Sentencia AP-516-23 — Registro 17742
Resumen
Inadmisibilidad de medio de prueba propuesto por recurrente, consistente en la pericia sobre la extracción física de información realizada a los aparatos telefónicos decomisados a los acusados, en relación a la causa instruida contra imputados, por suponerlos responsables del delito de EXTORSION en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO ,PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio del ORDEN PÚBLICO, considerando la Sala Constitucional que resolución impugnada es violatoria del derecho de defensa y debido proceso, pues es una resolución carente de motivación y fundamentación jurídica, porque el a-quo devenía obligado a resolver sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba, atendiendo los parámetros legalmente establecidos en el artículo 199 del Código Procesal Penal ya referido, y no a realizar juicios de valor sobre la prueba propuesta, previo a su evacuación, como así lo hizo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
derechos y garantías que la Ley establece…”.CONSIDERANDO (7): En relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (8): Que del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, al otorgar la acción de amparo promovida, órgano jurisdiccional que ha inobservado el debido proceso, pues el debido proceso supone el respeto en forma absoluta de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 141 del Código Procesal Penal, que se refiere a la motivación de la resoluciones judiciales, precepto que en su párrafo segundo y tercero establecen: “Los autos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido”; En ese orden de ideas el artículo 198 relacionado a la finalidad de los medios de prueba, reza: “La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código.”. Así el artículo 199 relacionado a los medios de prueba permitidos, en el párrafo tercero dispone: “Los medios de prueba serán admitidos solo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir.”. De la lectura armónica de los preceptos señalados, es claro que la motivación de los actos procesales es de carácter obligatorio. Por ello esta Sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la Alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo es violatoria del derecho de defensa y debido proceso, pues es una resolución carente de motivación y fundamentación jurídica, ello porque el a-quo devenía obligado a resolver sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba, atendiendo los parámetros legalmente establecidos en el artículo 199 del Código Procesal Penal ya referido, y no a realizar juicios de valor sobre la prueba propuesta, previo a su evacuación, como así lo hizo. CONSIDERANDO (9): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 198 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 199 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de septiembre de dos mil veintitrés. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, que se otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada VERONICA LETICIA ALVARENGA BERTRAND, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, en relación a la causa instruida contra los señores FREDY ANDONY GARCIA, MARCO TULIO ORDOÑEZ Y JENIFER BANEGAS ARGUETA, por suponerlos responsables del delito de EXTORSION en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO CD356, y contra el señor FREDY ANDONY ANDINO GARCIA, por suponerlo responsable del delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio del ORDEN PÚBLICO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete de marzo de dos mil veintitrés compareció ante la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión la Abogada VERONICA LETICIA ALVARENGA BERTRAND, en su condición de Fiscal Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO) del Ministerio Público, contra la resolución de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión. (Folios 01 al 04 de los antecedentes)2) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó su sentencia en fecha veinte (20) abril de dos mil veintitrés, mediante la cual falló: “PRIMERO: OTORGAR el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada VERÓNICA LETICIA ALVARENGA BERTRAND, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa que se instruye contra los señores FREDY ANDONY ANDINO GARCIA, MARCO TULIO ORDOÑEZ y JENIFER BANEGAS ARGUETA, por suponerlos responsables del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CD356, y contra el señor FREDY ANDONY ANDINO GARCIA, por suponerlo responsable del delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio del ORDEN PÚBLICO; la cual se ventila en el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán. SEGUNDO: ORDENAR al Tribunal de Sentencia que tenga por admitido el siguiente medio de prueba propuesto por el Ministerio Público, consistente en la pericia sobre la extracción física de información realizada a los aparatos telefónicos decomisados a los acusados. …” (Folios 28 al 32 de la pieza de antecedentes)3) Que en fecha veintiséis (26) de abril de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Penal venido en consulta, conocida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, interpuesta por el MINISTERIO PUBLICO a través del agente de tribunales VERONICA LETICIA ALVARENGA BERTRAND, actuando en representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, contra las actuaciones realizadas por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, en fecha cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, que inadmite prueba propuesta por el ente fiscal, en el Requerimiento Fiscal presentado en contra de los señores FREDY ANDONY ANDINO GARCIA, MARCO TULIO ORDOÑEZ Y JENIFER BANEGAS BAUTISTA, por suponerlos responsables del delito de EXTORSION en perjuicio del testigo protegido CD 356, y contra el señor FREDY ANDONY ANDINO GARCIA, por suponerlo responsable del delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la Acción de Amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, en fecha cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, que inadmite prueba propuesta por el ente fiscal, en el Requerimiento Fiscal presentado en contra de los señores FREDY ANDONY ANDINO GARCIA, MARCO TULIO ORDOÑEZ Y JENIFER BANEGAS BAUTISTA, por suponerlos responsables del delito de EXTORSION en perjuicio del testigo protegido CD 356, y contra el señor FREDY ANDONY ANDINO GARCIA, por suponerlo responsable del delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, argumentando dicho Tribunal, (SIC) “El Tribunal después de haber deliberado y por unanimidad resuelve, Inadmitir el medio de prueba PERICIAL: 1.- INFORME DE EXTRACCIÓN FISICA A LOS APARATOS TELEFONICOS DECOMISADOS, ratificada por ANTHONY LICONA, folios 55-62, dicha pericia lo que contiene es información relacionada con la pandilla 18 y una aplicación donde se intercambiaban información las patrullas policiales que ingresaban a la zona, lo que es irrelevante para este tribunal ya que no presenta proporcionalidad, ni utilidad ya que el Ministerio Publico no esta acusando por un delito de asociación para delinquir, diferente fuera que dicha pericia acreditara que existe o existió cruce de llamadas entre el testigo protegido y alguno de los encausados.”. Arguye el pedidor que se vulnera el derecho de defensa y debido proceso consignados en la Constitución de la República en los artículos 82 y 90, en relación con los artículos 192, 198 y 199 del Código Procesal Penal y que la no admisión de esta pericia de extracción telefónica coarta la libertad probatoria que establecen los artículos 198 y 199 y vulneran los derechos de tutela judicial efectiva y debido proceso, pues obvia el Ad-quem, su deber formal de brindar una respuesta efectiva y concreta a los planteamientos del Ministerio Público, ya que la resolución del Tribunal de Sentencia carece de motivación suficiente y soporte jurídico al no justificar en base a ley las razones fácticas y jurídicas de su determinación de inadmitir dicho medio de prueba. CONSIDERANDO (3): Continúa argumentando el pedidor que, la infracción constitucional se produjo cuando el Tribunal antes señalado denegó la admisión de dicho medio de prueba, dejando indefenso al Ministerio Público y coarta la libertad probatoria y procesal como ente acusador, pues el medio de prueba denegado guarda relación directa con el objeto de la investigación, no es desproporcional ni excesivo en relación al resultado que se pretende conseguir para el esclarecimiento de los hechos y que declararse la inadmisibilidad del medio de prueba supra mencionado, mediante una resolución no apegada a derecho y carente de sustento, se produce vulneración al derecho de defensa, manifestado en el derecho a la aportación de prueba que le asiste a las partes, ya que el ente acusador se ha visto limitado en su justo derecho de aportar prueba, lo cual también vulnera el debido proceso, por la inobservancia de los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso. CONSIDERANDO (4): Que el acto que se conoce en consulta es la Resolución de fecha veinte de abril del año dos mil veintitrés, proferida por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, mediante la cual Falla: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada VERONICA LETICIA ALVARENGA BERTRAND, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, y ORDENA al Tribunal de Sentencia que tenga por admitido el medio de prueba propuesto por el Ministerio Público, consistente en la pericia sobre extracción física de información realizada a los aparatos telefónicos decomisados a los acusados, al estimar el Ad-Quem que el artículo 139 del Código Procesal Penal, impone la obligación de motivar las resoluciones, de forma suficiente, es decir, no cualquier motivación, sino una adecuada al thema decidendi y fundada en razón, entre otras, de la admisión o denegación de cualquier medio de prueba; y por su parte el artículo 141 del Código Procesal Penal, en su tercer párrafo, señala con precisión que la motivación expresará los hechos y fundamentos de derecho en que se basa la resolución, es decir, que la motivación debe realizarse atendiendo parámetros legales. Concatenado con lo anterior, el artículo 199, establece la libertad probatoria y señala claramente que las razones por las que se puede admitir la prueba que las partes propongan, están referidas a la pertinencia, utilidad, proporcionalidad, licitud y confiabilidad objetiva. De allí, que la motivación sobre la admisión o rechazo de un medio de prueba debe estar referido exclusivamente, al juicio de admisibilidad de la prueba y no valoraciones previas sobre su contenido. Argumenta el Ad-quem que, en el caso en comento, se puede observar que el Tribunal de Sentencia hizo un análisis que supera cuestiones estrictamente jurídicas en relación con la admisión de la prueba y que, al contrario, involucró un examen sobre el contenido de la prueba y lo valoró previo a su admisión. Además, no acogió la relación existente entre la prueba propuesta y el hecho acusado, que es precisamente la pretensión probatoria del Ministerio Público, ya que las personas que llegaron a exigir la entrega de dinero, se identificaron como miembros de una organización criminal denominada pandilla 18 y es esa relación con dicha organización lo que el Ministerio Público ha pretendido probar. Así la prueba sobre el delito de Extorsión no se limita a acreditar la existencia de las exigencias extorsivas, sino también que debe acreditarse el contexto en que se realiza esa exigencia, esto en el modus operandi que también puede estar relacionado con el actuar de organizaciones criminales como la pandilla 18. Continúa argumentando el Ad-quem que el Tribunal de Sentencia va mas allá de un análisis sobre la relación entre el medio de prueba y el hecho acusado, por cuanto estableció que el Ministerio Público no ha presentado una acusación por el delito de Asociación para delinquir , obviando la pretensión probatoria del ente fiscal y conculcando su derecho a presentar prueba, ya que el delito de extorsión contempla, entre sus elementos objetivos, la existencia de amenazas o intimidación y que la identificación de unas personas como miembros de una organización criminal, puede ser suficientemente intimidatorio para lograr menoscabar el ánimo de la victima y así lograr su objetivo de obtener de ella, el dinero pretendido; además de que, como se dijo, puede contextualizar el modus operandi y la situación de riesgo que sufre la víctima. De esta manera se observa que, el rechazo indebido de un medio de prueba afecta el principio de debido proceso y de tutela judicial efectiva a la que tiene derecho la víctima, ya que se coarta al Ministerio Público la posibilidad de acreditar su pretensión probatoria, debido a una motivación inadecuada y que no ha atendido los parámetros de admisibilidad de la prueba, en tal virtud fue indebidamente inadmitida, por ende además de una vulneración al debido proceso, también existe vulneración al derecho de defensa en tal rechazo, en relación al derecho a la Tutela Judicial Efectiva. CONSIDERANDO (5): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del derecho de defensa y debido proceso, los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señalan, en el orden, el primero: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; el segundo, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”.CONSIDERANDO (7): En relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (8): Que del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, al otorgar la acción de amparo promovida, órgano jurisdiccional que ha inobservado el debido proceso, pues el debido proceso supone el respeto en forma absoluta de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 141 del Código Procesal Penal, que se refiere a la motivación de la resoluciones judiciales, precepto que en su párrafo segundo y tercero establecen: “Los autos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido”; En ese orden de ideas el artículo 198 relacionado a la finalidad de los medios de prueba, reza: “La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código.”. Así el artículo 199 relacionado a los medios de prueba permitidos, en el párrafo tercero dispone: “Los medios de prueba serán admitidos solo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir.”. De la lectura armónica de los preceptos señalados, es claro que la motivación de los actos procesales es de carácter obligatorio. Por ello esta Sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la Alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo es violatoria del derecho de defensa y debido proceso, pues es una resolución carente de motivación y fundamentación jurídica, ello porque el a-quo devenía obligado a resolver sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba, atendiendo los parámetros legalmente establecidos en el artículo 199 del Código Procesal Penal ya referido, y no a realizar juicios de valor sobre la prueba propuesta, previo a su evacuación, como así lo hizo. CONSIDERANDO (9): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 139, 141 y 317 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha veinte de abril del año dos mil veintitrés. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de enero de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0516-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.