Sentencia AP-732-22 — Registro 17630
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que declaró sin lugar el recurso de apelación con relación al delito de Agresión Sexual, en perjuicio de la menor S. Z. R.. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio su representado al revocar el sobreseimiento provisional.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (14): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos. Lo anterior, en observancia y con fundamentación del principio de legalidad constitucional, sin el cual no puede haber lugar a la justicia y a la seguridad jurídica como valores axiales del ordenamiento jurídico democrático, republicano y representativo. CONSIDERANDO (15): Que, de todo lo anteriormente expuesto, vistos los antecedentes del caso, considera esta Sala de lo Constitucional que el alegato garantista no pretende sino una revisión de instancia a una interpretación judicial emitida de conformidad a ley, con respeto al derecho de defensa y a las garantías procesales que asisten a las partes (bilateralidad y audiencia, a la notificación razonable de lo resuelto, en un plazo razonable, a un recurso ágil y efectivo proveído conforme a Ley, etc.); habiendo la jurisdicción ordinaria fallado el presente caso en el ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y ajustadamente fundada en derecho, sin desmedro alguno al derecho al debido proceso; el cual no se infringe, necesariamente, de no vincularse el sentido de la resolución judicial a las pretensiones promovidas por las partes procesales, en el ejercicio de los derechos de acción y de defensa que garantiza la Constitución de la República. Por todo ello, resulta del caso dictar sentencia denegatoria a la presente acción de Amparo.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados Eduardo Jair López Zuniga y Celeste Aida Cerrato Chinchilla, a favor del señor Cesar Augusto Martínez Quan, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de febrero de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de octubre de dos mil veintiuno, con relación a la causa que instruida contra el señor Cesar Augusto Martínez Quan, a quien se le supone responsable del delito de Agresión Sexual, en perjuicio de la menor S. Z. R.. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Agente Fiscal, el Abogado Keila Ordoñez, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Cesar Augusto Martínez Quan, a quien se le supone responsable del delito de Agresiones Sexuales, en perjuicio de la menor S. Z. R.. (14 años) (Folios 2-5 del antecedente)0 2) En fecha once de octubre de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en la celebración de la audiencia inicial, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL en contra del señor CESAR AUGUSTO MARTINEZ QUAN por el delito de AGRESIONES SEXUALES en perjuicio de S. Z. R.. 2) Se ordena que la secretaria del despacho se proceda a emitir la respectiva Carta de Libertad Provisional al imputado y que se archiven las diligencias provisionalmente, si dentro de los cinco años a la fecha del sobreseimiento provisional el Ministerio Público pueda incorporar nuevos elementos de prueba para poder sustentar el presente requerimiento fiscal…” (Folio 409 del antecedente) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Gloria Maritza García Suarez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de febrero de dos mil veintidós, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado; 2) DECLARA CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la acusación privada; 3) REVOCA el sobreseimiento provisional dictado el once de octubre de dos mil veintiuno por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en la causa instruida contra el señor CESAR AUGUSTO MARTINEZ QUAN como autor del delito de AGRESIÓN SEXUAL en perjuicio de la menor S. Z. R. y ordena al aquo profiera auto de formal procesamiento contra el encartado por ese mismo delito…” (Folios 522-525 del antecedente) 4) Que los recurrentes, Abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aida Cerrato Chinchilla, compareció ante este Tribunal, en fecha diez de mayo de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del señor Cesar Augusto Martínez Quan, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-Quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 82, 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por los Abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aida Cerrato Chinchilla, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en vista para sentencia la garantía de amparo promovida por los Abogados EDUARDO JAIR LÓPEZ ZUNIGA y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, a favor del señor CESAR AUGUSTO MARTÍNEZ QUAN, contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de febrero de dos mil veintidós, en la cual resuelve: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado; DECLARANDO CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la acusación privada; REVOCANDO, en consecuencia, el sobreseimiento provisional dictado el once de octubre de dos mil veintiuno por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en la causa instruida contra el señor CESAR AUGUSTO MARTINEZ QUAN, como autor del delito de AGRESIÓN SEXUAL, en perjuicio de la niña S. Z. R.; ordenando, finalmente, al Juzgado A Quo que profiriera auto de formal procesamiento contra el imputado.[1] CONSIDERANDO (4): Que la sentencia bajo estudio constitucional expresa en su motivación fáctica y jurídica, que al analizar los agravios expresados por el Ministerio Público y la acusación privada, impetrando la revocatoria del sobreseimiento provisional, y a que se dicte en contra del imputado, auto de formal procesamiento; estimaba que ambos eran de recibo, a la luz de los numerales 3), 6) y 7) que preceden; los cuales son relativos al Dictamen 2020-0801-0202-081 de psicología forense, y, el Dictamen 2020-0801-0201-106 de psiquiatría forense, ambos practicados a la menor S. Z. R.; con los cuales se acredita que la evaluada presenta un trastorno de estrés postraumático y que fue objeto de tocamientos por el señor CESAR MARTÍNEZ, mediante intimidación, ya que le hacía tocamientos en el cuerpo y; “… tenía miedo que pudiera hacer algo peor”.[2] Tales hechos serían indicativos de la consumación del delito de AGRESIÓN SEXUAL, en perjuicio de la niña S. Z. R., por parte del señor CESAR AUGUSTO MARTÍNEZ QUAN, al concurrir todos los elementos objetivos y subjetivos de su tipificación legal; habida cuenta que, con las pruebas de cargo, y específicamente con la declaración de la víctima rendida a través de la Cámara de Gesell, se pudo establecer que el señor CESAR AUGUSTO MARTÍNEZ QUAN realizó la conducta punible por sí mismo, al realizar dolosamente tocamientos con sus manos, en lo que la niña S. Z. identifica en su declaración como sus partes íntimas; estimándose, por la Corte sentenciadora, que la prueba de cargo aporta material indiciario suficiente para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, su relevancia jurídico – penal y la participación del imputado en el mismo. CONSIDERANDO (5): Que, en el escrito de amparo presentado por los recurrentes, Abogados EDUARDO JAIR LÓPEZ ZUNIGA y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, a favor del señor CESAR AUGUSTO MARTÍNEZ QUAN, se discrepa de la preindicada resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, por estimarla violatoria a lo establecido en los artículos 82, 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. Aducen los amparistas, que dicha resolución judicial violenta el mandato constitucional de no dictar un auto de formal procesamiento sin que se acredite la existencia de un delito e indicios racionales de que el acusado es participe del mismo, con relación a la salvaguarda de su estado de inocencia; supuesto en que resultaría lo procedente el dictado de un Sobreseimiento Definitivo; así como el deber de motivación de las resoluciones como garantía del debido proceso; según prescriben los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución, en relación directa a los artículos 2, 294 y 297 del Código Procesal Penal; considerando que la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán ha violentado estas garantías esenciales a su representado, por no haber, de la actividad probatoria desarrollada en audiencia inicial, fundamentos fácticos y jurídicos para revocar el auto de sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado A Quo, con el privilegio que le dio el principio de inmediación; ordenando, en su lugar, se dictara formal procesamiento, resolución impugnada en vía de apelaciones por las partes constituidas al proceso en el presente caso; con resultados infructuosos para el restablecimiento del derecho de defensa, estado de inocencia y debido proceso del señor CESAR AUGUSTO MARTÍNEZ QUAN. CONSIDERANDO (6): Que, siguen manifestando los Abogados EDUARDO JAIR LÓPEZ ZUNIGA y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, en su condición precitada, que, en el marco de la referida apelación, se impugnó el dictado de auto de sobreseimiento provisional en la resolución antes descrita y circunstanciada, la cual infringe el debido proceso con relación al estado de inocencia, al no percatarse de la falsedad en la declaración de la supuesta víctima, S. Z. R., quien fue inducida por el Ministerio Público a mentir para sostener una falsa acusación, lo cual tuvo móvil lograr su traslado a otra escuela de su preferencia, ya que no soportaba el acoso estudiantil que estaba sufriendo por haberse tomado unas fotografías mostrándose desnuda, las cuales habían sido difundidas en la escuela. Señalan los garantistas que la Corte Ad Quem estableció en su resolución que no había sido desvirtuado el cuerpo del delito, con la prueba de la defensa. No obstante, no se percibe que el colegiado de apelaciones haya efectuado análisis alguno, respecto a lo que se acreditó probatoriamente por parte de la defensa del señor CESAR AUGUSTO MARTÍNEZ QUAN. Respecto a alegada violación al derecho de defensa, esta se reconduce a la valoración, por parte del Ad Quem, de los dictámenes presentados en audiencia inicial por el Ministerio Público, consistentes en; uno de psicología forense, de fecha 16 de noviembre de 2020 y, otro de psiquiatría forense, de fecha 21 de abril de 2021; las cuales no observaron el tenor del artículo 242 del Código Procesal Penal, respecto a que el Ministerio Público, o el Juez, designará a los peritos con conocimiento de las partes, pese a que el imputado efectuó personamiento ante la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez, en fecha 6 de octubre de 2020; norma procesal de cumplimiento imperativo que, al haberse infringido, dio lugar a que el elemento de prueba pericial se tornaré ilícito, en infracción al principio de objetividad que rige para el Ministerio Público y el derecho de defensa del encausado; lo cual fue soslayado por la Corte de Apelaciones, al valorarle como parte de la actividad probatoria mínima que se exige, en la norma procesal, para considerar el dictado de un auto de formal procesamiento; renunciando así a su obligación de exhaustiva revisión de los antecedentes, lo que hubiere conllevado a emitir un auto de sobreseimiento definitivo; infringiendo simultáneamente el principio de legalidad y las exigencias formales que dimanan de la garantía de tipo, al no desarrollar dogmáticamente los elementos subjetivos de tipo que establecen los artículos 250 y 249 del Código Penal vigente, en relación armónica, para la imposición de un auto de formal procesamiento. CONSIDERANDO (7): Que, finalmente, han referido los impetrantes, que el otorgamiento de la garantía de amparo, contra la resolución antes descrita y circunstanciada, es la única forma de restituirle los derechos fundamentales vulnerados al señor CESAR AUGUSTO MARTÍNEZ QUAN, a través de la estricta aplicación de los preceptos constitucionales y procesales dejados de observar por la Corte de Apelaciones concernida, al revocar el auto de sobreseimiento provisional en los términos desarrollados en la presente formalización; instando los garantistas a que se dicte, en su lugar, auto de sobreseimiento definitivo, como corresponde en derecho. CONSIDERANDO (8): Que, con relación al primer aspecto de la situación jurídico penal conocida en amparo, el acto procesal impugnado por la Defensa Técnica ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán consiste en la revocatoria de un sobreseimiento provisional, por parte de la Alzada y, la consiguiente emisión de un auto de formal procesamiento, en aplicación del artículo 297 numeral 1 del mismo Código adjetivo, con relación a lo tipificado en el artículo 250 del Código Penal vigente; por haberse desplegado por parte del Ministerio Público y la Acusación Privada la mínima actividad probatoria de la existencia del delito, en perjuicio de la niña S. Z. R., así como el indicio racional de la participación del imputado. CONSIDERANDO (9): Que, la Corte de Apelaciones concernida se ha sujetado al deber de valorar el sustento probatorio ofertado por la acusación pública, y también privada, en el presente caso, para acreditar la existencia del delito, conforme lo establece el artículo 92 de la Constitución de la República; así como de dilucidar la participación indiciaria del imputado en los hechos que se le imputan, de encuadrar en el tipo penal respectivo. CONSIDERANDO (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso, el cual comprende: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre ante órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta; lo cual es correlativo a la garantía de legalidad penal, cuando de determinar deberes y derechos se trata.[3] CONSIDERANDO (11): Que, a este respecto, considera la Sala de lo Constitucional, que la actividad jurisdiccional bajo control constitucional manifiesta ajustado cumplimiento del principio de legalidad estricta que contiene, define y limita el ius puniendi del Estado de Honduras; lo cual, por jurisprudencia estable y pacífica de esta Sala de lo Constitucional, se tiene por regla del debido proceso; es decir, que se trata de un derecho inalienable e imprescriptible, constituido como formalidad y/o garantía preestablecida en Ley, reservada como contenido esencial del derecho a los justiciables; lo cual resulta exigible a través de la garantía jurisdiccional de amparo, tal y como se ha verificado en el presente caso. CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional ha sostenido que las resoluciones jurisdiccionales deben ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso, garantizando los derechos de defensa y de estado de inocencia de las personas justiciables, en el marco del principio de legalidad, a la luz del bloque de convencionalidad, y, en interpretación pertinente del derecho positivo; derecho garantía que se observa respetado, evaluadas que fueron las alegaciones jurídicas y fácticas, planteadas en el plan de la demanda de amparo, contra lo resuelto y acordado por la Jurisdicción en vía recursiva de apelación, en cuanto establece la apariencia de buen derecho a la procedibilidad de la causa penal impetrada; pudiendo la parte acusada ejercer plenamente su derecho a la defensa material en el curso del proceso penal instaurado, en atención a lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República, en este caso, su discrepancia respecto a que se ha comprobado en la existencia de una mínima actividad probatoria; la cual ha aportado válidamente material indiciario, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 244, 245 y 277 del Código Procesal Penal, inter alia; tanto en lo que respecta a la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico – penal, acorde a los elementos esenciales del tipo penal de AGRESIÓN SEXUAL prescrito en el artículo 250, con relación a lo preceptuado en el artículo 249 numeral 1), ambos del Código Penal vigente; así como respecto a la probabilidad cierta de la participación del imputado en los hechos denunciados. CONSIDERANDO (13): Que los agravios expresados por la defensa, si bien podrían resultar plausibles en ulteriores fases del proceso, en el amplio ámbito de la argumentación jurídica y el derecho de petición; no muestran entidad o razón suficiente como para estimar el otorgamiento de amparo contra la resolución bajo estudio, según tuvo lugar en apelación del acto de audiencia inicial de la etapa preparatoria; pronunciándose por el dictado de auto de formal procesamiento, al haberse acreditado probatoriamente la totalidad de elementos objetivos de tipo que demanda el artículo 250 del nuevo Código Penal (Decreto No. 130-2017), publicado en la Gaceta No. 34, 940 del viernes 10 de mayo de 2019; resolución cuyo estándar convictivo, si bien conlleva menor gradación que el de certeza,[4] tan sólo requerida en evento de juicio oral y público; se tiene por bien cumplida y asegurada, en esta fase y etapa del proceso, una vez acreditada causa probable de la comisión del ilícito; así como la existencia de indicios racionales de participación, por parte del imputado. CONSIDERANDO (14): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos. Lo anterior, en observancia y con fundamentación del principio de legalidad constitucional, sin el cual no puede haber lugar a la justicia y a la seguridad jurídica como valores axiales del ordenamiento jurídico democrático, republicano y representativo. CONSIDERANDO (15): Que, de todo lo anteriormente expuesto, vistos los antecedentes del caso, considera esta Sala de lo Constitucional que el alegato garantista no pretende sino una revisión de instancia a una interpretación judicial emitida de conformidad a ley, con respeto al derecho de defensa y a las garantías procesales que asisten a las partes (bilateralidad y audiencia, a la notificación razonable de lo resuelto, en un plazo razonable, a un recurso ágil y efectivo proveído conforme a Ley, etc.); habiendo la jurisdicción ordinaria fallado el presente caso en el ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y ajustadamente fundada en derecho, sin desmedro alguno al derecho al debido proceso; el cual no se infringe, necesariamente, de no vincularse el sentido de la resolución judicial a las pretensiones promovidas por las partes procesales, en el ejercicio de los derechos de acción y de defensa que garantiza la Constitución de la República. Por todo ello, resulta del caso dictar sentencia denegatoria a la presente acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 15, 16, 59, 60, 69, 80, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, letra b); 41 numeral primero; 42, 44, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente garantía constitucional de amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-732-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver folios 522-525 de la pieza antecedente.
[2] Ver Acta de Audiencia de Prueba Anticipada, ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, a folios 313 - 315 de la pieza antecedente.
[3] “El principio de reserva de ley. Los delitos y las penas solo pueden ser establecidos por el legislador. Así lo ha confirmado la Corte IDH, la cual ha determinado que la restricción de derechos fundamentales solo puede provenir por ley.” Rodríguez Barillas, A., et al (Coordinadores). Manual de Derecho Penal hondureño. Tegucigalpa: Asociación de Jueces por la Democracia / Editorial Guaymuras, 2022. Pág. 43.
[4] Para mayor abundancia doctrinaria sobre el tema: Corte Suprema de Justicia/Universidad Nacional Autónoma de Honduras. DPK Consulting (Proyecto de Apoyo al Sector Justicia). Manual de Derecho Procesal Penal hondureño. (t. I). Cinemática Procesal. Tegucigalpa: 2002. Pág. 90 y 187 y ss.