Sentencia AP-753-22 — Registro 17659
Resumen
Se confirma la sentencia consultada, que otorgó el recurso de amparo contra la del juzgado que desestima la pericia al arma decomisada, en relación a la causa instruida por delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego. Por ser un acto de proposición de prueba la que se le planteaba, era un acto de investigación de importancia para los intereses de la sociedad.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Comparte este Tribunal de Justicia Constitucional el criterio esgrimido por la Corte de Apelaciones, en atención a que lo argumentado por el A-quo carece de razonamientos sólidos o válidos conforme a derecho, es así que otorga la Acción de Amparo promovida por el Ministerio Público, por advertirse la vulneración del derecho a la Tutela Judicial Efectiva, entendido este como el derecho de acceso a la justicia, al vedar el A-quo la práctica de pericia de importancia significativa en el caso llevado a estrados judiciales..." …" Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva invocado por la recurrente, negando con ello la posibilidad de acceso a los órganos jurisdiccionales del Estado; derecho garantizado en la Constitución de la República, lo que constituye obstáculos de acceso a la jurisdicción y a las entidades de la administración pública. .."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..." Comparte este Tribunal de Justicia Constitucional el criterio esgrimido por la Corte de Apelaciones, en atención a que lo argumentado por el A-quo carece de razonamientos sólidos o válidos conforme a derecho, es así que otorga la Acción de Amparo promovida por el Ministerio Público, por advertirse la vulneración del derecho a la Tutela Judicial Efectiva, entendido este como el derecho de acceso a la justicia, al vedar el A-quo la práctica de pericia de importancia significativa en el caso llevado a estrados judiciales..." …" Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva invocado por la recurrente, negando con ello la posibilidad de acceso a los órganos jurisdiccionales del Estado; derecho garantizado en la Constitución de la República, lo que constituye obstáculos de acceso a la jurisdicción y a las entidades de la administración pública. .."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de agosto del año dos mil veintitrés. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, que otorgó el recurso de amparo promovido por la Abogada Suamy España, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque, en fecha veintiocho de marzo del año dos mil veintitrés, que desestima la pericia al arma decomisada y solicitada por el Ministerio Público; en relación a la causa instruida contra el señor Mario de Jesús Cartagena Portillo, por suponerlo responsable del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio del Orden Público del Estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado en perjuicio de su representado, el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación a la inobservancia de los artículos 199 y 317 del Código Procesal Penal. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha veintiocho de marzo del año dos mil veintitrés, compareció ante el Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, la Abogada Suamy España, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Mario Antonio de Jesús Cartagena Portillo, por suponerlo responsable del delito de Porte Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio del Orden Público del Estado de Honduras. (Folios del 1-3 del expediente del A-quo) 2) En fecha veintiocho de marzo del año dos mil veintitrés, el Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, en la audiencia de Declaración de Imputado resolvió: (Sic) “…Son aplicadas las medidas solicitadas por la Fiscalía 6 y 7, de que tiene que presentarse al Juzgado, … Ante este Juzgado de Letras departamental de Ocotepeque, y la prohibición de salir del país, se desestima la pericia solicitada por la razón legal siguiente, no tiene ninguna relación jurídica que el arma dispare o no dispare, las características físicas están en posición de la fiscalía, el arma no tiene ninguna relevancia para el delito que se está presentando, ya que es nada más el permiso de no aportar el arma de uso comercial, así que es innecesario la pericia solicitada por el Ministerio Publico…” (Folios del 10-13 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) En fecha veintiuno de abril del año dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, la Abogada Suamy España, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, interponiendo Accion Constitucional de Amparo a favor del Estado de Honduras, contra la resolución referida en el numeral que antecede, por considerar la peticionaria que la misma vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, relacionado con la inobservancia de los artículos 199 y 317 del Código Procesal Penal. 4) En respuesta a la acción constitucional promovida, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: OTORGAR LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta por la Abogada SUAMY ESPAÑA, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público y en representación de la sociedad, contra la resolución de fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023), dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque; SEGUNDO: Se ordena que el A-Quo, proceda a admitir a trámite la solicitud planteada por el Ministerio Público con vista a la defensa a fin que puedan estar presentes en la práctica de la diligencia investigativa; asimismo, continúe a la brevedad posible con el curso normal del proceso; TERCERO: Por medio de la Secretaría de este Tribunal, se devuelva los autos o antecedentes al Tribunal de su procedencia, con la certificación de la presente resolución…” (Folios del 21-24fv de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 5) Que en fecha cinco de junio del año dos mil veintitrés, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la acción de amparo penal venido en trámite de consulta obligatoria, conocida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, interpuesta por la Abogada SUAMY ESPAÑA, contra la resolución de fecha veintiocho de marzo del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, que desestima la pericia al arma decomisada y solicitada por el Ministerio Público, en la Audiencia de Declaración de imputado; en relación al proceso penal incoado en contra del señor MARIO ANTONIO DE JESÚS CARTAGENA PORTILLO, por suponerlo responsable del delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, contra el ORDEN PÚBLICO DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en la acción de amparo interpuesta, que la resolución no solo es contraria a la jurisprudencia ordinaria del resto del país, sino que ofende el debido proceso, específicamente en las formalidades contenidas en los artículos 199 y 317 del Código Procesal Penal ya citados; dichos artículos revelan que la admisibilidad o no de una prueba no es parte del arbitrio judicial, sino que es una facultad reglada y es la norma procesal misma la que expone cuales son los criterios de admisibilidad de una prueba y son solamente la utilidad, la pertinencia, la proporcionalidad, la licitud y la confiabilidad objetiva y ninguno de ellos fue invocado o explicado por el Juez de Letras al momento de inadmitir la prueba pericial referida; por lo que al inadmitirla vulnera el debido proceso, específicamente en las formalidades para admisión de pruebas previstas en los artículos 199 y 317 del Código Procesal Penal citados. CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, mediante la cual resuelve Otorgar la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada Suamy España, en su condición de Agente de Tribunales del MINISTERIO PÚBLICO, contra la Resolución de fecha veintiocho de marzo del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque. Sostiene la Alzada en el ordinal Cuarto, de la fundamentación fáctica y jurídica de la resolución que se revisa, que bien es cierto que el Juzgador deniega el medio de prueba propuesto, sobre el cual se concluye que no era una acto de proposición de prueba, sino de una solicitud de práctica de diligencia de investigación y que la inadmisión de dicha solicitud, por si sola, no es violatoria al debido proceso; sin embargo no consienten las razones expuestas por el Juez para justificar su negativa. Argumenta la Corte de Apelaciones que, en su escasa exposición y parafraseando sobre lo expuesto por el A-quo, basa su negativa en que no tiene ninguna relevancia jurídica que el arma funcione o no y que sus características físicas están en posesión del la Fiscalía a lo que dice la Corte: (Sic) “Si ben, en la etapa preparatoria, precisamente en la audiencia inicial donde se produce el contradictorio, en este tipo de delitos resulta irrelevante la acreditación del buen o mal funcionamiento del arma decomisada. El Código Procesal Penal reconoce tres etapas, y en la tercera, o sea en el debate o juicio oral y público, si es de imperiosa necesidad contar con el dictamen que acredite o no el buen funcionamiento del arma y sus características, ya que el juicio de valor que emite el Tribunal de Sentencia es de condena, distinto del que emite el Juez de Instrucción, que es de probabilidad; así lo hemos dejado sentado en nuestras resoluciones…”. CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 5: Que según lo establecido en el artículo 263 del Código Procesal Penal, el procedimiento ordinario en el proceso de investigación y juzgamiento de los delitos constará de tres fases a saber: 1. Etapa Preparatoria; 2. Etapa Intermedia; y 3. Debate o Juicio Oral y Público. Como bien lo argumenta la autoridad que conoce de la Acción de Amparo, el Juez debió necesariamente advertir que si bien, no era un acto de proposición de prueba la que se le planteaba, era un acto de investigación de importancia para los intereses de la sociedad aun y cuando su resultado pudiese no ser utilizada en la audiencia inicial que eventualmente se señalaría y llevaría a cabo, no obstante a ello, podría con seguridad ser necesaria y útil en el debate de juicio oral y público, siendo necesaria su obtención al momento de los argumentos en relación al bien jurídico protegido. Comparte este Tribunal de Justicia Constitucional el criterio esgrimido por la Corte de Apelaciones, en atención a que lo argumentado por el A-quo carece de razonamientos sólidos o válidos conforme a derecho, es así que otorga la Acción de Amparo promovida por el Ministerio Público, por advertirse la vulneración del derecho a la Tutela Judicial Efectiva, entendido este como el derecho de acceso a la justicia, al vedar el A-quo la práctica de pericia de importancia significativa en el caso llevado a estrados judiciales. CONSIDERANDO 6: Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva invocado por la recurrente, negando con ello la posibilidad de acceso a los órganos jurisdiccionales del Estado; derecho garantizado en la Constitución de la República, lo que constituye obstáculos de acceso a la jurisdicción y a las entidades de la administración pública. CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO COPÁN, en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil veintitrés (2023). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. – Redactó la Magistrada Villela Zavala.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes enero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal venido en Consulta bajo el número SCO-753-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL