Sentencia AP-666-22 — Registro 17046
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución con relación al delito de Desobediencia en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Estimando las recurrentes que con el acto reclamado se ha violentado, en perjuicio de sus representados derechos constitucionales.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (11): Que, la garantía del debido proceso conlleva observancia de la garantía de legalidad estricta, como queda visto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate, en complementariedad a todas las garantías procesales y del marco constitucional, tales como el derecho de defensa y el estado de inocencia de los justiciables. Observando la Sala de lo Constitucional que el tenor garantista del debido proceso se ha mantenido, en el presente caso, al verter pronunciamiento jurisdiccional sobre la discrepancia planteada por las amparistas, respecto al recurso de apelación intentado por la Defensa Privada, en los términos antes expuestos; al motivar, que: “… el hecho de que haya cambiado el sujeto pasivo en el delito investigado no es suficiente para considerar que la infracción penal ha desaparecido o no existe en la norma penal”. CONSIDERANDO (12): Que, en suma, se reconoce como válido el parecer jurisdiccional vertido en aplicación de los artículos 1, 2 y 615 del Código Penal, en relación; de los cuales se desprendería la razonabilidad del argumento dogmático vertido por la Corte Ad Quem, respecto a la equivalencia de condiciones en cuanto al bien jurídico protegido, respecto al contenido prescriptivo tipificado por el Legislador Penal en los artículos número 346 del Código Penal (Decreto 144-83) y número 572 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017); de los cuales no se desprende la atipicidad de la conducta enjuiciada, para lo cual se encuentran franqueados los cauces ordinarios del proceso; sino que la posibilidad, no descartada en términos lógico - jurídicos, de que exista una pluriofensividad hacia los bienes jurídicos protegidos por la legislación a través de la determinación penal del delito de desobediencia, concurrente a entrambos Códigos Penales (Código Penal derogado (Decreto No. 144-83), y Código Penal vigente (Decreto No. 130-2017), debiendo desestimarse la pretensión de que se declare despenalizado el delito de Desobediencia; aun y cuando la ubicación sistémica del bien jurídico protegido en los precitados Códigos Penales, sea; en uno LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, y, en otro, EL ORDEN PÚBLICO, respectivamente. CONSIDERANDO (13): Que, en consecuencia de lo anteriormente motivado, no resulta de recibo el descrito planteamiento de la parte garantista, en censura a la motivación del fallo de la honorable Corte de Apelaciones, por cuanto no se han visto comprometidos los Principios de taxatividad y la prohibición de analogía en materia penal, los cuales se tienen como derivados de las exigencias dogmáticas de la anterior concatenación axiomática de garantías; en correlación al mandato de determinación preceptuado en el artículo 1 del Código Penal, correlativo a la prohibición expresa a que se aplique la Ley Penal en casos distintos de los comprendidos expresamente en ella. CONSIDERANDO (14): Que, en la resolución que declara sin lugar el Incidente de FALTA DE ACCIÓN, alegado por la Defensa, se reconoce por la Sala la observancia del principio de legalidad previa, escrita y estricta, acorde los parámetros establecidos en el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que prescribe el juzgamiento por Juez regular en legalidad estricta, y prohíbe, a la vez, la retroactividad penal desfavorable; garantizándose, a la vez, la sujeción de la Corte Ad Quem a las demás garantías jurisdiccionales que asisten a las partes procesales (bilateralidad y audiencia ante Juez Natural, a la notificación razonable de lo resuelto, en un plazo razonable; a un recurso ágil y efectivo proveído de conformidad a Ley, etc). CONSIDERANDO (15): Que, con base a lo anterior, y efectuado un exhaustivo estudio de las diligencias, esta Sala arriba a la conclusión que la resolución impugnada dio respuesta precisa y concisa a los agravios expuestos por la Defensa Técnica, al confirmar la resolución que deniega la precitada excepción por falta de acción, desestimando la causal que la misma no pueda proseguirse en virtud de la aplicación de la retroactividad más favorable de la ley penal, según estipulada en el artículo 615 del Código Penal vigente; causal alegada que no muestra, en definitiva, la existencia de una válida restricción sobre la cuestión jurídico - penal planteada, tomando exclusivamente como base la nueva recapitulación del bien, o bienes jurídicos, protegidos con la promulgación del nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). Por todo lo cual resulta del caso denegar la presente acción constitucional de Amparo.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por las Abogadas Blanca Inés Fortín Alvarenga y Fabiola Alejandra Turcios Padilla, a favor de los señores , contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha dos de marzo de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial Siguatepeque, departamento de Comayagua, en fecha trece de noviembre de dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra los señores Carlos Mauricio Claros Murillo y Yolanda Corea Alvarado por suponerlos responsables del delito de Desobediencia en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Estimando las recurrentes que con el acto reclamado se ha violentado, en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 96 de la Constitución de la República, inter alia. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, el Agente Fiscal, Abogado Luis Fernando Acosta, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Carlos Mauricio Claros Murillo y Yolanda Corea Alvarado, a quienes se les supone responsables de la comisión del delito de Desobediencia, en perjuicio de la Administración Pública. (Folios 1-3 vuelto del antecedente) 2) En fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, compareció ante el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, la Abogada Blanca Inés Fortín Alvarenga, en su condición de Apoderada Legal de los señores Yolanda Corea Alvarado y Carlos Mauricio Claros, presentando escrito de excepción por falta de acción porque la misma no pueda proseguirse en virtud de la aplicación de la retroactividad de la ley penal estipulada en el articulo 615 del Código Penal vigente. (Folios 1-14 del tomo III de los antecedentes) 3) En fecha trece de noviembre de dos mil veinte, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: Declarar sin lugar el Incidente de FALTA DE ACCIÓN, alegado por la Defensa; por ende, tampoco se accede a dictar Sobreseimiento Definitivo, a favor de los imputados los señores: YOLANDA COREA ALVARADO y CARLOS MAURICIO CLAROS, a quienes se les considera responsables de la comisión del delito de DESOBEDIENCIA, en perjuicio del ORDEN PÚBLICO; SEGUNDO: Ordena, continuar con el trámite regular de la presente causa, hasta dictar sentencia definitiva, mediante la cual se ha de resolver el presente asunto penal, y; MANDA: que firme la presente resolución, señálese lugar, día y hora, para la celebración audiencia de Proposición de Pruebas.” (Folios 41-42 del antecedente) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por las Abogadas Blanca Inés Alvarenga y Fabiola Alejandra Turcios Padilla, en su condición de Defensoras de los señores Yolanda Corea Alvarado y Carlos Mauricio Claros, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha dos de marzo de dos mil veintidós, por unanimidad de votos, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por las Abogadas BLANCA INÉS FORTÍN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, en su condición de Defensora Privadas de los imputados señores YOLANDA COREA ALVARADO y CARLOS MAURICIO CLAROS, contra la Resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, de fecha trece de noviembre del año dos mil veinte. SEGUNDO: CONFIRMA LA RESOLUCIÓN de que se ha hecho mención en el acápite primero. -Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se remitan los antecedentes al Juzgado de su procedencia, con notificación de estilo, para los efectos legales consiguientes. -NOTIFÍQUESE.” (Folios 9-13 del expediente del Ad-Quem) 5) Que las recurrentes, Abogadas Blanca Inés Fortín Alvarenga y Fabiola Alejandra Turcios Padilla, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor de los señores Carlos Mauricio Claros Murillo y Yolanda Corea Alvarado, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-Quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representados los derechos consagrados en los artículos 82 y 96 de la Constitución de la República. 6) Que en fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por las Abogadas Blanca Inés Fortín Alvarenga y Fabiola Alejandra Turcios Padilla, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en garantía constitucional de amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua en fecha trece (13) de noviembre de dos mil veinte (2020), con relación a la causa instruida contra los ciudadanos Yolanda Corea Alvarado y Carlos Mauricio Claros Murillo por suponérseles responsables del delito de Desobediencia en perjuicio del Orden Público; fallo en el cual se tienen por equiparados en igualdad de condiciones los bienes jurídicos protegidos en el Código Penal (Decreto No. 144-83) y, ahora, en el Código Penal vigente (Decreto No. 130-2017) por el delito de Desobediencia (Administración Pública y Orden Público, por su orden); razones por las cuales no resulta aplicable el fundamento invocado por la Defensa, procurando la despenalización del delito por el cual se imputa a los agraviados. Considera, el Tribunal que tal acción típica debe ser conocida y juzgada por la jurisdicción penal, prosiguiéndose con el trámite regular de la presente causa, hasta dictar sentencia definitiva; desestimándose, en consecuencia, la Excepción de Falta de Acción planteada a instancias de la Defensa Técnica. CONSIDERANDO (4): Que, en formalización de su recurso de amparo, comparecieron las Abogadas Blanca Inés Fortín Alvarenga y Fabiola Alejandra Turcios Padilla, manifestando, que dicha resolución judicial vulnera los derechos fundamentales de los señores Carlos Mauricio Claros Murillo y Yolanda Corea Alvarado; quienes se encuentran sometidos a enjuiciamiento penal por imputárseles el delito de Desobediencia en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras (Sic.); en virtud de sendos agravios constitucionales, en perjuicio objetivo del principio de legalidad penal y de la seguridad jurídica, tal como se detalla en los subsiguientes considerandos. CONSIDERANDO (5): Que continuaron expresando las Abogadas Blanca Inés Fortín Alvarenga y Fabiola Alejandra Turcios Padilla, en formalización de su amparo, que, la Corte de Apelaciones recurrida, en su resolución de fecha dos de marzo de dos mil veintidós, al confirmar la resolución dictada por el Tribunal A Quo, según interpuesta en el acto de preparación del Debate, denegó indebidamente la excepción por falta de acción; arguyendo la improcedencia de la causal que refiere la acción no puede proseguirse, en virtud de constituir un caso de aplicación de la retroactividad de la ley penal más favorable estipulada en el artículo 615 del Código Penal vigente. Que se ha violentado así, a las personas agraviadas los principios de legalidad y retroactividad penal más favorable; el derecho a la justicia contra actos de autoridad; así como las garantías procesales constitucionales, agrupadas en la denominación genérica de debido proceso, como la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa, según prescritas en los artículos 82, 90 y 96 de la Constitución de la República; con relación a los artículos 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 4 de la Convención de Belem Do Para, y; el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que establece el deber de toda persona de obedecer la ley y demás mandamientos legítimos de la autoridad; los cuales se habrían visto violentados por la Alzada al desnaturalizar los efectos de la legalidad penal en el caso concreto, sacando de contexto la norma que tipifica el delito y el bien jurídico protegido; dado que la ley penal derogada, antes enmarcada como punible, no se encuentra ahora enmarcada en el Código Penal vigente. CONSIDERANDO (6): Que prosiguió la defensa técnica manifestando, que la descrita resolución judicial denota inobservancia por los órganos jurisdiccionales al principio de Legalidad, evidenciando la vulneración del principio de Nulla Poena Sine Lege y de la debida aplicación de la Retroactividad de la Ley Penal más favorable a los imputados. Que, en virtud de lo desarrollado en los artículos 1 y 2 del Código Penal, sólo es legalmente sancionable la conducta que lesiona o pone en peligro un bien jurídicamente tutelado, con lo cual se reconoce que la actuación del derecho penal debe limitarse a los ataques más graves contra los bienes jurídicos más relevantes; considerando, finalmente, que la acción está despenalizada, pues claramente el Legislador no considera lesiva dicha conducta desde el ámbito penal, para ese bien jurídico. En tal sentido, afirmar el cambio de sujeto pasivo, no sería suficiente para determinar que la conducta ha desaparecido, atenta contra las disposiciones legales en relación; pues en el CAPÍTULO IV, TÍTULO XXVII DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Sic.), no se encuentra tipificación alguna para sancionar penalmente la desobediencia, contra una resolución administrativa. Sostienen las garantistas que, en forma evidente, la acción típica, antijurídica y culpable en el artículo 346 del Código Penal derogado (Decreto No. 144-83), no guarda ninguna relación con la conducta establecida en el artículo 572 del Código Penal vigente (Decreto No. 130-2017). Finalmente, destacan que, Zaffaroni ha señalado: “… la legislación penal no crea bienes jurídicos, sino que estos son creados por la Constitución, el derecho internacional y el resto de la legislación (…) La ley penal sólo eventualmente individualiza alguna acción que lo afecta de cierto modo particular, pero nunca puede brindarle una tutela amplia o plena, dada su naturaleza fragmentaria y excepcional”; considerando, que, de lo anterior, resulta evidente la interpretación arbitraria que realiza la Corte de Apelaciones en su sentencia, incurriendo en analogía in malam partem. En conclusión, que existe base penal sustantiva para el otorgamiento de la garantía constitucional de amparo, a efecto de restituir efectivamente los derechos fundamentales conculcados a sus representados; reconociéndose que la conducta típica atribuida a ellos ha sido despenalizada y, por tanto, no puede ser objeto de persecución penal; pues debió haberse declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto, a fin de otorgarle el sobreseimiento definitivo a sus representados, con base al principio de legalidad y retroactividad penal más favorable; previstos en los artículos 1 y 615 del Código Penal vigente, con relación al artículo 96 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (7): Que, la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En el caso particular de la jurisdicción penal, los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales conforme a lo establecido en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta; así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete al juez o tribunal que conoce del asunto litigioso. CONSIDERANDO (8): Que ha expresado la Sala de lo Constitucional, en su jurisprudencia, que las resoluciones jurisdiccionales deben ajustarse a todas las garantías convencionales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso; a través del cual se desarrollan en una serie de derechos establecidos a favor de los justiciables; entre los cuales, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, la cual deberá ser también fundada en derecho, y, en congruencia a lo debatido; racionalidad procesal que posibilita, a la vez, obtener cierto grado de legitimidad democrática en las decisiones acordadas por la jurisdicción; así como el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, con base a parámetros racionales y en el marco de la ley, que así lo configure y habilite; todo lo cual se expresa a título meramente enunciativo, dado el carácter genérico y reforzado del que goza esta garantía y derecho constitucional. CONSIDERANDO (9): Que, de conformidad a pacífica jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, de en su artículo 61 garantiza la igualdad ante la ley, derecho que consiste en que las personas deben ser tratadas y consideradas de igual manera, a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo, el principio de igualdad exige la aplicación de la ley, pero en modo alguno se puede hacer derivar de él una protección jurídica frente al legislador. Se rescata así la razón jurídica primordial, respecto a que: “… los órganos judiciales son aplicadores de la ley (secundum legem) y, en consecuencia, el único derecho de las personas es el derecho a la legalidad, el estar legalmente sometidos a la ley (…)”. Tal consideración parece concernir al análisis jurisprudencial cuando, del alegato garantista, se desprende el supuesto de infracción del principio de legalidad estricta y, específicamente, al principio de taxatividad; tal como acaece en el presente caso. CONSIDERANDO (10): Así, la preponderancia de lo manifestado por los tratadistas COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN, de la siguiente forma: “(…) generalmente, las razones que se han ofrecido para justificar la irretroactividad de la ley penal vienen girando en torno a los criterios que dimanan del régimen de garantías, que no sería otra cosa, sino concreción del principio de legalidad...”. En efecto, el principio de legalidad, sintetizado en la conocida máxima del garantismo penal: nullum crimen nulla poena sine lege, atribuida tradicionalmente al filósofo alemán Anselm VON FEUERBACH y que da lugar a concretar las llamadas garantías del principio de legalidad; criminal (el delito debe estar señalado por la ley), penal (la pena para el delito también debe estar indicada en la ley), jurisdiccional (la existencia de delito y la imposición de pena deben determinarse por sentencia judicial, previo procedimiento legalmente tramitado) y de ejecución (las penas deben ejecutarse en la forma prescrita por la ley), comporta que para que la ley cumpla dichas garantías, debe reunir ciertas características, como ser anterior al delito (lex praevia), escrita, lo que excluye la costumbre como fuente directa de Derecho Penal (lex scripta) y formulada con precisión, lo que excluye la aplicación de la analogía –prohibición dirigida al juez penal– e impone el respeto del principio de taxatividad o mandato de determinación –exigencia destinada al legislador– (lex stricta). CONSIDERANDO (11): Que, la garantía del debido proceso conlleva observancia de la garantía de legalidad estricta, como queda visto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate, en complementariedad a todas las garantías procesales y del marco constitucional, tales como el derecho de defensa y el estado de inocencia de los justiciables. Observando la Sala de lo Constitucional que el tenor garantista del debido proceso se ha mantenido, en el presente caso, al verter pronunciamiento jurisdiccional sobre la discrepancia planteada por las amparistas, respecto al recurso de apelación intentado por la Defensa Privada, en los términos antes expuestos; al motivar, que: “… el hecho de que haya cambiado el sujeto pasivo en el delito investigado no es suficiente para considerar que la infracción penal ha desaparecido o no existe en la norma penal”. CONSIDERANDO (12): Que, en suma, se reconoce como válido el parecer jurisdiccional vertido en aplicación de los artículos 1, 2 y 615 del Código Penal, en relación; de los cuales se desprendería la razonabilidad del argumento dogmático vertido por la Corte Ad Quem, respecto a la equivalencia de condiciones en cuanto al bien jurídico protegido, respecto al contenido prescriptivo tipificado por el Legislador Penal en los artículos número 346 del Código Penal (Decreto 144-83) y número 572 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017); de los cuales no se desprende la atipicidad de la conducta enjuiciada, para lo cual se encuentran franqueados los cauces ordinarios del proceso; sino que la posibilidad, no descartada en términos lógico - jurídicos, de que exista una pluriofensividad hacia los bienes jurídicos protegidos por la legislación a través de la determinación penal del delito de desobediencia, concurrente a entrambos Códigos Penales (Código Penal derogado (Decreto No. 144-83), y Código Penal vigente (Decreto No. 130-2017), debiendo desestimarse la pretensión de que se declare despenalizado el delito de Desobediencia; aun y cuando la ubicación sistémica del bien jurídico protegido en los precitados Códigos Penales, sea; en uno LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, y, en otro, EL ORDEN PÚBLICO, respectivamente. CONSIDERANDO (13): Que, en consecuencia de lo anteriormente motivado, no resulta de recibo el descrito planteamiento de la parte garantista, en censura a la motivación del fallo de la honorable Corte de Apelaciones, por cuanto no se han visto comprometidos los Principios de taxatividad y la prohibición de analogía en materia penal, los cuales se tienen como derivados de las exigencias dogmáticas de la anterior concatenación axiomática de garantías; en correlación al mandato de determinación preceptuado en el artículo 1 del Código Penal, correlativo a la prohibición expresa a que se aplique la Ley Penal en casos distintos de los comprendidos expresamente en ella. CONSIDERANDO (14): Que, en la resolución que declara sin lugar el Incidente de FALTA DE ACCIÓN, alegado por la Defensa, se reconoce por la Sala la observancia del principio de legalidad previa, escrita y estricta, acorde los parámetros establecidos en el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que prescribe el juzgamiento por Juez regular en legalidad estricta, y prohíbe, a la vez, la retroactividad penal desfavorable; garantizándose, a la vez, la sujeción de la Corte Ad Quem a las demás garantías jurisdiccionales que asisten a las partes procesales (bilateralidad y audiencia ante Juez Natural, a la notificación razonable de lo resuelto, en un plazo razonable; a un recurso ágil y efectivo proveído de conformidad a Ley, etc). CONSIDERANDO (15): Que, con base a lo anterior, y efectuado un exhaustivo estudio de las diligencias, esta Sala arriba a la conclusión que la resolución impugnada dio respuesta precisa y concisa a los agravios expuestos por la Defensa Técnica, al confirmar la resolución que deniega la precitada excepción por falta de acción, desestimando la causal que la misma no pueda proseguirse en virtud de la aplicación de la retroactividad más favorable de la ley penal, según estipulada en el artículo 615 del Código Penal vigente; causal alegada que no muestra, en definitiva, la existencia de una válida restricción sobre la cuestión jurídico - penal planteada, tomando exclusivamente como base la nueva recapitulación del bien, o bienes jurídicos, protegidos con la promulgación del nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). Por todo lo cual resulta del caso denegar la presente acción constitucional de Amparo. POR TANTO: de lo Constitucional de de Justicia, como intérprete último y definitivo de de , en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 61, 80, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de de ; 1, 8, numeral 1), 9, 24 y 25 de sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 54, 56, 63 y 120 de de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente garantía constitucional de amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de diciembre de dos mil veintitrés. VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por las Abogadas BLANCA INÉS FORTÍN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA a favor de los señores CARLOS MAURICIO CLAROS MURILLO y YOLANDA COREA ALVARADO, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha dos de agosto del año dos mil veintitrés y por la cual se falla DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por las garantistas contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha dos de marzo de dos mil veintidós, que resolvió sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, en fecha trece de noviembre de dos mil veinte, con relación a la causa penal seguida contra los señores CARLOS MAURICIO CLAROS MURILLO y YOLANDA COREA ALVARADO por imputarles el delito de DESOBEDIENCIA en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (1): Que la presentación de la acción de amparo en fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, dio lugar a su vista para sentencia; procediendo a denegarse por la Sala de lo Constitucional, en ejercicio de su competencia constitucional, por no encontrar merito en su otorgamiento. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo tiene como finalidad que a la persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare, en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que conforme establece el párrafo final del artículo 120 de Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse en el acto de la notificación, o al día siguiente de su notificación por la tabla de avisos. Lo anterior es cumplido, en tanto requisito de procedibilidad, al interponerse por parte interesada en fecha uno de noviembre de dos mil veintitrés, como consta a folios cuarenta y cinco (45) y subsiguientes de la pieza de amparo. CONSIDERANDO (4): Que, vista la petición de la parte recurrente, se ha argumentado por las garantistas, Abogadas BLANCA INÉS FORTÍN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, compareciendo en la condición preindicada, que se han infringido por la Jurisdicción constitucional, con el fallo recurrido en reposición; garantías y derechos constitucionales tales como el principio de legalidad, el debido proceso, a través de la aplicación de retroactividad de la ley cuando beneficia al imputado, la tutela judicial efectiva, el principio pro homine y la analogía in malam parten en materia penal; según contenidos en los artículos 59, 60, 62, 64, 80, 82, 90 y 321 de de la República; artículos 8, 10 y 29 de la Declaración Universal de las Derechos Humanos; artículos 8, 9 y 29 b de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 18 y 33 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre artículos 3, 4 y 7 del CONVENIO BELEM DO PARA; artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículo 20 del Código Procesal Civil y demás aplicables al caso concreto. Solicitando, en definitiva, se reconsidere el fallo notificado por la Sala de lo Constitucional, y se proceda a declarar con lugar la acción de amparo promovida, por su representación procesal, a fin de proteger los derechos constitucionales y garantías constitucionales de sus poderdantes. CONSIDERANDO (5): Que, resulta atinente a la garantía de amparo bajo estudio, que el artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiéndose así, los requisitos básicos para la aplicación de la retroactividad penal más favorable, conforme a jurisprudencia pacífica, consistente y reiterada de esta Sala de lo Constitucional: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: d. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. e. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. CONSIDERANDO (6): Que, para efectos de brindarle respuesta jurisdiccional efectiva, a la parte recurrente en reposición, se deriva lógicamente de los anteriores postulados, y así lo ha refrendado constante jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, que la retroactividad podrá ser aplicada de manera integral: “… al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.” CONSIDERANDO (7): Que, en la resolución que declara sin lugar el incidente de falta de acción, interpuesto por la parte Apelante Incidentista, se ha reconocido por la Sala, la observancia del principio de legalidad por parte de la jurisdicción ordinaria; pues resulta motivada acorde los parámetros establecidos en el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, para el juzgamiento por Juez regular, acorde a legalidad estricta, mientras prohíbe, a la vez, la retroactividad penal desfavorable; garantizándose, además, la observancia de la Corte Ad Quem respecto al conjunto de las garantías jurisdiccionales que asisten a las partes procesales (bilateralidad y audiencia ante Juez Natural, a la notificación razonable de lo resuelto, en un plazo razonable; a un recurso ágil y efectivo proveído de conformidad a Ley, etc.). CONSIDERANDO (8): Que, examinados los fundamentos de derecho concurrentes a la presente garantía de amparo, considerase que el recurso de reposición visto para sentencia no agrega nuevos elementos de juicio, a los anteriormente expuestos, durante la tramitación de la presente acción o recurso de amparo; salvo la discrepancia de las garantistas con la argumentación de pluriofensividad del delito de DESOBEDIENCIA, imputado a sus defendidos, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, en el fallo constitucional recurrido en reposición; al considerar que, el reconocimiento de tal figura dogmática jurídico penal, sólo ha sido posible mediante el empleo de analogía in malam partem, por parte de esta Sala; aseveración que no comparte, en absoluto esta Sala, tomando en consideración los aspectos subsiguientes. CONSIDERANDO (9): Que, el principio de independencia judicial se encuentra normativizado, inter alia, en los artículos 1, 4, 303 y 304 de la Constitución de la República, así como la interpretación conforme realizada con base al principio de responsabilidad judicial por las Cortes y Tribunales, en el ámbito de su competencia. En tal sentido, sostienen ahora las recurrentes, que no está determinada la despenalización del delito de desobediencia, sino únicamente respecto a los delitos relativos a la Administración Pública. Parecer que no ha sido contrastado, en principio, con lo expuesto en formalización del recurso, donde se impetra la infracción del principio de legalidad estricta, como determinante de la exclusión del derecho de acción: “… en virtud de que el Ministerio Público fundamentó su acusación en una Ley derogada, cuya tipificación de la conducta antes punible, no se encuentra enmarcada como punible en el Código Penal vigente”. Por ello, ha sostenido la Sala, que prevalece la vinculación del órgano jurisdiccional a la legalidad constitucional, por sobre cualesquiera valoración subjetiva que las (os) pretensores solicitaren autoritativamente, como contenido e interpretación univoca de la legalidad, que se juzga vigente y aplicable; tal como acaece en el presente caso, donde pretende la defensa técnica de los imputados, se ampare contra una resolución incidental que declara sin lugar el incidente de falta de acción promovido a su instancia, la cual no obsta para: “(…), continuar con el trámite regular de la presente causa, hasta dictar sentencia definitiva, mediante la cual se ha de resolver el presente asunto penal, y; (…)”. CONSIDERANDO (10): Que, ha establecido reiterada jurisprudencia de la Sala, que el derecho de petición no ha de conllevar necesariamente a la obtención de una decisión favorable, por la parte peticionaria, sobre el fondo del asunto controvertido. En tal sentido, el mismo fallo, cuya reposición se pretende, ha citado conspicua jurisprudencia del más alto Tribunal de Justicia, respecto a que: “… los órganos judiciales son aplicadores de la ley (secundum legem) y, en consecuencia, el único derecho de las personas es el derecho a la legalidad, el estar legalmente sometidos a la ley (…)”. CONSIDERANDO (11): Que, no obstante la contrariedad argumentativa puesta de manifiesto, tampoco puede soslayarse o pasar desapercibida la tesitura dogmática que se desarrolla, congruente y exhaustivamente, sobre la base del artículo 96 de la Constitución de Honduras, con relación al artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; según motivada en jurisprudencia relevante recogida en los Considerando 5) y 6) de la presente sentencia; pues se reconocen allí, los principios que orientan la aplicación retroactiva del derecho vigente, en los supuestos que autoriza la favorabilidad penal sustantiva; los momentos procesales que se establecen, como oportunos, para su implementación; y, en general, el deber de las partes de ceñirse a los cauces del principio de legalidad, en sus reclamos y peticiones; en este caso, según lo pertinentemente fundamentado y establecido en los artículos 1, 12, 615 y 616, inter alia, del Código Penal vigente (Decreto No. 130-2017). CONSIDERANDO (12): Que, por todo ello, se concluye que la resolución recurrida se encuentra ajustada a derecho por no existir razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda. Señala, por su parte, el artículo 120, párrafo segundo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que, una vez solicitada la reposición ante la Sala de lo Constitucional, o ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su caso; deberá procederse sin más trámite, a denegar o enmendar el fallo, según correspondiere en derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de y en aplicación de los artículos 1, 4, 60, 63, 64, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 y 321 de de ; 78 atribución 5ª de de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 N.º 7 y N.º 8, 41, 45 y 120 de Justicia Constitucional; RESUELVE: DENEGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por las Abogadas BLANCA INÉS FORTÍN ALVARENGA y FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA a favor de los señores CARLOS MAURICIO CLAROS MURILLO y YOLANDA COREA ALVARADO. Y MANDA: Que notifique a las recurrentes la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente acción de amparo y se proceda de conformidad a derecho en cuanto a los efectos legales subsiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha dos de agosto y de la reposición de fecha once de diciembre de dos mil veintitrés, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-666-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL