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Sentencia AP-681-22 — Registro 17047

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró no ha Lugar el recurso de Apelación con relación a la causan instruida por el delito de parricidio.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: (5) Que la recurrente manifiesta que se han vulnerado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90, 304 y 321. Con relación al contenido en el artículo 90, párrafo primero, relativo a una Violación al Debido Proceso, señala la amparista que la Corte de Apelaciones en su resolución vulnera el derecho al debido proceso al establecer que en el numeral 2 de su motivación lo siguiente: “El Código Procesal en su artículo 295 ordena que el juez dictará Sobreseimiento Provisional si, no obstante haber plena prueba de la comisión de un delito, no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen a sospechar que si la tuvo y existe, además la posibilidad de que el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, si dentro de los cinco años siguientes a la fecha del sobreseimiento provisional surgen nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de formal procesamiento, el juez a petición del fiscal podrá ordenar la prosecución del proceso. EN caso contrario se estará a lo prescrito en el artículo 42 numeral 5, como causa de extinción de la acción penal” (Cf. Folios 3 y 4 del presente expediente de amparo). CONSIDERANDO: (6) Que la amparista considera que la normativa descrita en el considerando anterior no debió aplicarse en virtud de que “desde la fecha en que se emitió la respectiva resolución de audiencia inicial en la que se decretó SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL (19 de marzo de 2015) hasta la fecha en que por motivos de la emergencia nacional por el Covid-19 fueron suspendidos los términos judiciales (16 de marzo del 2020) aun no había transcurrido el término de cinco años para solicitar la prosecución de la causa; ya que el auto de fecha 24 de marzo de junio del 2020 emitido por el A-Quo, se realizó en base al informe que emitiera la Secretaría Adjunta del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y en el que se informa que el Ministerio Público no ha solicitado la prosecución de la acción penal, sin embargo dicha resolución no se encuentra dictada conforme a Derecho, en virtud de que aun faltaban días para vencerse el plazo de cinco años señalado por la norma adjetiva, y tal como se desprende de la revisión de la causa, el órgano jurisdiccional tampoco ordenó se habilitaran días y horas inhábiles, considerando que para ese entonces los términos estaban suspendidos de conformidad a lo que establece el acuerdo N. CSJ-02-2020 de fecha 4 de junio de 2020, emitido por el Presidente de la Corte de Justicia, que en su numeral TERCERO reza: “Se declaran inhábiles los días y horas, para efectos de actuaciones y plazos procesales, mientras encuentre en vigor la restricción o suspensión de derechos constitucionales; tiempo durante el cual se mantendrán vigentes los servicios jurisdiccionales que este Poder del Estado ha estado brindando así como la forma en que los órganos técnicos y administrativos han estado desarrollando su trabajo; lo anterior sin perjuicio de que atendiendo a la regulación legal de cada materia cada juzgado, Tribunal o Corte pueda habilitarlos en los casos que estime necesarios siempre que no excedan los límites de prevención y responsabilidad, en ocasión de la pandemia” (Cf. Folios 3 y 4 del presente expediente de amparo). CONSIDERANDO: (7) Que la resolución impugnada es el fallo de fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) emitido por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán. Que revisado los autos que anteceden y examinar los argumentos presentando por la amparista, se arriba a la conclusión de que la resolución impugnada es acorde a lo que establece el artículo 90 Constitucional; esto, en virtud de que, para la determinación de la existencia de la vulneración al debido proceso, es necesario que las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece se vean conculcadas de manera que contravengan de forma clara lo ordenado por la ley. Para ello debe tenerse en cuenta que, mientras no se haya demostrado una vulneración constitucional los plazos determinados por la Ley son los que corresponde dar cumplimiento. De esto se infiere la necesidad de considerar que la interrupción de plazos únicamente opera respecto de aquellas actuaciones que pongan en funcionamiento el sistema judicial; lo cual no acontece en el caso subjudice toda vez que el tiempo para aportar elementos nuevos de investigación es un tiempo que no requiere una nueva puesta en funcionamiento del sistema y por ende es obligación del Ministerio Público y sus agencias, en todo tiempo, efectuar las diligencias necesarias para realizarlos. Así entonces la interrupción de plazos no debe entenderse para el resto de tiempos determinados legalmente, como en el caso de mérito. De tal manera que el debido proceso no se ve vulnerado toda vez que se ha seguido las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Lo propio puede afirmarse con respecto a la alegación de que se han vulnerado los derechos emanados de los artículos 304 y 321 constitucionales en la medida en que estos actúan enmarcados en el marco jurídico nacional. ”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), que declaró No Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ELISA PATRICIA AMADOR, contra la resolución de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la causan instruida contra la señora SULMA JACQUELINE MEJIA CONTRERAS, por suponerla responsable del delito de PARRICIDIO, en perjuicio de HECTOR MANUEL CALIX SUAREZ.-Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha trece (13) de marzo del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JAVIER EDUARDO NUÑEZ FLORES, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando Requerimiento Fiscal, contra la señora SULMA JAQUELINE MEJIA CONTRERAS, por suponerla responsable del delito de PARRICIDIO en perjuicio del señor HECTOR MANUEL CALIX JUAREZ. (Folios 12 al 13 de la pieza del Juzgado). 2) Que en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en la cual: FALLO: PRIMERO: DECLARA EXTINGUIDA LA ACCION PENAL, a favor de SULMA JACQUELINE MEJIA CONTRERAS, por el delito de PARRICIDIO, en perjuicio de HECTOR MANUEL CALIX JUAREZ. SEGUNDO: Como consecuencia de la extinción de la acción penal se SOBRESEE DEFINITIVAMENTE la causa que se le instruyere contra SULEMA JACQUELINE MEJIA CONTRERAS, POR EL DELITO DE PARRICIDIO en perjuicio de HECTOR MANUEL CALIX JUAREZ. TERCERO: Una vez que se haga presente la señora SULMA JACQUELINE MEJIA CONTRERAS, se le deberá entregar su carta de libertad Definitiva. - (Folios 187 de la pieza del Juzgado). 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia relacionada en el numeral precedente, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), en la cual: FALLO: “PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por el Ministerio Público. SEGUNDO: CONFIRMA la resolución impugnada. (Folio 251 al 252 de la Pieza de Corte de Apelaciones) 4) La recurrente Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, compareció ante este Tribunal, en fecha dos (2) de mayo del año dos mil veintidós (2022), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha uno (1) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO: (1) Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario. En virtud de esta, cualquier persona agraviada o cualquiera en su nombre tiene derecho a interponerla con el fin de objeto mantener o restituir en el goce y disfrute los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO: (2) Que de conformidad con el artículo 183 constitucional, relacionado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO:(3) Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil veintidós (2022) mediante la cual declara No Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ELISA PATRICIA AMADOR, contra la resolución de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la causan instruida contra la señora SULMA JACQUELINE MEJIA CONTRERAS, por suponerla responsable del delito de PARRICIDIO, en perjuicio de HECTOR MANUEL CALIX SUAREZ CONSIDERANDO:(4) Que la recurrente expone que en fecha trece (13) de marzo del año dos mil quince (2015) el Abogado JAVIER EDUARDO NUÑEZ FLORES, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal, contra la señora SULMA JAQUELINE MEJIA CONTRERAS, por suponerla responsable del delito de PARRICIDIO en perjuicio del señor HECTOR MANUEL CALIX JUAREZ. El juez de instancia en fecha 19 de marzo del 2015 dictó resolución en la que se decretó un sobreseimiento provisional a favor de SULMA JAQUELINE MEJIA CONTRERAS por el delito de PARRICIDIO en contra de HECTOR MANUEL CALIX JUAREZ. En virtud de lo anterior, fue impugnada por el Ministerio Público al disentir del sobreseimiento provisional. No obstante, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), en la cual: FALLO: “PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por el Ministerio Público. SEGUNDO: CONFIRMA la resolución impugnada. CONSIDERANDO: (5) Que la recurrente manifiesta que se han vulnerado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90, 304 y 321. Con relación al contenido en el artículo 90, párrafo primero, relativo a una Violación al Debido Proceso, señala la amparista que la Corte de Apelaciones en su resolución vulnera el derecho al debido proceso al establecer que en el numeral 2 de su motivación lo siguiente: “El Código Procesal en su artículo 295 ordena que el juez dictará Sobreseimiento Provisional si, no obstante haber plena prueba de la comisión de un delito, no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen a sospechar que si la tuvo y existe, además la posibilidad de que el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, si dentro de los cinco años siguientes a la fecha del sobreseimiento provisional surgen nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de formal procesamiento, el juez a petición del fiscal podrá ordenar la prosecución del proceso. EN caso contrario se estará a lo prescrito en el artículo 42 numeral 5, como causa de extinción de la acción penal” (Cf. Folios 3 y 4 del presente expediente de amparo). CONSIDERANDO: (6) Que la amparista considera que la normativa descrita en el considerando anterior no debió aplicarse en virtud de que “desde la fecha en que se emitió la respectiva resolución de audiencia inicial en la que se decretó SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL (19 de marzo de 2015) hasta la fecha en que por motivos de la emergencia nacional por el Covid-19 fueron suspendidos los términos judiciales (16 de marzo del 2020) aun no había transcurrido el término de cinco años para solicitar la prosecución de la causa; ya que el auto de fecha 24 de marzo de junio del 2020 emitido por el A-Quo, se realizó en base al informe que emitiera la Secretaría Adjunta del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y en el que se informa que el Ministerio Público no ha solicitado la prosecución de la acción penal, sin embargo dicha resolución no se encuentra dictada conforme a Derecho, en virtud de que aun faltaban días para vencerse el plazo de cinco años señalado por la norma adjetiva, y tal como se desprende de la revisión de la causa, el órgano jurisdiccional tampoco ordenó se habilitaran días y horas inhábiles, considerando que para ese entonces los términos estaban suspendidos de conformidad a lo que establece el acuerdo N. CSJ-02-2020 de fecha 4 de junio de 2020, emitido por el Presidente de la Corte de Justicia, que en su numeral TERCERO reza: “Se declaran inhábiles los días y horas, para efectos de actuaciones y plazos procesales, mientras encuentre en vigor la restricción o suspensión de derechos constitucionales; tiempo durante el cual se mantendrán vigentes los servicios jurisdiccionales que este Poder del Estado ha estado brindando así como la forma en que los órganos técnicos y administrativos han estado desarrollando su trabajo; lo anterior sin perjuicio de que atendiendo a la regulación legal de cada materia cada juzgado, Tribunal o Corte pueda habilitarlos en los casos que estime necesarios siempre que no excedan los límites de prevención y responsabilidad, en ocasión de la pandemia” (Cf. Folios 3 y 4 del presente expediente de amparo). CONSIDERANDO: (7) Que la resolución impugnada es el fallo de fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) emitido por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán. Que revisado los autos que anteceden y examinar los argumentos presentando por la amparista, se arriba a la conclusión de que la resolución impugnada es acorde a lo que establece el artículo 90 Constitucional; esto, en virtud de que, para la determinación de la existencia de la vulneración al debido proceso, es necesario que las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece se vean conculcadas de manera que contravengan de forma clara lo ordenado por la ley. Para ello debe tenerse en cuenta que, mientras no se haya demostrado una vulneración constitucional los plazos determinados por la Ley son los que corresponde dar cumplimiento. De esto se infiere la necesidad de considerar que la interrupción de plazos únicamente opera respecto de aquellas actuaciones que pongan en funcionamiento el sistema judicial; lo cual no acontece en el caso subjudice toda vez que el tiempo para aportar elementos nuevos de investigación es un tiempo que no requiere una nueva puesta en funcionamiento del sistema y por ende es obligación del Ministerio Público y sus agencias, en todo tiempo, efectuar las diligencias necesarias para realizarlos. Así entonces la interrupción de plazos no debe entenderse para el resto de tiempos determinados legalmente, como en el caso de mérito. De tal manera que el debido proceso no se ve vulnerado toda vez que se ha seguido las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Lo propio puede afirmarse con respecto a la alegación de que se han vulnerado los derechos emanados de los artículos 304 y 321 constitucionales en la medida en que estos actúan enmarcados en el marco jurídico nacional. CONSIDERNANDO: (8) Que esta Sala de lo Constitucional habiendo hecho un análisis y habiendo efectuado un estudio desde una perspectiva constitucional respecto de los hechos y de las argumentaciones que han provocado la búsqueda de amparo; habiendo analizado analizada la resolución dictada por el Ad-quem se aprecia los fundamentos y razonamientos expuestos y por todo ello esta Sala como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 95, 183, 303,304 313 No.5, 316, 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; FALLA: DENEGAR El RECURSO DE AMPARO interpuesto por la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJÍA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Lo Penal del departamento de Francisco Morazán en fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil veintiuno (2021). Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTÍFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0681-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.