Sentencia AP-488-22 — Registro 16818
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que declaró no ha lugar los recursos de apelación con relación a los delitos de tráfico ilícito de personas, tráfico ilícito de personas en concurso continuado, tráfico de personas agravado, asociación para delinquir, lavado de activos en perjuicio de la libertad y seguridad de varias personas de nacionalidad cubana, nicaragüenses y hondureños, del ejercicio de los derechos fundamentales y la seguridad social del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (11): Que, vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones ya referida, al considerar que, al encontrarse la audiencia inicial comprendida en la etapa preparatoria del proceso penal, únicamente se necesitaban indicios racionales que llevaran al juez a la convicción de la participación de la persona en el hecho ilícito, situación que aconteció en el presente caso. Asimismo, no podemos hablar de una calificación indebida en cuanto al delito de asociación para delinquir como lo establece el recurrente, puesto que ya el artículo 554 del Código Penal establece que son asociaciones ilícitas las constituidas, sea de modo permanente o transitorio, por dos o más personas con la finalidad de la misma es cometer ilícitos penales. Tampoco es de recibo para esta Sala considerar lo expuesto por el recurrente en cuanto a que se le está empleando el mismo hecho dos veces para agravar la pena; ya que quedó establecida cual es la finalidad del delito de asociación para delinquir; no siendo la misma que la del delito de tráfico ilícito de personas, ya que este tiene por finalidad obtener, directa o indirectamente, un aprovechamiento económico u otro beneficio de orden material, promueve, favorece o facilita el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a Honduras o a otro país; incrementando la pena cuando sea cometido por un funcionario o empelado público como ha acontecido en el caso de mérito. Vemos entonces que nos encontramos frente a dos conductas independientes que configuran dos ilícitos penales tal como lo dejó evidenciado tanto el A-Quo como el Ad-Quem; por tanto, no podría subsumirse el delito de asociación para delinquir en el delito de tráfico ilícito de personas tal como lo pretende el hoy recurrente. En consecuencia, por las razones expuestas, esta Sala estima procedente denegar la presente acción de amparo intentada. CONSIDERANDO (12): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento del recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, el haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 555 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I O N
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de mayo del dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Ricardo Gerónimo Ticas Lazo, a favor de la señora Diandra Mariel Andrade Zelaya, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró no ha lugar los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fechas dos y siete de diciembre de dos mil veinte, respectivamente, con relación a la causa instruida contra los señores Jose Antonio Marcia Estrada, Kendry Ronidey Pastrana Estrada, Elmer Yamil García López, Gustavo Adolfo Cárdenas Sagastizado, Roger Eduardo Palma Perez, Jimmy Josue Rogel Hernández, Diandra Mariel Andrade Zelaya, Luis Fernando Velásquez Sagastizado y Jose Jonathan Santos Hernández, Edwin Elixcenover Euceda Barahona, Elder Mauricio Peña Lara, Oscar Armando Andrade Espinal, Juan Leonardo Romero García, por suponerlos responsables de los delitos de Tráfico Ilícito de Personas, Tráfico Ilícito de Personas en Concurso Continuado, Tráfico de Personas Agravado, Asociación Para Delinquir, Lavado de Activos en Perjuicio de la Libertad y Seguridad de Varias Personas de nacionalidad Cubana, Nicaragüenses y Hondureños, del Ejercicio de los Derechos Fundamentales y la Seguridad Social del Estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representados, el derecho consagrado en el artículo de 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha doce de noviembre de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, el Agente Fiscal, Abogada Tania Lizbeth López Nieto, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Kendry Ronidey Pastrana Estrada, Gustavo Adolfo Cárdenas Sagastizado, Luis Fernando Velásquez Sagastizado y José Jonathan Santos Hernández, Ana Julia Aguilar Huete, Bezaida Nayendi Espinal Ávila, Daysi Rubeia Dávila Huete, Uniza del Carmen Aguilar Hutee, María Nicolasa Almendarez Pereira, Karinne Yamibell Sánchez, Rosa Fidelina Ordoñez Martínez y Ada del Rosario Peralta Mercado, por suponerlos responsables de los delitos de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, en contra de Gustavo Adolfo Cárdenas Sagastizado, Luis Fernando Velásquez Sagastizado, José Jonathan Santos Fernández, Elmer Yamil García López, José Antonio Marcia Estrada, Kendry Ronidey Pastrana Estrada, Oscar Armando Andrade Espinal, Edgar Alejandro De León Castellanos, Carlos Alberto Cruz Martínez, Antonio Guardado López, Roger Eduardo Palma Pérez, Heber Maday Guardado Cabrera, Edwin Omar Lara Rosales, Exequiel Cartagena Cartagena, Cristian David García Matamoros, Carlos Alberto Flores Caminos, Juan Alberto Morazán Suarez, Samy Joel Reyes, Wilfredo Cruz Lara, María Nicolasa Almendarez Pereira, Karinne Yamibell Sánchez, Ana Julia Aguilar Huete, Bezaida Nayendi Espinal Ávila, Daysi Rubenia Dávila Huete, Rosa Fidelina Ordoñez Martínez, Uniza Del Carmen Aguilar Huete, Ada del Rosario Peralta Mercado, Edwin Elixcenover Euceda Barahona, Federico Leonardo Logan López, Cesar Rolando Reyes Rivera, Ronal Alexander Rodríguez Fuentes, Juan Guillermo Ocampo Lara, Arnold Iván Martínez Velásquez, Juan Leonardo Romero García, Belisario Guardado Diaz, Mirian Herrera Gonzales, Isaac Pineda Muñoz, Carlos Alfredo Carranza Cruz, Alejandro José Rivas Araus, Hugo Ramón Posas Andino, Diandra Mariel Andrade Zelaya, Juan Carlos Samayoa Ruiz, Elder Mauricio Peña Lara, Jimmy Josué Rogel Hernández, Oscar Javier Posadas Castillo, Héctor David Soriano Pérez, por los delitos de Tráfico Ilícito de Personas y Asociación para Delinquir en perjuicio de los ciudadanos de nacionalidad cubana: Alexis Ortega Leal, Alexis Leal Díaz, David Arguelles Campbell, Yardelis Esquivel Basulto, Lissette Tellez Acosta, Oraima Benítez Ramos, Omar Llorento Sotomayor, Jorge Noblet Rojas, Noel Ordóñez Sarmientos, Yailet Pérez Gutiérrez, Pavel Pérez Rivera, Sadiel Francisco Bajos Fernández, Jiosvany Pérez Rivera, Maelis Acosta Domínguez, Mascier Pérez López, Massiel Lee Quevedo, Arturo Hernández García, Ángel Navarrete Piloto, Duniel Martínez Arquez, Celeny Martínez Borrego, Norley Navarrete Ayala, Yamiuska Rodríguez de la Paz, Diamela Carralero Almaguer, Yordanys Suarez Olivera, Lianny Rodríguez Arias, Adonys Acosta Sánchez, Adrián Gerardo González, Ilianis Marladet Almarsles. De los ciudadanos de Nacionalidad Nicaragüense: Lesther Jirón Castro, Fernando Stuar, Yeison Francisco Canales Morales, Gersan Yeral Umanzor, y de los ciudadanos Hondureños: Elvin Abel Rodríguez Rodas, Seydi Emilia Rodríguez Matamoros, Elvin José Rodríguez Ríos, Marvin Rodríguez Sarmientos, Arnaldo Espinoza Caballero, Franklin Evelio Ortez Figueroa, Wendy Karina Borjas Andino, Lester Ismael Canales Izaguirre, Amada Gómez Ayala, Luis Miguel Orellana Brizuela, Fredis Edgardo Anduray Hernández, Brayan Yhoel Calderón, Luis Ángel Cruz Fuentes, Escarlen Yasmin Castellanos Castellanos, Jefry David López Espinoza, Axel Jassir Orellana Amaya, Carlos Roberto Domínguez López, Alisson Daniela Vílchez Posadas, Antoni Josué Cruz Vílchez, Michell Alejandra Zuniga Euceda, Julio Cesar Méndez Ávila, Litzy Daniela Turcios, Dennis Alexander Cruz Flores, Nelson Bonerge Corrales Canales, Lizbeth Oneyda Campos Moran, Santos Matías Lorenzo Pérez, Gustavo Emilio Solórzano Merlo, Estanly Menjívar Martínez, Yúnior Elic Rivera Ramírez, Cesar Donaldo Mejía Sánchez, Robel Ramón Medranc Hernández, Mayra Gertrudis Moreno, Tania Mineli Ochoa Carranza, Iker Andriy Cerrato Ochoa, Luci Teresa Cáceres Ochoa, Elian Aldahir Lagos Cáceres, Nohad Darek Mejía Cáceres, Lucy Solangel Mejía Cáceres, Wilton Rudery Mondragón Izaguirre, Rommel Anderson Amador Ordoñez y del Ejercicio de Derechos Fundamentales. (Folios 1-25 del tomo I de los antecedentes).2) El Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en la celebración de la audiencia inicial de manera virtual mediante la aplicación zoom, iniciada en fecha uno y finalizada en fecha dos de diciembre de dos mil veinte, dictó sentencia mediante la cual fallo: “…1.) SE DECLARA SIN LUGAR, LA NULIDAD PLANTEADA POR LA DEFENSA PRIVDADA DE DEL IMPUTADO ELMER YAMIL GARCIA LOPEZ, la Defensa Privada ha planteado la nulidad en el artículo 166 numerales 5 del Código Procesal Penal, 166 numeral 5. Con infracción de las normas esenciales de procedimiento establecidas por éste Código, que impida que el acto logre la finalidad que persigue la norma correspondiente, aduciendo que de acuerdo al requerimiento presentado por el Ministerio Público se señala en la solicitud, autorización para realizar allanamientos de morada registros y detenciones de personas, en el numeral objetivo 4 de este describe el lugar en el que se debe de realizar el allanamiento, una casa de habitación ubicada en Barrio Brisas del Corcovado, de la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle, en la cual reside Elmer Yamil López García, igualmente en el acta de aceptación de Juez Ejecutor, donde se nombra al Señor Sabel Antonio García Salinas, con numero de identidad 0706-1996-00081, manifiestan el objetivo y hacen la descripción de la casa bajo las coordenadas 13.527860-87502 2226, aduce la Defensa que la dirección del allanamiento, no corresponde al lugar donde vive Elmer Yamil López García, de acuerdo al Departamento de Catastro, de la ciudad de Nacaome Departamento de Valle, por lo cual el allanamiento es ilegal y por consiguiente la detención, haciéndose valer de los medios de prueba consistentes en constancia del Jefe de Departamento de Catastro del Municipio de Nacaome, Departamento de Valle, donde se establece que la dirección corresponde a Barrio Brisas del Sur de la ciudad de Nacaome, con clave catastral, 136031 y las coordenadas geo referenciales XOX-0446-235 y 14956.52, según consta en los archivos, constancia de vecindad que establece que Elmer Yamil García López, reside en el Barrio Brisas del Sur, certificación de actas de nacimiento del señor Elmer García Ávila, padre de Elmer Yamil García López, dicho inmueble pertenece a Lucy García y Neri Ávila abuelos paternos Elmer Yamil García López, y quiénes son los propietarios de este bien, SE DECLARA SIN LUGAR, ya que al revisar las diligencias de allanamiento autorizadas por este Juzgado, de acuerdo a la prueba presentada por la Defensa quien manifiesta que la dirección no corresponde a la de su defendido, pero la dirección se puede constatar con la diligencia Policial donde se ubica la casa de habitación y donde se le dio detención al ahora imputado, este es un medio de prueba que se corrobora con el otro medio de prueba, Concluyendo que no se ha infringido ningún precepto establecido en la Constitución y las leyes..- 2) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO CONTRA: I) GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS SAGASTIZADO, LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ SAGASTIZADO, JOSÉ JONATHAN SANTOS HERNÁNDEZ, ELMER YAMIL GARCÍA LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO MARCIA ESTRADA, KENDRY RONIDEY PASTRANA ESTRADA, OSCAR ARMANDO ANDRADE ESPINAL, CARLOS ALBERTO CRUZ MARTÍNEZ, ROGER EDUARDO PALMA PÉREZ, ELDER MAURICIO PEÑA LARA Y JIMMY JOSUÉ ROGEL HERNÁNDEZ, por el delito de TRAFICO ILICITO DE PERSONAS EN CONCURSO CONTINUADO, en perjuicio de los ciudadanos de nacionalidad cubana: ALEXIS ORTEGA LEAL, ALEXIS LEAL DÍAZ, DAVID ARGUELLES CAMPBELL, YARDELIS ESQUIVEL BASULTO, LISSETTE TELLEZ ACOSTA, ORAIMA BENÍTEZ RAMOS, OMAR LLORENTO SOTOMAYOR, JORGE NOBLET ROJAS, NOEL ORDUÑEZ SARMIENTOS, YAILET PÉREZ GUTIÉRREZ, PAVEL PÉREZ RIVERA, SADIEL FRANCISCO BAJOS FERNÁNDEZ, JIOSVANY PÉREZ RIVERA, MAELIS ACOSTA DOMÍNGUEZ, MASCIER PÉREZ LÓPEZ, MASSIEL LEE QUEVEDO, ARTURO HERNÁNDEZ GARCÍA, ÁNGEL NAVARRETE PILOTO, DUNIEL MARTÍNEZ ARQUEZ, CELENY MARTÍNEZ BORREGO, NORLEY NAVARRETE AYALA, YAMIUSKA RODRÍGUEZ DE LA PAZ, DIAMELA CARRALERO ALMAGUER, YORDANYS SUAREZ OLIVERA, LIANNY RODRÍGUEZ ARIAS, ADONYS ACOSTA SÁNCHEZ, ADRIÁN GERARDO GONZÁLEZ, ILIANIS MARLADET ALMARSLES, de los ciudadanos de Nacionalidad Nicaragüense: LESTHER JIRÓN CASTRO, FERNANDO STUAR, YEISON FRANCISCO CANALES MORALES, GERSAN YERAL UMANZOR, y de los ciudadanos Hondureños: ELVIN ABEL RODRÍGUEZ RODAS, SEYDI EMILIA RODRÍGUEZ MATAMOROS, ELVIN JOSÉ RODRÍGUEZ RÍOS, MARVIN RODRÍGUEZ SARMIENTOS, ARNALDO ESPINOZA CABALLERO, FRANKLIN EVELIO ORTEZ FIGUEROA, WENDY KARINA BORJAS ANDINO, LESTER ISMAEL CANALES IZAGUIRRE, AMADA GÓMEZ AYALA, LUIS MIGUEL ORELLANA BRIZUELA, FREDIS EDGARDO ANDURAY HERNÁNDEZ, BRAYAN YHOEL CALDERÓN, LUIS ÁNGEL CRUZ FUENTES, ESCARLEN YASMIN CASTELLANOS CASTELLANOS, JEFRY DAVID LÓPEZ ESPINOZA, AXEL JASSIR ORELLANA AMAYA, CARLOS ROBERTO DOMÍNGUEZ LÓPEZ, ALISSON DANIELA VÍLCHEZ POSADAS, ANTONI JOSUÉ CRUZ VÍLCHEZ, MICHELL ALEJANDRA ZUNIGA EUCEDA, JULIO CESAR MÉNDEZ ÁVILA, LITZY DANIELA TURCIOS, DENNIS ALEXANDER CRUZ FLORES, NELSON BONERGE CORRALES CANALES, LIZBETH ONEYDA CAMPOS MORAN, SANTOS MATÍAS LORENZO PÉREZ, GUSTAVO EMILIO SOLÓRZANO MERLO, ESTANLY MENJIVAR MARTÍNEZ, YÚNIOR ELIC RIVERA RAMÍREZ, CESAR DONALDO MEJÍA SÁNCHEZ, ROBEL RAMÓN MEDRANO HERNÁNDEZ, MAYRA GERTRUDIS MORENO, TANIA MINELI OCHOA CARRANZA, IKER ANDRIY CERRATO OCHOA, LUCI TERESA CÁCERES OCHOA, ELIAN ALDAHIR LAGOS CACERES, NOHAD DAREK MEJÍA CACERES, LUCY SOLANGEL MEJIA CACERES, WILTON RUDERY MONDRAGÓN IZAGUIRRE, ROMMEL ANDERSON AMADOR ORDOÑEZ. II) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO CONTRA: JUAN ALBERTO MORAZAN SUAREZ, DIANDRA MARIEL ANDRADE ZELAYA Y EDWIN ELIXCENOVER EUCEDA BARAHONA, por el delito de TRAFICO ILICITO DE PERSONAS AGRAVADO, en perjuicio de ciudadanos de nacionalidad cubana: ALEXIS ORTEGA LEAL, ALEXIS LEAL DÍAZ, DAVID ARGUELLES CAMPBELL, YARDELIS ESQUIVEL BASULTO, LISSETTE TELLEZ ACOSTA, ORAIMA BENÍTEZ RAMOS, OMAR LLORENTO SOTOMAYOR, JORGE NOBLET ROJAS, NOEL ORDUÑEZ SARMIENTOS, YAILET PÉREZ GUTIÉRREZ, PAVEL PÉREZ RIVERA, SADIEL FRANCISCO BAJOS FERNÁNDEZ, JIOSVANY PÉREZ RIVERA, MAELIS ACOSTA DOMÍNGUEZ, MASCIER PÉREZ LÓPEZ, MASSIEL LEE QUEVEDO, ARTURO HERNÁNDEZ GARCÍA, ÁNGEL NAVARRETE PILOTO, DUNIEL MARTÍNEZ ARQUEZ, CELENY MARTÍNEZ BORREGO, NORLEY NAVARRETE AYALA, YAMIUSKA RODRÍGUEZ DE LA PAZ, DIAMELA CARRALERO ALMAGUER, YORDANYS SUAREZ OLIVERA, LIANNY RODRÍGUEZ ARIAS, ADONYS ACOSTA SÁNCHEZ, ADRIÁN GERARDO GONZÁLEZ, ILIANIS MARLADET ALMARSLES, de los ciudadanos de Nacionalidad Nicaragüense: LESTHER JIRÓN CASTRO, FERNANDO STUAR, YEISON FRANCISCO CANALES MORALES, GERSAN YERAL UMANZOR, y de los ciudadanos Hondureños: ELVIN ABEL RODRÍGUEZ RODAS, SEYDI EMILIA RODRÍGUEZ MATAMOROS, ELVIN JOSÉ RODRÍGUEZ RÍOS, MARVIN RODRÍGUEZ SARMIENTOS, ARNALDO ESPINOZA CABALLERO, FRANKLIN EVELIO ORTEZ FIGUEROA, WENDY KARINA BORJAS ANDINO, LESTER ISMAEL CANALES IZAGUIRRE, AMADA GÓMEZ AYALA, LUIS MIGUEL ORELLANA BRIZUELA, FREDIS EDGARDO ANDURAY HERNÁNDEZ, BRAYAN YHOEL CALDERÓN, LUIS ÁNGEL CRUZ FUENTES, ESCARLEN YASMIN CASTELLANOS CASTELLANOS, JEFRY DAVID LÓPEZ ESPINOZA, AXEL JASSIR ORELLANA AMAYA, CARLOS ROBERTO DOMÍNGUEZ LÓPEZ, ALISSON DANIELA VÍLCHEZ POSADAS, ANTONI JOSUÉ CRUZ VÍLCHEZ, MICHELL ALEJANDRA ZUNIGA EUCEDA, JULIO CESAR MÉNDEZ ÁVILA, LITZY DANIELA TURCIOS, DENNIS ALEXANDER CRUZ FLORES, NELSON BONERGE CORRALES CANALES, LIZBETH ONEYDA CAMPOS MORAN, SANTOS MATÍAS LORENZO PÉREZ, GUSTAVO EMILIO SOLÓRZANO MERLO, ESTANLY MENJIVAR MARTÍNEZ, YÚNIOR ELIC RIVERA RAMÍREZ, CESAR DONALDO MEJÍA SÁNCHEZ, ROBEL RAMÓN MEDRANO HERNÁNDEZ, MAYRA GERTRUDIS MORENO, TANIA MINELI OCHOA CARRANZA, IKER ANDRIY CERRATO OCHOA, LUCI TERESA CÁCERES OCHOA, ELIAN ALDAHIR LAGOS CACERES, NOHAD DAREK MEJÍA CACERES, LUCY SOLANGEL MEJIA CACERES, WILTON RUDERY MONDRAGÓN IZAGUIRRE, ROMMEL ANDERSON AMADOR ORDOÑEZ. III) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO CONTRA: GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS SAGASTIZADO, LUIS FERNANDO VELASQUEZ SAGASTIZADO, JOSÉ JONATHAN SANTOS HERNÁNDEZ, ELMER YAMIL GARCÍA LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO MARCIA ESTRADA, KENDRY RONIDEY PASTRANA ESTRADA, JUAN ALBERTO MORAZAN SUAREZ, OSCAR ARMANDO ANDRADE ESPINAL, CARLOS ALBERTO CRUZ MARTÍNEZ, ROGER EDUARDO PALMA PÉREZ, EDWIN ELIXCENOVER EUCEDA BARAHONA, DIANDRA MARIEL ANDRADE ZELAYA, ELDER MAURICIO PEÑA LARA Y JIMMY JOSUÉ ROGEL HERNÁNDEZ, por el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR, en perjuicio de OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES. IV).- Que debe imponérsele a los imputados GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS SAGASTIZADO, LUIS FERNANDO VELASQUEZ SAGASTIZADO, JOSÉ JONATHAN SANTOS HERNÁNDEZ, ELMER YAMIL GARCÍA LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO MARCIA ESTRADA, KENDRY RONIDEY PASTRANA ESTRADA, JUAN ALBERTO MORAZAN SUAREZ, OSCAR ARMANDO ANDRADE ESPINAL, CARLOS ALBERTO CRUZ MARTÍNEZ, ROGER EDUARDO PALMA PÉREZ, EDWIN ELIXCENOVER EUCEDA BARAHONA, DIANDRA MARIEL ANDRADE ZELAYA, ELDER MAURICIO PEÑA LARA Y JIMMY JOSUÉ ROGEL HERNÁNDEZ, la medida cautelar contenida en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal, consistente en la Prisión Preventiva, por el presupuesto legitimador del peligro de fuga del acusado, posible obstrucción en la investigación, falta de arraigo suficiente del imputado, la gravedad de la pena a imponer como resultado del proceso, la importancia del daño que se deba indemnizar y además por la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal del artículo 4 último párrafo del Decreto 36-2020, último párrafo, que indica que las disposiciones contenidas en el presente artículo no son aplicables, cuando el ilícito se da en la modalidad de un grupo delictivo organizado, como lo establece la de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. V) Dicha medida cautelar la deberán cumplir los encausados, GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS SAGASTIZADO, LUIS FERNANDO VELASQUEZ SAGASTIZADO, JOSÉ JONATHAN SANTOS HERNÁNDEZ, KENDRY RONIDEY PASTRANA ESTRADA, en el Centro Penitenciario del Municipio de El Porvenir, Departamento de Francisco Morazán (Siria), los imputados JUAN ALBERTO MORAZAN SUAREZ, los imputados OSCAR ARMANDO ANDRADE ESPINAL, CARLOS ALBERTO CRUZ MARTÍNEZ, ROGER EDUARDO PALMA PÉREZ, ELDER MAURICIO PEÑA LARA, JIMMY JOSUÉ ROGEL HERNÁNDEZ, la deberán cumplir en el Centro Penitenciario del Municipio de Morocelí, Departamento De El Paraíso (Tolva), los imputados EDWIN ELIXCENOVER EUCEDA BARAHONA, FEDERICO LEONARDO LOGAN LÓPEZ, HUGO RAMÓN POSAS ANDINO, la deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional Dr. Marco Aurelio Soto, En El Módulo Asignado Para Policías y Militares, y la imputada DIANDRA MARIEL ANDRADE ZELAYA, la deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (P.N.F.A.S). VI.- De conformidad a lo anterior quedó probado que se cometió el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio LA SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE HONDURAS, sin embargo no existen indicios racionales para conceptuar a los señores GUSTAVO ADOLFO CARDENAS SAGASTIZADO, LUIS FERNANDO VELASQUEZ SAGASTIZADO, JOSE JONATHAN SANTOS HERNANDEZ Y KENDRY RONIDEY PASTRANA ESTRADA, como participes en dicho delito, sin embargo las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si las tuvieron y existe además, la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, como ser un Dictamen Preliminar Patrimonial Financiero. VII).- De conformidad a lo anterior quedó probado que se cometió el delito de TRAFICO ILICITO DE PERSONAS Y ASOCIACION PARA DELINQUIR, en perjuicio de los ciudadanos de nacionalidad cubana: ALEXIS ORTEGA LEAL, ALEXIS LEAL DÍAZ, DAVID ARGUELLES CAMPBELL, YARDELIS ESQUIVEL BASULTO, LISSETTE TELLEZ ACOSTA, ORAIMA BENÍTEZ RAMOS, OMAR LLORENTO SOTOMAYOR, JORGE NOBLET ROJAS, NOEL ORDUÑEZ SARMIENTOS, YAILET PÉREZ GUTIÉRREZ, PAVEL PÉREZ RIVERA, SADIEL FRANCISCO BAJOS FERNÁNDEZ, JIOSVANY PÉREZ RIVERA, MAELIS ACOSTA DOMÍNGUEZ, MASCIER PÉREZ LÓPEZ, MASSIEL LEE QUEVEDO, ARTURO HERNÁNDEZ GARCÍA, ÁNGEL NAVARRETE PILOTO, DUNIEL MARTÍNEZ ARQUEZ, CELENY MARTÍNEZ BORREGO, NORLEY NAVARRETE AYALA, YAMIUSKA RODRÍGUEZ DE LA PAZ, DIAMELA CARRALERO ALMAGUER, YORDANYS SUAREZ OLIVERA, LIANNY RODRÍGUEZ ARIAS, ADONYS ACOSTA SÁNCHEZ, ADRIÁN GERARDO GONZÁLEZ, ILIANIS MARLADET ALMARSLES, de los ciudadanos de Nacionalidad Nicaragüense: LESTHER JIRÓN CASTRO, FERNANDO STUAR, YEISON FRANCISCO CANALES MORALES, GERSAN YERAL UMANZOR, y de los ciudadanos Hondureños: ELVIN ABEL RODRÍGUEZ RODAS, SEYDI EMILIA RODRÍGUEZ MATAMOROS, ELVIN JOSÉ RODRÍGUEZ RÍOS, MARVIN RODRÍGUEZ SARMIENTOS, ARNALDO ESPINOZA CABALLERO, FRANKLIN EVELIO ORTEZ FIGUEROA, WENDY KARINA BORJAS ANDINO, LESTER ISMAEL CANALES IZAGUIRRE, AMADA GÓMEZ AYALA, LUIS MIGUEL ORELLANA BRIZUELA, FREDIS EDGARDO ANDURAY HERNÁNDEZ, BRAYAN YHOEL CALDERÓN, LUIS ÁNGEL CRUZ FUENTES, ESCARLEN YASMIN CASTELLANOS CASTELLANOS, JEFRY DAVID LÓPEZ ESPINOZA, AXEL JASSIR ORELLANA AMAYA, CARLOS ROBERTO DOMÍNGUEZ LÓPEZ, ALISSON DANIELA VÍLCHEZ POSADAS, ANTONI JOSUÉ CRUZ VÍLCHEZ, MICHELL ALEJANDRA ZUNIGA EUCEDA, JULIO CESAR MÉNDEZ ÁVILA, LITZY DANIELA TURCIOS, DENNIS ALEXANDER CRUZ FLORES, NELSON BONERGE CORRALES CANALES, LIZBETH ONEYDA CAMPOS MORAN, SANTOS MATÍAS LORENZO PÉREZ, GUSTAVO EMILIO SOLÓRZANO MERLO, ESTANLY MENJIVAR MARTÍNEZ, YÚNIOR ELIC RIVERA RAMÍREZ, CESAR DONALDO MEJÍA SÁNCHEZ, ROBEL RAMÓN MEDRANO HERNÁNDEZ, MAYRA GERTRUDIS MORENO, TANIA MINELI OCHOA CARRANZA, IKER ANDRIY CERRATO OCHOA, LUCI TERESA CÁCERES OCHOA, ELIAN ALDAHIR LAGOS CACERES, NOHAD DAREK MEJÍA CACERES, LUCY SOLANGEL MEJIA CACERES, WILTON RUDERY MONDRAGÓN IZAGUIRRE, ROMMEL ANDERSON AMADOR ORDOÑEZ Y OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES, sin embargo no existen indicios racionales para conceptuar a los señores FEDERICO LEONARDO LOGAN Y HUGO RAMON POSAS, como partícipes en dicho delito, sin embargo las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si las tuvieron y existe además, la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, como ser elementos documentales y testificales, POR LO QUE ESTE JUZGADO DICTA: VIII) SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor de los señores: GUSTAVO ADOLFO CARDENAS SAGASTIZADO, LUIS FERNANDO VELASQUEZ SAGASTIZADO, JOSE JONATHAN SANTOS HERNANDEZ Y KENDRY RONIDEY PASTRANA ESTRADA, a quienes se les acuso por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la SEGURIDAD SOCIAL DE EL ESTADO DE HONDURAS. IX) HUGO RAMON POSAS Y FEDERICO LEONARDO LOGAN, a quienes se les acusó por suponerlos responsables del delito de TRAFICO ILICITO DE PERSONAS Y ASOCIACION PARA DELINQUIR, en perjuicio de ciudadanos de nacionalidad cubana: ALEXIS ORTEGA LEAL, ALEXIS LEAL DÍAZ, DAVID ARGUELLES CAMPBELL, YARDELIS ESQUIVEL BASULTO, LISSETTE TELLEZ ACOSTA, ORAIMA BENÍTEZ RAMOS, OMAR LLORENTO SOTOMAYOR, JORGE NOBLET ROJAS, NOEL ORDUÑEZ SARMIENTOS, YAILET PÉREZ GUTIÉRREZ, PAVEL PÉREZ RIVERA, SADIEL FRANCISCO BAJOS FERNÁNDEZ, JIOSVANY PÉREZ RIVERA, MAELIS ACOSTA DOMÍNGUEZ, MASCIER PÉREZ LÓPEZ, MASSIEL LEE QUEVEDO, ARTURO HERNÁNDEZ GARCÍA, ÁNGEL NAVARRETE PILOTO, DUNIEL MARTÍNEZ ARQUEZ, CELENY MARTÍNEZ BORREGO, NORLEY NAVARRETE AYALA, YAMIUSKA RODRÍGUEZ DE LA PAZ, DIAMELA CARRALERO ALMAGUER, YORDANYS SUAREZ OLIVERA, LIANNY RODRÍGUEZ ARIAS, ADONYS ACOSTA SÁNCHEZ, ADRIÁN GERARDO GONZÁLEZ, ILIANIS MARLADET ALMARSLES, de los ciudadanos de Nacionalidad Nicaragüense: LESTHER JIRÓN CASTRO, FERNANDO STUAR, YEISON FRANCISCO CANALES MORALES, GERSAN YERAL UMANZOR, y de los ciudadanos Hondureños: ELVIN ABEL RODRÍGUEZ RODAS, SEYDI EMILIA RODRÍGUEZ MATAMOROS, ELVIN JOSÉ RODRÍGUEZ RÍOS, MARVIN RODRÍGUEZ SARMIENTOS, ARNALDO ESPINOZA CABALLERO, FRANKLIN EVELIO ORTEZ FIGUEROA, WENDY KARINA BORJAS ANDINO, LESTER ISMAEL CANALES IZAGUIRRE, AMADA GÓMEZ AYALA, LUIS MIGUEL ORELLANA BRIZUELA, FREDIS EDGARDO ANDURAY HERNÁNDEZ, BRAYAN YHOEL CALDERÓN, LUIS ÁNGEL CRUZ FUENTES, ESCARLEN YASMIN CASTELLANOS CASTELLANOS, JEFRY DAVID LÓPEZ ESPINOZA, AXEL JASSIR ORELLANA AMAYA, CARLOS ROBERTO DOMÍNGUEZ LÓPEZ, ALISSON DANIELA VÍLCHEZ POSADAS, ANTONI JOSUÉ CRUZ VÍLCHEZ, MICHELLALEJANDRA ZUNIGA EUCEDA, JULIO CESAR MÉNDEZ ÁVILA, LITZY DANIELA TURCIOS, DENNIS ALEXANDER CRUZ FLORES, NELSON BONERGE CORRALES CANALES, LIZBETH ONEYDA CAMPOS MORAN, SANTOS MATÍAS LORENZO PÉREZ, GUSTAVO EMILIO SOLÓRZANO MERLO, ESTANLY MENJIVAR MARTÍNEZ, YÚNIOR ELIC RIVERA RAMÍREZ, CESAR DONALDO MEJÍA SÁNCHEZ, ROBEL RAMÓN MEDRANO HERNÁNDEZ, MAYRA GERTRUDIS MORENO, TANIA MINELI OCHOA CARRANZA, IKER ANDRIY CERRATO OCHOA, LUCI TERESA CÁCERES OCHOA, ELIAN ALDAHIR LAGOS CACERES, NOHAD DAREK MEJÍA CACERES, LUCY SOLANGEL MEJIA CACERES, WILTON RUDERY MONDRAGÓN IZAGUIRRE, ROMMEL ANDERSON AMADOR ORDOÑEZ Y OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES. X).- Encontrándose los antes referidos imputados HUGO RAMON POSAS Y FEDERICO LEONARDO LOGAN, con la Medida Cautelar de Detención Judicial contenida en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal, la misma se revoca por el Sobreseimiento Provisional decretado, procédase a extender su respectiva Carta de Libertad Provisional. XI) Procédase a extender su respectiva Carta de Libertad Provisional a los señores GUSTAVO ADOLFO CARDENAS SAGASTIZADO, LUIS FERNANDO VELASQUEZ SAGASTIZADO, JOSE JONATHAN SANTOS HERNANDEZ Y KENDRY RONIDEY PASTRANA ESTRADA, sin embargo no se ordena la inmediata excarcelación en virtud de haberle decretado Auto de Formal Procesamiento por los delitos de TRAFICO ILICITO DE PERSONAS EN CONCURSO CONTINUADO Y ASOCIACION PARA DELINQUIR Y LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA…” (Folios 879-981 el tomo II de los antecedentes).3) En fecha siete de diciembre de dos mil veinte, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en la celebración de la audiencia inicial, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…1) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO CONTRA: JUAN LEONARDO ROMERO GARCIA, por el delito de TRAFICO ILICITO DE PERSONAS AGRAVADO Y ASOCIACION PARA DELINQUIR, en perjuicio de en perjuicio de los ciudadanos de nacionalidad cubana: ALEXIS ORTEGA LEAL, ALEXIS LEAL DÍAZ, DAVID ARGUELLES CAMPBELL, YARDELIS ESQUIVEL BASULTO, LISSETTE TELLEZ ACOSTA, ORAIMA BENÍTEZ RAMOS, OMAR LLORENTO SOTOMAYOR, JORGE NOBLET ROJAS, NOEL ORDUÑEZ SARMIENTOS, YAILET PÉREZ GUTIÉRREZ, PAVEL PÉREZ RIVERA SADIEL FRANCISCO BAJOS FERNÁNDEZ, JIOSVANY PÉREZ RIVERA, MAELIS ACOSTA DOMÍNGUEZ, MASCIER PÉREZ LÓPEZ, MASSIEL LEE QUEVEDO, ARTURO HERNÁNDEZ GARCÍA, ÁNGEL NAVARRETE PILOTO, DUNIEL MARTÍNEZ ARQUEZ, CELENY MARTÍNEZ BORREGO, NORLEY NAVARRETE AYALA, YAMIUSKA RODRÍGUEZ DE LA PAZ, DIAMELA CARRALERO ALMAGUER, YORDANYS SUAREZ OLIVERA, LIANNY RODRÍGUEZ ARIAS, ADONYS ACOSTA SÁNCHEZ, ADRIÁN GERARDO GONZÁLEZ, ILIANIS MARLADET ALMARSLES; de los ciudadanos de Nacionalidad Nicaragüense: LESTHER JIRÓN CASTRO, FERNANDO STUAR YEISON FRANCISCO CANALES MORALES, GERSAN YERAL UMANZOR, y de los ciudadanos Hondureños: ELVIN ABEL RODRÍGUEZ RODAS, SEYDI EMILIA RODRÍGUEZ MATAMOROS, ELVIN JOSÉ RODRÍGUEZ RÍOS, MARVIN RODRÍGUEZ SARMIENTOS, ARNALDO ESPINOZA CABALLERO, FRANKLIN EVELIO ORTEZ FIGUEROA, WENDY KARINA BORJAS ANDINO, LESTER ISMAEL CANALES IZAGUIRRE, AMADA GÓMEZ AYALA, LUIS MIGUEL ORELLANA BRIZUELA, FREDIS EDGARDO ANDURAY HERNÁNDEZ, BRAYAN YHOEL CALDERÓN, LUIS ÁNGEL CRUZ FUENTES, ESCARLEN YASMIN CASTELLANOS CASTELLANOS, JEFRY DAVID LÓPEZ ESPINOZA, AXEL JASSIR ORELLANA AMAYA, CARLOS ROBERTO DOMÍNGUEZ LÓPEZ, ALISSON DANIELA VÍLCHEZ POSADAS, ANTONI JOSUÉ CRUZ VÍLCHEZ, MICHELL ALEJANDRA ZUNIGA EUCEDA, JULIO CESAR MÉNDEZ ÁVILA, LITZY DANIELA TURCIOS, DENNIS ALEXANDER CRUZ FLORES, NELSON BONERGE CORRALES CANALES, LIZBETH ONEYDA CAMPOS MORAN, SANTOS MATÍAS LORENZO PÉREZ, GUSTAVO EMILIO SOLÓRZANO MERLO, ESTANLY MENJIVAR MARTÍNEZ, YÚNIOR ELIC RIVERA RAMÍREZ, CESAR DONALDO MEJÍA SÁNCHEZ, ROBEL RAMÓN MEDRANO HERNÁNDEZ, MAYRA GERTRUDIS MORENO, TANIA MINELI OCHOA CARRANZA, IKER ANDRIY CERRATO OCHOA, LUCI TERESA CÁCERES OCHOA, ELIAN ALDAHIR LAGOS CACERES, NOHAD DAREK MEJÍA CACERES, LUCY SOLANGEL MEJIA CACERES, WILTON RUDERY MONDRAGÓN IZAGUIRRE, ROMMEL ANDERSON AMADOR ORDOÑEZ Y EL EJERCICIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES.- 2) Se le impone al imputado JUAN LEONARDO ROMERO GARCIA, la medida cautelar contenida en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal, consistente en la prisión preventiva por el presupuesto legitimador del peligro de fuga, por la falta de arraigo suficiente de los acusados, la gravedad de la pena a imponer como resultado del proceso y por la reforma realizada al artículo 184 del Código Procesal Penal, del articulo 4 último párrafo del Decreto 36-2020, último párrafo, que indica que las disposiciones contenidas en el presente artículo no son aplicables, cuando el ilícito se da en la modalidad de un grupo delictivo organizado, como lo establece la de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional la Sustitución de la medida de la Prisión Preventiva por otra medida cautelar en los delitos cometidos por miembros del crimen organizado.- 3) Dicha Medida Cautelar de Prisión Preventiva la deberá cumplir imputado JUAN LEONARDO ROMERO GARCIA, en la Penitenciaría Nacional Dr. Marco Aurelio Soto, en el Módulo Asignado Para Policías y Militares, para lo cual se deberá girar atento oficio al Director de dicho Centro Penitenciario, para su reclusión…” (Folios 1151-1172 del tomo III de los antecedentes).4) Conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los Abogados Wilson Adalid Herrera Álvarez y Ronal Nahún Casco Reyes, en su condición de defensores privados de los señores José Antonio Marcia Estrada y Kendry Ronidey Pastrana Estrada, Abogado Emerson Stanley Carías Sánchez, en su condición de defensor privado del señor Elmer Yamil García López, Abogada Gia Firenze Leoni Jiménez, en su condición de apoderada legal del señor Gustavo Adolfo Cárdenas Sagastizado, Abogada Helen Roxana Espinoza Pérez, en su condición de defensora privada del señor Roger Eduardo Palma Pérez, Abogado Sergio Hugo Barrientos García, en su condición de defensor privado del señor Jimmy Josué Rogel Hernández, Abogado Ricardo Geronimo Ticas Lazo, en su condición de defensor privado de la señora Diandra Mariel Andrade Zelaya, Abogado Darwin Lindolfo García, en su condición de apoderado legal del señor Edwin Elixcenover Euceda Barahona, Abogado Noel Antonio Mendoza, en su condición de defensor privado del señor Elder Mauricio Peña Lara y Abogada Heike Ninoska Elvir García, en su condición de apoderada privada del señor Oscar Armando Andrade Espinal, todos en contra de la sentencia relacionada en el numeral 2 de esta sentencia, asimismo, el Abogado Rosendo Domingo Torres Aquino, en su condición de defensor privado del señor Juan Leonardo Romero García, en contra de la sentencia relacionada en el numeral 3 de esta sentencia; en tal sentido, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictó sentencia mediante la cual falló: “…1.-Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las respectivas defensas. 2.-CONFIRMAR la resolución apelada.” (Folios 1567-1605 del tomo III de los antecedentes).4) Que la recurrente, el Abogado Ricardo Gerónimo Ticas Lazo, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiuno de marzo de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor de la señora Diandra Mariel Andrade Zelaya, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representada el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República.5) Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por el Abogado Ricardo Gerónimo Ticas Lazo, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, con relación a la causa instruida contra la señora DIANDRA MARIEL ANDRADE ZELAYA por suponerla responsable de los delitos de TRAFICO ILICITO DE PERSONAS Y ASOCIACION PARA DELINQUIR. CONSIDERANDO (4): Que expone el recurrente en la interposición del presente recurso que con la resolución impugnada se le ha vulnerado la garantía constitucional del debido proceso contemplada en el artículo 90 de la Constitución de la República, por considerar que se pretende aplicar una sola conducta considerada punible, dos normas legales que se excluyen entre sí, dejando de aplicar el articulo 29 inciso 3 del Código Penal. Ya la defensa de la señora Andrade Zelaya expuso en ambas instancias que la calificación que ha pretendido el Ministerio Público, al dictar el juez de primera instancia auto de formal procesamiento por el delito de tráfico de personas, establecido en el artículo 297 del Código Penal, con la agravante especifica de ser la imputada una funcionaria pública y por el delito de asociación para delinquir contemplado en el articulo 554 del mismo cuerpo legal, cuando lo correcto era que la conducta por la que se le acuse se calificara únicamente como tráfico ilícito de personas con las dos agravantes establecidas en el artículo 297, párrafos segundo y tercero del Código Penal, descartándose el delito de asociación para delinquir, en observancia al principio nom bis in idem y al artículo 29 inciso 3 del ya citado Código Penal. CONSIDERANDO (5): Continúa manifestando el recurrente que el juez al dictar su resolución solo podía aplicar una de las dos normas legales, descartando el delito de asociación para delinquir y calificar el supuesto hecho de pertenecer a un grupo delictivo como una agravante del tipo penal de tráfico ilícito de personas. Precepto que no fue aplicado por el juez al decretar el A-Quo auto de formal procesamiento por el delito de tráfico ilícito de personas y además por el delito de asociación para delinquir como si fuesen conductas aisladas, cuando del propio requerimiento fiscal se aprecia que la conducta imputada puede ser subsumida en un solo tipo penal agravado y la norma legal que describe más ampliamente la conducta de que se le acusa es el tráfico ilícito de personas con la agravante contenida en el párrafo segundo del articulo 554 del Código Penal.CONSIDERANDO (6): Que la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán expone en los fundamentos jurídicos de su resolución, que se ha hecho una valoración del conjunto de pruebas conforme al sistema de la sana critica racional que contiene nuestro sistema procesal penal, encontrando que en la audiencia inicial, que forma parte de la etapa preparatoria del proceso penal, etapa en la cual se necesita únicamente los indicios mínimos que lleven a esa convicción al juez de que una persona ha participado en un hecho ilícito; tomando esto en consideración, se concluye que el presente caso estamos frente a un ilícito calificado como tráfico ilícito de personas continuado, ya que ha quedado acreditado ese grado de participación en los hechos; resaltando que en relación al delito continuado, el articulo 68 del Código Penal regula los elementos y circunstancias para que sea apreciado tal como acontece en el presente caso, ya que el ejecutar los imputados un plan preconcebido de trasladar personas ilegales por el territorio nacional, realizaron los hechos en múltiples ocasiones, con lo cual se comete una acción continuada. En relación al delito de asociación para delinquir, ya el articulo 554 del Código Penal establece que es asociación ilícita la constituida, sea de modo permanente o transitorio, por dos o mas personas con la finalidad de cometer ilícitos penales. Vemos pues, que la conducta es la de formar parte de la asociación en orden al objetivo de cometer delitos; ya el hecho de tomar parte, no exige por si, una actividad material, sino la de estar intelectualmente en el concierto delictivo que se forma al ya formado, o sea, coincidir intencionalmente con los otros miembros sobre los objetivos asociativos. CONSIDERANDO (7): Que para la Corte de Apelaciones referida no son de recibo los agravios impetrados como doble juzgamiento al haberse calificado por los dos delitos, ya que quedó establecido con los medios de prueba incorporados en audiencia inicial que son delitos autónomos y no como lo pretende hacer ver la defensa; aunado a un elemento importante en el caso del comisionado de policía, que como garantes de velar por la protección de los derechos fundamentales de las personas, la seguridad interna del país como ente de prevención y por el contrario, colaboró de manera directa e indirecta para el traslado de personas dentro del territorio nacional, adoptando un rol importante dentro de dicha organización criminal. Asimismo, siendo que en esta etapa solo basta la mínima actividad probatoria en atención a lo establecido en el articulo 92 de la Constitución de la República, solo podrá decretarse auto de formal procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice, de acuerdo con la dinámica de los hechos en cuestión, en este momento procesal, si existen esos presupuestos para mantener el auto de prisión. En consecuencia, luego de la valoración correspondiente, el Ad-Quem concluye que se ha acreditado de manera plena la comisión del delito de tráfico de personas continuado y asociación para delinquir, por lo que estima procedente declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto y confirma la resolución apelada.CONSIDERANDO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate.CONSIDERANDO (9): Que el conocimiento que tiene la autoridad sobre la existencia de un hecho delictivo, ya sea por denuncia u otro medio, da lugar a la investigación preliminar, con los resultados de la misma, el ente acusador podrá interponer Requerimiento Fiscal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 285 del Código Procesal Penal. La audiencia inicial es la última fase de la etapa preparatoria, que tienen varios objetivos entre ellos: que el Juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si los hechos son penalmente relevantes, y, de existir mérito suficiente, se decrete el auto de prisión, asimismo y como finalidad prioritaria se defina la situación jurídica del imputado durante la audiencia inicial, la parte acusadora precisa los términos de la imputación, en relación con el requerimiento fiscal. Discierne si está justificada la continuación del procedimiento, por existir razones fundadas en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de culpabilidad del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar. En ese sentido de acuerdo al artículo 272 del Código Procesal Penal el Ministerio Público u otra autoridad competente practicarán todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho punible y tomará en cuenta las circunstancias, que de acuerdo con la ley penal sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los agentes. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 90 de la Constitución de la República implica el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, produciría el atropello de éste; por lo que de acuerdo a las disposiciones constitucionales del Debido Proceso por ende el cumplimiento del principio de legalidad que responden a una tutela judicial efectiva. Siguiendo ese orden de ideas, habiendo analizado la resolución del Ad-Quem, esta Sala aprecia que ha respetado el principio de legalidad ciñéndose estrictamente a lo prescrito en la ley procesal penal, de tal manera que hizo un análisis de conforme las reglas de la sana crítica; razonamiento que comparte esta Sala, mediante la cual explica de manera lógica, coherente y razonada porque ha declarado no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el A-Quo. Siendo así no son de recibo los motivos invocados por el impetrante en el recurso intentado, por todo ello la resolución objeto de impugnación ha sido dictado apegada al debido proceso, observando las exigencias, requisitos, solemnidades y análisis del caso concreto conforme lo señala la Constitución de la República, la Ley y las normas de derecho interno contenidas en los Tratados internacionales, por lo que debemos concluir que no han sido quebrantados los derechos invocados por el impetrante. CONSIDERANDO (11): Que, vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones ya referida, al considerar que, al encontrarse la audiencia inicial comprendida en la etapa preparatoria del proceso penal, únicamente se necesitaban indicios racionales que llevaran al juez a la convicción de la participación de la persona en el hecho ilícito, situación que aconteció en el presente caso. Asimismo, no podemos hablar de una calificación indebida en cuanto al delito de asociación para delinquir como lo establece el recurrente, puesto que ya el artículo 554 del Código Penal establece que son asociaciones ilícitas las constituidas, sea de modo permanente o transitorio, por dos o más personas con la finalidad de la misma es cometer ilícitos penales. Tampoco es de recibo para esta Sala considerar lo expuesto por el recurrente en cuanto a que se le está empleando el mismo hecho dos veces para agravar la pena; ya que quedó establecida cual es la finalidad del delito de asociación para delinquir; no siendo la misma que la del delito de tráfico ilícito de personas, ya que este tiene por finalidad obtener, directa o indirectamente, un aprovechamiento económico u otro beneficio de orden material, promueve, favorece o facilita el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a Honduras o a otro país; incrementando la pena cuando sea cometido por un funcionario o empelado público como ha acontecido en el caso de mérito. Vemos entonces que nos encontramos frente a dos conductas independientes que configuran dos ilícitos penales tal como lo dejó evidenciado tanto el A-Quo como el Ad-Quem; por tanto, no podría subsumirse el delito de asociación para delinquir en el delito de tráfico ilícito de personas tal como lo pretende el hoy recurrente. En consecuencia, por las razones expuestas, esta Sala estima procedente denegar la presente acción de amparo intentada. CONSIDERANDO (12): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento del recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, el haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 68, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; artículos 32, 297, 554 del Código Penal; 272 Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de octubre de dos mil veintitrés, certificación del Fallo de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0488-2022._________________________________CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.