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Sentencia AP-762-23 — Registro 18614

Resumen

Denegatoria de acción de amparo interpuesta contra resolución que ordena auto de formal procesamiento con relación a la causa instruida contra por suponerlos responsables del delito de Usurpación, Daños y Amenazas, considerando la Sala Constitucionalidad confirmar denegatoria al tener impetrante recurso de apelación pendiente y habiendo actuado éste de mala fe con ánimo de retrasar el curso normal del proceso

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

(5): Que la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a concluir la Denegatoria de la Acción de amparo que se conoce en esta sala, y dados los hechos narrados, y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta. No sin antes hacer una observación, en el sentido de que en el presente caso, se recurre contra una resolución dictada por el juez de letras que aún tenía expedita la vía para el recurso de apelación, de hecho el recurrente mismo, en su escrito de interposición de amparo, admite que se encuentra pendiente de resolución dicho recurso, por lo tanto, no debió admitirse dicha acción, entendiendo este tribunal constitucional que el impetrante ha actuado de mala fe con ánimo de retrasar el curso normal del proceso, pues estando pendiente de resolver la apelación, es posible que nuevamente pretenda accionar la garantía de amparo, lo que posibilitaba también por este motivo inadmitir en su momento ésta acción conforme el numeral 9 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.9 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.9 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.9 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN de fecha veintisiete de abril de dos mil veintitrés, que denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, a favor de los señores PEDRO IVAN JUAREZ PADILLA, ELVIN ORLANDO MUNGUÍA SOLIS, MARTIN SELVIN ESCOBAR, LAUREANO ESCOBAR GUILLEN, JUAN PABLO VELIZ SANTOS, JORGE DE JESUS MEJIA GUILLEN Y JULIO ELIBERTO SOLIS, contra la resolución de fecha siete de julio de dos mil veintiuno dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, con relación a la causa instruida contra los señores PEDRO IVAN JUAREZ PADILLA, ELVIN ORLANDO MUNGUÍA SOLIS, MARTIN SELVIN ESCOBAR ESCOBAR, LAUREANO ESCOBAR GUILLEN, JUAN PABLO VELIZ SANTOS, JORGE DE JESUS MEJIA GUILLEN Y JULIO ELIBERTO SOLIS por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN, DAÑOS Y AMENAZAS, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada CORPORACIÓN MURILLO TEJADA, S. DE R.L. DE C.V.ANTECEDENTES1)En fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno, el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales, el Abogado JORGE ALEJANDRO RIVAS ORDÓÑEZ, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, departamento de La Olancho, presentando Requerimiento Fiscal, contra los señores PEDRO IVAN JUAREZ PADILLA, ELVIN ORLANDO MUNGUÍA SOLIS, MARTIN SELVIN ESCOBAR, LAUREANO ESCOBAR GUILLEN, JUAN PABLO VELIZ SANTOS, JORGE DE JESUS MEJIA GUILLEN Y JULIO ELIBERTO SOLIS, por suponerlo responsables de la comisión del delito de USURPACIÓN en perjuicio de CORPORACIÓN MURILLO TEJADA, S. DE R.L. DE C.V., representada por el señor NERY ROBERTO MURILLO MONTALVAN. (Folios 1-3 del Tomo I de la primera pieza de antecedentes)2)En fecha siete de julio de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, departamento de Olancho, en la continuación de la Audiencia Inicial, dictó resolución en la cual resolvió: “En nombre del Estado de Honduras procediendo a decretar en contra del ciudadano LAUREANO ESCOBAR GUILLEN a título de autor un AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de USURPACIÓN en perjuicio de CORPORACIÓN MURILLO TEJADA S. DE R.L. de C.V., asimismo por el delito de DAÑOS a título de autor en perjuicio de CORPORACIÓN MURILLO TEJADA S. DE R.L. de C.V., y por el delito de AMENAZAS en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE ALFA-20, de acuerdo a la declaración que rindiera este testigo en esta audiencia, participación la cual se establece en base al artículo 32 del Código Penal de 1983. En cuanto al señor ELVIN ORLANDO MUNGUÍA SOLIS se procede también a dictar un AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por suponerlo responsable a título de cómplice del delito de USURPACIÓN en base al artículo 30 y 227 del Código Penal en perjuicio de CORPORACIÓN MURILLO TEJADA S. DE R.L. de C.V., a título de autor por el delito de DAÑOS en perjuicio de CORPORACIÓN MURILLO TEJADA S. DE R.L. de C.V., y a título de autor por el delito de AMENAZAS en perjuicio OLVIN ANIBAL ZEPEDA SANTOS. En cuanto a las medidas cautelares de los imputados han acudido al inicio de la presente audiencia y habiendo sido favorecidos en la audiencia de declaración de imputado celebrada en esta judicatura en fecha veinticuatro de junio del año dos mil veintiuno en la cual la juez que conoció de la misma procedió a favorecer a los encartados con las medidas cautelares contenidas en el artículo 173 en sus numerales6, 7 y 9, se mantiene las mismas, no obstante de la naturaleza del delito de Usurpación de acuerdo con lo que establece el artículo 227 del Código Penal procedo a imponer también en este momento la medida cautelar contenida en el artículo 173 numeral 8 de prohibirle a los imputados a concurrir a determinados lugares como ser la propiedad de la CORPORACIÓN MURILLO TEJADA S. DE R.L. de C.V., ordenándoles retirarse de la misma y retirar a la medida de lo posible los bienes que pudieran poseer dentro de la misma.” (Folios 546 al 556 del Tomo II de la primera pieza de antecedentes) 3)La Abogada KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós mediante correo electrónico, presentó recurso de amparo a favor de los señores PEDRO IVAN JUAREZ PADILLA, ELVIN ORLANDO MUNGUÍA SOLIS, MARTIN SELVIN ESCOBAR, LAUREANO ESCOBAR GUILLEN, JUAN PABLO VELIZ SANTOS, JORGE DE JESUS MEJIA GUILLEN Y JULIO ELIBERTO SOLIS; posteriormente en fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, la Abogada KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, compareció ante la Sala de lo Constitucional interponiendo recurso de Amparo, a favor de los señores anteriormente mencionados, ambos recursos contra la resolución de fecha siete de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, departamento de Olancho, por estimar el recurrente que la misma es violatoria de los Artículos 15, 59, 68, 90, 178, 183, 344, 345, 346 y 348 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 05 de la segunda pieza de antecedentes)4)En fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós y nueve de enero de dos mil veintitrés, la Sala se declaró incompetente de conocer de los recursos de mérito, por lo que ordena remitir las diligencias a la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, los que fueron recibidos en dicha Corte de Apelaciones el siete de febrero de dos mil veintitrés.5)Seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, dictó su sentencia en fecha veintisiete de abril de dos mil veintitrés, mediante la cual: “FALLA: DENEGAR EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por la Abogada KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, en contra de la resolución de fecha siete de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Departamento de Olancho en la causa penal instruida contra los señores PEDRO IVAN JUAREZ PADILLA, ELVIN ORLANDO MUNGUIA SOLIS, MARIN SELVIN ESCOBAR ESCOBAR, JUAN PABLO VELIZ SANTOS, JORGE DE JESUS MEJIA GUILLEN, LAURENAO ESCOBAR GUILLEN JULIO ELIBERTO SOLIS, a quienes se les suponen responsables por la comisión del delito USURPACIÓN, DAÑOS Y AMENAZAS en perjuicio de CORPORACIÓN MURILLO TEJADA S. DE R.L. DE C.V. que señaló el Tribunal de Sentencia de Comayagua…” (Folios 28 al 36 de la segunda pieza de antecedentes)5)En fecha seis de junio de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): La acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional y el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo resueltos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que esta Sala de lo Constitucional, siguiendo el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, ha analizado el fallo de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil veintitrés (2023), dictado por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa que denegó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, a favor de los señores PEDRO IVAN JUAREZ PADILLA, ELVIN ORLANDO MUNGUÍA SOLIS, MARTIN SELVIN ESCOBAR, LAUREANO ESCOBAR GUILLEN, JUAN PABLO VELIZ SANTOS, JORGE DE JESUS MEJIA GUILLEN Y JULIO ELIBERTO SOLIS, contra la resolución de fecha siete (7) de julio del año dos mil veintiuno(2021), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Olancho, en la causa instruida contra los señores PEDRO IVAN JUAREZ PADILLA, ELVIN ORLANDO MUNGUÍA SOLIS, MARTIN SELVIN ESCOBAR, LAUREANO ESCOBAR GUILLEN, JUAN PABLO VELIZ SANTOS, JORGE DE JESUS MEJIA GUILLEN Y JULIO ELIBERTO SOLIS, por suponerlos responsable de los delitos de USURPACIÓN, DAÑOS Y AMENAZAS, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada CORPORACIÓN MURILLO TEJADA, S. DE R.L. DE C.V. CONSIDERANDO (4): Que la decisión en la acción de amparo venida en consulta, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante la cual falló la DENEGATORIA de dicha acción, fundamentó la motivación de su fallo en lo siguiente: (SIC) “PRIMERO: Que según lo es establecido en el CAPÍTULO III, DE LA ACCIÓN DE AMPARO, SECCIÓN I, DISPOSICIONES GENERALES Articulo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional: "El Estado reconoce la garantía de amparo. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1). Para que se les mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; 2). Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.", en relación al artículo de la Constitución de la República: Artículo 69: "La libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente.", Articulo 82: "El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes." Y Artículo 90: "Nadie puede ser juzgado si no es por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.", y del estudio del caso de autos se desprende que no se ha cometido infracción a las Garantías Constitucionales invocadas por el recurrente ya que el Convenio 169 de la OIT que garantiza el respeto a los pueblos indígenas, a la cultura y a la forma de vida de los mismos no es aplicable al presente caso ya que los imputados, si bien es ciento son miembros activos de la Comunicad Indígena Nahuat, también lo es que la imputación realizada a éstos es a título individual y no contra la comunidad indígena como lo refiere el recurrente en Amparo. SEGUNDO: Asimismo, se encuentra acreditado en el expediente de mérito que la CORPORACIÓN MURILLO TEJADA es la legítima propietaria de 1,804 hectáreas de bosque y que tiene autorizado un Plan de Manejo otorgado por el Instituto de Conservación Forestal vigente desde el año de 2017, al año 2057, por tratarse de un inmueble de naturaleza jurídica privada y no comunitaria como lo refiere el recurrente en Amparo, por lo que las actuaciones realizadas por el Juzgado de Primera Instancia se encuentran conforme a derecho, siendo procedente Denegar el presente Recurso de Amparo.CONSIDERANDO (5): Que la decisión del tribunal de segunda instancia en el recurso de amparo venido en consulta, establece claramente las motivaciones que le llevan a concluir la Denegatoria de la Acción de amparo que se conoce en esta sala, y dados los hechos narrados, y corroborados por esta Sala de lo Constitucional se concluye que es lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta. No sin antes hacer una observación, en el sentido de que en el presente caso, se recurre contra una resolución dictada por el juez de letras que aún tenía expedita la vía para el recurso de apelación, de hecho el recurrente mismo, en su escrito de interposición de amparo, admite que se encuentra pendiente de resolución dicho recurso, por lo tanto, no debió admitirse dicha acción, entendiendo este tribunal constitucional que el impetrante ha actuado de mala fe con ánimo de retrasar el curso normal del proceso, pues estando pendiente de resolver la apelación, es posible que nuevamente pretenda accionar la garantía de amparo, lo que posibilitaba también por este motivo inadmitir en su momento ésta acción conforme el numeral 9 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 82, 90 párrafo primero, 183 preámbulo y número 1, 303, 304 y 321 de la Constitución de la Republica; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana Sobre derechos Humanos; 1, 3 preámbulo y número 2, 4, 10 preámbulo y número 2 letra a), 41, 45, 46.9, 47, 48, 49.3, 51, 63, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO el fallo venido en consulta que DENIEGA la acción de amparo interpuesto por la Abogada KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, a favor de los señores PEDRO IVAN JUAREZ PADILLA, ELVIN ORLANDO MUNGUÍA SOLIS, MARTIN SELVIN ESCOBAR, LAUREANO ESCOBAR GUILLEN, JUAN PABLO VELIZ SANTOS, JORGE DE JESUS MEJIA GUILLEN Y JULIO ELIBERTO SOLIS, contra la resolución de fecha siete de julio de dos mil veintiuno dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, en relación a la causa instruida contra los señores PEDRO IVAN JUAREZ PADILLA, ELVIN ORLANDO MUNGUÍA SOLIS, MARTIN SELVIN ESCOBAR, LAUREANO ESCOBAR GUILLEN, JUAN PABLO VELIZ SANTOS, JORGE DE JESUS MEJIA GUILLEN Y JULIO ELIBERTO SOLIS, por suponerlos responsables de los delitos de USURPACIÓN, DAÑOS Y AMENAZAS, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada CORPORACIÓN MURILLO TEJADA, S. DE R.L. DE C.V. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. - NOTIFIQUESE. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de abril del año dos mil veinticuatro.VISTO: Para resolver el recurso de reposición interpuesto por la abogada KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha treinta de noviembre del año dos mil veintitrés, en la consulta de la acción de amparo interpuesta a favor de los señores PEDRO IVAN JUAREZ PADILLA, ELVIN ORLANDO MUNGUÍA SOLIS, MARTIN SELVIN ESCOBAR, LAUREANO ESCOBAR GUILLEN, JUAN PABLO VELIZ SANTOS, JORGE DE JESUS MEJIA GUILLEN Y JULIO ELIBERTO SOLIS, contra la resolución de fecha siete de julio de dos mil veintiuno dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, con relación a la causa instruida contra los señores PEDRO IVAN JUAREZ PADILLA, ELVIN ORLANDO MUNGUÍA SOLIS, MARTIN SELVIN ESCOBAR ESCOBAR, LAUREANO ESCOBAR GUILLEN, JUAN PABLO VELIZ SANTOS, JORGE DE JESUS MEJIA GUILLEN Y JULIO ELIBERTO SOLIS por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN, DAÑOS Y AMENAZAS, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada CORPORACIÓN MURILLO TEJADA, S. DE R.L. DE C.V.ANTECEDENTES 1)En fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, esta Sal de lo Constitucional, dictó resolución mediante la cual falló: CONFIRMANDO el fallo venido en consulta que DENIEGA la acción de amparo interpuesto por la Abogada KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, a favor de los señores PEDRO IVAN JUAREZ PADILLA, ELVIN ORLANDO MUNGUÍA SOLIS, MARTIN SELVIN ESCOBAR, LAUREANO ESCOBAR GUILLEN, JUAN PABLO VELIZ SANTOS, JORGE DE JESUS MEJIA GUILLEN Y JULIO ELIBERTO SOLIS, contra la resolución de fecha siete de julio de dos mil veintiuno dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, en relación a la causa instruida contra los señores PEDRO IVAN JUAREZ PADILLA, ELVIN ORLANDO MUNGUÍA SOLIS, MARTIN SELVIN ESCOBAR, LAUREANO ESCOBAR GUILLEN, JUAN PABLO VELIZ SANTOS, JORGE DE JESUS MEJIA GUILLEN Y JULIO ELIBERTO SOLIS, por suponerlos responsables de los delitos de USURPACIÓN, DAÑOS Y AMENAZAS, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada CORPORACIÓN MURILLO TEJADA, S. DE R.L. DE C.V. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.2)En fecha siete de Febrero de dos mil veinticuatro, la abogada KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA interpuso recurso de reposición contra la resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, pronunciada por esta Sala de lo Constitucional, alegando fundamentalmente lo siguiente: No comparte los argumentos de la sala por considerar que en el presente caso se trata de miembros de una comunidad que pertenecen a los pueblos Nahuas, los cuales están siendo despojados de sus territorios ancestrales, quienes llevan más de una década de lucha para que no se destruyan las micro cuencas y no continúe el saqueo de los bosques. Son campesinos, defensores de la tierra y territorio, luchadores ambientales, líderes comunitarios, miembros y parte de la directiva del Pueblo Indígena Nahua. Alega que sus representados como miembros activos de los pueblos Nahuas, han sumado en los últimos años demandas relacionadas con el reconocimiento y protección de la territorialidad indígena. Conforme al artículo 6 del decreto 002-2011, el cual establece que superficie total del Parque Nacional Montaña de Botadero, es de tenencia nacional, por lo que los terrenos son considerados bienes del Estado y de acuerdo a la normativa vigente pasarán a formar parte del catálogo del patrimonio forestal inalienable, quedando prohibido en ellos todo proceso de titulación de tierras a particulares. CONSIDERANDO (1): Conforme lo dispone el artículo 120 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad por la Sala de lo Constitucional, solo cabrá el recurso de reposición. CONSIDERANDO (2): Esta sala de lo Constitucional al examinar el escrito de reposición, observa que el recurrente reitera los alegatos originarios plasmados al momento de incoar la acción de amparo, por consiguiente, no se observa que se haya cometido infracción a las Garantías Constitucionales invocadas por el recurrente, reiterando que el Convenio 169 de la OIT que garantiza el respeto a los pueblos indígenas, a la cultura y a la forma de vida de los mismos no es aplicable al presente caso ya que los imputados, si bien es cierto son miembros activos de la Comunicad Indígena Nahua, también lo es que la imputación realizada a éstos es a título individual y no contra la comunidad indígena como tal, igualmente se reitera la fundamentación de la Corte de Apelaciones en el sentido que la CORPORACIÓN MURILLO TEJADA es la legítima propietaria de 1,804 hectáreas de bosque y que tiene autorizado un Plan de Manejo otorgado por el Instituto de Conservación Forestal vigente desde el año de 2017, al año 2057, por tratarse de un inmueble de naturaleza jurídica privada y no comunitaria, por lo que las actuaciones realizadas por el Juzgado de Primera Instancia se encuentran conforme a derecho. Por otra parte, para que tenga lugar lo dispuesto en el artículo 613 del Código Penal, se requiere que se hayan instado previamente reclamaciones civiles o administrativas en relación con títulos ancestrales, lo que no ha sido acreditado ni alegado en el caso subjúdice, de igual manera, se recuerda que el accionante ha manifestado que lo que ha alegado por vía amparo se encuentra pendiente de recurso de apelación, por lo tanto, no procede el recurso de reposición intentado. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 7 inciso 2), 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos: 1.1, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 61, 62,82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 Y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la abogada KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha treinta de noviembre del año dos mil veintitrés, en la consulta de la acción de amparo interpuesta a favor de los señores PEDRO IVAN JUAREZ PADILLA, ELVIN ORLANDO MUNGUÍA SOLIS, MARTIN SELVIN ESCOBAR, LAUREANO ESCOBAR GUILLEN, JUAN PABLO VELIZ SANTOS, JORGE DE JESUS MEJIA GUILLEN Y JULIO ELIBERTO SOLIS, contra la resolución de fecha siete de julio de dos mil veintiuno dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, con relación a la causa instruida contra los señores PEDRO IVAN JUAREZ PADILLA, ELVIN ORLANDO MUNGUÍA SOLIS, MARTIN SELVIN ESCOBAR ESCOBAR, LAUREANO ESCOBAR GUILLEN, JUAN PABLO VELIZ SANTOS, JORGE DE JESUS MEJIA GUILLEN Y JULIO ELIBERTO SOLIS por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN, DAÑOS Y AMENAZAS, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada CORPORACIÓN MURILLO TEJADA, S. DE R.L. DE C.V. Y MANDA: Con la certificación de esta resolución se remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha treinta días de noviembre de dos mil veintitrés, y Reposición de fecha diez de abril de dos mil veinticuatro recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0762-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL