Sentencia AP-461-21 — Registro 16848
Resumen
Sentencia declaró la inadmisibilidad a trámite de recurso de apelación de hecho contra resolución dictada por Juzgado de Instancia que desestimó personamiento del Abogado de Recurrente por no tener carácter de víctima ya que según la naturaleza del delito el único afectado es el Estado de Honduras, por lo que dicho Abogado no ostenta poder de representación y según la ley no procede admitir recurso de reposición y subsidiaria apelación, sin perjuicio de acudir al ámbito civil; siendo del criterio que debe ser la Procuraduría General de la República la que debe ser la actuante en causa contra imputados por suponerlos responsables del delito de Uso de Documentos Públicos Falsos, Falsificación de Documentos Públicos en perjuicio de la Fe Pública del Estado de Honduras; La Autoridad recurrida considera que la resolución apelada es conforme a derecho en vista de carecer de legitimación procesal (Legitimatio ad causa) al no considerarla como ofendida por los delitos indicados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"se conoce en vía de amparo la resolución proferida en fecha dieciséis de febrero dos mil veintiuno por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual declara sin lugar el recurso interpuesto por la representación procesal del impetrante, Abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA, a favor de los señores MACARIO GOMEZ PAREDES, JOSE MARINO GOMEZ PAREDES, CANDIDO OSWALDO GOMEZ PAREDES y JERONIMO GOMEZ PAREDES, todos actuando en su condición personal y el último como representante legal de la señora LILIAN NICOLASA GOMEZ PAREDES; fundamentando la Corte de Apelaciones que declaraba la INADMISIBILIDAD A TRAMITE del recurso de apelación de hecho interpuesto por el Abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA, contra la resolución dictada por el Juzgado Letras Penal referenciada en el Antecedente 5) de la presente sentencia; en la consideración motiva de no reunir sus representados la calidad de víctima, conforme a lo prescrito en el artículo 17 del Código Procesal Penal, lo cual resultaría conforme al artículo 351 del Código Procesal Penal. Lo anterior sustentaría la denegación de admisibilidad dictada por el Juez de instancia, contra el recurso de apelación presentado por profesional del derecho apelante, en vista a carecer de legitimación procesal (Legitimatio ad causa)..."..."ha expresado la Sala de lo Constitucional, en su jurisprudencia, que las resoluciones jurisdiccionales deben ajustarse a todas las garantías convencionales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso; cumplimentando así, no solo el rango de legalidad, sino que el derecho de defensa y a un proceso dotado de todas las garantías a todas las partes constituidas legítimamente en el proceso. Así se asegura el derecho a ser oído en toda causa, o procedimiento, y el conocimiento de la imputación; así como la congruencia que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; la equiparación de posiciones entre las partes, o entre una parte y el Estado, ante el órgano jurisdiccional competente; entre otras, expresadas a título enunciativo...."..."se encuentra la Sala de lo Constitucional ante un argumento de mera legalidad, por no exceder del ámbito dogmático jurídico, en el rango legal ordinario; toda vez que la interpretación de la norma adjetiva penal por parte de Juez regular, es plausible, no careciendo de razonabilidad y objetividad. En efecto, al plasmar criterios típicos, ha actuado la instancia ordinaria en sujeción al principio de legalidad; teniendo en cuenta criterios tales como el de lesividad al bien jurídico protegido, para discernir el concepto material de víctima, y la misma operatividad del principio de subsidiariedad en el derecho procesal hondureño; es decir, que se ha explicitado jurisdiccionalmente la significación del enunciado normativo: “(…) resulta (r) directamente ofendido por el delito”, contenido en el artículo 17, numeral 1), del Código Procesal Penal; lo cual se ha también reconocido en la formalización del recurso de amparo. No obstante, tal distinción procesal, no ha desguarnecido la garantía del debido proceso a la representación procesal de quienes se consideran terceros perjudicados, quienes han ejercido la acción legal correspondiente en materia civil. Tómese también en consideración, la posibilidad reglada de ejercicio de la acción penal, que precave la ley para intervinientes privados, mas sólo en aquellos casos en que el Ministerio Público se abstenga de hacerlo y que se cumplan los demás requisitos de procedencia, para la figura de conversión, en delitos de acción pública..."..."habiendo quedado sentado que la jurisdicción ordinaria ha fallado el caso con adecuada y razonable motivación; reafirmase mediante atinente pronunciamiento que tampoco han quedado infringido el derecho de petición, de defensa, el principio de legalidad y demás derechos inherentes al bloque de convencionalidad a la parte impetrante del presente recurso mediante la realización de la audiencia de declaración de imputado, en la forma y composición antes referida y circunstanciada..."..."una recensión adecuada de lo anterior, a la luz de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico hondureño, tendría en consideración que el ejercicio de la acción pública le corresponderá al Ministerio Público, el cual proceder de oficio o a instancia de parte interesada y que, en los asuntos de su competencia, tal acción será ejercitada por la Procuraduría General de la República, sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público (Art. 25 del Código Procesal Penal). La norma adjetiva estipula también que la acción penal podrá ser ejercitada por la víctima del delito, en su caso; premisa normativa que no ha resultado inobservada en la resolución de apelaciones que se conoce en amparo, allende consideraciones subjetivas, sobre lo que se entiende por posición tradicional, o de dominancia de determinada concepción, en el ámbito del derecho procesal penal. Con estas apreciaciones Obiter Dicta no se genera afectación alguna al reconocimiento de la personería jurídica, ni a la adjudicación de los derechos de ninguno de los intervinientes en el caso bajo estudio; pues no existe tal pretensión de exclusividad de la incoación de la acción penal pública, sin desmedro de la atribución legal de la Procuraduría General de la República, en complementariedad a la ejercida por el Ministerio Público, como queda expresado; aunada a la derivación lógica que hace la Alzada, en el caso concreto, de carecer de legitimación procesal (Legitimatio ad causa), para la audiencia, la representación postulante; por no considerarla directamente ofendida por los delitos de USO DE DOCUMENTOS PUBLICOS FALSOS y de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, ambos imputados en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS..."..."ha aducido el amparista que la fundamentación del fallo recurrido adolece de razonamientos rigorosos y de formalismos excesivos, en desproporción a los fines que se persiguen con el acceso a la justicia, el reconocimiento de la dignidad de las personas y a la personalidad jurídica, tutelados en la Constitución de la República, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; al motivar que sus representados no tienen legitimatio ad causa, y justificar tal aserto en vista a que: “… tradicionalmente se ha entendido que el ofendido en este tipo de delitos (…) es el Estado”. Considera lo anterior iría en detrimento de los derechos constitucionales antes enunciados, al irrespetar y desproteger la persona humana; invirtiendo el orden y los roles que establece la declaración constitucional, ubicando al Estado como única víctima, cerrando la posibilidad a la víctimas de ingresar al proceso, en contrasentido a lo que establece el artículo 232 Constitucional, por medio del cual se atribuye al Ministerio Público la responsabilidad de representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad; mientras que se niega a la representación legal que ostenta al recurrente, actuar como acusador de personas naturales en representación de personas también afectadas; argumentación que se juzga reiterativa, sin trascendencia real a la comprobación de vulneraciones al bloque de constitucionalidad, dado que la racionalidad es garantía de una justicia pronta y cumplida, vinculada a derecho y de proscripción de la arbitrariedad; juzgándose no inconducente, de manera alguna, que la Fiscalía del Ministerio Público ejerza la atribución que el artículo 232 Constitucional le confiere, a efecto de cumplimentar la responsabilidad de representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, en su más amplio y comprensivo concepto..."..."se perciben dos dimensiones intrínsecamente relacionadas: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación del orden jurídico constitucional por parte de los Poderes del Estado; y, b) Una dimensión subjetiva, manifestada cuando la actividad de los referidos Poderes del Estado vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos; ninguna de las cuales se juzga como vulnerada por el tenor literal de la resolución que se conoce en amparo. Por todo lo cual, procede la Sala de lo Constitucional a emitir sentencia denegatoria, a la presente acción de Amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 351 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
C E R T I F I C A C I O N
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA, a favor de los señores MACARIO GOMEZ PAREDES, JOSE MARINO GOMEZ PAREDES, CANDIDO OSWALDO GOMEZ PAREDES y JERONIMO GOMEZ PAREDES, todos actuando en su condición personal y el último como representante legal de la señora LILIAN NICOLASA GOMEZ PAREDES, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha dieciséis de febrero dos mil veintiuno, que declaró inadmisible un Recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diez de noviembre del año dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra los señores MACARIO GOMEZ PAREDES, JOSE MARINO GOMEZ PAREDES, CANDIDO OSWALDO GOMEZ PAREDES y JERONIMO GOMEZ PAREDES, todos actuando en su condición personal y el ultimo como representante legal de la señora LILIAN NICOLASA GOMEZ PAREDES, por suponerlos responsables del delito de USO DE DOCUMENTOS PUBLICOS FALSOS, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 61, 80, 82, 90 y 303 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintinueve de septiembre del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado JERSON A. GARCIA BAIDE, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores MACARIO GOMEZ PAREDES, JOSE MARINO GOMEZ PAREDES, CANDIDO OSWALDO GOMEZ PAREDES y JERONIMO GOMEZ PAREDES, todos actuando en su condición personal y el último como representante legal de la señora LILIAN NICOLASA GOMEZ PAREDES, por suponerlos responsables del delito de USO DE DOCUMENTOS PUBLICOS FALSOS, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en Audiencia de Declaración de Imputado celebrada en fecha veintiséis de octubre del año dos mil veinte, el Juzgado resuelve: “Una vez que hemos escuchado la participación de todas las partes en el proceso, esta juzgadora es del criterio tal y como lo han manifestado las defensas incluso el Ministerio Público quien es el que tiene el impulso y hace ver quien es la víctima en los procesos efectivamente según hemos leído el requerimiento y de viva voz del Ministerio Público nos dice que el ofendido es la fe pública del Estado de Honduras por lo tanto efectivamente quien debe estar en la audiencia es la Procuraduría General de la República, el Abogado Orellana hizo mención que hay sentencias que habla de las resoluciones civiles efectivamente usted en su momento pueda hacer las peticiones y velar como es su deber donde sus representados le ha conferido donde usted pueda hacer aparejado hacer las peticiones ámbito civil, por lo que es esta caso debo centrarme que el Ministerio Publico tiene como víctima a la fe pública del Estado de Honduras por lo que en ese sentido vamos a desestimar su personamiento puesto que es la Procuraduría General de la República la que debe estar aquí, sin perjuicio de que usted pueda hacer las acciones legales en el ámbito civil o que usted pueda interponer un recurso en ese sentido es la resolución del fue notificado a las partes.” (Folio 139 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha veintinueve de octubre del año dos mil veinte, el Abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA, interpuso ante el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, departamento de Cortés, recurso de apelación a favor de los señores MACARIO GOMEZ PAREDES, JOSE MARINO GOMEZ PAREDES, CANDIDO OSWALDO GOMEZ PAREDES y JERONIMO GOMEZ PAREDES, todos actuando en su condición personal y el ultimo como representante legal de la señora LILIAN NICOLASA GOMEZ PAREDES, contra la resolución emitida en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020), a la cual se ha hecho relación. (Folios del 229 al 241 de la primera pieza de antecedentes). 4) Que el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Cortés, emitió constancia la cual literalmente dice: “CONSTANCIA: La Infrascrita Secretaria Adjunto del Juzgado de Letras Penal Unificado de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, HACE CONSTAR: Que en el expediente 455-20 MGA por un lapsus calami al momento de incorporar los medios de prueba aportados en la audiencia de declaración de imputado a manera de arraigo no se incorporó el personamiento del Abogado Fernando Alejandro Orellana Amaya, el cual fue resuelto en la Audiencia.- San Pedro Sula, Cortés, a los doce días del mes de noviembre del años dos mil veinte.” (Folio 243 de la primera pieza de antecedentes). 5) Que en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, emitió resolución en el cual dice: ”…en la cual fue resuelto de manera oral el personamiento presentado en fecha veintitrés de octubre del año dos mil veinte, a la una con cuarenta minutos de la tarde, mismo fue desestimado por no tener carácter de victima los representados del abogado Orellana en vista que según la naturaleza del delito únicamente el Estado de Honduras es el que se ve afectado por el mismo, en tal sentido el referido profesional del derecho no ostenta poder de representación en el expediente de mérito; por lo que no es congruente ni apegado a derecho admitir el Recurso de Reposición y subsidiaria apelación, ya que la norma procesal penal instruye la manera correcta por la que un togado conocedor del derecho debe hacer sus respectivas peticiones, ya sean de hecho o de derecho cuando considera que sus derechos ha sido vulnerados.- Articulo 80 de la Constitución de la Republica, 17, 25, 353, 355 y 356 del Código Procesal Penal.- NOTIFIQUESE.- (Folio 260 de la primera pieza de antecedentes). 6) Que en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil veinte, el Abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA, interpuso ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, recurso de apelación a favor de los señores MACARIO GOMEZ PAREDES, JOSE MARINO GOMEZ PAREDES, CANDIDO OSWALDO GOMEZ PAREDES y JERONIMO GOMEZ PAREDES, todos actuando en su condición personal y el ultimo como representante legal de la señora LILIAN NICOLASA GOMEZ PAREDES, contra la resolución emitida en fecha DIECISEIS (16) de noviembre del año DOS MIL VEINTE (2020) mediante la cual inadmite recurso de reposición confirmando la resolución de fecha diez (10) de Noviembre del año DOS MIL VEINTE (2020) por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, departamento de Cortes…”.(Folio 1 de la segunda pieza de antecedentes). 7) Que en fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE A TRAMITE el recurso de apelación de hecho interpuesto por el Abogado FERNANDO ALEJANDRO OREALLANA AMAYA en su condición de Apoderado Judicial de los señores MACARIO GOMEZ PAREDES, JOSE MARINO GOMEZ PAREDES, CANDIDO OSWALDO GOMEZ PAREDES Y JERONIMO GOMEZ PAREDES, y LILIAN NICOLASA GOMEZ PAREDES, contra la resolución de fecha VEINTISEIS (26) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE dictado por el Juzgado Letras Penal de esta Sección Judicial. Artículo 80, 82 y 90 de la Constitución de la Republica; 17 del Código Procesal Penal; Y MANDA: Que se notifique la presente resolución a las partes procesales, con certificación de la misma, se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. - (Folio 22 al 24 de la segunda pieza de antecedentes). 8) Que en fecha nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo de que se ha hecho mérito, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico y ordenó seguir con el procedimiento. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que, conforme a lo explicitado en los Antecedentes, se conoce en vía de amparo la resolución proferida en fecha dieciséis de febrero dos mil veintiuno por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual declara sin lugar el recurso interpuesto por la representación procesal del impetrante, Abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA, a favor de los señores MACARIO GOMEZ PAREDES, JOSE MARINO GOMEZ PAREDES, CANDIDO OSWALDO GOMEZ PAREDES y JERONIMO GOMEZ PAREDES, todos actuando en su condición personal y el último como representante legal de la señora LILIAN NICOLASA GOMEZ PAREDES; fundamentando la Corte de Apelaciones que declaraba la INADMISIBILIDAD A TRAMITE del recurso de apelación de hecho interpuesto por el Abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA, contra la resolución dictada por el Juzgado Letras Penal referenciada en el Antecedente 5) de la presente sentencia; en la consideración motiva de no reunir sus representados la calidad de víctima, conforme a lo prescrito en el artículo 17 del Código Procesal Penal, lo cual resultaría conforme al artículo 351 del Código Procesal Penal. Lo anterior sustentaría la denegación de admisibilidad dictada por el Juez de instancia, contra el recurso de apelación presentado por profesional del derecho apelante, en vista a carecer de legitimación procesal (Legitimatio ad causa). CONSIDERANDO (4): Que, en formalización de su recurso de amparo, compareció el Abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA, esgrimiendo la infracción de las garantías procesales constitucionales, agrupadas en la denominación genérica de debido proceso, tales como la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, derecho de acceso a la justicia, de igualdad ante la ley, derecho de petición y a la impartición gratuita de la justicia por magistrados y jueces únicamente sometidos por la Constitución y las leyes; según contenidos en los artículo 61, 80, 82, 90 y 303 de la Constitución de la República y el derecho de reconocimiento a la personería jurídica y a las garantías judiciales sitos en los artículos 3 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, percibiendo tal infracción al derecho constitucional y convencional en los siguientes motivos: a) Consignada como Antecedentes de Hecho, se desprende la versión del amparista respecto a la errónea aplicación e interpretación judicial, por parte de la instancia ordinaria, de lo preceptuado en el artículo 17 del Código Procesal Penal, que establece la definición procesal penal del concepto de víctima. Solicita se le conceda amparo en virtud denegársele, por el Tribunal Ad Quem, conocer y resolver el recurso planteado contra la inadmisibilidad del personamiento efectuado por su representación en la causa penal instaurada, y de la cual se hecho el debido mérito, no obstante encontrarse revestido de todas las formalidades exigidas por el artículo 99 del Código Procesal Penal, para su admisibilidad y ejercer la representación que se le ha conferido. Sostiene el amparista, en este acápite, que de los antecedentes se desprende haber aceptado la instancia ordinaria el argumento de la defensa técnica de los imputados, referido a que el precitado artículo 17 del Código Procesal Penal no abarcaría como víctima a sus representados y que, únicamente pueden ser tomados en cuenta, en esta clase de delitos, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República; resultando sorprendido el Ministerio Público, inclusive, con la postura que la víctima es únicamente el Estado, ante lo cual, se aclaró que sus representados son hermanos afectados en su patrimonio por los delitos cometidos por los acusados, de que son víctimas y que este proceso derivan acciones del derecho civil. El juzgado de instancia, en su resolución, desestimó el personamiento del suscrito, convalidando el argumento de las partes constituidas en el proceso, en el sentido que el Ministerio Público quien tiene el impulso, y es la víctima en el proceso; y que al estar involucrada la fe pública del Estado, quien tendría que estar es la Procuraduría General de la República; dirimiendo al dicente al ámbito civil, para que pueda hacer las peticiones o el recurso que sean del caso. CONSIDERANDO (5): Que, asimismo, plantea el amparista el siguiente agravio al orden jurídico constitucional: b) Que deben analizarse los tipos penales que configuran el requerimiento fiscal, los cuales están contemplados en el Título XXVI Delitos contra la Fe Pública, bajo los artículos 456 (Falsificación de Documentos Públicos y Mercantiles y 459 (Uso de Documento Público Falso), ambos del Código Penal (Decreto Número 137-2017); en los cuales, si bien es la fe pública la víctima, no menos cierto es que acción de falsear documentos tiene una única finalidad, como es la de perjudicar a otros con la falsedad consignada. De lo anterior se colegiría, que, para que se configure el delito de Uso de Documento Público Falso, se hace necesario que el documento público sea utilizado para el tráfico jurídico, inherente a las relaciones sociales, en el cual se vean afectadas terceras personas, en menoscabo de sus derechos. Manifiesta el amparista que, en el presente caso, son sus representados, esos terceros afectados que tipifica la ley penal, al haber sufrido múltiples perjuicios con el Uso de Documentos Falsos por parte de los imputados. Considera el garantista, que, en base al principio de lealtad con la justicia, el debido proceso y de contradicción, dicha resolución de la Corte de Apelaciones recurrida, vulnera los derechos de sus representados, causándoles un perjuicio al nuevamente revictimizarles, al ser víctimas indirectas de la falsificación, propiamente dicha. Tal calidad les fue reconocida en sede administrativa a sus representados, cuando se les tomó su declaración como ofendidos; lo cual descarta el argumento judicial cuando manifiesta que en el requerimiento fiscal no se consigna el nombre de sus representados en su calidad de víctimas. Considera que la decisión judicial de soslayar el carácter de víctima que tienen sus representados, obviando la normatividad penal en análisis, relativo al perjuicio causado hacia un tercero por el uso de un documento falso, como resultado de una falsificación de documentos públicos, afecta al debido proceso, garantizado a los seres humanos por el hecho de serlo; no el hecho de ser, o poder ser parte de un proceso; como intenta justificar la Corte Ad Quem con su argumento de legitimatio ad causa que informa su resolución. CONSIDERANDO (6): Que también censura de manera relevante, el Abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA, en su condición precitada y en formalización de la garantía de amparo, lo siguiente: c) Que la fundamentación del fallo recurrido adolece de razonamientos rigorosos y formalismos excesivos, en desproporción a los fines que se persiguen con el acceso a la justicia. En contravención al artículo 8 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, menciona la línea jurisprudencial, que no explicita, del recurso de amparo civil otorgado SCO 0477-2018 de la Sala de lo Constitucional y el reconocimiento de la dignidad de las personas y a la personalidad jurídica, tutelado en la Constitución de la República, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Impugna, asimismo, la carente motivación del pronunciamiento judicial recurrido, al limitar la capacidad de actuar de su representación procesal, argumentando que sus representados no tienen legitimatio ad causa, justificando tal aserto en vista a que: “… tradicionalmente se ha entendido que el ofendido en este tipo de delitos (…) es el Estado”; lo cual, se considera, va en detrimento de la personalidad jurídica y demás derechos constitucionales enunciados, al irrespetar y desproteger la persona humana; en detrimento de lo establecido en el artículo 59 de nuestra Constitución, y al invertir el orden y los roles que establece la declaración constitucional, ubicando al Estado como única víctima, cerrando la posibilidad a la víctimas de ingresar al proceso. Encuentra un contrasentido en que el artículo 232 Constitucional atribuya al Ministerio Público la responsabilidad de representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, mientras que se niegue a esa representación legal que ostenta al recurrente, actuar como acusador de personas naturales en representación de personas, que también son afectadas. d) Finalmente, manifiesta el amparista, que, se ha coartado el derecho de sus representados a ser parte del proceso, siendo víctimas reconocidas del delito de uso de documentos públicos falsos; el cual se distingue de los delitos mono ofensivos, pues pasa a considerar expresamente varias víctimas, acorde el artículo 459 (Sic.), incluyendo al tercero perjudicado por el uso del documento falso. En ese orden de ideas, menciona varios fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de los cuales se desprende que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en sus respectivos procesos, tanto en la procuración del esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables, como en la búsqueda de una debida reparación; tal es el caso, tutelado por la Corte IDH, de un caso de ejecución extrajudicial, en el cual, los derechos afectados corresponden a los familiares de la víctima fallecida, como parte afectada a la cual el Estado debe garantizarle el acceso a la justicia.CONSIDERANDO (7): Que, por todo lo cual, solicita el Abogado FERNANDO ALEJANDRO ORELLANA AMAYA, en formalización de la garantía de amparo, se otorgue la presente acción de amparo, en vista a existir ultraje a los derechos tutelados por la Constitución de la República; ordenándose a la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, anular la sentencia recurrida y reestablecer los derechos fundamentales que se invocan como vulnerados a su representación legal y que se retrotraigan, hasta el momento en que ocurrió la vulneración, es decir, hasta la celebración de la audiencia de declaración de imputado. CONSIDERANDO (8): Que ha expresado la Sala de lo Constitucional, en su jurisprudencia, que las resoluciones jurisdiccionales deben ajustarse a todas las garantías convencionales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso; cumplimentando así, no solo el rango de legalidad, sino que el derecho de defensa y a un proceso dotado de todas las garantías a todas las partes constituidas legítimamente en el proceso. Así se asegura el derecho a ser oído en toda causa, o procedimiento, y el conocimiento de la imputación; así como la congruencia que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; la equiparación de posiciones entre las partes, o entre una parte y el Estado, ante el órgano jurisdiccional competente; entre otras, expresadas a título enunciativo. CONSIDERANDO (9): Que, el artículo 17 del Código Procesal Penal, prescribe, a la letra, quiénes tienen el carácter de víctimas: “Tendrá el carácter de víctima: 1) El directamente ofendido por el delito, incluyendo el Estado y demás entes públicos o privados; 2) El cónyuge o compañero de vida, los hijos, los padres adoptivos, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y los herederos en los delitos cuyo resultado haya sido la muerte del ofendido; y, 3) Los socios respecto de los delitos que afecten a una sociedad mercantil o civil y los comuneros con respecto al patrimonio proindiviso.” CONSIDERANDO (10): Que, en relación al primer y segundo agravio formalizados, estos son relativos a las alegaciones de errónea aplicación e interpretación judicial del artículo 17 del Código Procesal Penal, por parte del Tribunal Ad Quem; con relación al cumplimiento de todas las formalidades exigidas por el artículo 99 del Código Procesal Penal, para la admisibilidad y ejercicio de la representación procesal postulada por el garantista; lo cual reconduce a un concepto ampliado de víctima y de su necesaria postulación procesal. Asimismo, que deben analizarse los tipos penales que configuran el requerimiento fiscal (artículos 456 (Falsificación de Documentos Públicos y Mercantiles y 459 (Uso de Documento Público Falso), ambos del Código Penal (Decreto Número 137-2017). Si bien reconoce el amparista que es la fe pública la víctima, argumenta que la acción de falsear documentos públicos tiene como única finalidad perjudicar a otros con la falsedad, por lo cual la decisión judicial amparada, habría soslayado el carácter de víctima que tienen sus representados, con base a la normatividad penal bajo análisis, en virtud haber sufrido un perjuicio como tercero, por el uso de un documento falso por los imputados; en afectación al debido proceso, garantizado a los seres humanos por el sólo hecho de serlo. Rechazando el intento del Ad Quem de justificar vía el argumento legitimatio ad causa que informa su resolución. CONSIDERANDO (11): Que, se encuentra la Sala de lo Constitucional ante un argumento de mera legalidad, por no exceder del ámbito dogmático jurídico, en el rango legal ordinario; toda vez que la interpretación de la norma adjetiva penal por parte de Juez regular, es plausible, no careciendo de razonabilidad y objetividad. En efecto, al plasmar criterios típicos, ha actuado la instancia ordinaria en sujeción al principio de legalidad; teniendo en cuenta criterios tales como el de lesividad al bien jurídico protegido, para discernir el concepto material de víctima, y la misma operatividad del principio de subsidiariedad en el derecho procesal hondureño; es decir, que se ha explicitado jurisdiccionalmente la significación del enunciado normativo: “(…) resulta (r) directamente ofendido por el delito”, contenido en el artículo 17, numeral 1), del Código Procesal Penal; lo cual se ha también reconocido en la formalización del recurso de amparo. No obstante, tal distinción procesal, no ha desguarnecido la garantía del debido proceso a la representación procesal de quienes se consideran terceros perjudicados, quienes han ejercido la acción legal correspondiente en materia civil. Tómese también en consideración, la posibilidad reglada de ejercicio de la acción penal, que precave la ley para intervinientes privados, mas sólo en aquellos casos en que el Ministerio Público se abstenga de hacerlo y que se cumplan los demás requisitos de procedencia, para la figura de conversión, en delitos de acción pública. CONSIDERANDO (12): Que, habiendo quedado sentado que la jurisdicción ordinaria ha fallado el caso con adecuada y razonable motivación; reafirmase mediante atinente pronunciamiento que tampoco han quedado infringido el derecho de petición, de defensa, el principio de legalidad y demás derechos inherentes al bloque de convencionalidad a la parte impetrante del presente recurso mediante la realización de la audiencia de declaración de imputado, en la forma y composición antes referida y circunstanciada. En ese orden de ideas, menciona el garantista un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de los cuales se desprende que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en sus respectivos procesos, tanto en la procuración del esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables, como en la búsqueda de una debida reparación; consideración garantista que ha tenido ajustado cumplimiento conforme a lo legalmente dispuesto para el juzgamiento de los delitos comunes, de los denominados de acción penal pública, tales como son los delitos de USO DE DOCUMENTOS PUBLICOS FALSOS y de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, ambos en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Según la doctrina y jurisprudencia interamericana consultada, el sistema seguido por este ordenamiento procesal, como es el principio de oficialidad no exclusiva para el ejercicio de las acciones penales parece ser el más adecuado para un país como el nuestro: “… pues no se puede excluir del ejercicio de la acción penal, de manera absoluta, a las víctimas”. En el caso López Álvarez Vs. Honduras, por su parte, la Corte IDH, ha sido tajante al definir y establecer lo siguiente: “119. Esta Corte ha señalado que los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas.”CONSIDERANDO (13): Que, una recensión adecuada de lo anterior, a la luz de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico hondureño, tendría en consideración que el ejercicio de la acción pública le corresponderá al Ministerio Público, el cual proceder de oficio o a instancia de parte interesada y que, en los asuntos de su competencia, tal acción será ejercitada por la Procuraduría General de la República, sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público (Art. 25 del Código Procesal Penal). La norma adjetiva estipula también que la acción penal podrá ser ejercitada por la víctima del delito, en su caso; premisa normativa que no ha resultado inobservada en la resolución de apelaciones que se conoce en amparo, allende consideraciones subjetivas, sobre lo que se entiende por posición tradicional, o de dominancia de determinada concepción, en el ámbito del derecho procesal penal. Con estas apreciaciones Obiter Dicta no se genera afectación alguna al reconocimiento de la personería jurídica, ni a la adjudicación de los derechos de ninguno de los intervinientes en el caso bajo estudio; pues no existe tal pretensión de exclusividad de la incoación de la acción penal pública, sin desmedro de la atribución legal de la Procuraduría General de la República, en complementariedad a la ejercida por el Ministerio Público, como queda expresado; aunada a la derivación lógica que hace la Alzada, en el caso concreto, de carecer de legitimación procesal (Legitimatio ad causa), para la audiencia, la representación postulante; por no considerarla directamente ofendida por los delitos de USO DE DOCUMENTOS PUBLICOS FALSOS y de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, ambos imputados en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (14): Que, finalmente, ha aducido el amparista que la fundamentación del fallo recurrido adolece de razonamientos rigorosos y de formalismos excesivos, en desproporción a los fines que se persiguen con el acceso a la justicia, el reconocimiento de la dignidad de las personas y a la personalidad jurídica, tutelados en la Constitución de la República, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; al motivar que sus representados no tienen legitimatio ad causa, y justificar tal aserto en vista a que: “… tradicionalmente se ha entendido que el ofendido en este tipo de delitos (…) es el Estado”. Considera lo anterior iría en detrimento de los derechos constitucionales antes enunciados, al irrespetar y desproteger la persona humana; invirtiendo el orden y los roles que establece la declaración constitucional, ubicando al Estado como única víctima, cerrando la posibilidad a la víctimas de ingresar al proceso, en contrasentido a lo que establece el artículo 232 Constitucional, por medio del cual se atribuye al Ministerio Público la responsabilidad de representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad; mientras que se niega a la representación legal que ostenta al recurrente, actuar como acusador de personas naturales en representación de personas también afectadas; argumentación que se juzga reiterativa, sin trascendencia real a la comprobación de vulneraciones al bloque de constitucionalidad, dado que la racionalidad es garantía de una justicia pronta y cumplida, vinculada a derecho y de proscripción de la arbitrariedad; juzgándose no inconducente, de manera alguna, que la Fiscalía del Ministerio Público ejerza la atribución que el artículo 232 Constitucional le confiere, a efecto de cumplimentar la responsabilidad de representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, en su más amplio y comprensivo concepto. CONSIDERANDO (15): Que, según ha precisado el tratadista Konrad HESSE, concierne a la teoría constitucional de los derechos: “Al significado de los derechos fundamentales como derechos subjetivos de defensa del individuo frente a intervenciones injustificadas del Estado corresponde su significado jurídico objetivo como preceptos negativos de competencia. Las competencias legislativas, administrativas y judiciales encuentran su límite siempre en los derechos fundamentales; éstos excluyen de la competencia estatal el ámbito que protegen, y en esa medida vedan su intervención”. En tal sentido, se perciben dos dimensiones intrínsecamente relacionadas: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación del orden jurídico constitucional por parte de los Poderes del Estado; y, b) Una dimensión subjetiva, manifestada cuando la actividad de los referidos Poderes del Estado vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos; ninguna de las cuales se juzga como vulnerada por el tenor literal de la resolución que se conoce en amparo. Por todo lo cual, procede la Sala de lo Constitucional a emitir sentencia denegatoria, a la presente acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 61, 80, 82, 90, 92, 96, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1), y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de octubre de dos mil veintitrés, certificación del Fallo de fecha nueve de junio de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0461-2021.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.