Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-709-22 — Registro 17048

Resumen

Se interpuso Recursos de Amparo contra la resolución que resolvió no ha lugar el recurso de apelación por el delito de usurpación y mantiene las medidas dictadas por el juzgado de primera instancia. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se ha violado en su perjuicio y el de su representado derecho constitucionales.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “(10): En ese orden de ideas, los recurrentes en amparo exponen la vulneración del derecho al debido proceso, al confirmar un desalojo, trasgresión que no se observa en el caso subjúdice, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguyen vulnerados, específicamente se observa que la medida de desalojo se ha dictado por el A-quo y confirmado por el Ad-quem, en apego al principio de neutralización de los efectos del delito regulado en el artículo 10 del Código Procesal Penal que dispone: “Los jueces y los magistrados adoptarán las medidas necesarias para que cesen los efectos producidos por la comisión del hecho punible y para que las cosas vuelvan al estado en que se hallaban antes de que los mismos se hubieren producido.”; En ese sentido el Tribunal de Alzada también fundamenta su decisión en el artículo 227 del Código Penal (Decreto 144-83) norma vigente al momento de la comisión del delito, la cual regula la figura de desalojo y aplicable al caso de autos. Por ello esta Sala no advierte vulneración al debido proceso como lo aduce el recurrente en amparo.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… " CONSIDERANDO (7): Que en la motivación externada por el Tribunal en el fallo que es recurrido en Amparo, expone como motivación entre otros considerandos lo siguiente: (Sic) “Decimo: es por ello, que lo correcto es continuar con el proceso penal, confirmando el desalojo ordenado por el a quo, pues si bien es cierto en el momento procesal en que se dictó la resolución apelada el juzgador se fundamentó en el artículo 10 del código Procesal Penal; en el tiempo de la comisión el delito estaba vigente el artículo 227 del código Penal según decreto número 144-83 y en la actualidad la norma que establece tal delito es el artículo 378 del código Penal decreto 130-2017 (reformado). Que contiene la similitud en cuanto a ordenar el desalojo, con lo cual no hay ninguna norma hoy por hoy que se deba aplicar retroactivamente y que prohíba tal institución, que efectivamente se contrae a neutralizar los efectos del delito tal y como lo sostiene el artículo 10 del Código Procesal penal ya citado; 12 y 378 y demás aplicables del código Penal.” CONSIDERANDO (12): Que, en relación a la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal, corresponde al Tribunal de Instancia en el momento procesal oportuno, determinar en base al artículo 96 Constitucional, en relación con el artículo 615 del Código Penal vigente, determinar cuál es la norma que favorece al acusado. Por todo ello vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso y Principio de presunción de inocencia que aduce el recurrente como quebrantados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (13): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… " CONSIDERANDO (7): Que en la motivación externada por el Tribunal en el fallo que es recurrido en Amparo, expone como motivación entre otros considerandos lo siguiente: (Sic) “Decimo: es por ello, que lo correcto es continuar con el proceso penal, confirmando el desalojo ordenado por el a quo, pues si bien es cierto en el momento procesal en que se dictó la resolución apelada el juzgador se fundamentó en el artículo 10 del código Procesal Penal; en el tiempo de la comisión el delito estaba vigente el artículo 227 del código Penal según decreto número 144-83 y en la actualidad la norma que establece tal delito es el artículo 378 del código Penal decreto 130-2017 (reformado). Que contiene la similitud en cuanto a ordenar el desalojo, con lo cual no hay ninguna norma hoy por hoy que se deba aplicar retroactivamente y que prohíba tal institución, que efectivamente se contrae a neutralizar los efectos del delito tal y como lo sostiene el artículo 10 del Código Procesal penal ya citado; 12 y 378 y demás aplicables del código Penal.” CONSIDERANDO (12): Que, en relación a la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal, corresponde al Tribunal de Instancia en el momento procesal oportuno, determinar en base al artículo 96 Constitucional, en relación con el artículo 615 del Código Penal vigente, determinar cuál es la norma que favorece al acusado. Por todo ello vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso y Principio de presunción de inocencia que aduce el recurrente como quebrantados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (13): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “ CONSIDERANDO (11): Que en relación al principio de presunción de inocencia regulado en el artículo 89 de la Constitución de la República, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el principio de presunción de inocencia, constituye un fundamento de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada, de modo que dicho principio, es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa.- En consecuencia, el principio de presunción de inocencia “acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme”. En ese sentido los recurrentes arguyen vulneración al principio de presunción de inocencia al materializar un desalojo como que hubiese sido vencido en juicio. Al efecto se debe señalar que no se observa en la resolución recurrida vulneración a este principio, pues la medida de desalojo ha sido dictada como una medida provisional, con fundamento en la norma procesal ya citada, medida que también es contemplada en el artículo 227 del Código Penal (Decreto 144-83) norma aplicable al caso en concreto como lo argumenta el Tribunal de Alzada."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “ CONSIDERANDO (11): Que en relación al principio de presunción de inocencia regulado en el artículo 89 de la Constitución de la República, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el principio de presunción de inocencia, constituye un fundamento de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada, de modo que dicho principio, es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa.- En consecuencia, el principio de presunción de inocencia “acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme”. En ese sentido los recurrentes arguyen vulneración al principio de presunción de inocencia al materializar un desalojo como que hubiese sido vencido en juicio. Al efecto se debe señalar que no se observa en la resolución recurrida vulneración a este principio, pues la medida de desalojo ha sido dictada como una medida provisional, con fundamento en la norma procesal ya citada, medida que también es contemplada en el artículo 227 del Código Penal (Decreto 144-83) norma aplicable al caso en concreto como lo argumenta el Tribunal de Alzada."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo del dos mil veintitrés. VISTO: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por: 1° El señor CALON HULTON STEWART BODDEN, a favor de SI MISMO (Reg. No. 709-2022); y, 2° El señor FRAYER MIGUEL TEJEDA ZAVALA, a favor del señor CALON HULTON STEWART BODDEN (Reg. No. 758-2022); ambos recursos, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha treinta de noviembre del año dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra el señor CALON HULTON STEWART BODDEN, por suponerlo responsable del delito de USURPACIÓN en perjuicio del señor CARLOS ROBERTO QUIOTO MELÉNDEZ. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se ha violado en su perjuicio y el de su representado, los derechos consagrados en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cuatro de marzo del año dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, el Agente Fiscal, el Abogado JUNIOR ALEXANDER VIVAS MADRID, presentando requerimiento fiscal en contra del señor CALON HULTON STEWART BODDEN, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión del delito de USURPACIÓN, en perjuicio del señor CARLOS ROBERTO QUIOTO MELÉNDEZ. (Folios 1-4 del antecedente) 2) En fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…DECRETA UN AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del señor CALON HULTON STEWART BODDEN, por suponerlo responsable del delito de USURPACIÓN, en perjuicio de CARLOS ROBERTO QUIOTO MELENDEZ, en cuanto a las medidas cautelares solicitadas se mantienen las mismas medidas cautelares solicitadas por la acusación privada y el M.P. pero además como medida neutralizadora del delito y con fundamento en el artículo 10 del C. P. P., se ordena el desalojo de los ocupantes del inmueble que se encuentra inscrito a favor del señor CARLOS ROBERTO QUIOTO MELENDEZ y que consta de 1.244 acres ubicados en la aldea de Sandy Bay, catastrado como clave catastral número 1101-07-303-0140…” (del folio 195 del tomo I al folio 203 del tomo II de los antecedentes) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada YADIRA MARIBEL OLIVA ESCOBAR, en su condición de defensora privada del señor CALON HULTON STEWART BODDEN; contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictó sentencia mediante la cual resolvió: “…Primero.- Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto, al que se hace mérito en el preámbulo de esta resolución. Segundo: CONFIRMANDO el auto dictado por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, de fecha trece de mayo de dos mil veintiuno; y MANDA: Notificar la presente resolución de oficio personalmente, a los intervinientes, a más tardar al día siguiente al de su fecha, de no ser esto posible, las notificaciones se harán por medio de la cédula o edictos….” (Folios 8-16 de la pieza del Ad-quem) 4) Que los recurrentes, señores CALON HULTON STEWART BODDEN Y FRAYER MIGUEL TEJEDA ZAVALA, interpusieron recurso de amparo ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Roatán, departamento de Islas de la Bahía y ante la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, ambos a favor del señor CALON HULTON STEWART BODDEN, en fecha tres y cuatro de mayo del año dos mil veintidós, respectivamente; afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha seis de diciembre del año dos mil veintidós, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, la acción de mérito, en el escrito presentado por la Abogada Meylee Dorisa Salomón Ponce, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente CALON HULTON STEWART BODDEN, compareció en fecha tres de mayo del año dos mil veintidós, ante el Juzgado de Letras de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor de SI MISMO, por considerar que la resolución emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), vulnera y quebranta los derechos constitucionales contenidos en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República; asimismo el recurrente FRAYER MIGUEL TEJEDA ZAVALA, compareció en fecha cuatro de mayo del año dos mil veintidós, ante la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor de CALON HULTON STEWART BODDEN, por considerar en iguales términos, que la resolución emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), vulnera y quebranta los derechos constitucionales contenidos en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. Amparos que fueron remitidos a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien con fecha diecinueve de mayo del año dos mil veintidós, tuvo por admitidos y acumulados los amparos relacionados, por apreciar que ambos recursos se dirigen contra la misma resolución. CONSIDERANDO (3): Que el caso en estudio se origina en fecha cuatro de marzo del año dos mil veintiuno, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, el Abogado JUNIOR ALEXANDER VIVAS MADRID, presentando requerimiento fiscal en contra del señor CALON HULTON STEWART BODDEN, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión del delito de USURPACIÓN, en perjuicio del señor CARLOS ROBERTO QUIOTO MELÉNDEZ. CONSIDERANDO (4): Que de la foliada, esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre en Amparo, es en relación a la declaratoria Sin Lugar del Recurso de Apelación interpuesto por la defensa privada del señor CALON HULTON STEWART BODDEN, contra la resolución adoptada por el A-quo en la Audiencia Inicial celebrada en fecha trece de mayo del año dos mil veintiuno, al decretar en fecha diecisiete del mismo mes y año, el desalojo, en la causa instruida contra el señor CALON HULTON STEWART BODDEN, por suponerlo responsable del delito de USURPACIÓN, en perjuicio del señor CARLOS ROBERTO QUIOTO MELÉNDEZ. La resolución emitida por el Tribunal de Alzada, confirma el Desalojo decretado. CONSIDERANDO (5): Que la abogada MAYLEE DERISA SALOMON, en el planteamiento y formalización de su acción constitucional, argumenta que de acuerdo a lo establecido en el artículo 183 numeral 2 de la Constitución de la República, se violenta el debido proceso, ya que la Corte Segunda de Apelaciones confirma un DESALOJO ordenado por el A-quo, enmarcando dicha disposición en lo que establece el artículo 10 del Código Procesal Penal, y no se puede llevar a cabo un desalojo ilegal como si se ha condenado por un Tribunal, donde se haya valorado prueba fehaciente y no prueba indiciaria como lo que se ventila en esta etapa inicial del proceso, violentando además el principio de inocencia o estado de inocencia como lo establece el artículo 89 Constitucional, en relación al artículo 2 del Código Procesal Penal sobre el estado de inocencia. En el presente caso pretenden materializar un desalojo ilegal como que hubiese sido vencido en juicio, además el artículo 378 del Código Penal vigente en ningún momento establece como medida coercitiva o preventiva ordenar el desalojo en su caso. Ya que si bien es cierto lo ordena el artículo 227 del Código Penal vigente en la época de la supuesta comisión del ilícito; pero en el tiempo actual, al momento de la presentación del requerimiento fiscal rige el decreto 130-2017, en el cual el delito de usurpación si bien mantiene la misma pena, pero retira de la normativa legal vigente el desalojo. Por lo tanto, aplica el principio de retroactividad de la ley penal, que debe de interpretarse y aplicarse en favor del procesado, el cual dependiendo de las pruebas aportadas en su momento procesal oportuno para vencer la presunción de inocencia con la cual el procesado se mantiene en el proceso, puede ser ordenado dicho desalojo en sentencia definitiva y en aplicación y en protección a estos principios será la de llevar a cabo futuros estadios eventuales procesales en lo que vencida totalmente la presunción de inocencia se pueda ordenar un desalojo. En idénticos términos se plantea la acción constitucional por el señor FRAYER MIGUEL TEJEDA ZAVALA. CONSIDERANDO (6): Que los derechos constitucionales que se consideran vulnerados son el principio de presunción de inocencia y debido proceso, contenidos en los artículos 89 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señalan por su orden: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.”; y “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. CONSIDERANDO (7): Que en la motivación externada por el Tribunal en el fallo que es recurrido en Amparo, expone como motivación entre otros considerandos lo siguiente: (Sic) “Decimo: es por ello, que lo correcto es continuar con el proceso penal, confirmando el desalojo ordenado por el a quo, pues si bien es cierto en el momento procesal en que se dictó la resolución apelada el juzgador se fundamentó en el artículo 10 del código Procesal Penal; en el tiempo de la comisión el delito estaba vigente el artículo 227 del código Penal según decreto número 144-83 y en la actualidad la norma que establece tal delito es el artículo 378 del código Penal decreto 130-2017 (reformado). Que contiene la similitud en cuanto a ordenar el desalojo, con lo cual no hay ninguna norma hoy por hoy que se deba aplicar retroactivamente y que prohíba tal institución, que efectivamente se contrae a neutralizar los efectos del delito tal y como lo sostiene el artículo 10 del Código Procesal penal ya citado; 12 y 378 y demás aplicables del código Penal.”. CONSIDERANDO (8): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también aclaró que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader, cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad” CONSIDERANDO (9): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. CONSIDERANDO (10): En ese orden de ideas, los recurrentes en amparo exponen la vulneración del derecho al debido proceso, al confirmar un desalojo, trasgresión que no se observa en el caso subjúdice, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguyen vulnerados, específicamente se observa que la medida de desalojo se ha dictado por el A-quo y confirmado por el Ad-quem, en apego al principio de neutralización de los efectos del delito regulado en el artículo 10 del Código Procesal Penal que dispone: “Los jueces y los magistrados adoptarán las medidas necesarias para que cesen los efectos producidos por la comisión del hecho punible y para que las cosas vuelvan al estado en que se hallaban antes de que los mismos se hubieren producido.”; En ese sentido el Tribunal de Alzada también fundamenta su decisión en el artículo 227 del Código Penal (Decreto 144-83) norma vigente al momento de la comisión del delito, la cual regula la figura de desalojo y aplicable al caso de autos. Por ello esta Sala no advierte vulneración al debido proceso como lo aduce el recurrente en amparo. CONSIDERANDO (11): Que en relación al principio de presunción de inocencia regulado en el artículo 89 de la Constitución de la República, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el principio de presunción de inocencia, constituye un fundamento de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada, de modo que dicho principio, es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa.- En consecuencia, el principio de presunción de inocencia “acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme”. En ese sentido los recurrentes arguyen vulneración al principio de presunción de inocencia al materializar un desalojo como que hubiese sido vencido en juicio. Al efecto se debe señalar que no se observa en la resolución recurrida vulneración a este principio, pues la medida de desalojo ha sido dictada como una medida provisional, con fundamento en la norma procesal ya citada, medida que también es contemplada en el artículo 227 del Código Penal (Decreto 144-83) norma aplicable al caso en concreto como lo argumenta el Tribunal de Alzada. CONSIDERANDO (12): Que, en relación a la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal, corresponde al Tribunal de Instancia en el momento procesal oportuno, determinar en base al artículo 96 Constitucional, en relación con el artículo 615 del Código Penal vigente, determinar cuál es la norma que favorece al acusado. Por todo ello vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso y Principio de presunción de inocencia que aduce el recurrente como quebrantados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (13): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 89, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 8, 10, 13 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por el señor CALON HULTON STEWART BODDEN, en favor de SI MISMO, y por el señor FRAYER MIGUEL TEJEDA ZAVALA, a favor del señor CALON HULTON STEWART BODDEN, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.-NOTÍFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Amparo Penal (acumulado) bajo el número SCO-709 y 758-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL