Sentencia AP-518-22 — Registro 16819
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró con lugar el recurso de Apelación y revocó el auto de formal procesamiento con relación a la causa por el delito de trafico de drogas en perjuicio de la población del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)
Sentencia
C E R T I F I C A C I Ó N El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, Fiscal del Ministerio Público a favor la sociedad hondureña, contra la resolución dictada por la Corte Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), que declaró CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto, y revocó el auto de formal procesamiento de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, con relación a la causa instruida contra los señores José Rolando Lanza Banegas, Keinor Samael García, Emerson Hovet Euceda Hernández, Heynor Ramos Tabora y Florida Azucena García Medina, por suponerla responsable del delito de TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 321 Y 323 de de A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, el Abogado Guillermo Seaman Padilla, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando requerimiento fiscal, contra los señores Joaquín Meléndez Bonilla, Keinor Samuel Martínez García, Emerson Hovet Euceda Hernández, Heynor Ramos Tabora Y Florinda Azucena García Medina, a quienes se les supone responsables de la Comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 01 al 07 de la pieza del Juzgado). 2) Que en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, RESUELVE: 1).- Decretar Auto de Formal Procesamiento contra JOSE ROLANDO LANZA BANEGAS, KEINOR SAMUEL MARTINEZ GARCIA, EMERSON HOVET EUCEDA HERNANDEZ, HEYNOR RAMOS TABORA Y FLORINDA AZUCENA GARCIA MEDINA, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Se les impone a los imputados JOSE ROLANDO LANZA BANEGAS KEINOR SAMUEL MARTINEZ GARCIA, EMERSON HOVET EUCEDA HERNANDEZ, HEYNOR RAMOS TABORA y FLORINDA AZUCENA GARCIA MEDINA, la medida cautelar contentiva en el artículo 173 numeral 3 del Código procesal Penal consistente en la prisión preventiva por el presupuesto legitimador del peligro de fuga de los acusados posible obstrucción en la investigación, falta de arraigo suficiente de los imputados…(Folios 26 al 44 de la pieza del Juzgado). 3) Que conociendo del Recurso de Apelación presentado contra la resolución relacionada en el numeral anterior, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince (15) de noviembre del dos mil veintiuno (2021), emitió resolución en la cual: RESUELVE: “1.- Declarando HA LUGAR el recurso interpuesto. - 2. REVOCAR EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO DE TRAFICO DE DROGAS. - (Folio 118 AL 124 de de Corte de Apelaciones) 4) La recurrente Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veintidós (2022), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha quince (15) de noviembre del dos mil veintiuno (2021), es violatoria de lo dispuesto en el artículo artículos 90, 321 Y 323 de de 5) Que en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que, del estudio de las diligencias, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil veinte, cuando el Abogado GUILLERMO SEAMAN PADILLA, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, presentando requerimiento fiscal, contra los señores JOAQUIN MELENDEZ BONILLA, KEINOR SAMUEL MARTINEZ GARCIA, EMERSON HOVET EUCEDA HERNANDEZ, HEYNOR RAMOS TABORA y FLORINDA AZUCENA GARCIA MEDINA, por suponérseles responsables de la Comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (3): Que siguiendo el decurso del proceso, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil veinte, decretó Auto de Formal Procesamiento contra José Rolando Lanza Banegas, Keinor Samuel Martínez García, Emerson Hovet Euceda Hernández, Heynor Ramos Tabora Y Florinda Azucena García Medina, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- A los imputados se les impuso la medida cautelar contentiva en el numeral 3 del artículo 173 del Código Procesal Penal consistente en la prisión preventiva por el presupuesto legitimador del peligro de fuga de los acusados posible obstrucción en la investigación, falta de arraigo suficiente de los imputados. Esta decisión fue recurrida en apelación, a lo que la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de noviembre del dos mil veintiuno, emitió resolución revocando el auto de formal procesamiento de tráfico de drogas. CONSIDERANDO (4): La Corte de Apelaciones recurrida, enumera y valora en el numeral uno del acápite “MOTIVACIÓN” de su sentencia, once medios de prueba propuestos por el Ministerio Público y diecinueve medios de prueba aportados por la defensa de los imputados, exponiendo la valoración dada a cada uno de ellos y motiva las razones que llevó a ese tribunal colegiado a revocar el auto de formal procesamiento y se lee: (SIC) “… En el presente caso, se presenta requerimiento fiscal por tráfico de drogas contra varios imputados; con fundamento en una denuncia anónima, se hace una vigilancia, y se allana la propiedad; pero en el allanamiento no se encuentra droga, ya que la cantidad decomisada según dictamen de Laboratorio Forense es de 0.89 y de 4.02 gramos de crak, siendo esta última para el consumo personal; el testigo señor Héctor Luis López Velásquez hace relación de que, por la forma de la casa, por el punto de vigilancia que tiene, es un lugar de venta de drogas, pero esos elementos no producen indicio racional que efectivamente el lugar sea un centro para la venta de droga; y no se ha determinado que los imputados estuvieran cometiendo el delito de tráfico de drogas. Lo encontrado en el allanamiento de la casa, a la cual ingresaron por la vivienda colindante y donde encontraron a los ahora imputados, y lo relatado por el Detective en su declaración no producen el indicio racional de que los ahora imputados, estuvieran realizando tráfico de drogas; la misma declaración indica que algunas personas no pudieron ser detenidas, y que la duda de si esas personas eran los que habían vito en la vigilancia…”. CONSIDERANDO (5): Que no conforme con la respuesta jurisdiccional, el Ministerio Público interpuso recurso de amparo en fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, contra la resolución que revocó el auto de formal procesamiento, dictada por la Corte Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, el quince de noviembre del dos mil veintiuno, auto de formal procesamiento, dictado en veintitrés de septiembre del año dos mil veinte, por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. En la demanda de amparo interpuesta la recurrente en su escrito de interposición y formalización del recurso de amparo, enuncia como garantías fundamentales violadas las contenidas en los artículos 84 párrafo primero, 89, 90 párrafo primero y 92 de de CONSIDERANDO (6): Que, al analizar el supuesto conflicto jurídico expuesto por la recurrente, se debe manifestar que el mismo radica en que a juicio del Ministerio Público, correspondería a de lo Constitucional, decidir sobre si los medios de pruebas aportados en la audiencia inicial son pertinentes, útiles y proporcionados en relación con el resultado que se pretende conseguir, cual es la ratificación del auto de formal procesamiento. Sin embargo, después de una revisión de los antecedentes y un exhaustivo análisis de las posiciones jurídicas de ambas instancias, esta Sala de lo Constitucional señala que la resolución recurrida tomó como basamento jurídico lo que establece el Código Procesal Penal en el Titulo VII DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, específicamente en lo dispuesto en el artículo 198 que establece: “La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código.” Al respecto el párrafo tercero del artículo 294 de la ley procesal penal señala: “La parte que pretenda producir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes.” (lo remarcado es nuestro). Consta en la sentencia que la Corte de Apelaciones, entró a valorar la prueba aportada por ambas partes, y ha fundado su conclusión en el análisis de toda la prueba en su conjunto, señalando que ha quedado probado que en efecto, la notitia criminis comienza con una denuncia anónima, en base a la cual se monta una vigilancia, se decide realizar un allanamiento a la propiedad denunciada como el lugar donde supuestamente se trafica con droga; no obstante, como resultado del medio de prueba allanamiento, no encuentran una cantidad importante de droga, ya que la cantidad decomisada según dictamen de Laboratorio Forense es de 0.89 y de 4.02 gramos de crak, constituyendo una cantidad mínima de las estipulada en el artículo 321 del Código Penal, que requiere 200 gramos de droga sintética, como el crak, para ser considerada una cantidad de especial importancia; no obstante esta cantidad es considerada para consumo personal, y no para constituir un acto que favorezca o facilite el consumo personal de droga, es decir que se debió encontrar varias cantidades individuales que lleve a concluir que se requiere para compra y venta. CONSIDERANDO (7): Que, la Corte de apelaciones analiza en su sentencia, que se evacuó el medio de prueba testifical, y en la declaración del testigo señor Héctor Luis López Velásquez, éste declara que, por la forma de la casa y por el punto de vigilancia que tiene, es un lugar para venta de drogas, sin embargo no declara que como producto de la vigilancia, vieron que hubo varias visitas de personas realizando diferentes transacciones de compraventa de droga, por lo que señala la alzada, que analizados en su conjunto esos medios de prueba evacuados, no producen a su juicio, indicio racional que efectivamente ese lugar sea un centro para la venta de droga. Por otro lado, es menester mencionar que aduce el Tribunal, que la misma declaración brindada por el Detective indica que algunas personas no pudieron ser detenidas, y que queda la duda de si esas personas eran los que habían visto en la vigilancia, por lo que no se determinó que los imputados estuvieran realizando actos para favorecer o facilitar el tráfico de drogas, como lo establece el artículo 311 del Código Penal. Es así que se observa que la revocatoria del auto de formal procesamiento determinada por la Corte de Apelaciones en su sentencia, es producto de un análisis de los medios de prueba que lo llevaron a determinar la inexistencia del mínimo indicio para sostener un auto de formal procesamiento, lo que trae como resultado el respeto a lo establecido en el artículo 199 del Código Procesal Penal, referido a la libertad probatoria, es decir que los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso pueden ser demostrados con cualquier elemento de prueba siempre y cuando no sean prohibidas o ilícitas, esta disposición legal se aplica en relación con lo dispuesto en el artículo 198 del Código Penal que manda a buscar el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código. CONSIDERANDO(8): Que tomando en cuenta que al existir una duda razonable sobre si los imputados son las mismas personas que vieron mientras se montada vigilancia, no se puede estimar probado el mínimo indicio de la participación de los imputados en la supuesta comisión del delito, por lo que la resolución impugnada es garante del principio de legalidad establecido en el artículo 304 y 323 de la Constitución de la República, asimismo respetuosa del derecho a la defensa y la garantía genérica del debido proceso, siendo procedente la denegatoria del amparo interpuesto. POR TANTO: de lo Constitucional de de Justicia, como intérprete último y definitivo de de , por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 93, 183, 233, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de de , 1, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56 y 63 de Justicia Constitucional, 198, 199, del Código Procesal Penal, 311 párrafo tercero, 321 y 323 del Código Penal; FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por la Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, Fiscal del Ministerio Público a favor la sociedad hondureña, contra la resolución dictada por la Corte Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de noviembre del año dos mil veintiuno, que revocó el auto de formal procesamiento dictado en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil veinte, por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, contra los señores José Rolando Lanza Banegas, Keinor Samael García, Emerson Hovet Euceda Hernández, Heynor Ramos Tabora y Florida Azucena García Medina, por suponerlos responsables del delito de TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.-. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo - NOTIFIQUESE. - FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-518-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL