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Sentencia AP-618-21 — Registro 17958

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y Confirmó resolución dictada por Juzgado de Instancia que declaró con lugar nulidad planteada por la defensa a favor del imputado a quien se le supone responsable del delito de Facilitación o Consumo Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras; Decretó sobreseimiento definitivo, dejando sin valor la medida cautelar impuesta y ordenó extender carta de libertad definitiva a su favor; La Autoridad recurrida valoró la prueba de la defensa en el sentido que al imputado no se le encontró droga (marihuana); y según la teoría de las nulidades en el orden penal al trascender violación de derecho fundamental debe ser sancionado con su nulidad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala de lo Constitucional advierte que el Tribunal de Alzada motiva debidamente la resolución que declara sin lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico, haciendo una valoración de las pruebas tenidas en cuenta, detallando el valor probatorio que merecen, todo ello en observancia de lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal:...Es así que confirma la resolución dictada por el Juez de Letras, quien en el desarrollo de la etapa preparatoria es el garante del proceso y por lo tanto debe vigilar de manera estricta, que la producción de la prueba, se lleve a cabo dentro de la legalidad que demanda el Código Procesal Penal. Por ello al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. En ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veintiséis de marzo del año dos mil veintiuno, se observa que si bien es cierto motiva y argumenta jurídicamente la razón por la cual confirma la resolución dictada por el A-quo en fecha dieciocho de julio del año dos mil dieciocho, estableciendo también el valor probatorio que a su juicio le merece la prueba testifical aportada por la defensa. También es cierto como lo argumenta el amparista, no motiva y omite dar respuesta al recurrente en cuanto a determinar el valor probatorio de la prueba de cargo, como si lo hace el A-quo que establece “…cabe señalar que bajo el principio de inmediación, que rige este proceso, se pudo observar que el agente policial, se mostro nervioso, tenso y evasivo en su deposición, a criterio de esta juzgadora su declaración es alejada de la verdad.” Por todo ello y en consonancia con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[6], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Es por ello que la Sala Considera que el Tribunal de Alzada debe dar respuesta en ese sentido, pues la argumentación del fallo del Ad-quem no muestra que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de ambas partes, como lo ha dejado establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en motivar debidamente las razones por las cuales les resta valor probatorio a las pruebas aportadas por el Ente Fiscal, todo ello en respuesta a las peticiones de las partes y a lo resuelto en la resolución apelada..."..."siendo carente de motivación la resolución externada por el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución que decreta la Nulidad solicitada y decreta sobreseimiento definitivo en favor del señor ERICK ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ, por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBRACION DEL ESTADO DE HONDURAS, en el sentido que no motiva ni da respuesta al Ministerio Público específicamente a establecer el criterio de la Alzada al restarle valor probatorio a la prueba aportada por el ente fiscal, se ha vulnerado en perjuicio de los intereses generales de la sociedad del Estado de Honduras, la garantía genérica del debido proceso, por los argumentos plasmados en los considerandos que preceden y es por ello que la garantía de amparo debe ser otorgada parcialmente, en el sentido de que la Alzada establezca en su resolución bajo los criterios de la sana critica, que valor probatorio le merece la prueba otorgada por el Ministerio Publico..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, en el sentido de que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio a la resolución proferida por el A-quo en fecha dieciocho de julio del dos mil dieciocho y de los diferentes elementos probatorios evacuados en el proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando al Ministerio público, tal como lo hizo con la parte defensora, de una manera lógica, racional, congruente, clara y precisa el valor probatorio que se le ha dado a la prueba de cargo en su conjunto..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala de lo Constitucional advierte que el Tribunal de Alzada motiva debidamente la resolución que declara sin lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico, haciendo una valoración de las pruebas tenidas en cuenta, detallando el valor probatorio que merecen, todo ello en observancia de lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal:...Es así que confirma la resolución dictada por el Juez de Letras, quien en el desarrollo de la etapa preparatoria es el garante del proceso y por lo tanto debe vigilar de manera estricta, que la producción de la prueba, se lleve a cabo dentro de la legalidad que demanda el Código Procesal Penal. Por ello al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. En ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veintiséis de marzo del año dos mil veintiuno, se observa que si bien es cierto motiva y argumenta jurídicamente la razón por la cual confirma la resolución dictada por el A-quo en fecha dieciocho de julio del año dos mil dieciocho, estableciendo también el valor probatorio que a su juicio le merece la prueba testifical aportada por la defensa. También es cierto como lo argumenta el amparista, no motiva y omite dar respuesta al recurrente en cuanto a determinar el valor probatorio de la prueba de cargo, como si lo hace el A-quo que establece “…cabe señalar que bajo el principio de inmediación, que rige este proceso, se pudo observar que el agente policial, se mostro nervioso, tenso y evasivo en su deposición, a criterio de esta juzgadora su declaración es alejada de la verdad.” Por todo ello y en consonancia con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[6], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Es por ello que la Sala Considera que el Tribunal de Alzada debe dar respuesta en ese sentido, pues la argumentación del fallo del Ad-quem no muestra que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de ambas partes, como lo ha dejado establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en motivar debidamente las razones por las cuales les resta valor probatorio a las pruebas aportadas por el Ente Fiscal, todo ello en respuesta a las peticiones de las partes y a lo resuelto en la resolución apelada..."..."siendo carente de motivación la resolución externada por el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución que decreta la Nulidad solicitada y decreta sobreseimiento definitivo en favor del señor ERICK ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ, por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBRACION DEL ESTADO DE HONDURAS, en el sentido que no motiva ni da respuesta al Ministerio Público específicamente a establecer el criterio de la Alzada al restarle valor probatorio a la prueba aportada por el ente fiscal, se ha vulnerado en perjuicio de los intereses generales de la sociedad del Estado de Honduras, la garantía genérica del debido proceso, por los argumentos plasmados en los considerandos que preceden y es por ello que la garantía de amparo debe ser otorgada parcialmente, en el sentido de que la Alzada establezca en su resolución bajo los criterios de la sana critica, que valor probatorio le merece la prueba otorgada por el Ministerio Publico..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, en el sentido de que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio a la resolución proferida por el A-quo en fecha dieciocho de julio del dos mil dieciocho y de los diferentes elementos probatorios evacuados en el proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando al Ministerio público, tal como lo hizo con la parte defensora, de una manera lógica, racional, congruente, clara y precisa el valor probatorio que se le ha dado a la prueba de cargo en su conjunto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil veintitrés.-VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veintiséis (26) de marzo dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, con relación a la causa instruida contra el Señor ERICK ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ, por suponerlo responsable del delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO O CONSUMO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, el Abogado CRISTOPHER ELIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el Señor ERICK ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ, por suponerlo responsable del delito de FACILITACION DE LOCAL O LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO O CONSUMO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01–11 de la pieza del A-Quo).-2) Que en fecha dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018), el citado Juzgado en Audiencia Inicial Resolvió: (SIC): “1) DECLARAR CON LUGAR LA NULIDAD planteada a favor del señor ERICK ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ, por suponerlo responsable del delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor ERICK ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ, por suponerlo responsable del delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. 3) DEJAR SIN VALOR NI EFECTO LA MEDIDA CAUTELAR IMPUESTA EN AUDIENCIA INDAGATORIA de fecha doce (12) de Junio del año dos mil dieciocho (2018). Girar atento oficio al Centro Penal de Choluteca a efecto de informar la presente resolución. Ordenar se le extienda la carta de libertad definitiva a favor del imputado. Resolución fundada en los artículos 59, 80, 88, 89, 90, 92, 94, 303, 304 y 321 de la Constitución de la República; artículos 8, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 2, 3, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 18, 139, 141, 173 #3, 178, 179, 181, 182, 184 #18, 198, 199, 200, 202, 294 #3, 297 #1, 298 del Código Procesal Penal; artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, en relación al 32 del Código Penal; artículos 1, 11 y 110 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículo 3 del Código de Ética para Funcionarios y Empleados Judiciales.” (Folios 24–30 de la pieza del A-Quo).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado CRISTOPHER ELIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público a favor del ESTADO DE HONDURAS, la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, dicto sentencia en fecha veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021), en la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución de fecha dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en la causa penal incoada contra el señor ERICK ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ por suponerlo responsable del delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO O CONSUMO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: CONFIRMA LA RESOLUCION IMPUGNADA.” (Folios 09-15 de la pieza del Ad-Quem).-4) Que la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, compareció ante este Tribunal en fecha catorce (14) de junio de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios 01–06 del Presente Recurso).- 5) Que en fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 23 del Presente Recurso).-CONSIDERANDO (1): Que la recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, compareció en fecha catorce de junio del año dos mil veintiuno, ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), vulnera y quebranta el derecho al Debido Proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (2): Que el caso en estudio se origina en fecha doce de julio del año dos mil dieciocho, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, el Abogado CHISTOPHER ELIEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el Señor ERICK ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ, por suponerlo responsable del delito de FACILITACION DE LOCAL O LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO O CONSUMO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (3): Que de la foliada, esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre en Amparo, es en relación a la declaratoria Sin Lugar del Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución adoptada por el A-quo en la Audiencia Inicial celebrada en fecha dieciocho de julio del año dos mil dieciocho, al confirmar la resolución impugnada que declara con lugar la nulidad planteada y decreta Sobreseimiento Definitivo en favor del señor ERICK ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ, por el delito de FACILITACION DE LOCAL O LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO O CONSUMO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (4): Que la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, en el planteamiento de su acción constitucional argumenta que el quebrantamiento del debido proceso se produce por la motivación incongruente externada por la Corte de Apelaciones, la cual no es resultado de un razonamiento judicial formado por conclusiones razonables, derivadas y deducidas de las pruebas evacuadas en audiencia inicial, en vista que su argumento motivacional para confirmar la nulidad de actuaciones decretada por el A-quo, es que los 77.2 gramos de marihuana no se le encontraba al imputado cuando se le hizo el registro personal, lo que sustento en dos testigos quienes manifestaron que la droga le fue implantada por la autoridad que hizo la detención, no obstante, dichas declaraciones resultan contradictorias entre si y no fueron corroboradas con otros medios de prueba. Consecuencia de ello, es que se reclame que el argumento del Ad-quem en cuanto considera que los testigos fueron claros y precisos en el contexto integral de lo declarado, no es resultado de una valoración objetiva de la prueba testifical, ya que para efectos de darle credibilidad a sus deposiciones no bastaba con que estas aportaran su conocimiento sobre el entorno del hecho acaecido, si no que es preciso que ambos testimonios deban ser coherentes y concatenarse circunstancialmente con el resto de las evidencias.-CONSIDERANDO (5): Continúa expresando la recurrente que el Tribunal de Alzada inobservó los parámetros que comprenden una debida motivación de las resoluciones judiciales, al no expresar las razones precisas y objetivas para restarle valor probatorio a la prueba de cargo, la cual se complementa con el resto de la prueba aportada, inobservando con ello los requisitos esenciales establecidos en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal. Función jurisdiccional que no se observa en el caso de autos, en tanto que el cuestionamiento de la incautación de droga se sustentó en dos declaraciones testificales que no gozan de la credibilidad que requiere el proceso penal, sin que conste otra prueba que ratifique lo afirmado en su deposición, en cuanto manifiesta que al encausado no le fue encontrada ninguna droga, que esta le fue implantada cuando estaba detenido y lo obligaron a firmar el acta de registro y decomiso; circunstancia que como bien lo cita la Alzada en su resolución, no fueron presenciados directamente por las testigos, por lo que al no ser fuente directa de su conocimiento, carecen de veracidad y credibilidad para acreditar que la evidencia se obtuvo inobservando las formalidades que la ley establece, así como tampoco desvirtúan la prueba de cargo aportada por el ente acusador. En ese orden de ideas, el Ministerio Publico aprecia que la motivación externada por el Ad-quem se basó en razonamientos subjetivos y no conforme a los criterios de la sana critica, en tanto que las máximas de la experiencia demandan que la credibilidad de un testimonio debe ser valorado no solo por la coherencia de su relato, sino que también debe ser corroborado con otros medios de prueba, lo cual no aconteció en el caso de autos, lo que sumado a las evidentes contradicciones incurridas entre ambas declaraciones, no acreditan fehacientemente la tesis de la defensa.-CONSIDERANDO (6): Que para finalizar la impetrante sostiene que en la resolución impugnada no existe la debida motivación que manda la normativa procesal penal, que precisa que el Tribunal de Alzada motive de forma conjunta, razonada y justifique, según las reglas de la sana critica, el valor probatorio que le mereció toda la prueba aportada al proceso, al ser evidente que utilizó argumentos subjetivos y equívocos en su resolución para demeritar la prueba de cargo, con la cual se aportó la mínima actividad probatoria, requerida en este momento procesal, en cuanto a la acreditación de la evidencia probatoria de la existencia del acto típico imputado e indicios racionales de participación del imputado en el mismo, como presupuestos para dictar un auto de formal procesamiento en su contra, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 constitucional, con relación a los artículos 294 y 297 del Código Procesal Penal, siendo en el juicio oral y publico donde se requiere la certeza sobre los aspectos antes referidos.-CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales que se consideran vulnerados son el debido proceso contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señala: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”.-CONSIDERANDO (8): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.-CONSIDERANDO (9): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[1], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[2]. Sin embargo, también aclaró que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[3]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[4], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores.- CONSIDERANDO (10): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en su resolución de fecha veintiséis de marzo del año dos mil veintiuno, al declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el A-quo en Audiencia Inicial, que declara CON LUGAR la Nulidad planteada y decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO en favor del señor ERICK ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, cumple con esa exigencia.-CONSIDERANDO (11): Que en la motivación externada por el Tribunal en el fallo que es recurrido en Amparo, expone como motivación lo siguiente: “SEXTO: …Cuestionándose la incautación de esta droga en que la misma no le fue encontrada al imputado cuando se le hizo el registro personal, argumentándose que le fue implantada por la autoridad que hizo la detención quien lo obligo por la fuerza a firmar el acta de registro y de decomiso, alegando la defensa un incidente de nulidad de los actos procesales presentando pruebas consistentes en un álbum fotográfico y declaración de dos testigos presenciales de los hechos que responden a los nombre de KAREN DOLORES CHIRINOS BACA y ROSA DEL CARMEN MEZA FLORES cuyas declaraciones obra a folios 24 vuelto y 25 de la pieza de autos; declaraciones que esta Corte a revisado extrayendo de las mismas que se trata de testigos presenciales de los hechos y se aprecia que estas manifestaron que residían en la colonia el porvenir, sus casas a la par de la otra, afirmando que el imputado se encontraba en frente de sus casas cuando se dieron los hechos, expresan conocer al encausado desde hace muchos años, refieren la actividad a la que se dedica manifestando que es vendedor frutas y verduras, describen la ropa que este portaba el día de su detención, el día y la hora en que sucedió, señalan cuando llegaron los agentes, como andaban vestidos, un chaleco café y capuchas negras y el color del vehículo en que se conducían, que el imputado se encontraba con otras personas y que les consta que al revisar a estas personas incluyendo al imputado, no se le encontró ninguna droga, que los agentes le preguntaban si se llamaba Blan doc, respondiendo que no pero que aun así lo detuvieron. … Concluyendo esta Corte que las testigos han sido claras y precisas en el contexto integral de lo que han declarado con el entorno del hecho acaecido, quienes han descrito la fecha, hora y lugar donde ocurrieron los hechos, la vestimenta del imputado, lo que este hacía, la presencia policial, vestimenta y vehículo en que se conducían, y el comportamiento de la autoridad en la detención del imputado afirmando que al revisarlo no le encontraron ninguna droga, todo lo anterior más allá de los puntos que alega el impetrante los que a juicio de esta Corte no son suficiente para desvirtuar sus testimonios, cuando se observa que estos testimonios como se explicado convergen en su contexto integral, sin que se haya aportado un móvil que ponga entre dichos sus afirmaciones, o bien una situación no imparcial o dependiente en su deposición,….- SEPTIMO: Que estando acreditado que al imputado al momento de su detención no le fue encontrado ninguna sustancia prohibida (marihuana) según prueba testifical y que esta prueba coincide con lo declarado por el imputado quien manifestó que al registrarlo no le fue encontrada ninguna droga y que esta le fue implantada cuando estaba detenido obligándolo a firmar el acta de registro y de decomiso ya que la autoridad buscaba a un sujeto que lo apodan “Black Dog y que fue confundido con este sujeto, resulta entonces que la droga que como evidencia se ha presentado en la presente causa se ha obtenido apartado de las formalidades que la ley establece, cuyo acto procesal trasciende a la violación de derechos fundamentales proclamados por la Constitución de la República y los convenios internacionales sobre derechos humanos, como lo es el debido proceso y que insoslayablemente produce un perjuicio al imputado, lo que de acuerdo a la teoría de las nulidades en materia penal cuando ese acto trasciende a la violación de un derecho fundamental debe ser sancionado con su nulidad, razón por la cual ante la violación de un derecho fundamental y según fundamentos que señala el artículo 200 en relación con el artículo 166 preámbulo y numeral 7 de la ley Adjetiva Penal, es procedente confirmar la resolución venida en apelación.”.- CONSIDERANDO (12): Que puede definirse el recurso de apelación como una vía o instrumento de impugnación ordinario en el cual se pueden atacar los vicios de derecho sustantivos como de derecho procesal de los que adolece la resolución emitida por un órgano inferior, que tiene como propósito someter esa decisión a la revisión de un tribunal de instancia superior para que la revoque, modifique o anule[5].-CONSIDERANDO (13): Que conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal, los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido.- CONSIDERANDO (14): Que el amparista arguye vulneración al debido proceso, alegando motivación incongruente, esto por el valor probatorio que el Ad-quem da a la prueba testifical en la que basa su resolución; asimismo argumenta inobservancia de los requisitos establecidos en el artículo 141 y 338 del Código Procesal Penal, debido a que el Tribunal de Alzada en la motivación externada, no expresa las razones precisas y objetivas para restarle valor probatorio a la prueba de cargo. En relación al primer argumento del amparista, esta Sala de lo Constitucional advierte que el Tribunal de Alzada motiva debidamente la resolución que declara sin lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico, haciendo una valoración de las pruebas tenidas en cuenta, detallando el valor probatorio que merecen, todo ello en observancia de lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Es así que confirma la resolución dictada por el Juez de Letras, quien en el desarrollo de la etapa preparatoria es el garante del proceso y por lo tanto debe vigilar de manera estricta, que la producción de la prueba, se lleve a cabo dentro de la legalidad que demanda el Código Procesal Penal. Por ello al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. En ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veintiséis de marzo del año dos mil veintiuno, se observa que si bien es cierto motiva y argumenta jurídicamente la razón por la cual confirma la resolución dictada por el A-quo en fecha dieciocho de julio del año dos mil dieciocho, estableciendo también el valor probatorio que a su juicio le merece la prueba testifical aportada por la defensa. También es cierto como lo argumenta el amparista, no motiva y omite dar respuesta al recurrente en cuanto a determinar el valor probatorio de la prueba de cargo, como si lo hace el A-quo que establece “…cabe señalar que bajo el principio de inmediación, que rige este proceso, se pudo observar que el agente policial, se mostro nervioso, tenso y evasivo en su deposición, a criterio de esta juzgadora su declaración es alejada de la verdad.” Por todo ello y en consonancia con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[6], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Es por ello que la Sala Considera que el Tribunal de Alzada debe dar respuesta en ese sentido, pues la argumentación del fallo del Ad-quem no muestra que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de ambas partes, como lo ha dejado establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en motivar debidamente las razones por las cuales les resta valor probatorio a las pruebas aportadas por el Ente Fiscal, todo ello en respuesta a las peticiones de las partes y a lo resuelto en la resolución apelada.-CONSIDERANDO (15): Que siendo carente de motivación la resolución externada por el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución que decreta la Nulidad solicitada y decreta sobreseimiento definitivo en favor del señor ERICK ANTONIO MUÑOZ RAMIREZ, por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBRACION DEL ESTADO DE HONDURAS, en el sentido que no motiva ni da respuesta al Ministerio Público específicamente a establecer el criterio de la Alzada al restarle valor probatorio a la prueba aportada por el ente fiscal, se ha vulnerado en perjuicio de los intereses generales de la sociedad del Estado de Honduras, la garantía genérica del debido proceso, por los argumentos plasmados en los considerandos que preceden y es por ello que la garantía de amparo debe ser otorgada parcialmente, en el sentido de que la Alzada establezca en su resolución bajo los criterios de la sana critica, que valor probatorio le merece la prueba otorgada por el Ministerio Publico.- CONSIDERANDO (16): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, en el sentido de que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio a la resolución proferida por el A-quo en fecha dieciocho de julio del dos mil dieciocho y de los diferentes elementos probatorios evacuados en el proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando al Ministerio público, tal como lo hizo con la parte defensora, de una manera lógica, racional, congruente, clara y precisa el valor probatorio que se le ha dado a la prueba de cargo en su conjunto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 141 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1.- OTORGANDO PARCIALMENTE la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, contra el fallo proferido en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle; 2.- Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo. Y MANDA: Que, con certificación de esta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÌQUESE.- Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES .- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha dos (2) de junio del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0618-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.

[2] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.

[3] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.

[4] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.

[5] Derecho procesal penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Rigoberto Cuellar Cruz y otros. 1ra. Ed. Tegucigalpa (proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras). Litocom, 2004. Pág. 565.

[6] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.