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Sentencia AP-526-22 — Registro 17957

Resumen

Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo, que declaró no ha lugar el recurso de apelación por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (6): Que este Tribunal ha sostenido que: “La nueva norma penal establecía en el Artículo 439 LAVADO DE ACTIVOS. “Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos, explotación de recursos naturales y medioambientales, contrabando o de enriquecimiento ilícito, cometidos por él o por un tercero, o que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia.”, sin embargo, en fecha uno de noviembre del dos mil veintiuno, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021[2], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal para el delito de Lavado de Activos:.” Reforma que elimina el párrafo infine del artículo 439 del Código Penal Vigente, que establecía “…o que no tengan causa o, justificación económica lícita de su procedencia. Por lo tanto, el juez conocedor de la causa está obligado a aplicar en su sentencia lo que más beneficie al imputado, además, también encuentran protección constitucional, en el contenido del artículo 96 de la Constitución de la República donde se regula la aplicación retroactiva de una ley penal más benigna a favor del justiciable, en el siguiente contexto: “La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado “ [3], precepto constitucional vinculado con el párrafo tercero del artículo 1 del Código Penal que establece, “la ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado”; ocupándose más adelante ese mismo código en disponer que, si de acuerdo con dicho código, los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente, dictará sobreseimiento definitivo (artículo 615 párrafo segundo código penal) Se considera en relación al derecho al debido proceso establecido en el artículo 90 párrafo primero, que el mismo ha sido violentado al mantenerse la restricción a la libertad por una conducta que ya no proviene de delito o falta, formalidad que ha dejado de observar la Corte de Apelaciones. En lo referente al principio de legalidad, si bien resulta que el Tribunal de Apelaciones se ha desmarcado de la reforma legislativa que modificó el injusto penal en cuestión, más que un derecho de las partes es ante todo una obligación impuesta al juzgador para conducirse en sus funciones cuya inobservancia puede conducir a violación de derechos de los justiciables como ha acontecido en el caso subjudice, por lo tanto, no se declara la violación de este principio. En lo pertinente a la violación de la garantía de ser oído en un plazo razonable, prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, es necesario recordar los criterios jurisprudenciales que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enfatizando que el plazo razonable debe ser analizado en cada caso en concreto considerando cuatro elementos para garantizar el plazo razonable, a saber: 1) La complejidad del asunto, 2) la actividad procesal del interesado, 3) La conducta de las autoridades judiciales, y 4) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Sobre estos elementos, es notorio para esta sala el caso puede estimarse como un caso complejo y que la conducta de los órganos jurisdiccionales se ha visto alterada por el advenimiento de la pandemia del Covid 19, que incidió notoriamente en la tramitación de todas las causas judiciales, siendo causas totalmente de fuerza mayor, por otra parte, la imputada ha estado sometida a arresto domiciliario que es una medida cautelar menos gravosa que la prisión preventiva, aunado a ello, la cuestión controvertida del proceso se ha generado más bien por un problema de interpretación de la ley generado por la reforma legislativa que por la extensión del proceso en si, por lo tanto, no se considera que se ha quebrantado esta garantía judicial. RIMERO: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Carlos Francisco Herrera Orellana, a favor de la señora Tesla Danessa Ortega Valle, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno.”

Legislación citada

  • Ley contra el delito de lavado de activos, art. 413 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dicen:” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de junio del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Carlos Francisco Herrera Orellana, a favor de la señora Tesla Danessa Ortega Valle, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra la señora Tesla Danessa Ortega Valle por suponerla responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 69, 84, 90, 98 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, los Agentes Fiscales, Abogadas Reynaldo Santiago Alonzo y José Rogelio Corea, presentando ampliación al requerimiento fiscal en contra de los señores Juventino Rosales Mejía, Amelia García, Digna Emérita Rosales García, Hudaldina Guerra Bueso y Tesla Danessa Ortega Valle, a quienes se les supone responsables de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Asociación Ilícita para Lavar Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, y contra Juan Carlos Rosales García por el delito de Almacenamiento Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y por el delito de Facilitación Intencional de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. (Folios 5-11 del antecedente)2) En fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en la celebración de la audiencia AD-HOC (Vía Zoom) TS/JN-1-140-2018, conociendo de la excepción por falta de acción interpuesta por la defensa, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…el Tribunal habiendo hecho la deliberación correspondiente ha quedado evidenciado hay una decisión no unánime respecto a si es o no el momento procesal oportuno para plantear este circunstancia, pero lo que sí es unánime y compartido por los miembros de este Tribunal, es que en efecto esta situación aludida y alegada por las Defensas tienen íntima relación con lo que constituye la aplicación retroactiva de ese decreto 93-2021, a los hechos y figuras por lo cual lo imputada está siendo sometida a proceso penal, y en función de eso reconoce de todos los miembros de este Tribunal que en efecto esto para que pueda ser analizado es meritorio llegar a ese momento de la etapa del Juicio Oral y Público, donde podamos apreciar la teoría de casos que finalmente pueda presentar las partes Acusadoras, quienes en amparo del artículo 320 efectivamente tienen la prerrogativa de poder ampliar, modificar la teoría acusatoria, por otro lado e indicando además de que esto tiene íntima relación con la aplicación retroactiva ya la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de varias sentencias incluyendo la CP-92-2018 cuando trata de este tema de la aplicación retroactiva ha establecido que este es una circunstancia que debe de entrar a dilucidarse una vez que ha llegado el momento del Juicio Oral y Público, y decidir respecto de ello en la fase de sentencia, el criterio unánime es que para poder este Tribunal decidir que en efecto es aplicable que lo que ha solicitado la Defensa es necesario entrar a la Audiencia de Juicio y conocer de las pruebas, verificar el fondo del asunto y sujetándonos a ello, establecer si en efecto es procedente reconocer la falta de aplicación de este tipo penal en este caso concreto, recordemos que no es una situación que se ha derogado completamente sino que han persistido otros verbos rectores y otras circunstancias que también están reguladas en ese artículo de lavado de activos, por lo tanto no es posible de pleno descartar la posibilidad de que las partes Acusadoras se acojan a una teoría acusatoria que vincule a otros de los tipo rectores incluido en ese amplio tipo penal, por lo tanto la decisión unánime de este Tribunal es rechazar el planteamiento expuesto por la Defensa y en función de eso quedan notificadas las partes resolviendo este Tribunal que el proceso debe seguir su curso normal llevándose a cabo la Audiencia de Juicio Oral y Público, en la fecha ya programada, se notifican.” (Folios 121-123 vuelto del antecedente) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Carlos Francisco Herrera Orellana, en su condición de Defensor Privado, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…1.-Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 2.-CONFIRMAR la resolución impugnada.” (Folios 124-126 del expediente del Ad-quem) 4) El recurrente, Abogado Carlos Francisco Herrera Orellana, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor de la señora Tesla Danessa Ortega Valle, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 69, 84, 90, 98 y 321 de la Constitución de la República.5) En fecha trece de marzo de dos mil veintitrés, ésta Sala Constitucional, visto el escrito de formalización presentado por el Abogado Carlos Francisco Herrera Orellana, lo admitió y tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenando continuar con el procedimiento de ley correspondiente, omitiendo dar vista de los antecedentes al fiscal del despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Conforme lo disponen los artículos el artículo 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3) El recurrente al formalizar la acción constitucional de amparo, argumenta que, la garantía constitucional de no ser arrestado o detenido por motivo previamente establecido en la ley o por obligaciones que no provenga de delito o falta, plasmado en los artículos 84 y 98 de la Constitución de la República, han sido violentados por la resolución impugnada en virtud de que la misma no tiene fundamento o motivo para que se declare sin lugar el recurso de apelación y se ordene al Ministerio Público poder ampliar acusación en el juicio oral y público. Sobre la Presunción de inocencia establecida en el artículo 89 constitucional, considera que ese se infringe por el hecho que la Corte de Apelaciones argumenta que el Ministerio Público podrá ampliar la acusación en el juicio oral y público; sostiene que la investigación, requerimiento, audiencia inicial, auto de apertura, proposición de prueba y la formalización en juicio oral fue elaborado bajo la tesis acusatoria del Ministerio Público, de que su representada no tenía causa o justificación económica o lícita procedencia y por ello considera que con el decreto legislativo 91-2021 ha desaparecido ese precepto legal que el ente acusador ha venido manteniendo por cinco años. Al referirse a la violación al Debido Proceso afirma que dentro de este está la regulación a la privación de la libertad que no provenga de un delito o falta, haciendo notar que el legislador al crear la figura de la falta de acción para que se pueda interponer en cualquier momento procesal permite que en casos como el de autos, cuando el precepto penal ha desaparecido, conlleve a dictar un sobreseimiento por no existir los argumentos del acusador. Finalmente termina invocando el derecho y garantía de la Convención Americana sobre Derechos Humanos referente a ser oída en un plazo razonable conforme el artículo 8.1 de dicho instrumento, no sin antes demandar la aplicación del párrafo último del artículo 615 del Código Penal que dispone que si los actos que están siendo juzgados o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. CONSIDERANDO (4): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.[1] CONSIDERANDO (5): El origen de esta acción de amparo, tiene íntima relación, con la excepción de falta de acción promovida por la defensa, fundamentado en que, según su criterio, al entrar en vigencia el decreto legislativo 91-2021, se despenaliza la conducta de la imputada y por lo tanto ello da lugar a la falta de acción cuando no haya debido proseguirse; esta excepción fue desestimada tanto por el Tribunal de Sentencia como por la Corte de Apelaciones quienes son de la opinión que el fiscal puede modificar o ampliar su calificación conforme el artículo 321 del Código Procesal Penal. En ese orden de ideas, la excepción de falta de acción amparada en el artículo 46 numeral dos del Código Procesal Penal, comprende todas las causales impeditivas de la promoción y ejercicio de la acción penal contra la persona natural o jurídica que la haya promovido, (Ver a Claría Olmedo, Jorge, en Derecho Procesal Penal, Tomo II, Editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, Argentina, pag 25.), entre ellas: 1.Cuando se ha promovido la acción penal por una persona, natural o jurídica, que no cuenta con la legitimación objetiva para ello; Como ocurre cuando se ha promovido una acción por delito de carácter público por una persona distinta al Ministerio Público, o, en su caso, a la Procuraduría General de la República, o cuando, a contrario sensu, el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República han presentado una acción por un delito de carácter privado; 2.Cuando el Ministerio Público promueva una acción por delito a instancia particular sin contar con la autorización del ofendido, o habiéndola obtenido, dicha autorización sea revocada antes de la formalización de cargos;3.Cuando la acción penal haya sido dirigida contra una persona mayor de doce y menor de dieciocho años de edad, en un Tribunal distinto al que tiene competencia en materia de Niñez y Adolescencia; o 4.Cuando se ha presentado una acción penal contra una persona de la cual se carezca datos de identidad que permitan su individualización. Dicho esto, esta Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es del criterio que la excepción de falta de acción es de orden procesal en tanto se relaciona con las condiciones de la persona natural o jurídica facultada para activar la persecución penal, no en relación al fondo del objeto del proceso, en ese sentido, se aprecia que tanto el Ministerio Público como la Procuraduría ostentan la aptitud procesal para instar el proceso, por lo que no procedía la excepción de falta de acción invocada por la defensa, por la razón que acá explica esta sala y no por las razones expuestas por los órganos jurisdiccionales de las instancias, sin perjuicio del examen de las imputaciones a efectos de determinar la concurrencia de la existencia del delito imputado, cuyo análisis exigía la entrada en vigencia del decreto 93-2021 y que puede redundar en violación de derechos constitucionales de la imputada y de cuyo estudio se ocupará este Tribunal a continuación.CONSIDERANDO (6): Que este Tribunal ha sostenido que: “La nueva norma penal establecía en el Artículo 439 LAVADO DE ACTIVOS. “Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos, explotación de recursos naturales y medioambientales, contrabando o de enriquecimiento ilícito, cometidos por él o por un tercero, o que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia.”, sin embargo, en fecha uno de noviembre del dos mil veintiuno, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021[2], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal para el delito de Lavado de Activos:.” Reforma que elimina el párrafo infine del artículo 439 del Código Penal Vigente, que establecía “…o que no tengan causa o, justificación económica lícita de su procedencia. Por lo tanto, el juez conocedor de la causa está obligado a aplicar en su sentencia lo que más beneficie al imputado, además, también encuentran protección constitucional, en el contenido del artículo 96 de la Constitución de la República donde se regula la aplicación retroactiva de una ley penal más benigna a favor del justiciable, en el siguiente contexto: “La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado “ [3], precepto constitucional vinculado con el párrafo tercero del artículo 1 del Código Penal que establece, “la ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado”; ocupándose más adelante ese mismo código en disponer que, si de acuerdo con dicho código, los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente, dictará sobreseimiento definitivo (artículo 615 párrafo segundo código penal) CONSIDERANDO (7) Por las razones expuestas en los considerandos anteriores, este Tribunal Constitucional, es de la opinión, que se ha violentado el artículo 96 constitucional, al ignorar el Tribunal de Apelaciones aplicar el beneficio de la retroactividad de la ley penal para beneficiar a la imputada, considerándose por consiguiente la concurrencia de la violación al artículo 69 de la Constitución pues al apartarse el juzgador de un beneficio de la norma para la encartada, la restricción de la libertad no queda amparada con arreglo a la ley; En lo referente al artículo 84 constitucional, se considera que no concurre violación, en virtud de que cuando se dio el arresto, fue emitido el mismo por autoridad competente expedido con las debidas formalidades legales y por motivo que en ese momento estaba previsto en la ley; En lo que respecta al artículo 98 de la Constitución, se considera no es aplicable porque no se trata de obligaciones que estén siendo cuestionadas como préstamos usurarios, o contratos fraudulentos, por consiguiente no se aprecia esa violación; en relación a la presunción de inocencia, se considera violatorio del artículo 89 constitucional, al especular los Juzgadores sobre una posibilidad de ampliación de la acusación del Ministerio Público, pues sin tener las noticias que refiere ese precepto penal se pretende sostener una futura ampliación de la acusación, cuando la conducta que está siendo juzgada ha sido despenalizada. Se considera en relación al derecho al debido proceso establecido en el artículo 90 párrafo primero, que el mismo ha sido violentado al mantenerse la restricción a la libertad por una conducta que ya no proviene de delito o falta, formalidad que ha dejado de observar la Corte de Apelaciones. En lo referente al principio de legalidad, si bien resulta que el Tribunal de Apelaciones se ha desmarcado de la reforma legislativa que modificó el injusto penal en cuestión, más que un derecho de las partes es ante todo una obligación impuesta al juzgador para conducirse en sus funciones cuya inobservancia puede conducir a violación de derechos de los justiciables como ha acontecido en el caso subjudice, por lo tanto, no se declara la violación de este principio. En lo pertinente a la violación de la garantía de ser oído en un plazo razonable, prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, es necesario recordar los criterios jurisprudenciales que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enfatizando que el plazo razonable debe ser analizado en cada caso en concreto considerando cuatro elementos para garantizar el plazo razonable, a saber: 1) La complejidad del asunto, 2) la actividad procesal del interesado, 3) La conducta de las autoridades judiciales, y 4) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Sobre estos elementos, es notorio para esta sala el caso puede estimarse como un caso complejo y que la conducta de los órganos jurisdiccionales se ha visto alterada por el advenimiento de la pandemia del Covid 19, que incidió notoriamente en la tramitación de todas las causas judiciales, siendo causas totalmente de fuerza mayor, por otra parte, la imputada ha estado sometida a arresto domiciliario que es una medida cautelar menos gravosa que la prisión preventiva, aunado a ello, la cuestión controvertida del proceso se ha generado más bien por un problema de interpretación de la ley generado por la reforma legislativa que por la extensión del proceso en si, por lo tanto, no se considera que se ha quebrantado esta garantía judicial.POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 7 inciso 2), 8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9, 14.1.2.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 18, 26, de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 61, 62, 69, 82, 89, 90 párrafo primero, 92, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 Y 1 párrafo cuarto y 615 párrafo segundo del Código Penal. FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Carlos Francisco Herrera Orellana, a favor de la señora Tesla Danessa Ortega Valle, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno. SEGUNDO: La resolución objeto de la acción de amparo, no obliga al peticionario ni le es aplicable por contravenir los derechos a la libertad personal, Presunción de inocencia, a la retroactividad de la ley penal más favorable y debido proceso. TERCERO: No se otorga el amparo en relación a La violación de los artículos 84, 98, 321 de la Constitución de la República y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. CUARTO: La Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, debe dejar sin valor ni efecto la resolución del recurso de apelación pronunciada en fecha nueve de diciembre del año dos mil veintiuno (2021) pronunciando la que en derecho corresponde. Y MANDA: Que se continué el proceso acorde a lo establecido en el cuerpo de esta sentencia a fin de garantizar a las partes el debido proceso y una tutela judicial efectiva. Con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fechas veintidós de junio de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0526-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] A modo de ilustración, lo señalado por la sentencia T-426=92 (FJ 21) de la Corte de Constitucionalidad Colombiana, respecto a que doctrina y la jurisprudencia han diseñado la teoría del núcleo o del contenido esencial de los derechos fundamentales como una garantía constitucional contra su vulneración, acorde al cual: “El núcleo esencial de un derecho fundamental puede definirse como el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”.

[2] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,760 de fecha 1 de noviembre del año dos mil veintiuno y vigente según el artículo 11 al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario oficial “La Gaceta”.

[3] Sentencia de diecinueve de enero de dos mil veintitrés en recurso de amparo 0442-2022.