalidad; al considerarse no fue emitida tal resolución conforme y en estricto apego a derecho. CONSIDERANDO (7): Que, la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En tal sentido, los órganos jurisdiccionales en materia penal están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales. Conforme a lo establecido en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal, expresando los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta; así como las razones del valor probatorio que se les hubiere atribuido. CONSIDERANDO (8): Que, asimismo, ha considerado la Sala de lo Constitucional, que, el respeto al estado de inocencia como derecho fundamental del justiciable, no se vería comprometido constitucionalmente con la procedibilidad que se dictaré al proceso; siempre y cuando se acreditare la comisión un ilícito penal y el establecimiento de indicios racionales de participación del imputado en el mismo, conforme a lo prescrito en forma garante por el artículo 92 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (9): Que al estudiarse la foliada, ha motivado, el voto mayoritario de los sentenciadores, que el “Cohecho por consideración al cargo”, contemplado en el artículo 495 del Código Penal (Decreto No. 130-2017), discierne un parámetro monetario (L 5,000.00), para definir su objeto. Que el ofrecimiento hecho por el imputado a la autoridad policial, por su parte, consiste en la suma de L 3, 500.00; por lo cual, la conducta enjuiciada devendría en la comisión de una falta, no de un delito. CONSIDERANDO (10): Que, sin embargo, es necesario, realizar sobre este parecer particular, las siguientes acotaciones: a) Que es notoria la divergencia de tal calificación judicial respecto a los hechos e imputación legal formulada en Audiencia Preliminar (Título III, Capítulo Único del Libro Segundo del Código Procesal Penal), por la Fiscalía del Ministerio Público. Así lo ha hecho saber la garantista, en formalización de su garantía constitucional, censurando tal razonamiento de la Alzada como erróneo e incongruente, ya que el artículo 496 del Código Penal sólo exigiría que el acto del particular constitutivo de cohecho ataque la rectitud y el buen proceder de un funcionario o servidor público, para los fines de calificación penal descritos en los artículos precedentes. Sin embargo, el artículo 302 del Código Procesal Penal, en su numeral segundo, establece como preceptivo del auto de apertura a juicio: “La descripción de las acciones u omisiones por las cuales se acusa. Si existe discrepancia entre la acusación presentada por el Fiscal y la del Acusador Privado, el Juez tratará de compatibilizarlas y, de no ser posible, se estará al contenido de la primera”. CONSIDERANDO (11): Que, asimismo, es relevante enfatizar, que: b) Conforme al último párrafo del artículo en mención, si con base en la formalización de la acusación por el Fiscal y el Acusador Privado y en la contestación de cargos, el Juez considera que no hay fundamentos razonables para el desarrollo del juicio, podrá dictar resolución: “… que será apelable en ambos efectos, en el sentido de que no procede la apertura del mismo y, según el caso, pronunciará sobreseimiento provisional o definitivo”. (El énfasis es añadido). Como se desprende de la propia lectura, no se atribuye a las partes la facultad de plantear recurso de apelación, a contrario sensu; es decir, en el caso se dicte procedencia al auto de apertura a juicio. En el mismo sentido y siguiendo una interpretación lógico sistemática del texto codificado, encontramos que el artículo 354 del Código Procesal Penal, establece un listado taxativo de resoluciones apelables y efectos del ejercicio del recurso; en el cual no aparece franqueado el auto de apertura a juicio.CONSIDERANDO (12): Que, siguiendo el estudio de la precitada garantía constitucional, en lo que respecta a derecho penal material: c) Remite el fallo de apelaciones a la regulación de las faltas (Libro III, Títulos I al V del Código Penal vigente), el cual se aplica, según sus propias disposiciones generales, sólo a las faltas consumadas. Cabe acotar, que el delito de Cohecho, en sus distintas modalidades, se encuentra agrupado para fines de tipificación penal, en el Capítulo VI del Título XXVII, Libro II (Parte Especial) del Código Penal (Decreto No. 130-2017), contentivo de los “Delitos Contra la Administración Pública”. No obstante, resulta imposible soslayar que el Libro III, regulador de las faltas en el Código Penal, carece de un título homogéneo para tal conglomerado de bienes jurídicos protegidos, en la forma y modalidades que permite la aplicación racional del derecho penal, bajo los límites del derecho subjetivo del Estado para el ejercicio de la punibilidad (principios de subsidiariedad y fragmentariedad), según contenidos en la dogmática jurídico - penal. d) En tal sentido, hace suya la Sala de lo Constitucional, lo siguiente cita del jurista hispano Jesús – María SILVA SÁNCHEZ: “En efecto, si hay algo sobre lo que no parece existir discusión alguna, esto es que la elaboración categorial y la integración de los diversos conceptos jurídico-penales en un sistema características de los estudios dogmáticos, proporcionan —sea cuál sea el método o la concepción dogmática de la que se parta— una seguridad jurídica de otro modo inexistente. La dogmática jurídico-penal, en palabras de GIMBERNAT, «hace posible, por consiguiente, al señalar límites y definir conceptos, una aplicación segura y calculable del Derecho penal, hace posible sustraerle a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la improvisación. Cuanto menos desarrollada esté una dogmática, más imprevisible será la decisión de los tribunales, más dependerán del azar y de factores incontrolables la condena o la absolución».CONSIDERANDO (13): Que la garantía del debido proceso exige que, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe respetarse el derecho de defensa, el cual implica, entre otros: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba y la equiparación de posiciones entre las partes, ante órgano jurisdiccional competente; conjunto de garantías de orden enunciativo que busca asegurar a quienes acuden ante la Jurisdicción, o ante la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO (14): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos. Lo anterior, en observancia y con fundamentación del principio de legalidad constitucional, sin el cual no puede haber lugar a la justicia y a la seguridad jurídica como valores axiales del ordenamiento jurídico democrático, republicano y representativo. CONSIDERANDO (15): Que, en consideración a todo ello, y en cumplimentación al deber de motivación y fundamentación judicial, como parte integrante de la tutela judicial efectiva, se tienen tales derechos constitucionales como omisos en la resolución del Ad-Quem objeto de estudio; al no ajustarse a las garantías y requisitos que son propios del debido proceso y, particularmente, a la estricta observancia al principio de legalidad constitucional. Por todo lo cual, debe otorgarse el amparo demandado, a efectos de reenvío, para que la honorable Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, se sirva dictar una nueva resolución, apegada a los principios constitucionales y convencionales que se han relacionado en la presente sentencia. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS de sus miembros; haciendo aplicación de los artículos 1, 4, 60, 68, 82, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5), 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 2 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fecha dieciséis días de agosto de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0784-2022.__________________________________________________CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.JF.