Sentencia AP-745-22 — Registro 17049
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo interpuesto contra la resolución que declaró sin Lugar el recurso de apelación en relación la causa instruida los delitos de explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados en perjuicio del ecosistema y ambiente del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “V.- Análisis de la resolución que se impugna, vía Amparo 1.-Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce ya que de la lectura de los agravios expresados por los recurrentes no se ha demostrado el daño causado al medio ambiente y mucho menos que se esté realizando por parte del imputado una explotación Ilegal del recurso natural, pues este cuenta con los permisos correspondientes con la licencia ambiental que lo respalda, siendo la alcaldía de san Antonio de Oriente de Francisco Morazán la que otorgo permiso de operación de negocio Numero 002096 a favor de Cantera la Concordia, debiéndose ampliar investigaciones respecto si la misma cumplió con lo establecido en la ley general de minería ( decreto 238-2012) así como el impacto ambiental y los daños que provoca al medio ambiente. 2.- Que esta sala estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de petición, defensa y el debido proceso al que se someten las partes. 3.- Que igualmente no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce de la República.- 4.- Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- 5.- Que Las situaciones de mera legalidad son todas aquellas, que por no ser propias de la materia constitucional, quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio; sumado a ello los recurrentes pueden pedir la prosecución del proceso; tal como lo señala la norma procesal respecto al sobreseimiento provisional en su artículo 295 párrafo final, “ SI dentro los cinco años siguientes a la fecha de sobreseimiento provisional surgen nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión o declaratoria de reo, el juez a petición del fiscal o acusador privado, podrá ordenar la prosecución del proceso”… 6.- por lo que, conforme lo establece Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a los quejosos.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 295 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, que declaró Sin Lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; en relación la causa instruida contra el señor JOSE HERNAN ELVIR SALGADO, por suponerlo responsable de los delitos de EXPLOTACION ILEGAL DE RECURSOS NATURALES Y DAÑOS AGRAVADOS en perjuicio del ECOSISTEMA Y AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando la recurrente, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 90, 304 y 321 de de la República. ANTTECEDENTES PROCESALES 1) Que en fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, el Ministerio Público, a través de su Agente de Tribunales VICTOR MUÑOZ, y la Procuraduría General de la República, a través de su Procurador Judicial, CARLOS ROBERTO RODEZNO ACOSTA, comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando requerimiento Fiscal contra el señor JOSE HERNAN ELVIR SALGADO; por suponerlo responsable del delito de EXPLOTACIÓN ILEGAL DE RECURSOS NATURALES Y DAÑOS AGRAVADOS, en perjuicio del EQUILIBRIO DE LOS ECOSISTEMAS Y AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 02–09 de la pieza de antecedentes) 2) Que el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en la continuación de la Audiencia Inicial celebrada el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, resolvió: “1) se procede a DICTAR UN SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor del señor JOSE HERNAN ELVIR SALGADO por el delito de EXPLOTACIÓN ILEGAL DE RECURSOS NATURALES Y DAÑOS AGRAVADOS, en perjuicio del EQUILIBRIO DE LOS ECOSISTEMAS Y AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Se suspenden las medidas impuestas en la audiencia de Declaración de Imputado.- 3) Se ordena que la Secretaria del Despacho se proceda a emitir la respectiva Carta de Libertad Definitiva al imputado y que se archiven las diligencias definitivamente,…” (Folio 197 de la pieza de antecedentes) 3) Que los Abogados VICTOR MUÑOZ y CARLOS ROBERTO RODEZNO ACOSTA, actuando en su condición previamente indicada, comparecieron ante el citado Juzgado, presentando Recurso de Apelación contra la Resolución de fecha veinte de septiembre de dos mil veintiuno, de la que se hace relación en el numeral anterior. (Folios 200-213 y 215-219 de la pieza de antecedentes) 4) Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados VICTOR MUÑOZ y CARLOS ROBERTO RODEZNO ACOSTA, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, emitió resolución en fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en la cual Resolvió: “1) DECLARAR SIN LUGAR, los Recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. 2) CONFIRMA el sobreseimiento provisional de las diligencias, de fecha veinte de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Penal de esta Sección Judicial a favor del señor JOSE HERNAN ELVIR SALGADO por suponerlo responsable a título de autor de los delitos de EXPLOTACIÓN ILEGAL DE RECURSOS NATURALES Y DAÑOS AGRAVADOS, en perjuicio del ECOSISTEMA Y AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS;…”. (Folios 244 al 246 de la pieza de antecedentes) 5) Que en fecha doce de marzo de dos mil veintidós (2022), compareció ante de lo Constitucional, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, de la que se ha hecho relación en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los Artículos 90, 304 y 321 de de la República. (Folios 01 al 07 del presente Recurso)6) Que en fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de del Ministerio Público. (Folio 32 del Presente Recurso) Fundamentación Jurídica sobre la Garantía Constitucional de Aparo: I. Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. II. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado Hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos. III. Resumen de la formalización de la presente garantía, con relación a los alegatos del garantista, denunciando violación de los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. 1.- Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha veintiuno de febrero del dos mil veintidós, que confirma el sobreseimiento Provisional decretado por el A-Quo, es violatoria del derecho al debido proceso y el principio de legalidad establecidos en la Constitución de la República.- 2.-: Que la ley dispone, que se dictará sobreseimiento provisional: 1) El Juez dictara sobreseimiento provisional si, no obstante haber plena prueba de la comisión del delito, no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si las tuvo y existe además, la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, lo cual deben señalarse de manera concreta en la resolución respectiva…; extremos que, se aprecian en la motivación de la resolución que fue apelada y que confirmó el Ad-Quem, quedando demostrado que no se acreditó los elementos del tipo penal de EXPLOTACION ILEGAL DE RECURSOS NATURALES Y DAÑOS AGRAVADOS en perjuicio del EQUILIBRIO DE LOS ECOSISTEMAS Y AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS Ilícitos que los perpetra según los artículos 325, 381 Y 382 numeral tres del Código Penal decreto 130-2017, el primero quien con infracción de las disposiciones protectoras del medio ambiente realiza actividades de captación, extracción o explotación Ilegal de Recursos Hídricos, forestales, minerales o fósiles de forma que ponga en peligro grave el equilibrio de un ecosistema; y el segundo quien destruye, deteriora, inutiliza o causa daños a cosa ajena, gravándose cuando se afecten bienes de dominio , uso público o comunal o afecten gravemente los intereses generales. IV. Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. .1.-Que el Ad-quem al analizar los agravios expresados por el Ministerio Publico y la Procuraduría de la republica y sus pretensiones orientadas a cuestionar el Sobreseimiento provisional se viene en conocimiento que en el caso en particular mas allá de la utilización de maquinaria pesada(camiones, volquetas, cargadoras) en la explotación de la cantera “la Concordia” no se ha demostrado infracción alguna de las disposiciones protectoras del medio ambiente por parte del imputado, como también es oportuno significar, que existe una licencia ambiental otorgada a favor de la sociedad Artistic, Stone, S. de R.L., para explotar la cantera y no es ilícito que al amparo de la misma Jose Hernán Elvir Salgado este extrayendo piedras para esa sociedad; lo que conduce a desestimar los agravios de los quejososos, porque no pueden ser de recibo, de manera que siendo coherentes con lo expresado, se estima a los efectos de proferir un fallo sustentado en los derechos y garantías constitucionales y los principios rectores del proceso penal, que en caso en particular la resolución recurrida se encuentra apegada a derecho, por lo que se impone confirmarla.- V.- Analisis de la resolución que se impugna, vía Amparo 1.-Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce ya que de la lectura de los agravios expresados por los recurrentes no se ha demostrado el daño causado al medio ambiente y mucho menos que se este realizando por parte del imputado una explotación Ilegal del recurso natural, pues este cuenta con los permisos correspondientes con la licencia ambiental que lo respalda, siendo la alcaldía de san Antonio de Oriente de Francisco Morazán la que otorgo permiso de operación de negocio Numero 002096 a favor de Cantera la Concordia, debiéndose ampliar investigaciones respecto si la misma cumplió con lo establecido en la ley general de minería ( decreto 238-2012) así como el impacto ambiental y los daños que provoca al medio ambiente. 2.- Que esta sala estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de petición, defensa y el debido proceso al que se someten las partes. 3.- Que igualmente no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce de la República.- 4.- Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- 5.- Que Las situaciones de mera legalidad son todas aquellas, que por no ser propias de la materia constitucional, quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio; sumado a ello los recurrentes pueden pedir la prosecución del proceso; tal como lo señala la norma procesal respecto al sobreseimiento provisional en su artículo 295 párrafo final, “ SI dentro los cinco años siguientes a la fecha de sobreseimiento provisional surgen nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión o declaratoria de reo, el juez a petición del fiscal o acusador privado, podrá ordenar la prosecución del proceso”… 6.- por lo que, conforme lo establece Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a los quejosos.-POR TANTO: LO CONSTITUCIONAL DE DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de de ; 295 del Código Procesal Penal; ; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de Justicia Constitucional; RESUELVE: DENEGAR el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiuno de febrero del dos mil veintidós, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. – Sello y firmas. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. Sello y firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0745-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.