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Sentencia AP-77-20 — Registro 18343

Resumen

Resolución que declara sin lugar excepción de falta de acción promovida en audiencia de excepciones y nulidades ,en relación a la causa instruida contra recurrentes, por suponerlos responsables de los delitos de Usurpación y Daños, a criterio de recurrentes el juicio es de conocimiento de los tribunales civiles ,La Sala Constitucional considera confirmar sentencia que declara sin lugar la excepción por falta de acción, en atención a que la misma fue promovida en la etapa de Debate o Juicio Oral; no acreditando los recurrentes que la excepción se haya fundamentado en hechos o circunstancias no conocidas antes de la elevación de la causa a juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

): Que el Código Procesal Penal, admite solo tres clases de excepciones en el procedimiento penal a saber: 1. La incompetencia; 2. La falta de acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse; y 3. La extinción de la acción penal. Conforme a la distinción establecida por la doctrina, la excepción por falta de acción puede considerarse como una excepción de carácter dilatoria, ello es así, porque ataca a la forma y no el fondo del procedimiento, en atención a que la acción no debió promoverse o no pueda proseguirse, ante la falta de requisitos en la presentación de la demanda; en el caso sub-júdice, los recurrentes en Amparo exponen como elemento en el planteamiento de la excepción por falta de acción, que el asunto sometido a la jurisdicción penal, corresponde conocerlo a los tribunales civiles, en atención a que la ofendida en el caso sub júdice no tiene documentación o soporte legal debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad. Ante esta circunstancia, el Tribunal de Alzada en un razonamiento lógico y fundamentado en la ley penal adjetiva, declara sin lugar la excepción por falta de acción, en atención a que la misma fue promovida en la etapa de Debate o Juicio Oral; no acreditando los recurrentes que la excepción se haya fundamentado en hechos o circunstancias no conocidas antes de la elevación de la causa a juicio. CONSIDERANDO (9): Que en el caso bajo estudio, la defensa de los acusados, promovieron la excepción de Falta de Acción, fundamentándose en lo establecido en el último párrafo del Artículo 54 del Código Procesal Penal, que desarrolla lo relativo a la jurisdicción penal; el párrafo último del relacionado artículo de la ley adjetiva penal define: “… No obstante lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltas por los tribunales civiles.” En este orden de ideas y en atención al momento procesal y la forma de interponer las excepciones, el artículo 47 de la ley penal adjetiva dispone que las excepciones de falta de acción y la de extinción de la acción, podrán interponerse en cualquier etapa del proceso; no obstante a ello, éstas dos excepciones una vez iniciado el juicio, se interpondrán por escrito durante la etapa de preparación del debate, siempre y cuando sea el caso que se funden en hechos o circunstancias que no hayan sido conocidas antes de la elevación de la causa a juicio. CONSIDERANDO(10): Que el precepto legal antes enunciado incumbe al caso bajo estudio; pues son requisitos de aplicación congruente y en atención al principio del iura novit curia; tal lo motivado por la Alzada, ello según lo dispuesto en el artículo 47 del Código Procesal Penal, no habiéndose evidenciado en la presente demanda de Amparo, trascendencia alguna hacia la integridad de los derechos constitucionales que asisten a los Amparistas; atendiendo a la no evidencia de lesión al principio derecho del debido proceso invocado; argumentando la resolución del Tribunal de Alzada que no se han acreditado en las diligencias hechos o circunstancias nuevas, que no hubieren sido conocidos con anterioridad por los peticionarios; aunado a ello y siendo que los recurrentes centran su tesis de vulneración del derecho al debido proceso, en el postulado que la ofendida presentó como único medio de prueba una declaratoria de heredero Ab Intestato, la Alzada argumenta que pese a la falta de formalidad de inscribir en el Instituto de la Propiedad, la tradición de dominio de la sentencia de herencia Ab Intestato, sobre el inmueble objeto de estas diligencias a favor de la ofendida, no se ha establecido que otra persona es la dueña del bien inmueble; por ello procede la Alzada a confirmar la resolución emitida en primera instancia que decreta sin lugar la excepción de falta de acción, al considerar que los recurrentes conocían de las circunstancias del proceso desde el inicio del mismo. CONSIDERANDO (11): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub júdice, los recurrentes los relacionan con la inobservancia de los dispuesto en el párrafo in fine del artículo 54 del Código Procesal Penal, en relación a que el derecho de propiedad en el caso de usurpación, corresponde conocerlos a los tribunales civiles, no obstante a ello la Alzada establece un razonamiento lógico y coherente en relación al por qué considera que se debe confirmar la resolución dictada por el A-quo, que declara sin lugar la Excepción de falta de acción promovida por la defensa de los acusados, con el propósito que el caso sea dirimido a la competencia civil, no evidenciándose con lo expuesto por los recurrentes en Amparo, la vulneración al derecho constitucional invocado. CONSIDERANDO (12): Que lo anteriormente fundamentado se entiende sin perjuicio de las posibilidades de defensa y debido proceso que le asisten en sede jurisdiccional, las cuales no se han visto vulnerados con el tenor de la resolución motivada de apelación, recurrida en Amparo; desprendiéndose de su lectura, que se trata de una resolución emitida en tiempo y forma, por órgano jurisdiccional competente, sustentada en legalidad en sus fundamentos jurídicos, además de motivada en derecho vigente; pronunciada en congruencia precisa con el objeto o personalidad de la apelación, en vías del recurso ordinario en moción y acorde a las facultades que expresamente le concede la ley al Tribunal de Apelación. CONSIDERANDO(13): Que acorde al artículo 45 de la Ley sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la sustanciación de la acción, la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida, lo cual se tiene en consideración a la vista del presente recurso de Amparo y en particular, a que se siga manteniendo la estricta observancia del debido proceso; procede por ende dictar fallo denegatorio al presente recurso de Amparo

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de septiembre del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados: 1) LEONARDO RODAS CONTRERAS, a favor de los señores MARIA CRISTINA GÓMEZ CARRANZA, CRISTY MARELY BAQUEDANO GÓMEZ, GUSTAVO ANAEL VÁSQUEZ MORADEL; y 2) MARIO ROLANDO AGUILERA ULLOA, a favor de la señora ADRIANA ABELINA ESPINAL, contra la resolución dictada en fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por la CORTE TERCERA DE APELACIONES CON SEDE EN TEGUCIGALPA, M.D.C., DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa de los encausados, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, en fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), en relación a la causa instruida contra los señores MARIA CRISTINA GÓMEZ CARRANZA, CRISTY BAQUEDANO, GUSTAVO ANAEL VÁSQUEZ MORADEL Y OTROS, por suponerlos responsables de los delitos de USURPACIÓN Y DAÑOS, en perjuicio de la señora JULIANA RODRIGUEZ VALERIO. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se ha vulnerado en perjuicio de sus representados, el derecho contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, ello en relación con lo dispuesto en el artículo 54 del Código Procesal Penal y artículo 227 del Código Penal, en relación al delito de Usurpación. ANTECEDENTES1)En fecha diecinueve de septiembre del año dos ml dieciocho, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, conociendo de la excepción por falta de acción, promovida por la defensa de los señores Maria Cristina Gómez Carranza, Cristy Marely Baquenado Gómez, Gustavo Anael Moradel Vasquez y Adriana Abelina Espinal, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…Debemos establecer que de acuerdo a lo que ha sido planteado por parte de los abogados defensores, en sus argumentaciones los abogados han expresado o este tribunal infiere de dichas argumentaciones que la causa que está en proceso ante este tribunal debió o debe conocerse civilmente y no en la materia penal, en este sentido debemos establecer que las excepciones de incompetencia, en este caso en el fondo lo que están presentando es una excepción de incompetencia. Las excepciones de incompetencia deben promoverse en audiencia inicial. En consecuencia, primero, en este momento promover una acción de incompetencia en este momento es extemporáneo, por lo cual en este punto el tribunal declara improcedente la petición de excepción planteada por parte de los tres abogados defensores. Segundo, debemos establecer que la norma procesal establece que en otro tipo de excepción distinta a la competencia se puede promover en cualquier momento, incluso en este momento de la etapa de excepciones y nulidades ante el tribunal, siempre que se comprueba que el hecho que se esta alegando o que el hecho se funda en hechos no conocidos antes de que se iniciase el proceso se elevase la causa a debate…” (Folios del 100-105 de la pieza de antecedentes del A-quo)2)Conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados 1) Leonardo Rodas Contreras, en su condición de Apoderados Legales de los señores Maria Cristina Gómez Carranza, Cristy Marely Baquedano Gómez y Gustavo Anael Vásquez Moradel y; 2) Mario Rolando Aguilera Ulloa, Apoderado Legal de la señora Adriana Abelina Espinal; contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de diciembre del año dos mil dieciocho, dictó resolución mediante la cual falló: (Sic) “1.- DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados LEONARDO RODAS CONTRERAS y MARIO ROLANDO AGUILERA ULLOA, Defensores Privados. 2) CONFIRMAR, la resolución dictada el diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho, por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial, Danlí, El Paraíso, contra los señores MARIA CRISTINA GOMEZ CARRANZA, CRISTY MARELY BAQUEDANO GOMEZ, GUSTAVO ANAEL VASQUEZ MORADEL y ADRIANA ABELINA ESPINAL por suponerlos responsables de los delitos de DAÑOS Y USURPACION en perjuicio de JULIANA RODRIGUEZ VALERIO…” (Folios del 147-157fv de la pieza de antecedentes)3)Que los recurrentes, los Abogados Leonardo Rodas Contreras y Mario Rolando Aguilera Ulloa, comparecieron ante este Tribunal de Justicia Constitucional, en fecha veintiocho de enero del año dos mil veinte, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores Maria Cristina Gómez Carranza, Cristy Marely Baquedano Gómez, Gustavo Anael Vásquez Moradel y Adriana Abelina Espinal, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, vulnera el derecho contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República.4)Que en fecha dos de mayo del año dos mil veintitrés, ésta Sala de lo Constitucional tuvo por formalizado en tiempo y forma, la acción presentada por los Abogados Leonardo Rodas Contreras y Mario Rolando Aguilera Ulloa, en su condición antes indicada, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 103 de los autos)CONSIDERANDO (1): Que los recurrentes Abogados LEONARDO RODAS CONTRERAS y MARIO ROLANDO AGUILERA ULLOA, comparecieron en fecha veintiocho de enero del año dos mil veinte, ante este Alto Tribunal, interponiendo Recurso de Amparo a favor de los señores MARIA CRISTINA GOMEZ CARRANZA, CRISTY MARELY BAQUEDANO GOMEZ, GUSTAVO ANAEL VASQUEZ MORADEL y ADRIANA ABELINA ESPINAL, por considerar que la resolución emitida por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciocho (2021), vulnera en perjuicio de sus representados, el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, al dictarse una resolución que resuelve declarar sin lugar los recursos de apelación promovidos por la Defensa de los acusados y confirma la resolucion dictada por el A-quo, que declara sin lugar la excepción de falta de acción promovida en la audiencia de excepciones y nulidades, en la etapa de sustanciación del juicio; a criterio de los recurrentes el juicio es de conocimiento de los tribunales civiles, acorde a lo establecido en el artículo 54 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”CONSIDERANDO (3): Que los recurrentes exponen sus argumentos como tema fundamental que se trata de una acción puramente civil que debe ser conocido por el Juzgado de Letras Civil correspondiente; aducen los peticionarios que la defensa estima procedente la excepción de falta de acción, cuando no pueda proseguirse con el proceso, pues se reúnen todos los requisitos que establece la norma procesal penal, por estar claramente relacionados los hechos y medios de prueba. Los impetrantes hacen referencia a la inobservancia de lo establecido en el artículo 54 del Código Procesal Penal, concluyendo que al no existir un instrumento público que demuestre la titularidad a favor de la señora Juliana Rodríguez Valerio, no se configura el delito de Usurpación y Daños, pues el solo tener un derecho de petición de heredera Ab-intestato, éste no le da la titularidad, ya que legalmente el declararse heredero simplemente es un paso para obtener la tradición del dominio del derecho hereditario de bienes muebles o inmuebles, no existiendo estos requisitos definitivamente no se acredita la legitima propiedad del bien inmueble, por esta razón sostienen los recurrentes se ha violentado el debido proceso consignado en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que en la Motivación de la resolución que se recurre en Amparo, la Corte recurrida fundamenta su decisión en cuanto a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa de los acusados, en relación a declarar sin lugar la excepción por falta de acción, por ellos promovida, en el ordinal primero y segundo de la motivación probatoria jurídica, fundamentándose en los artículos 46.2, 47 y 54 del Código Procesal Penal al argumentar: (Sic) “… y en el caso de autos la parte recurrente, el Abogado LEONARDO RODAS CONTRERAS Representante Procesal de los imputados MARIA CRISTINA GOMEZ CARRANZA, CRISTY MARELY BAQUEDANO GOMEZ y GUSTAVO ANAEL VASQUEZ MORADEL y el Abogado MARIO ROLANDO AGUILERA ULLOA Apoderado Legal de la imputada ADRIANA ABELINA ESPINAL, no han acreditado en las diligencias de mérito hechos o circunstancias nuevas que no se han conocido antes de la elevación de la causa a juicio, asimismo exponen hubo falta técnica al no evacuar el Tribunal de Sentencia, la prueba documental propuesta por la defensa, en la tramitación de la excepción, siendo estos medios de prueba los siguientes: 1.- El Contrato de Manejo Forestal Comunitario suscrito entre ICF y la Cooperativa CHINA DEL BOSQUE, presentado por la Defensa; 2.- Resolución número 85-04 emitida por el Instituto Nacional Agrario en fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil cuatro (2004)… 3.- Declaratoria de Herencia emitida por el Juzgado Segundo de Letras Seccional de Danlí, El Paradiso, estas dos últimas pruebas mostradas por el Ministerio Público, habiendo sido los tres medios de prueba antes mencionados admitidos en la Audiencia Inicial. SEGUNDO: El Artículo 54 del Código Procesal Penal…, y en el caso de autos pese a la falta de formalidad de inscribir en el Instituto de la Propiedad, la tradición de dominio de la sentencia de herencia Ab Intestato sobre el inmueble objeto de estas diligencias a favor de la ofendida JULIANA RODRIGUEZ VALERIO, no han establecido que otra persona es la dueña por lo que no puede ser realizado dicho tramite en los tribunales civiles, asimismo los imputados en ningún momento han acreditado tener documentos de propiedad sobre el lote de terreno en litigio…” –Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (5): Que, de la foliada de la acción de amparo promovida, se establece que el asunto toral sometido a estudio por este Alto Tribunal, es el que se haya procedido a confirmar la resolución dictada por el A-quo que declara sin lugar la excepción de falta de acción promovida por la defensa; por lo que a criterio de los recurrentes en Amparo, procede la declaratoria con lugar de la excepción de falta de acción, por ser un asunto puramente civil, que corresponde conocer al Juzgado de Letras civil correspondiente. CONSIDERANDO (6): Que los recurrentes en Amparo aducen como vulnerado los artículos 46.2 y 54 del Código Procesal Penal, en atención a la infracción del contenido constitucional del derecho al debido proceso. Articulado que hace referencia a la jurisdicción penal y la excepción por falta de acción. Que, como fundamento legal de la resolución en comento, atendiendo las razones por las cuales procedería declarar sin lugar la excepción de falta de acción promovida por la defensa, la alzada expone como razonamiento el que no se hayan acreditado en las diligencias hechos o circunstancias nuevas que no hayan sido conocidas antes de elevarse la causa a juicio, asimismo que los recurrentes no han establecido que otra persona es la dueña, para que el proceso sea conocido en los tribunales civiles; razonamiento que no comparten los recurrentes en Amparo, pues a su criterio se han cumplido todos los requisitos de la norma procesal para declarar la procedencia de la Excepción por falta de acción, lo que se ha establecido con los hechos y medios de prueba aportados. CONSIDERANDO (7): La excepción procesal es una herramienta jurídica a disposición de la persona demandada para resistirse a la acción que ha interpuesto el demandante. El objetivo de la excepción procesal es impedir que el procedimiento siga su curso normal y que el juez entre a valorar el fondo del asunto por el que se demanda a una persona. Citando a Hugo Alsina, lo define como “Son la defensa que el demandado alega para paralizar o extinguir los efectos de la Demanda. Es toda defensa que el demandado opone a la pretensión del actor, sea que se nieguen los hechos en que se funda la demanda, sea que se desconozca el derecho que de ellos pretenda derivarse, sea que se limite a impugnar la regularidad del procedimiento”. Se llama excepción a toda defensa que el demandado opone para dilatar o destruir la acción del demandante, teniendo en cuenta estas dos opciones, la doctrina ha establecido una distinción, según que la defensa ataque al procedimiento o al fondo del derecho y las ha subdividido en dilatorias y perentorias, según que paralicen o extingan la acción o el derecho. CONSIDERANDO (8): Que el Código Procesal Penal, admite solo tres clases de excepciones en el procedimiento penal a saber: 1. La incompetencia; 2. La falta de acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse; y 3. La extinción de la acción penal. Conforme a la distinción establecida por la doctrina, la excepción por falta de acción puede considerarse como una excepción de carácter dilatoria, ello es así, porque ataca a la forma y no el fondo del procedimiento, en atención a que la acción no debió promoverse o no pueda proseguirse, ante la falta de requisitos en la presentación de la demanda; en el caso sub-júdice, los recurrentes en Amparo exponen como elemento en el planteamiento de la excepción por falta de acción, que el asunto sometido a la jurisdicción penal, corresponde conocerlo a los tribunales civiles, en atención a que la ofendida en el caso sub júdice no tiene documentación o soporte legal debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad. Ante esta circunstancia, el Tribunal de Alzada en un razonamiento lógico y fundamentado en la ley penal adjetiva, declara sin lugar la excepción por falta de acción, en atención a que la misma fue promovida en la etapa de Debate o Juicio Oral; no acreditando los recurrentes que la excepción se haya fundamentado en hechos o circunstancias no conocidas antes de la elevación de la causa a juicio. CONSIDERANDO (9): Que en el caso bajo estudio, la defensa de los acusados, promovieron la excepción de Falta de Acción, fundamentándose en lo establecido en el último párrafo del Artículo 54 del Código Procesal Penal, que desarrolla lo relativo a la jurisdicción penal; el párrafo último del relacionado artículo de la ley adjetiva penal define: “… No obstante lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltas por los tribunales civiles.” En este orden de ideas y en atención al momento procesal y la forma de interponer las excepciones, el artículo 47 de la ley penal adjetiva dispone que las excepciones de falta de acción y la de extinción de la acción, podrán interponerse en cualquier etapa del proceso; no obstante a ello, éstas dos excepciones una vez iniciado el juicio, se interpondrán por escrito durante la etapa de preparación del debate, siempre y cuando sea el caso que se funden en hechos o circunstancias que no hayan sido conocidas antes de la elevación de la causa a juicio. CONSIDERANDO(10): Que el precepto legal antes enunciado incumbe al caso bajo estudio; pues son requisitos de aplicación congruente y en atención al principio del iura novit curia; tal lo motivado por la Alzada, ello según lo dispuesto en el artículo 47 del Código Procesal Penal, no habiéndose evidenciado en la presente demanda de Amparo, trascendencia alguna hacia la integridad de los derechos constitucionales que asisten a los Amparistas; atendiendo a la no evidencia de lesión al principio derecho del debido proceso invocado; argumentando la resolución del Tribunal de Alzada que no se han acreditado en las diligencias hechos o circunstancias nuevas, que no hubieren sido conocidos con anterioridad por los peticionarios; aunado a ello y siendo que los recurrentes centran su tesis de vulneración del derecho al debido proceso, en el postulado que la ofendida presentó como único medio de prueba una declaratoria de heredero Ab Intestato, la Alzada argumenta que pese a la falta de formalidad de inscribir en el Instituto de la Propiedad, la tradición de dominio de la sentencia de herencia Ab Intestato, sobre el inmueble objeto de estas diligencias a favor de la ofendida, no se ha establecido que otra persona es la dueña del bien inmueble; por ello procede la Alzada a confirmar la resolución emitida en primera instancia que decreta sin lugar la excepción de falta de acción, al considerar que los recurrentes conocían de las circunstancias del proceso desde el inicio del mismo. CONSIDERANDO (11): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub júdice, los recurrentes los relacionan con la inobservancia de los dispuesto en el párrafo in fine del artículo 54 del Código Procesal Penal, en relación a que el derecho de propiedad en el caso de usurpación, corresponde conocerlos a los tribunales civiles, no obstante a ello la Alzada establece un razonamiento lógico y coherente en relación al por qué considera que se debe confirmar la resolución dictada por el A-quo, que declara sin lugar la Excepción de falta de acción promovida por la defensa de los acusados, con el propósito que el caso sea dirimido a la competencia civil, no evidenciándose con lo expuesto por los recurrentes en Amparo, la vulneración al derecho constitucional invocado. CONSIDERANDO (12): Que lo anteriormente fundamentado se entiende sin perjuicio de las posibilidades de defensa y debido proceso que le asisten en sede jurisdiccional, las cuales no se han visto vulnerados con el tenor de la resolución motivada de apelación, recurrida en Amparo; desprendiéndose de su lectura, que se trata de una resolución emitida en tiempo y forma, por órgano jurisdiccional competente, sustentada en legalidad en sus fundamentos jurídicos, además de motivada en derecho vigente; pronunciada en congruencia precisa con el objeto o personalidad de la apelación, en vías del recurso ordinario en moción y acorde a las facultades que expresamente le concede la ley al Tribunal de Apelación. CONSIDERANDO(13): Que acorde al artículo 45 de la Ley sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la sustanciación de la acción, la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida, lo cual se tiene en consideración a la vista del presente recurso de Amparo y en particular, a que se siga manteniendo la estricta observancia del debido proceso; procede por ende dictar fallo denegatorio al presente recurso de Amparo.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 46.2, 47 y 54 del Código Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados: 1) LEONARDO RODAS CONTRERAS, a favor de los señores MARIA CRISTINA GOMEZ CARRANZA, CRISTY MARELY BAQUEDANO GOMEZ y GUSTAVO ANAEL VASQUEZ MORADEL; y 2) MARIO ROLANDO AGUILERA ULLOA, a favor de la señora ADRIANA ABELINA ESPINAL, contra la resolución de fecha DOCE (12) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), emitida por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada Villela Zavala.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., treinta de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por los Abogados: 1) LEONARDO RODAS CONTRERAS, en su condición de Apoderado Legal de los señores MARIA CRISTINA GOMEZ CARRANZA, CRISTY MARELY BAQUEDANO GOMEZ, GUSTAVO ANAEL BASQUEZ MORADEL; y 2) MARIO ROLANDO AGUILERA ULLOA, en su condición de Apoderado Legal de la señora ADRIANA ABELINA ESPINAL, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, once (11) de septiembre del presente año dos mil veintitrés (2023), y por la cual se falla Denegando la acción constitucional de Amparo interpuesta por los Abogados 1) LEONARDO RODAS CONTRERAS a favor de los señores MARIA CRISTINA GOMEZ CARRANZA, CRISTY MARELY BAQUEDANO GOMEZ, GUSTAVO ANAEL BASQUEZ MORADEL; y 2) MARIO ROLANDO AGUILERA ULLOA, a favor de la señora ADRIANA ABELINA ESPINAL, contra la resolución dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), que declaró Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la Defensa de los encausados, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencias de Danlí, departamento de El Paraíso, en fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que declara improcedente la excepción planteada por la Defensa en la etapa de juicio oral y público. CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del Despacho.CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición de los recurrentes, se aprecia del mismo, que éstos fundamentan su recurso exponiendo que: 1.- En el presente juicio el Ministerio Público comparece a presentar su requerimiento, en audiencia inicial el juez decreta un auto de prisión, decreta auto de apertura a juicio, se promueve excepción de falta de acción cuando no deba proseguirse con el proceso la cual es declarada sin lugar por el Tribunal de Sentencia de Danlí, teniendo como único medio de prueba una declaratoria de herederos Ab Intestato a nombre de la señora Juliana Rodriguez Valerio, de los bienes derechos y acciones que dejara su difunto esposo el señor Narciso Fonseca Maradiaga, ¿será que jurídicamente es suficiente declararse heredero ab intestato sin existir la tradición del dominio del derecho hereditario sobre el bien inmueble debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad? -se preguntan los recurrentes-, condición y requisito legal que no existe ya que el difundo Narciso Fonseca Maradiaga no tenía documentación o soporte legal debidamente inscrito, en consecuencia la señora Juliana Rodriguez Valerio, al no tener documento y la tradición del derecho hereditario no es titular ni propietaria del bien inmueble objeto de Litis conforme al tipo penal de usurpación; 2.- Al no existir un instrumento publico que demuestre la titularidad a favor de la señora Juliana Rodriguez Valerio, no se configura el delito de Usurpación y Daños pues al solo tener un derecho de petición de heredera ab intestato esta no le da la titularidad, ya que legalmente el declararse heredero simplemente es un paso para obtener la tradición del dominio del derecho hereditario de bienes muebles o inmuebles, no existiendo este requisito definitivamente no se acredita la legitima propiedad del bien inmueble, razón que nos lleva a manifestar que se ha violentado el debido proceso consignado en el artículo 90 de la Constitución de la República y que justifica el motivo para otorgar el recurso de reposición. CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto. CONSIDERANDO (4): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto de que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho. CONSIDERANDO (5): Que es menester mencionar que la decisión emitida por esta Sala de lo Constitucional, no vulnera el derecho al debido proceso como arguyen los peticionarios, ello es así, porque como lo ha dejado establecido este Tribunal de Justicia Constitucional, la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. Los recurrentes de nuevo exponen como agravios que le causa la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional, los mismos que ya fueron expuestos en el escrito de presentación y formalización del recurso de Amparo, sobre los cuales este Tribunal se pronunció en el fallo constitucional de fecha once de septiembre del presente año dos mil veintitrés; es así que en los considerandos 7, 8 y 9 se desarrolla lo concerniente a las excepciones procesales y las etapas en las cuales se pueden promover las mismas, que es precisamente lo concerniente al asunto fundamental por el cual el recurso de apelación decidido por la Corte Tercera de Apelaciones fue declarado sin lugar. Los recurrentes mencionan en los agravios expuestos que se promovió la excepción de falta de acción cuando no deba proseguirse, es así que en fundamento al artículo 47 del Código Procesal Penal, fue declarada sin lugar, en atención a que la misma fue promovida en la etapa de Debate o Juicio Oral, no acreditando los recurrentes que la excepción se haya fundamentado en hechos o circunstancias no conocidas antes de la elevación de la causa a juicio. En relación a si con la prueba aportada por el Ministerio Público se configura o no el delito de Usurpación, estas son cuestiones que no corresponde conocer a la justicia constitucional por medio de la Garantía de Amparo, por ser cuestiones a ser dilucidadas por el órgano jurisdiccional de instancia conforme a derecho. Corresponde a la Sala de lo Constitucional pronunciarse, como bien lo señala la Ley sobre Justicia Constitucional sobre la vulneración de derechos y garantías que las Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos establecen, con el objeto de desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional.CONSIDERANDO (6): Que las pretensiones expuestas por los recurrentes Abogados LEONARDO RODAS CONTRERAS y MARIO ROLANDO AGUILERA ULLOA, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha once (11) de septiembre del presente año dos mil veintitrés (2023), que corre agregada en autos se establece claramente las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional de amparo de mérito. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho congruente, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (7): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 No. 7 y No. 8, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por los Abogados LEONARDO RODAS CONTRERAS y MARIO ROLANDO AGUILERA ULLOA, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en fecha once (11) de septiembre del presente año dos mil veintitrés (2023), por las razones que se dejan ya señaladas. Y MANDA: Que el secretario del Despacho notifique lo resuelto a los recurrentes para los efectos legales que en derecho correspondan. - Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA. - NOTIFÌQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de abril de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha once de septiembre de dos mil veintitrés, y reposición de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0077-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.