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Sentencia AP-649-22 — Registro 17629

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró con lugar el recurso de apelacion por el delito de apropiación indebida. Estima la recurrente que, con el acto reclamado, se le han violentado a su representada derechos constitucionales.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (10): Que, por todo ello, a efectos de hacer prevalecer el principio de legalidad y el debido proceso se estima procedente la presente acción de amparo interpuesta por la Abogada Yaneth del Carmen Martínez Palacios, a favor de la señora Madelin Paola Blanco Mendoza; en vista a la inobservancia de la garantía genérica del debido Proceso; por lo cual, procede otorgar la presente acción de Amparo contra la resolución emitida por la honorable Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, la cual resulta inaplicable a la señora Madelin Paola Blanco Mendoza por las razones antes expresadas; debiendo hacer reenvío del expediente judicial a la honorable Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, a efecto se sirva emitir un nuevo resolutivo, con relación a la apelación de la causa seguida contra la señora Madelin Paola Blanco Mendoza, por imputársele el delito de Apropiación Indebida, en perjuicio de Denis Eduardo Blanco Mendoza; supliendo así las falencias de valoración y argumentación probatoria, puestas aquí de manifiesto, procediendo al dictado del fallo que corresponda; con el debido respeto a las garantías constitucionales del derecho de defensa, debido proceso y estado de inocencia.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo del año dos mil veintitrés. - VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Yaneth del Carmen Martínez Palacios, a favor de la señora Madelin Paola Blanco Mendoza, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte acusadora privada contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, en fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte; con relación a la causa que instruida contra la señora Madelin Paola Blanco Mendoza, por suponerle responsable del delito de Apropiación Indebida, en perjuicio de Denis Eduardo Blanco Mendoza. Estima la recurrente que, con el acto reclamado, se le han violentado a su representada, los derechos consagrados en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y, en los artículos 82, 92, 294 y 322 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, la Agente Fiscal, la Abogada Sonia Maritza Calix, presentando requerimiento fiscal en contra la señora Madelin Paola Blanco Mendoza, por suponerla responsable del delito de Apropiación Indebida, en perjuicio del señor Denis Eduardo Blanco Mendoza. (Folios 1-3 del antecedente) 2) En fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, en la celebración de la audiencia inicial, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…DECRETA: 1)SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora MADELIN PAOLA BLANCO MENDOZA, por suponerla responsable del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA, en perjuicio de DENIS EDUARDO BLANCO MENDOZA, revocar las medidas impuestas en audiencia de fecha 14 de noviembre del año dos mil veinte, quedando las partes procesales notificados en estrados de la presente resolución mediante lectura del acta, para los efectos de ley…” (Folio 41-54 del antecedente) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Carlos Francisco Trejo Mejía, en su condición de acusador privado del señor Denis Eduardo Blanco Mendoza; contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictó sentencia mediante la cual falló: “…1) CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por el Abogado CARLOS FRANCISCO TREJO MEJÍA, contra la resolución de fecha veintiséis de noviembre del dos mil veinte; 2) REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, dictado a favor de la imputada MADELIN PAOLA BLANCO MENDOZA en perjuicio del señor DENIS EDUARDO BLANCO MENDOZA; 3)ORDENAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de la imputada señora MADELIN PAOLA BLANCO MENDOZA por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA EN PERJUICIO DE DENIS EDUARDO BLANCO MENDOZA; 4)QUE SE SEÑALEN LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE CORRESPONDAN.” (Folios 108-115 del antecedente), 4) Que la recurrente, la Abogada Yaneth del Carmen Martínez Palacios, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor de la señora Madelin Paola Blanco Mendoza, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-Quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 92, 294 y 322 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha seis de diciembre de dos mil veintidós, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Yaneth del Carmen Martínez Palacios, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en garantía de amparo la sentencia proferida en fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, la cual se pronunció declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado CARLOS FRANCISCO TREJO MEJÍA, en representación de la parte acusadora privada, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, en fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte; revocando el sobreseimiento definitivo dictado a la imputada, señora MADELIN PAOLA BLANCO MENDOZA, por suponérsele responsables del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA, en perjuicio de DENIS EDUARDO BLANCO MENDOZA; encontrando mérito en la acreditación de indicios racionales, derivados de los elementos probatorios presentada en la Audiencia que apuntan a la participación directa de la imputada en la comisión de los hechos que se juzgan. Motivando, a su vez, que, el párrafo segundo del artículo 297 procesal penal, establece que la evidencia probatoria, incluye la actividad investigativa previa. Señala la parte de motivación probatoria jurídica de la sentencia bajo estudio, que el artículo 371 del Código Penal establece el tipo penal de APROPIACIÓN Y RETENCIÓN INDEBIDAS, lo cual acaece, en el presente caso, porque en el caso de autos se encuentra acreditado de que el ofendido DENIS EDUARDO BLANCO MENDOZA desde el año de 1994, matriculó un fierro de herrar ganado a su nombre en el Municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán, el que ha utilizado hasta la fecha para identificar su ganado; sin embargo, a finales del año 2019, se enteró que la imputada MADELLIN PAOLA BLANCO MENDOZA matriculó en la ciudad de Trojes, departamento de El Paraíso, un fierro igual al que había sido matriculado por el ofendido, procediendo a herrar un aproximado de 51 cabezas de ganado alegando que son propiedad de la imputada, apropiándose indebidamente del fierro y del ganado. Valora la Corte sentenciadora, que: “Vistos y revisados ambos fierros matriculados, se desprende que los mismos son iguales, con una ligera variante que no puede ser percibida por las demás personas, lo que denota mala fe en el dicha matricula. Asimismo, ambos fierros tienen relación a las iniciales del ofendido, acreditándose también que existe un fierro diferente a nombre de la imputada, que sí tiene relación a las iniciales del nombre de la misma, por lo que ella contaba con un fierro a su nombre. La razón por la que se matriculan y se utiliza un fierro es la de identificar plenamente la propiedad de los semovientes, por lo que los fierros deben ser completamente distintos para que las personas en general los puedan identificar, (…)”.[1] CONSIDERANDO (4): Que, en formalización de su demanda de amparo, compareció la Abogada YANETH DEL CARMEN MARTÍNEZ PALACIOS, exponiendo y solicitando lo siguiente: Que tal resolución de Alzada, y la subsiguiente denegatoria del recurso de reposición, fueron dictadas sin apego a derecho, con insuficiente motivación, razonamiento y seguimiento a las reglas de la sana crítica, conocimiento jurídico y experiencia común; señalando como violentados el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y; los artículos 82, 92, 294 y 322 de la Constitución de la República referentes a los derechos de defensa, al debido proceso y el derecho al recurso de la ciudadana imputada, en el plano de los derechos individuales; y a los principios de autonomía municipal y principio de legalidad, en el ámbito de los derechos colectivos. A continuación, hace la amparista una extensa relación de los hechos que motivan la solicitud con los elementos de prueba correspondientes, de los cuales se denota que, entre los bienes heredados por su representada, la señora MADELLIN PAOLA BLANCO MENDOZA, se encontraba el Fierro del señor ISAAC BLANCO MERLO (V. folio 63), mientras que el contenido a folio 75, concatena con el que fue calcado por la señora Jueza en la Audiencia Inicial, mismo que pertenece a la señora MADELLIN PAOLA BLANCO MENDOZA, y no con el folio 74. El Ministerio Público, si bien al inicio entabló la acción penal, con posterioridad se percató de la falta de pruebas, y, con base al principio de objetividad, declaró en la contestación de agravios del recurso interpuesto no haber plena prueba, ni indicio racional de que la imputada hubiere sido participe en la comisión de un delito; por considerar los hechos controvertidos se derivan de una herencia, correspondiendo a los Juzgados civiles el conocimiento del presente asunto; por lo cual sería aún más ilógico y arbitrario imponerle auto de formal procesamiento a su representada, cuyos bienes y derechos los obtuvo mediante la herencia testamentaria otorgada por el señor ISAAC BLANCO MERLO, quien tenía ese hato ganadero en su haber. CONSIDERANDO (5): Que también ha referido la amparista, no haberse tomado en cuenta por la jurisdicción, en su valoración del caso, que el principio de autonomía municipal es de carácter territorial y jurisdiccional, por lo cual las Jefaturas de Justicia Municipal no pueden emitir juicios de valor sobre Fierros inscritos en otros términos municipales; siendo lo único verdadero, que las inscripciones de Fierros que se encuentran en el dicho Municipio de Trojes, son las que se encuentran registradas a favor de su representada, la señora MADELLIN PAOLA BLANCO MENDOZA, cuyo patrimonio se deriva de los bienes heredados de su difunto padre. Considera la garantista, Abogada YANETH DEL CARMEN MARTÍNEZ PALACIOS, que, el requerimiento y recurso de apelación se aduce que la imputada se apropió indebidamente de reses que son de su exclusiva propiedad, lo cual está probado con la Certificación de Herencia Testamentaria adjunta al presente expediente;[2] a contrario sensu, del supuesto ofendido, quien en ningún momento ha logrado acreditar compraventa de reses, que las hubiere habido por herencia o que las hubiere trasladado desde la Municipalidad de Santa Lucía, departamento de Francisco Morazán, hasta el Municipio de Trojes, El Paraíso. Finalmente, llama la atención sobre un aspecto de la motivación de la Corte Ad Quem, según la cual, son los mismos fierros inscritos en ambas Municipalidades, con ciertas variantes, lo cual es ilógico, pues plasmar un fierro de manera inversa, aparece otra figura, apreciable a simple vista la diferencia; siendo el que su representada inscribió el que se deriva del derecho de su padre; aspectos todos los cuales muestran a una resolución que no ha sido razonada ni analizada siguiendo las reglas de la sana crítica, a la luz del derecho constitucional invocado; sobre todo tomando en consideración es al ente acusador a quien corresponde la carga de la prueba, al ser evidente que por la mala investigación que se venía siguiendo, no se percató la acusación de los derechos que su representada ostentaba los derechos hereditarios recibidos de su señor padre, ISAAC BLANCO MERLO. Por todo lo cual solicita se otorgue el recurso de amparo promovido a favor de su representada procesal. CONSIDERANDO (6): Que, participa el debido proceso legal de la búsqueda de la verdad, con respeto a las garantías procesales del imputado. De lo anterior, se desprende que es menester probar los hechos a quien ejerce la Acusación, no pudiendo presuponerse, o dar por equivalente análogo, ninguno de los requisitos de tipo. La acreditación debida del denominado tipo garantía,[3] significa que, sin la concurrencia de todos y cada uno de los elementos de tipo, con base a legalidad escrita, previa y estricta; no podría tenerse como acreditada evidencia probatoria de la existencia de un delito, acorde la norma iusfundamental del artículo 92 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (7): Que, ha expresado la Sala de lo Constitucional, en su jurisprudencia, que las resoluciones jurisdiccionales deben ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso; cumplimentando así, no solo el rango de legalidad, sino que el de una legitimidad reforzada desde una perspectiva constitucional y convencional, cuya piedra de toque radica en garantizar los derechos de defensa y de presunción de inocencia de las personas sujetas a proceso. CONSIDERANDO (8): Que, por la garantía del debido proceso, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, se hace necesario mantener la inviolabilidad del derecho de defensa en el decurso del proceso; que se asegure el derecho a ser oído en toda causa, o procedimiento, y el conocimiento de la imputación; así como la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba, así como la equiparación de posiciones entre las partes, o entre una parte y el Estado, ante el órgano jurisdiccional competente. Lo cual conlleva como implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trata, con base al principio de legalidad. CONSIDERANDO (9): Que analizada la sentencia de apelaciones, la Sala de lo Constitucional observa que el Ad Quem no ha cumplido adecuado con los estándares de valoración en el contenido motivacional requerido, en vista a no haberse acreditado la totalidad de elementos objetivos de tipo que demanda el artículo 371 del nuevo Código Penal (Decreto No. 130-2017), publicado en la Gaceta No. 34, 940 del viernes 10 de mayo de 2019; señalamiento atinente al debido proceso en su acepción material, de contenido o fondo; particularmente, en lo referente a la probanza del título que produzca la obligación de entregar o devolver cosa mueble, dinero o valor ajeno al agente pasivo del delito; bien su negativa a devolverlos, o el uso indebido, por parte del agente activo; pues precondición lógica de tales actos atentatorios contra la propiedad privada, es precisamente, acreditar el derecho subjetivo de propiedad, respecto al bien mueble o valor que es objeto del delito; lo cual no obra cumplimentado evidentemente, con base a indicios racionales concatenados a razón suficiente, en la presente causa; incumpliéndose así el rigor y exhaustividad analítica, que exige de suyo, el deber de motivación de los autos y resoluciones a los jueces y Tribunales. CONSIDERANDO (10): Que, por todo ello, a efectos de hacer prevalecer el principio de legalidad y el debido proceso se estima procedente la presente acción de amparo interpuesta por la Abogada Yaneth del Carmen Martínez Palacios, a favor de la señora Madelin Paola Blanco Mendoza; en vista a la inobservancia de la garantía genérica del debido Proceso; por lo cual, procede otorgar la presente acción de Amparo contra la resolución emitida por la honorable Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, la cual resulta inaplicable a la señora Madelin Paola Blanco Mendoza por las razones antes expresadas; debiendo hacer reenvío del expediente judicial a la honorable Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, a efecto se sirva emitir un nuevo resolutivo, con relación a la apelación de la causa seguida contra la señora Madelin Paola Blanco Mendoza, por imputársele el delito de Apropiación Indebida, en perjuicio de Denis Eduardo Blanco Mendoza; supliendo así las falencias de valoración y argumentación probatoria, puestas aquí de manifiesto, procediendo al dictado del fallo que corresponda; con el debido respeto a las garantías constitucionales del derecho de defensa, debido proceso y estado de inocencia. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 92, 96, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1), 321 y 322 de la Constitución de la República; 1 8, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho el debido mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de julio de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0649-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Ver numeral 4.- de la Motivación Probatoria Jurídica, a folio 114 de la pieza de instancia.

[2] Ver folios 63 y 64 del expediente de instancia.

[3] En general, se habla se habla de tipo garantía al designar el principio de legalidad en materia penal.