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Sentencia AP-443-22 — Registro 17956

Resumen

Homologación de acuerdo conciliatorio por delito de orden público con relación a la causa instruida contra imputado, por suponerlo responsable del delito de Maltrato Familiar, sosteniendo la Sala Constitucional que Ad quem al confirmar decisión del juez de letras de homologar un acuerdo conciliatorio por un delito de orden público que no admite tal figura, ha desconocido en forma impropia la potestad inherente del legislador de pautar y reglar el procedimiento de la conciliación, violentando el principio de legalidad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

29): Que, se advierte que aquí el Tribunal de Alzada entiende de manera impropia la ley, dándole un sentido que no tiene, cometiendo una serie de errores de interpretación legal, los que detallamos a continuación: 1. La Alzada comete un grave error al asumir que el párrafo final del artículo 45 incorpora nuevas figuras delictivas como susceptibles de la conciliación. La intención del legislador en el último párrafo del artículo 45 es clara: vedar al juez o al órgano jurisdiccional la posibilidad de exhortar a las partes para que concilien en aquellos delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas. Resulta evidente que, al puntualizar este tipo de delitos, el legislador se está refiriendo a aquellos en los que sí procede la conciliación, es decir en las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, y de ninguna manera puede entenderse que mediante este párrafo se amplía la posibilidad de conciliar en otros delitos que no sean los que taxativamente ha fijado ya el mismo artículo 45. 2. La Alzada entiende erradamente que cuando el artículo 45 hace alusión a delitos sexuales, a delitos en perjuicio de niños y a agresiones domésticas se refiere a delitos de orden público. Basta con examinar el Código Procesal Penal para darse cuenta que no todos los delitos sexuales, los delitos en perjuicio de niños y en los que existen agresiones domésticas son de orden público. El artículo 26 referente a los delitos perseguibles a instancia de la víctima incluye delitos como el estupro, el incesto, el rapto y a los abusos deshonestos[2] que son delitos de naturaleza sexual que obviamente no son de orden público, y como delitos de instancia particular permiten la posibilidad de conciliar, siempre y cuando la víctima sea mayor de 14 años. Estos delitos además pueden ser cometidos en perjuicio de niños, y tampoco serán de orden público por ese único motivo, si consideramos que conforme con la Convención de los Derechos del Niño se entenderá por niño todo ser humano menos de 18 años. Por ello, también es un error de la Alzada asumir que todos los delitos en perjuicio de niños son de orden público, y un ejemplo claro es el que hemos citado en el acápite anterior. Asimismo, pueden darse otros ejemplos de delitos no sexuales en perjuicio de niños que también son perseguibles a instancia de la víctima, y en esos casos, al igual que los anteriores, también podría admitirse el arreglo conciliatorio entre victima e imputado por ser delitos dependientes de instancia particular, como lo manda el artículo 45. Lo que no se permitiría sería que el órgano jurisdiccional promoviese la conciliación. 3. La Alzada también se equivoca notablemente al asumir que las agresiones domésticas a las que alude el artículo 45 constituyen un delito de orden público. Además, confunde y equipara el delito de maltrato familiar con estas agresiones domésticas mencionadas por el legislador. En primer lugar, bajo el término “agresiones domésticas” no se lo denomina a ningún tipo penal, ni en el Código Penal de 1985 ni en el actual de 2017, y por esa única razón, partiendo del principio de legalidad penal del que hemos hablado ya, no se les puede considerar como delito como erradamente lo ha entendido el Tribunal de Apelaciones, pues solo serán delitos aquellos que la ley disponga como tales. En segundo lugar, debemos enfatizar que cuando el legislador decide mencionar a las agresiones domésticas en el párrafo final del artículo 45, lo hace para limitar la posibilidad del órgano jurisdiccional de promover la conciliación en aquellos delitos en donde ha existido algún tipo de agresión doméstica, no como un tipo penal (porque no existe como tal) sino como un elemento de determinados tipos penales. Independientemente de ello, la asimilación hecha por la Alzada del delito de maltrato familiar a las agresiones domésticas que se mencionan en el artículo 45 resulta inaceptable e incluso arbitraria a criterio de esta Sala. 4. La Alzada comete una aplicación indebida de la norma cuando declara en su sentencia que la conciliación es admisible en los delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas. CONSIDERANDO (30): Que, la Corte de Apelaciones olvidando que la propia ley ya ha delimitado y establecido en forma taxativa, tanto los delitos como las condiciones en las que procede la conciliación, le da a la ley un sentido que no tiene y que no resulta de sus propios términos. El razonamiento de la Alzada es desacertado y arbitrario porque de la lectura del texto legal del artículo 45 es evidente que cuando se establece que el órgano jurisdiccional no procurará la conciliación entre las partes en aquellos delitos de carácter sexual, aquellos cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas, claramente se refiere a aquellos supuestos en los que la propia ley permite la conciliación, y no al universo de delitos sexuales, los que sean en perjuicio de niños o en todos los tipos penales en los que han mediado las agresiones domésticas. I. Así entonces, es parecer de esta Sala de lo Constitucional que si el legislador mantuvo el nuevo delito de maltrato familiar como un delito de orden público perseguible de oficio por parte del Ministerio Público—como lo fue en su momento el delito de violencia intrafamiliar—ya que no fue incorporado como una falta o como un delito de índole privada o perseguible a instancia de la víctima que permitiera como tal ser susceptible de un arreglo conciliatorio, la decisión de admitir un acuerdo conciliatorio en virtud de un delito que no se encuentra taxativamente incluido en la nómina de delitos que si permiten esta medida y con ello homologar el acuerdo derivado del mismo, es una decisión contraria a la ley y por ende lesiva del principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal. II. Esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que el derecho a un debido proceso legal comporta que en todo proceso deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, lo cual implica el aseguramiento de esas garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio o trámite de que se trate. III. A su vez hemos declarado que, relacionada también con este derecho, la tutela judicial efectiva conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiéndole a los jueces y tribunales, por mandato constitucional, aplicar las leyes a casos concretos[3], se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico. IV. En tal virtud, esta Sala encuentra que, en la sentencia que ha sido recurrida en amparo, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, ha desatendido en forma arbitraria el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal en perjuicio del Estado de Honduras, atribuyendo al artículo 45 del Código Procesal Penal un sentido que no resulta explícitamente de sus propios términos, declarando indebidamente que la figura de la conciliación procede contra delitos de orden público, cuando la propia ley procesal establece de manera taxativa en qué casos y porqué delitos puede haber conciliación entre victima e imputado. Por tal razón, al confirmar la decisión del juez de letras de homologar un acuerdo conciliatorio por un delito de orden público que no admite tal figura, ha desconocido en forma impropia la potestad inherente del legislador de pautar y reglar el procedimiento de la conciliación, violentando tanto el principio de legalidad, como la garantía a un debido proceso como ya se dijo, excediendo su potestad jurisdiccional en detrimento de los derechos del recurrente y desatendiendo uno de los principios rectores del proceso penal. V. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

29): Que, se advierte que aquí el Tribunal de Alzada entiende de manera impropia la ley, dándole un sentido que no tiene, cometiendo una serie de errores de interpretación legal, los que detallamos a continuación: 1. La Alzada comete un grave error al asumir que el párrafo final del artículo 45 incorpora nuevas figuras delictivas como susceptibles de la conciliación. La intención del legislador en el último párrafo del artículo 45 es clara: vedar al juez o al órgano jurisdiccional la posibilidad de exhortar a las partes para que concilien en aquellos delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas. Resulta evidente que, al puntualizar este tipo de delitos, el legislador se está refiriendo a aquellos en los que sí procede la conciliación, es decir en las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, y de ninguna manera puede entenderse que mediante este párrafo se amplía la posibilidad de conciliar en otros delitos que no sean los que taxativamente ha fijado ya el mismo artículo 45. 2. La Alzada entiende erradamente que cuando el artículo 45 hace alusión a delitos sexuales, a delitos en perjuicio de niños y a agresiones domésticas se refiere a delitos de orden público. Basta con examinar el Código Procesal Penal para darse cuenta que no todos los delitos sexuales, los delitos en perjuicio de niños y en los que existen agresiones domésticas son de orden público. El artículo 26 referente a los delitos perseguibles a instancia de la víctima incluye delitos como el estupro, el incesto, el rapto y a los abusos deshonestos[2] que son delitos de naturaleza sexual que obviamente no son de orden público, y como delitos de instancia particular permiten la posibilidad de conciliar, siempre y cuando la víctima sea mayor de 14 años. Estos delitos además pueden ser cometidos en perjuicio de niños, y tampoco serán de orden público por ese único motivo, si consideramos que conforme con la Convención de los Derechos del Niño se entenderá por niño todo ser humano menos de 18 años. Por ello, también es un error de la Alzada asumir que todos los delitos en perjuicio de niños son de orden público, y un ejemplo claro es el que hemos citado en el acápite anterior. Asimismo, pueden darse otros ejemplos de delitos no sexuales en perjuicio de niños que también son perseguibles a instancia de la víctima, y en esos casos, al igual que los anteriores, también podría admitirse el arreglo conciliatorio entre victima e imputado por ser delitos dependientes de instancia particular, como lo manda el artículo 45. Lo que no se permitiría sería que el órgano jurisdiccional promoviese la conciliación. 3. La Alzada también se equivoca notablemente al asumir que las agresiones domésticas a las que alude el artículo 45 constituyen un delito de orden público. Además, confunde y equipara el delito de maltrato familiar con estas agresiones domésticas mencionadas por el legislador. En primer lugar, bajo el término “agresiones domésticas” no se lo denomina a ningún tipo penal, ni en el Código Penal de 1985 ni en el actual de 2017, y por esa única razón, partiendo del principio de legalidad penal del que hemos hablado ya, no se les puede considerar como delito como erradamente lo ha entendido el Tribunal de Apelaciones, pues solo serán delitos aquellos que la ley disponga como tales. En segundo lugar, debemos enfatizar que cuando el legislador decide mencionar a las agresiones domésticas en el párrafo final del artículo 45, lo hace para limitar la posibilidad del órgano jurisdiccional de promover la conciliación en aquellos delitos en donde ha existido algún tipo de agresión doméstica, no como un tipo penal (porque no existe como tal) sino como un elemento de determinados tipos penales. Independientemente de ello, la asimilación hecha por la Alzada del delito de maltrato familiar a las agresiones domésticas que se mencionan en el artículo 45 resulta inaceptable e incluso arbitraria a criterio de esta Sala. 4. La Alzada comete una aplicación indebida de la norma cuando declara en su sentencia que la conciliación es admisible en los delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas. CONSIDERANDO (30): Que, la Corte de Apelaciones olvidando que la propia ley ya ha delimitado y establecido en forma taxativa, tanto los delitos como las condiciones en las que procede la conciliación, le da a la ley un sentido que no tiene y que no resulta de sus propios términos. El razonamiento de la Alzada es desacertado y arbitrario porque de la lectura del texto legal del artículo 45 es evidente que cuando se establece que el órgano jurisdiccional no procurará la conciliación entre las partes en aquellos delitos de carácter sexual, aquellos cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas, claramente se refiere a aquellos supuestos en los que la propia ley permite la conciliación, y no al universo de delitos sexuales, los que sean en perjuicio de niños o en todos los tipos penales en los que han mediado las agresiones domésticas. I. Así entonces, es parecer de esta Sala de lo Constitucional que si el legislador mantuvo el nuevo delito de maltrato familiar como un delito de orden público perseguible de oficio por parte del Ministerio Público—como lo fue en su momento el delito de violencia intrafamiliar—ya que no fue incorporado como una falta o como un delito de índole privada o perseguible a instancia de la víctima que permitiera como tal ser susceptible de un arreglo conciliatorio, la decisión de admitir un acuerdo conciliatorio en virtud de un delito que no se encuentra taxativamente incluido en la nómina de delitos que si permiten esta medida y con ello homologar el acuerdo derivado del mismo, es una decisión contraria a la ley y por ende lesiva del principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal. II. Esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que el derecho a un debido proceso legal comporta que en todo proceso deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, lo cual implica el aseguramiento de esas garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio o trámite de que se trate. III. A su vez hemos declarado que, relacionada también con este derecho, la tutela judicial efectiva conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiéndole a los jueces y tribunales, por mandato constitucional, aplicar las leyes a casos concretos[3], se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico. IV. En tal virtud, esta Sala encuentra que, en la sentencia que ha sido recurrida en amparo, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, ha desatendido en forma arbitraria el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal en perjuicio del Estado de Honduras, atribuyendo al artículo 45 del Código Procesal Penal un sentido que no resulta explícitamente de sus propios términos, declarando indebidamente que la figura de la conciliación procede contra delitos de orden público, cuando la propia ley procesal establece de manera taxativa en qué casos y porqué delitos puede haber conciliación entre victima e imputado. Por tal razón, al confirmar la decisión del juez de letras de homologar un acuerdo conciliatorio por un delito de orden público que no admite tal figura, ha desconocido en forma impropia la potestad inherente del legislador de pautar y reglar el procedimiento de la conciliación, violentando tanto el principio de legalidad, como la garantía a un debido proceso como ya se dijo, excediendo su potestad jurisdiccional en detrimento de los derechos del recurrente y desatendiendo uno de los principios rectores del proceso penal. V. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

29): Que, se advierte que aquí el Tribunal de Alzada entiende de manera impropia la ley, dándole un sentido que no tiene, cometiendo una serie de errores de interpretación legal, los que detallamos a continuación: 1. La Alzada comete un grave error al asumir que el párrafo final del artículo 45 incorpora nuevas figuras delictivas como susceptibles de la conciliación. La intención del legislador en el último párrafo del artículo 45 es clara: vedar al juez o al órgano jurisdiccional la posibilidad de exhortar a las partes para que concilien en aquellos delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas. Resulta evidente que, al puntualizar este tipo de delitos, el legislador se está refiriendo a aquellos en los que sí procede la conciliación, es decir en las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, y de ninguna manera puede entenderse que mediante este párrafo se amplía la posibilidad de conciliar en otros delitos que no sean los que taxativamente ha fijado ya el mismo artículo 45. 2. La Alzada entiende erradamente que cuando el artículo 45 hace alusión a delitos sexuales, a delitos en perjuicio de niños y a agresiones domésticas se refiere a delitos de orden público. Basta con examinar el Código Procesal Penal para darse cuenta que no todos los delitos sexuales, los delitos en perjuicio de niños y en los que existen agresiones domésticas son de orden público. El artículo 26 referente a los delitos perseguibles a instancia de la víctima incluye delitos como el estupro, el incesto, el rapto y a los abusos deshonestos[2] que son delitos de naturaleza sexual que obviamente no son de orden público, y como delitos de instancia particular permiten la posibilidad de conciliar, siempre y cuando la víctima sea mayor de 14 años. Estos delitos además pueden ser cometidos en perjuicio de niños, y tampoco serán de orden público por ese único motivo, si consideramos que conforme con la Convención de los Derechos del Niño se entenderá por niño todo ser humano menos de 18 años. Por ello, también es un error de la Alzada asumir que todos los delitos en perjuicio de niños son de orden público, y un ejemplo claro es el que hemos citado en el acápite anterior. Asimismo, pueden darse otros ejemplos de delitos no sexuales en perjuicio de niños que también son perseguibles a instancia de la víctima, y en esos casos, al igual que los anteriores, también podría admitirse el arreglo conciliatorio entre victima e imputado por ser delitos dependientes de instancia particular, como lo manda el artículo 45. Lo que no se permitiría sería que el órgano jurisdiccional promoviese la conciliación. 3. La Alzada también se equivoca notablemente al asumir que las agresiones domésticas a las que alude el artículo 45 constituyen un delito de orden público. Además, confunde y equipara el delito de maltrato familiar con estas agresiones domésticas mencionadas por el legislador. En primer lugar, bajo el término “agresiones domésticas” no se lo denomina a ningún tipo penal, ni en el Código Penal de 1985 ni en el actual de 2017, y por esa única razón, partiendo del principio de legalidad penal del que hemos hablado ya, no se les puede considerar como delito como erradamente lo ha entendido el Tribunal de Apelaciones, pues solo serán delitos aquellos que la ley disponga como tales. En segundo lugar, debemos enfatizar que cuando el legislador decide mencionar a las agresiones domésticas en el párrafo final del artículo 45, lo hace para limitar la posibilidad del órgano jurisdiccional de promover la conciliación en aquellos delitos en donde ha existido algún tipo de agresión doméstica, no como un tipo penal (porque no existe como tal) sino como un elemento de determinados tipos penales. Independientemente de ello, la asimilación hecha por la Alzada del delito de maltrato familiar a las agresiones domésticas que se mencionan en el artículo 45 resulta inaceptable e incluso arbitraria a criterio de esta Sala. 4. La Alzada comete una aplicación indebida de la norma cuando declara en su sentencia que la conciliación es admisible en los delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas. CONSIDERANDO (30): Que, la Corte de Apelaciones olvidando que la propia ley ya ha delimitado y establecido en forma taxativa, tanto los delitos como las condiciones en las que procede la conciliación, le da a la ley un sentido que no tiene y que no resulta de sus propios términos. El razonamiento de la Alzada es desacertado y arbitrario porque de la lectura del texto legal del artículo 45 es evidente que cuando se establece que el órgano jurisdiccional no procurará la conciliación entre las partes en aquellos delitos de carácter sexual, aquellos cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas, claramente se refiere a aquellos supuestos en los que la propia ley permite la conciliación, y no al universo de delitos sexuales, los que sean en perjuicio de niños o en todos los tipos penales en los que han mediado las agresiones domésticas. I. Así entonces, es parecer de esta Sala de lo Constitucional que si el legislador mantuvo el nuevo delito de maltrato familiar como un delito de orden público perseguible de oficio por parte del Ministerio Público—como lo fue en su momento el delito de violencia intrafamiliar—ya que no fue incorporado como una falta o como un delito de índole privada o perseguible a instancia de la víctima que permitiera como tal ser susceptible de un arreglo conciliatorio, la decisión de admitir un acuerdo conciliatorio en virtud de un delito que no se encuentra taxativamente incluido en la nómina de delitos que si permiten esta medida y con ello homologar el acuerdo derivado del mismo, es una decisión contraria a la ley y por ende lesiva del principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal. II. Esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que el derecho a un debido proceso legal comporta que en todo proceso deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, lo cual implica el aseguramiento de esas garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio o trámite de que se trate. III. A su vez hemos declarado que, relacionada también con este derecho, la tutela judicial efectiva conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiéndole a los jueces y tribunales, por mandato constitucional, aplicar las leyes a casos concretos[3], se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico. IV. En tal virtud, esta Sala encuentra que, en la sentencia que ha sido recurrida en amparo, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, ha desatendido en forma arbitraria el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal en perjuicio del Estado de Honduras, atribuyendo al artículo 45 del Código Procesal Penal un sentido que no resulta explícitamente de sus propios términos, declarando indebidamente que la figura de la conciliación procede contra delitos de orden público, cuando la propia ley procesal establece de manera taxativa en qué casos y porqué delitos puede haber conciliación entre victima e imputado. Por tal razón, al confirmar la decisión del juez de letras de homologar un acuerdo conciliatorio por un delito de orden público que no admite tal figura, ha desconocido en forma impropia la potestad inherente del legislador de pautar y reglar el procedimiento de la conciliación, violentando tanto el principio de legalidad, como la garantía a un debido proceso como ya se dijo, excediendo su potestad jurisdiccional en detrimento de los derechos del recurrente y desatendiendo uno de los principios rectores del proceso penal. V. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

29): Que, se advierte que aquí el Tribunal de Alzada entiende de manera impropia la ley, dándole un sentido que no tiene, cometiendo una serie de errores de interpretación legal, los que detallamos a continuación: 1. La Alzada comete un grave error al asumir que el párrafo final del artículo 45 incorpora nuevas figuras delictivas como susceptibles de la conciliación. La intención del legislador en el último párrafo del artículo 45 es clara: vedar al juez o al órgano jurisdiccional la posibilidad de exhortar a las partes para que concilien en aquellos delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas. Resulta evidente que, al puntualizar este tipo de delitos, el legislador se está refiriendo a aquellos en los que sí procede la conciliación, es decir en las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, y de ninguna manera puede entenderse que mediante este párrafo se amplía la posibilidad de conciliar en otros delitos que no sean los que taxativamente ha fijado ya el mismo artículo 45. 2. La Alzada entiende erradamente que cuando el artículo 45 hace alusión a delitos sexuales, a delitos en perjuicio de niños y a agresiones domésticas se refiere a delitos de orden público. Basta con examinar el Código Procesal Penal para darse cuenta que no todos los delitos sexuales, los delitos en perjuicio de niños y en los que existen agresiones domésticas son de orden público. El artículo 26 referente a los delitos perseguibles a instancia de la víctima incluye delitos como el estupro, el incesto, el rapto y a los abusos deshonestos[2] que son delitos de naturaleza sexual que obviamente no son de orden público, y como delitos de instancia particular permiten la posibilidad de conciliar, siempre y cuando la víctima sea mayor de 14 años. Estos delitos además pueden ser cometidos en perjuicio de niños, y tampoco serán de orden público por ese único motivo, si consideramos que conforme con la Convención de los Derechos del Niño se entenderá por niño todo ser humano menos de 18 años. Por ello, también es un error de la Alzada asumir que todos los delitos en perjuicio de niños son de orden público, y un ejemplo claro es el que hemos citado en el acápite anterior. Asimismo, pueden darse otros ejemplos de delitos no sexuales en perjuicio de niños que también son perseguibles a instancia de la víctima, y en esos casos, al igual que los anteriores, también podría admitirse el arreglo conciliatorio entre victima e imputado por ser delitos dependientes de instancia particular, como lo manda el artículo 45. Lo que no se permitiría sería que el órgano jurisdiccional promoviese la conciliación. 3. La Alzada también se equivoca notablemente al asumir que las agresiones domésticas a las que alude el artículo 45 constituyen un delito de orden público. Además, confunde y equipara el delito de maltrato familiar con estas agresiones domésticas mencionadas por el legislador. En primer lugar, bajo el término “agresiones domésticas” no se lo denomina a ningún tipo penal, ni en el Código Penal de 1985 ni en el actual de 2017, y por esa única razón, partiendo del principio de legalidad penal del que hemos hablado ya, no se les puede considerar como delito como erradamente lo ha entendido el Tribunal de Apelaciones, pues solo serán delitos aquellos que la ley disponga como tales. En segundo lugar, debemos enfatizar que cuando el legislador decide mencionar a las agresiones domésticas en el párrafo final del artículo 45, lo hace para limitar la posibilidad del órgano jurisdiccional de promover la conciliación en aquellos delitos en donde ha existido algún tipo de agresión doméstica, no como un tipo penal (porque no existe como tal) sino como un elemento de determinados tipos penales. Independientemente de ello, la asimilación hecha por la Alzada del delito de maltrato familiar a las agresiones domésticas que se mencionan en el artículo 45 resulta inaceptable e incluso arbitraria a criterio de esta Sala. 4. La Alzada comete una aplicación indebida de la norma cuando declara en su sentencia que la conciliación es admisible en los delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas. CONSIDERANDO (30): Que, la Corte de Apelaciones olvidando que la propia ley ya ha delimitado y establecido en forma taxativa, tanto los delitos como las condiciones en las que procede la conciliación, le da a la ley un sentido que no tiene y que no resulta de sus propios términos. El razonamiento de la Alzada es desacertado y arbitrario porque de la lectura del texto legal del artículo 45 es evidente que cuando se establece que el órgano jurisdiccional no procurará la conciliación entre las partes en aquellos delitos de carácter sexual, aquellos cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas, claramente se refiere a aquellos supuestos en los que la propia ley permite la conciliación, y no al universo de delitos sexuales, los que sean en perjuicio de niños o en todos los tipos penales en los que han mediado las agresiones domésticas. I. Así entonces, es parecer de esta Sala de lo Constitucional que si el legislador mantuvo el nuevo delito de maltrato familiar como un delito de orden público perseguible de oficio por parte del Ministerio Público—como lo fue en su momento el delito de violencia intrafamiliar—ya que no fue incorporado como una falta o como un delito de índole privada o perseguible a instancia de la víctima que permitiera como tal ser susceptible de un arreglo conciliatorio, la decisión de admitir un acuerdo conciliatorio en virtud de un delito que no se encuentra taxativamente incluido en la nómina de delitos que si permiten esta medida y con ello homologar el acuerdo derivado del mismo, es una decisión contraria a la ley y por ende lesiva del principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal. II. Esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que el derecho a un debido proceso legal comporta que en todo proceso deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, lo cual implica el aseguramiento de esas garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio o trámite de que se trate. III. A su vez hemos declarado que, relacionada también con este derecho, la tutela judicial efectiva conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiéndole a los jueces y tribunales, por mandato constitucional, aplicar las leyes a casos concretos[3], se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico. IV. En tal virtud, esta Sala encuentra que, en la sentencia que ha sido recurrida en amparo, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, ha desatendido en forma arbitraria el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal en perjuicio del Estado de Honduras, atribuyendo al artículo 45 del Código Procesal Penal un sentido que no resulta explícitamente de sus propios términos, declarando indebidamente que la figura de la conciliación procede contra delitos de orden público, cuando la propia ley procesal establece de manera taxativa en qué casos y porqué delitos puede haber conciliación entre victima e imputado. Por tal razón, al confirmar la decisión del juez de letras de homologar un acuerdo conciliatorio por un delito de orden público que no admite tal figura, ha desconocido en forma impropia la potestad inherente del legislador de pautar y reglar el procedimiento de la conciliación, violentando tanto el principio de legalidad, como la garantía a un debido proceso como ya se dijo, excediendo su potestad jurisdiccional en detrimento de los derechos del recurrente y desatendiendo uno de los principios rectores del proceso penal. V. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

29): Que, se advierte que aquí el Tribunal de Alzada entiende de manera impropia la ley, dándole un sentido que no tiene, cometiendo una serie de errores de interpretación legal, los que detallamos a continuación: 1. La Alzada comete un grave error al asumir que el párrafo final del artículo 45 incorpora nuevas figuras delictivas como susceptibles de la conciliación. La intención del legislador en el último párrafo del artículo 45 es clara: vedar al juez o al órgano jurisdiccional la posibilidad de exhortar a las partes para que concilien en aquellos delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas. Resulta evidente que, al puntualizar este tipo de delitos, el legislador se está refiriendo a aquellos en los que sí procede la conciliación, es decir en las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, y de ninguna manera puede entenderse que mediante este párrafo se amplía la posibilidad de conciliar en otros delitos que no sean los que taxativamente ha fijado ya el mismo artículo 45. 2. La Alzada entiende erradamente que cuando el artículo 45 hace alusión a delitos sexuales, a delitos en perjuicio de niños y a agresiones domésticas se refiere a delitos de orden público. Basta con examinar el Código Procesal Penal para darse cuenta que no todos los delitos sexuales, los delitos en perjuicio de niños y en los que existen agresiones domésticas son de orden público. El artículo 26 referente a los delitos perseguibles a instancia de la víctima incluye delitos como el estupro, el incesto, el rapto y a los abusos deshonestos[2] que son delitos de naturaleza sexual que obviamente no son de orden público, y como delitos de instancia particular permiten la posibilidad de conciliar, siempre y cuando la víctima sea mayor de 14 años. Estos delitos además pueden ser cometidos en perjuicio de niños, y tampoco serán de orden público por ese único motivo, si consideramos que conforme con la Convención de los Derechos del Niño se entenderá por niño todo ser humano menos de 18 años. Por ello, también es un error de la Alzada asumir que todos los delitos en perjuicio de niños son de orden público, y un ejemplo claro es el que hemos citado en el acápite anterior. Asimismo, pueden darse otros ejemplos de delitos no sexuales en perjuicio de niños que también son perseguibles a instancia de la víctima, y en esos casos, al igual que los anteriores, también podría admitirse el arreglo conciliatorio entre victima e imputado por ser delitos dependientes de instancia particular, como lo manda el artículo 45. Lo que no se permitiría sería que el órgano jurisdiccional promoviese la conciliación. 3. La Alzada también se equivoca notablemente al asumir que las agresiones domésticas a las que alude el artículo 45 constituyen un delito de orden público. Además, confunde y equipara el delito de maltrato familiar con estas agresiones domésticas mencionadas por el legislador. En primer lugar, bajo el término “agresiones domésticas” no se lo denomina a ningún tipo penal, ni en el Código Penal de 1985 ni en el actual de 2017, y por esa única razón, partiendo del principio de legalidad penal del que hemos hablado ya, no se les puede considerar como delito como erradamente lo ha entendido el Tribunal de Apelaciones, pues solo serán delitos aquellos que la ley disponga como tales. En segundo lugar, debemos enfatizar que cuando el legislador decide mencionar a las agresiones domésticas en el párrafo final del artículo 45, lo hace para limitar la posibilidad del órgano jurisdiccional de promover la conciliación en aquellos delitos en donde ha existido algún tipo de agresión doméstica, no como un tipo penal (porque no existe como tal) sino como un elemento de determinados tipos penales. Independientemente de ello, la asimilación hecha por la Alzada del delito de maltrato familiar a las agresiones domésticas que se mencionan en el artículo 45 resulta inaceptable e incluso arbitraria a criterio de esta Sala. 4. La Alzada comete una aplicación indebida de la norma cuando declara en su sentencia que la conciliación es admisible en los delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas. CONSIDERANDO (30): Que, la Corte de Apelaciones olvidando que la propia ley ya ha delimitado y establecido en forma taxativa, tanto los delitos como las condiciones en las que procede la conciliación, le da a la ley un sentido que no tiene y que no resulta de sus propios términos. El razonamiento de la Alzada es desacertado y arbitrario porque de la lectura del texto legal del artículo 45 es evidente que cuando se establece que el órgano jurisdiccional no procurará la conciliación entre las partes en aquellos delitos de carácter sexual, aquellos cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas, claramente se refiere a aquellos supuestos en los que la propia ley permite la conciliación, y no al universo de delitos sexuales, los que sean en perjuicio de niños o en todos los tipos penales en los que han mediado las agresiones domésticas. I. Así entonces, es parecer de esta Sala de lo Constitucional que si el legislador mantuvo el nuevo delito de maltrato familiar como un delito de orden público perseguible de oficio por parte del Ministerio Público—como lo fue en su momento el delito de violencia intrafamiliar—ya que no fue incorporado como una falta o como un delito de índole privada o perseguible a instancia de la víctima que permitiera como tal ser susceptible de un arreglo conciliatorio, la decisión de admitir un acuerdo conciliatorio en virtud de un delito que no se encuentra taxativamente incluido en la nómina de delitos que si permiten esta medida y con ello homologar el acuerdo derivado del mismo, es una decisión contraria a la ley y por ende lesiva del principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal. II. Esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que el derecho a un debido proceso legal comporta que en todo proceso deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, lo cual implica el aseguramiento de esas garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio o trámite de que se trate. III. A su vez hemos declarado que, relacionada también con este derecho, la tutela judicial efectiva conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiéndole a los jueces y tribunales, por mandato constitucional, aplicar las leyes a casos concretos[3], se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico. IV. En tal virtud, esta Sala encuentra que, en la sentencia que ha sido recurrida en amparo, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, ha desatendido en forma arbitraria el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal en perjuicio del Estado de Honduras, atribuyendo al artículo 45 del Código Procesal Penal un sentido que no resulta explícitamente de sus propios términos, declarando indebidamente que la figura de la conciliación procede contra delitos de orden público, cuando la propia ley procesal establece de manera taxativa en qué casos y porqué delitos puede haber conciliación entre victima e imputado. Por tal razón, al confirmar la decisión del juez de letras de homologar un acuerdo conciliatorio por un delito de orden público que no admite tal figura, ha desconocido en forma impropia la potestad inherente del legislador de pautar y reglar el procedimiento de la conciliación, violentando tanto el principio de legalidad, como la garantía a un debido proceso como ya se dijo, excediendo su potestad jurisdiccional en detrimento de los derechos del recurrente y desatendiendo uno de los principios rectores del proceso penal. V. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

29): Que, se advierte que aquí el Tribunal de Alzada entiende de manera impropia la ley, dándole un sentido que no tiene, cometiendo una serie de errores de interpretación legal, los que detallamos a continuación: 1. La Alzada comete un grave error al asumir que el párrafo final del artículo 45 incorpora nuevas figuras delictivas como susceptibles de la conciliación. La intención del legislador en el último párrafo del artículo 45 es clara: vedar al juez o al órgano jurisdiccional la posibilidad de exhortar a las partes para que concilien en aquellos delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas. Resulta evidente que, al puntualizar este tipo de delitos, el legislador se está refiriendo a aquellos en los que sí procede la conciliación, es decir en las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, y de ninguna manera puede entenderse que mediante este párrafo se amplía la posibilidad de conciliar en otros delitos que no sean los que taxativamente ha fijado ya el mismo artículo 45. 2. La Alzada entiende erradamente que cuando el artículo 45 hace alusión a delitos sexuales, a delitos en perjuicio de niños y a agresiones domésticas se refiere a delitos de orden público. Basta con examinar el Código Procesal Penal para darse cuenta que no todos los delitos sexuales, los delitos en perjuicio de niños y en los que existen agresiones domésticas son de orden público. El artículo 26 referente a los delitos perseguibles a instancia de la víctima incluye delitos como el estupro, el incesto, el rapto y a los abusos deshonestos[2] que son delitos de naturaleza sexual que obviamente no son de orden público, y como delitos de instancia particular permiten la posibilidad de conciliar, siempre y cuando la víctima sea mayor de 14 años. Estos delitos además pueden ser cometidos en perjuicio de niños, y tampoco serán de orden público por ese único motivo, si consideramos que conforme con la Convención de los Derechos del Niño se entenderá por niño todo ser humano menos de 18 años. Por ello, también es un error de la Alzada asumir que todos los delitos en perjuicio de niños son de orden público, y un ejemplo claro es el que hemos citado en el acápite anterior. Asimismo, pueden darse otros ejemplos de delitos no sexuales en perjuicio de niños que también son perseguibles a instancia de la víctima, y en esos casos, al igual que los anteriores, también podría admitirse el arreglo conciliatorio entre victima e imputado por ser delitos dependientes de instancia particular, como lo manda el artículo 45. Lo que no se permitiría sería que el órgano jurisdiccional promoviese la conciliación. 3. La Alzada también se equivoca notablemente al asumir que las agresiones domésticas a las que alude el artículo 45 constituyen un delito de orden público. Además, confunde y equipara el delito de maltrato familiar con estas agresiones domésticas mencionadas por el legislador. En primer lugar, bajo el término “agresiones domésticas” no se lo denomina a ningún tipo penal, ni en el Código Penal de 1985 ni en el actual de 2017, y por esa única razón, partiendo del principio de legalidad penal del que hemos hablado ya, no se les puede considerar como delito como erradamente lo ha entendido el Tribunal de Apelaciones, pues solo serán delitos aquellos que la ley disponga como tales. En segundo lugar, debemos enfatizar que cuando el legislador decide mencionar a las agresiones domésticas en el párrafo final del artículo 45, lo hace para limitar la posibilidad del órgano jurisdiccional de promover la conciliación en aquellos delitos en donde ha existido algún tipo de agresión doméstica, no como un tipo penal (porque no existe como tal) sino como un elemento de determinados tipos penales. Independientemente de ello, la asimilación hecha por la Alzada del delito de maltrato familiar a las agresiones domésticas que se mencionan en el artículo 45 resulta inaceptable e incluso arbitraria a criterio de esta Sala. 4. La Alzada comete una aplicación indebida de la norma cuando declara en su sentencia que la conciliación es admisible en los delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas. CONSIDERANDO (30): Que, la Corte de Apelaciones olvidando que la propia ley ya ha delimitado y establecido en forma taxativa, tanto los delitos como las condiciones en las que procede la conciliación, le da a la ley un sentido que no tiene y que no resulta de sus propios términos. El razonamiento de la Alzada es desacertado y arbitrario porque de la lectura del texto legal del artículo 45 es evidente que cuando se establece que el órgano jurisdiccional no procurará la conciliación entre las partes en aquellos delitos de carácter sexual, aquellos cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas, claramente se refiere a aquellos supuestos en los que la propia ley permite la conciliación, y no al universo de delitos sexuales, los que sean en perjuicio de niños o en todos los tipos penales en los que han mediado las agresiones domésticas. I. Así entonces, es parecer de esta Sala de lo Constitucional que si el legislador mantuvo el nuevo delito de maltrato familiar como un delito de orden público perseguible de oficio por parte del Ministerio Público—como lo fue en su momento el delito de violencia intrafamiliar—ya que no fue incorporado como una falta o como un delito de índole privada o perseguible a instancia de la víctima que permitiera como tal ser susceptible de un arreglo conciliatorio, la decisión de admitir un acuerdo conciliatorio en virtud de un delito que no se encuentra taxativamente incluido en la nómina de delitos que si permiten esta medida y con ello homologar el acuerdo derivado del mismo, es una decisión contraria a la ley y por ende lesiva del principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal. II. Esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que el derecho a un debido proceso legal comporta que en todo proceso deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, lo cual implica el aseguramiento de esas garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio o trámite de que se trate. III. A su vez hemos declarado que, relacionada también con este derecho, la tutela judicial efectiva conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiéndole a los jueces y tribunales, por mandato constitucional, aplicar las leyes a casos concretos[3], se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico. IV. En tal virtud, esta Sala encuentra que, en la sentencia que ha sido recurrida en amparo, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, ha desatendido en forma arbitraria el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal en perjuicio del Estado de Honduras, atribuyendo al artículo 45 del Código Procesal Penal un sentido que no resulta explícitamente de sus propios términos, declarando indebidamente que la figura de la conciliación procede contra delitos de orden público, cuando la propia ley procesal establece de manera taxativa en qué casos y porqué delitos puede haber conciliación entre victima e imputado. Por tal razón, al confirmar la decisión del juez de letras de homologar un acuerdo conciliatorio por un delito de orden público que no admite tal figura, ha desconocido en forma impropia la potestad inherente del legislador de pautar y reglar el procedimiento de la conciliación, violentando tanto el principio de legalidad, como la garantía a un debido proceso como ya se dijo, excediendo su potestad jurisdiccional en detrimento de los derechos del recurrente y desatendiendo uno de los principios rectores del proceso penal. V. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

29): Que, se advierte que aquí el Tribunal de Alzada entiende de manera impropia la ley, dándole un sentido que no tiene, cometiendo una serie de errores de interpretación legal, los que detallamos a continuación: 1. La Alzada comete un grave error al asumir que el párrafo final del artículo 45 incorpora nuevas figuras delictivas como susceptibles de la conciliación. La intención del legislador en el último párrafo del artículo 45 es clara: vedar al juez o al órgano jurisdiccional la posibilidad de exhortar a las partes para que concilien en aquellos delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas. Resulta evidente que, al puntualizar este tipo de delitos, el legislador se está refiriendo a aquellos en los que sí procede la conciliación, es decir en las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, y de ninguna manera puede entenderse que mediante este párrafo se amplía la posibilidad de conciliar en otros delitos que no sean los que taxativamente ha fijado ya el mismo artículo 45. 2. La Alzada entiende erradamente que cuando el artículo 45 hace alusión a delitos sexuales, a delitos en perjuicio de niños y a agresiones domésticas se refiere a delitos de orden público. Basta con examinar el Código Procesal Penal para darse cuenta que no todos los delitos sexuales, los delitos en perjuicio de niños y en los que existen agresiones domésticas son de orden público. El artículo 26 referente a los delitos perseguibles a instancia de la víctima incluye delitos como el estupro, el incesto, el rapto y a los abusos deshonestos[2] que son delitos de naturaleza sexual que obviamente no son de orden público, y como delitos de instancia particular permiten la posibilidad de conciliar, siempre y cuando la víctima sea mayor de 14 años. Estos delitos además pueden ser cometidos en perjuicio de niños, y tampoco serán de orden público por ese único motivo, si consideramos que conforme con la Convención de los Derechos del Niño se entenderá por niño todo ser humano menos de 18 años. Por ello, también es un error de la Alzada asumir que todos los delitos en perjuicio de niños son de orden público, y un ejemplo claro es el que hemos citado en el acápite anterior. Asimismo, pueden darse otros ejemplos de delitos no sexuales en perjuicio de niños que también son perseguibles a instancia de la víctima, y en esos casos, al igual que los anteriores, también podría admitirse el arreglo conciliatorio entre victima e imputado por ser delitos dependientes de instancia particular, como lo manda el artículo 45. Lo que no se permitiría sería que el órgano jurisdiccional promoviese la conciliación. 3. La Alzada también se equivoca notablemente al asumir que las agresiones domésticas a las que alude el artículo 45 constituyen un delito de orden público. Además, confunde y equipara el delito de maltrato familiar con estas agresiones domésticas mencionadas por el legislador. En primer lugar, bajo el término “agresiones domésticas” no se lo denomina a ningún tipo penal, ni en el Código Penal de 1985 ni en el actual de 2017, y por esa única razón, partiendo del principio de legalidad penal del que hemos hablado ya, no se les puede considerar como delito como erradamente lo ha entendido el Tribunal de Apelaciones, pues solo serán delitos aquellos que la ley disponga como tales. En segundo lugar, debemos enfatizar que cuando el legislador decide mencionar a las agresiones domésticas en el párrafo final del artículo 45, lo hace para limitar la posibilidad del órgano jurisdiccional de promover la conciliación en aquellos delitos en donde ha existido algún tipo de agresión doméstica, no como un tipo penal (porque no existe como tal) sino como un elemento de determinados tipos penales. Independientemente de ello, la asimilación hecha por la Alzada del delito de maltrato familiar a las agresiones domésticas que se mencionan en el artículo 45 resulta inaceptable e incluso arbitraria a criterio de esta Sala. 4. La Alzada comete una aplicación indebida de la norma cuando declara en su sentencia que la conciliación es admisible en los delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas. CONSIDERANDO (30): Que, la Corte de Apelaciones olvidando que la propia ley ya ha delimitado y establecido en forma taxativa, tanto los delitos como las condiciones en las que procede la conciliación, le da a la ley un sentido que no tiene y que no resulta de sus propios términos. El razonamiento de la Alzada es desacertado y arbitrario porque de la lectura del texto legal del artículo 45 es evidente que cuando se establece que el órgano jurisdiccional no procurará la conciliación entre las partes en aquellos delitos de carácter sexual, aquellos cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas, claramente se refiere a aquellos supuestos en los que la propia ley permite la conciliación, y no al universo de delitos sexuales, los que sean en perjuicio de niños o en todos los tipos penales en los que han mediado las agresiones domésticas. I. Así entonces, es parecer de esta Sala de lo Constitucional que si el legislador mantuvo el nuevo delito de maltrato familiar como un delito de orden público perseguible de oficio por parte del Ministerio Público—como lo fue en su momento el delito de violencia intrafamiliar—ya que no fue incorporado como una falta o como un delito de índole privada o perseguible a instancia de la víctima que permitiera como tal ser susceptible de un arreglo conciliatorio, la decisión de admitir un acuerdo conciliatorio en virtud de un delito que no se encuentra taxativamente incluido en la nómina de delitos que si permiten esta medida y con ello homologar el acuerdo derivado del mismo, es una decisión contraria a la ley y por ende lesiva del principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal. II. Esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que el derecho a un debido proceso legal comporta que en todo proceso deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, lo cual implica el aseguramiento de esas garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio o trámite de que se trate. III. A su vez hemos declarado que, relacionada también con este derecho, la tutela judicial efectiva conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiéndole a los jueces y tribunales, por mandato constitucional, aplicar las leyes a casos concretos[3], se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico. IV. En tal virtud, esta Sala encuentra que, en la sentencia que ha sido recurrida en amparo, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, ha desatendido en forma arbitraria el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal en perjuicio del Estado de Honduras, atribuyendo al artículo 45 del Código Procesal Penal un sentido que no resulta explícitamente de sus propios términos, declarando indebidamente que la figura de la conciliación procede contra delitos de orden público, cuando la propia ley procesal establece de manera taxativa en qué casos y porqué delitos puede haber conciliación entre victima e imputado. Por tal razón, al confirmar la decisión del juez de letras de homologar un acuerdo conciliatorio por un delito de orden público que no admite tal figura, ha desconocido en forma impropia la potestad inherente del legislador de pautar y reglar el procedimiento de la conciliación, violentando tanto el principio de legalidad, como la garantía a un debido proceso como ya se dijo, excediendo su potestad jurisdiccional en detrimento de los derechos del recurrente y desatendiendo uno de los principios rectores del proceso penal. V. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

29): Que, se advierte que aquí el Tribunal de Alzada entiende de manera impropia la ley, dándole un sentido que no tiene, cometiendo una serie de errores de interpretación legal, los que detallamos a continuación: 1. La Alzada comete un grave error al asumir que el párrafo final del artículo 45 incorpora nuevas figuras delictivas como susceptibles de la conciliación. La intención del legislador en el último párrafo del artículo 45 es clara: vedar al juez o al órgano jurisdiccional la posibilidad de exhortar a las partes para que concilien en aquellos delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas. Resulta evidente que, al puntualizar este tipo de delitos, el legislador se está refiriendo a aquellos en los que sí procede la conciliación, es decir en las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, y de ninguna manera puede entenderse que mediante este párrafo se amplía la posibilidad de conciliar en otros delitos que no sean los que taxativamente ha fijado ya el mismo artículo 45. 2. La Alzada entiende erradamente que cuando el artículo 45 hace alusión a delitos sexuales, a delitos en perjuicio de niños y a agresiones domésticas se refiere a delitos de orden público. Basta con examinar el Código Procesal Penal para darse cuenta que no todos los delitos sexuales, los delitos en perjuicio de niños y en los que existen agresiones domésticas son de orden público. El artículo 26 referente a los delitos perseguibles a instancia de la víctima incluye delitos como el estupro, el incesto, el rapto y a los abusos deshonestos[2] que son delitos de naturaleza sexual que obviamente no son de orden público, y como delitos de instancia particular permiten la posibilidad de conciliar, siempre y cuando la víctima sea mayor de 14 años. Estos delitos además pueden ser cometidos en perjuicio de niños, y tampoco serán de orden público por ese único motivo, si consideramos que conforme con la Convención de los Derechos del Niño se entenderá por niño todo ser humano menos de 18 años. Por ello, también es un error de la Alzada asumir que todos los delitos en perjuicio de niños son de orden público, y un ejemplo claro es el que hemos citado en el acápite anterior. Asimismo, pueden darse otros ejemplos de delitos no sexuales en perjuicio de niños que también son perseguibles a instancia de la víctima, y en esos casos, al igual que los anteriores, también podría admitirse el arreglo conciliatorio entre victima e imputado por ser delitos dependientes de instancia particular, como lo manda el artículo 45. Lo que no se permitiría sería que el órgano jurisdiccional promoviese la conciliación. 3. La Alzada también se equivoca notablemente al asumir que las agresiones domésticas a las que alude el artículo 45 constituyen un delito de orden público. Además, confunde y equipara el delito de maltrato familiar con estas agresiones domésticas mencionadas por el legislador. En primer lugar, bajo el término “agresiones domésticas” no se lo denomina a ningún tipo penal, ni en el Código Penal de 1985 ni en el actual de 2017, y por esa única razón, partiendo del principio de legalidad penal del que hemos hablado ya, no se les puede considerar como delito como erradamente lo ha entendido el Tribunal de Apelaciones, pues solo serán delitos aquellos que la ley disponga como tales. En segundo lugar, debemos enfatizar que cuando el legislador decide mencionar a las agresiones domésticas en el párrafo final del artículo 45, lo hace para limitar la posibilidad del órgano jurisdiccional de promover la conciliación en aquellos delitos en donde ha existido algún tipo de agresión doméstica, no como un tipo penal (porque no existe como tal) sino como un elemento de determinados tipos penales. Independientemente de ello, la asimilación hecha por la Alzada del delito de maltrato familiar a las agresiones domésticas que se mencionan en el artículo 45 resulta inaceptable e incluso arbitraria a criterio de esta Sala. 4. La Alzada comete una aplicación indebida de la norma cuando declara en su sentencia que la conciliación es admisible en los delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas. CONSIDERANDO (30): Que, la Corte de Apelaciones olvidando que la propia ley ya ha delimitado y establecido en forma taxativa, tanto los delitos como las condiciones en las que procede la conciliación, le da a la ley un sentido que no tiene y que no resulta de sus propios términos. El razonamiento de la Alzada es desacertado y arbitrario porque de la lectura del texto legal del artículo 45 es evidente que cuando se establece que el órgano jurisdiccional no procurará la conciliación entre las partes en aquellos delitos de carácter sexual, aquellos cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas, claramente se refiere a aquellos supuestos en los que la propia ley permite la conciliación, y no al universo de delitos sexuales, los que sean en perjuicio de niños o en todos los tipos penales en los que han mediado las agresiones domésticas. I. Así entonces, es parecer de esta Sala de lo Constitucional que si el legislador mantuvo el nuevo delito de maltrato familiar como un delito de orden público perseguible de oficio por parte del Ministerio Público—como lo fue en su momento el delito de violencia intrafamiliar—ya que no fue incorporado como una falta o como un delito de índole privada o perseguible a instancia de la víctima que permitiera como tal ser susceptible de un arreglo conciliatorio, la decisión de admitir un acuerdo conciliatorio en virtud de un delito que no se encuentra taxativamente incluido en la nómina de delitos que si permiten esta medida y con ello homologar el acuerdo derivado del mismo, es una decisión contraria a la ley y por ende lesiva del principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal. II. Esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que el derecho a un debido proceso legal comporta que en todo proceso deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, lo cual implica el aseguramiento de esas garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio o trámite de que se trate. III. A su vez hemos declarado que, relacionada también con este derecho, la tutela judicial efectiva conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiéndole a los jueces y tribunales, por mandato constitucional, aplicar las leyes a casos concretos[3], se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico. IV. En tal virtud, esta Sala encuentra que, en la sentencia que ha sido recurrida en amparo, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, ha desatendido en forma arbitraria el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal en perjuicio del Estado de Honduras, atribuyendo al artículo 45 del Código Procesal Penal un sentido que no resulta explícitamente de sus propios términos, declarando indebidamente que la figura de la conciliación procede contra delitos de orden público, cuando la propia ley procesal establece de manera taxativa en qué casos y porqué delitos puede haber conciliación entre victima e imputado. Por tal razón, al confirmar la decisión del juez de letras de homologar un acuerdo conciliatorio por un delito de orden público que no admite tal figura, ha desconocido en forma impropia la potestad inherente del legislador de pautar y reglar el procedimiento de la conciliación, violentando tanto el principio de legalidad, como la garantía a un debido proceso como ya se dijo, excediendo su potestad jurisdiccional en detrimento de los derechos del recurrente y desatendiendo uno de los principios rectores del proceso penal. V. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil veintitrés.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), que declaró Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha nueve (09) de abril del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la causa instruida contra el señor MARCOS LEONIDAS MARADIAGA CARCAMO, por suponerlo responsable del delito de MALTRATO FAMILIAR AGRAVADO, en perjuicio de VICTIMA 1.- Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria a lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, la Abogada MARIA PEREZ, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando requerimiento fiscal, contra el señor MARCOS LEONIDAS MARADIAGA CARCAMO, por el delito de MALTRATO FAMILIAR AGRAVADO, en perjuicio de VICTIMA 1. (Folios 01 al 02 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha nueve (09) de abril del año dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortes, RESUELVE: 1) Téngase por homologado el acuerdo conciliatorio acordado entre MARCOS LEONIDAS MARADIAGA CARCAMO y la señora VICTIMA 1. 2) SE REVOCAN LAS MEDIDAS CAUTELARES, se le impone periodo de prueba de dos meses. (Folio 24 de la pieza del Juzgado).-3) Que la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés dictó sentencia en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), en la cual FALLO: “1) DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por el Ministerio Publico. SEGUNDO: CONFIRMA la resolución que Homologa el acuerdo entre la víctima y el imputado MARCOS LEONIDAS MARADIAGA CARCAMO, en la causa que se le sigue por el delito de MALTRATO FAMILIAR AGRAVADO, en perjuicio de VICTIMA 1…”. (Folios 6 al 10 de la Pieza de Corte de Apelaciones) 4) La recurrente Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, compareció ante este Tribunal, en fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintidós (2022), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, con relación a la causa instruida contra el señor MARCOS LEONIDAS MARADIAGA CARCAMO, por suponerlo responsable del delito de MALTRATO FAMILIAR AGRAVADO, en perjuicio de VICTIMA 1. Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), es violatoria a lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y, a la vez, omitió la vista de antecedentes al Fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), mediante la cual falla en su parte dispositiva: “1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico contra la resolución dictada en fecha nueve (9) de abril del año en curso (2021) por el Juzgado de Letras Penal de esta Sección Judicial, en el trámite de la medida alterna de Conciliación presentada en el procedimiento especial para los delitos de flagrancia, instruido contra MARCOS LEONIDAS MARADIAGA CARCAMO, por el delito de MALTRATO FAMILIAR AGRAVADO, en perjuicio de VICTIMA 1. 2) CONFIRMA LA RESOLUCIÓN QUE HOMOLOGA EL ACUERDO entre la víctima y el imputado MARCOS LEONIDAS MARADIAGA CARCAMO, en la causa que se le sigue por el delito de MALTRATO FAMILIAR AGRAVADO, en perjuicio de VICTIMA 1…”. CONSIDERANDO (4): Que, entre los antecedentes de hecho y de derecho reseñados en motivación de su fallo, por parte la Corte Ad Quem, establece que procede desestimar la apelación dirigida contra la homologación del acuerdo conciliatorio suscitada entre la víctima y el imputado, en razón a la recta interpretación a lo establecido en el artículo 45, párrafo final, del Código Procesal Penal vigente; el cual sólo impediría al Juez procurar la conciliación entre las partes, si no lo solicita la víctima o su representación legal, no así el homologar acuerdos de conciliación existentes, a instancia de parte; concurriendo además, en el presente caso, la circunstancia de tratarse de un hecho y una pena de escasa gravedad. CONSIDERANDO (5): Que, en la formalización del presente recurso de amparo, comparece la recurrente, Abogada DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ COREA, quien actúa en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, a favor de los intereses generales de la Sociedad y del Estado de Honduras; reiterando el contenido de la acción de amparo interpuesta, en aras de que se le restituya al Estado de Honduras el goce de la garantía constitucional al debido proceso, que le fuera conculcado, mediando flagrante vulneración al principio de legalidad, según ha manifestado la amparista. Sosteniendo que, de la interpretación judicial contenida en la resolución proferida por la Corte de Apelaciones recurrida, en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), resulta en agravio a sendas garantías constitucionales, según prescritas en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. Censura la improcedencia de la homologación de acuerdo de conciliación que realizara el Juzgado A Quo, cuando de la comisión de un delito de MALTRATO FAMILIAR AGRAVADO, se trata; vista la interpretación errónea que, del susodicho artículo 45, párrafo final, del Código Procesal Penal, reformado a su vez por el artículo 633 del Código Penal vigente, ha efectuado la Alzada, en vulneración al debido proceso, consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. Éste se vería lacerado al aplicar incorrectamente los preceptos jurídicos aplicables, la autoridad recurrida, la cual ha centrado su motivación en que el órgano jurisdiccional no debe procurar las partes se avengan en un acuerdo conciliatorio, en dicha categoría de delitos; más no en concatenación consecuente a lo establecido en el artículo 26 del mismo cuerpo legal, donde se dispone cuáles son las acciones públicas dependientes de instancia particular; de lo cual se desprendería que el delito de MALTRATO FAMILIAR AGRAVADO es un delito de orden público, no dependiente de instancia particular. CONSIDERANDO (6): Que, aunada a la anterior argumentación jurídica, centra la recurrente el segundo y último motivo de la garantía constitucional planteada, en la infracción al principio de legalidad, en perjuicio de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD y del ESTADO DE HONDURAS, al generarse arbitrariedad e interpretación subjetiva a través la indebida homologación que se le concediera a la Audiencia de Conciliación, por parte de la Honorable Corte de Apelaciones de lo Penal, tal como ha quedado manifestado. Por todo ello, solicita la garantista, se siga el trámite que manda la ley y se resuelva otorgando el amparo solicitado, en vista a existir ultraje a los derechos consagrados en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (7): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos. CONSIDERANDO (8): Que, vistos los antecedentes del caso, y sometido a estudio el múltiple agravio constitucional que propone la agente de tribunales del Ministerio Público, aprecia la Sala de lo Constitucional, la concurrencia de las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas, en motivación del amparo. CONSIDERANDO (9): Que, esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. CONSIDERANDO (10): Que, en el asunto que nos ocupa, se alega que el Tribunal de Alzada ha incurrido en violaciones constitucionales por el hecho de haber confirmado la decisión del A Quo de homologar un acuerdo conciliatorio por un delito que, según la recurrente, no admite ser conciliado por no cumplir con los requerimientos de ley para ese fin. CONSIDERANDO (11): Que, vistos que han sido los antecedentes, resulta interesante para esta Sala que se invoque al principio de legalidad como derecho quebrantado en el presente asunto, por cuanto es precisamente en virtud de este principio por el cual, según observa esta Sala, se ha tomado la determinación judicial que se censura por esta vía. CONSIDERANDO (12): Que, debemos recordar que el principio de legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad la que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y la misma ley la que a su vez las limita y controla. CONSIDERANDO (13): Que, podemos ver entonces que es en virtud de este principio, que nuestro texto constitucional en su artículo 321 limite las facultades de los servidores del Estado a las que expresamente les confiera la ley. CONSIDERANDO (14): Que, en el caso del Poder Judicial, como encargado de cumplir y de hacer cumplir tanto el ordenamiento supremo del Estado como las leyes que lo conforman, la aplicación del principio de legalidad debe ser absoluta e irrestricta, vinculándose tanto con las normas sustantivas como con las adjetivas. La vigencia del principio de legalidad en la esfera de atribuciones y deberes de nuestros jueces conlleva a que todas sus actuaciones deben estar sustentadas y previstas en ley, debiendo existir además conformidad del resultado de esas actuaciones con la ley y con el ordenamiento supremo. CONSIDERANDO (15): Que, en el ámbito penal, el principio de legalidad adquiere fundamental relevancia, y lo encontramos postulado en nuestra ley penal, la cual invoca que nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no esté prevista como delito o falta, y que nadie puede ser castigado con una pena o medida de seguridad que no ha sido previamente establecida por la ley e impuesta por órgano jurisdiccional competente conforme a las leyes procesales. CONSIDERANDO (16): Que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al principio de legalidad penal ha establecido que: "…corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico…”[1]. CONSIDERANDO (17): Que, esta Sala asiente en que el principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un criterio rector e incluso controlador en el ejercicio del poder punitivo del Estado. CONSIDERANDO (18): Que, asentimos de igual manera que el principio de legalidad se enlaza ampliamente con el principio de taxatividad o de lex certa, en virtud del cual se plasma la exigencia de certeza o determinación de la ley, de donde nace la expresión nullum crimen sine lege stricta. Han sido reiteradas las valoraciones de esta Sala en lo concerniente al principio de taxatividad, especialmente en materia de recursos, el cual conlleva a que los recursos proceden solamente en los casos expresamente previstos por la ley, encontrándolo establecido en el artículo 347 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (19): Dicho todo lo anterior, advertimos que la disputa en el asunto que nos ocupa se contrae a si el delito de Maltrato Familiar, tipificado en el artículo 289 del actual Código Penal, admite o no ser objeto de conciliación. Diremos primeramente que, de acuerdo con nuestro Código Penal, el delito de Maltrato Familiar es un delito contra las relaciones familiares y supone el ejercicio de violencia física o psicológica sobre el cónyuge o persona con la que tenga una unión de hecho reconocida o la persona con la que se mantenga o haya mantenido una relación estable de análoga naturaleza a las anteriores. También se castiga con este delito la violencia en contra de los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad sean éstos parientes propios del hechor o de su cónyuge o conviviente. CONSIDERANDO (20): Que, en lo que respecta a la figura de la conciliación, como un medio para extinguir la acción penal, el artículo 45 del Código Procesal Penal establece que, en las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, siempre y cuando el límite máximo de cualquiera de las penas principales aplicables al delito cometido sea inferior a cinco (5) años, procede la conciliación entre víctima e imputado en cualquier momento hasta antes de la apertura a juicio. A su vez, los artículos 26 y 27 delimitan cuales son los delitos dependientes de instancia particular y cuáles son los de acción privada. Los primeros podrán ser perseguidos por el Ministerio Público solo a instancia de la víctima, y los últimos solamente son delitos perseguibles por acción de la víctima. Se entiende que todos los demás delitos, es decir, todos los que no están incluidos en los artículos 26 y 27 del Código Procesal Penal se consideran de orden público y serán perseguibles por el Ministerio Público de oficio o a instancia de parte interesada. CONSIDERANDO (21): Que, siendo de reciente vigencia, el delito de Maltrato Familiar, fue tipificado como delito hasta la entrada en vigor del actual Código Penal de 2017. No se advierte que el legislador derogase ni modificase los artículos 26 y 27 del Código Procesal Penal para incorporar al delito de Maltrato Familiar como un delito dependiente de instancia particular o de orden privado, por lo que podemos afirmar que es un delito de orden público. CONSIDERANDO (22): Que, con este tipo penal el legislador procuró sancionar el ejercicio de violencia física o bien psicológica sobre los miembros de la familia, siendo que con el castigo de esta conducta se procura la protección de las relaciones familiares. El ya derogado Código Penal de 1985 también sancionaba—si bien más severamente—las acciones de violencia contra la familia, tipificando el delito de violencia intrafamiliar, el cual, si bien ya derogado, guarda analogía con el actual delito de maltrato familiar, aunque resultaba mucho más amplio y exhaustivo en la descripción de las conductas a sancionar. CONSIDERANDO (23): Que, resulta evidente para esta Sala que cuando entró en vigor el Código Procesal Penal en 2002, fue intención del legislador de aquél entonces considerar al delito de violencia intrafamiliar como un delito de orden público perseguible de oficio por el Ministerio Público, al no incluirlo dentro de los delitos perseguibles solo a instancia de la víctima. Además, el Artículo 179-C del Código Penal de 1985, establecía expresamente que los delitos de violencia intrafamiliar serían de acción pública. CONSIDERANDO (24): Que, así entonces, advirtiéndose que la intención del legislador fue en todo momento considerar a los delitos sancionadores de la violencia contra la familia como de orden público y perseguibles de oficio por el Ministerio Público, es lógico asumir que esa misma previsión se tomó con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, pues el delito de maltrato familiar, fijamente dirigido a censurar la violencia contra la familia, como ya lo dijimos, no fue incluido por vía de reforma dentro de los delitos perseguibles a instancia de la víctima, o inclusive de índole privada, que describe el Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (25): Que, siguiendo este orden de ideas, sabemos que parte de las alegaciones del ente fiscal para fundar su acción de amparo es que considera que el Tribunal de Alzada hizo una interpretación errónea e incongruente de lo estipulado por el artículo 45 del Código Procesal Penal, por cuanto la Alzada ha dejado entrever en su sentencia que los delitos de acción pública admiten la posibilidad de conciliar, porque, según lo dice la Corte de Apelación, el párrafo final del precitado artículo 45 establece la posibilidad de conciliar en delitos sexuales, los cometidos en perjuicio de niños y las agresiones domésticas, independientemente que sean o de acción pública. Según lo señala la Alzada en sentencia: “…no haría el legislador esta observación si su intención fuera impedir rotundamente la conciliación en esos casos que son de orden público…”, y ello sirvió en parte para desestimar la apelación del Ministerio Público al ratificar lo actuado por el A Quo cuando homologó el acuerdo de conciliación cuestionado. CONSIDERANDO (26): Que, dicho lo anterior, y como apunta el Ministerio Público con buen criterio, resulta evidente para esta Sala el error incurrido por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula al momento de interpretar y aplicar lo establecido en el artículo 45 del Código Procesal Penal al caso que nos ocupa. En primer lugar, esta Sala considera que, si la intención de nuestro legislador hubiese sido que en todos los delitos pudiera darse la conciliación entre imputado y víctima, no establecería la norma procesal ninguna restricción para ello, sin embargo, esto no es así. Citando de nueva cuenta el artículo 45 del Código Procesal: “Artículo 45. Conciliación. En las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, siempre y cuando el límite máximo de cualquiera de las penas principales aplicables al delito cometido sea inferior a cinco (5) años, procede la conciliación entre víctima e imputado en cualquier momento hasta antes de la apertura a juicio”. Así entonces, aplicando de manera taxativa lo estipulado por la norma procedimental que citamos, la conciliación NO procede en los delitos de acción pública que sean perseguibles de oficio por el Ministerio Público, y solo cabe impulsarla: 1. En las faltas; 2. En los delitos de acción privada; 3. En los delitos de acción pública dependientes de instancia particular; Siempre y cuando la pena principal aplicable al delito cometido sea inferior a 5 años. CONSIDERANDO (27): Que, El maltrato familiar no está contemplado como delito privado ni como delito de acción pública dependiente de instancia particular, como tampoco lo fue en su momento el delito de violencia intrafamiliar ya derogado por el artículo 289 del Código Penal vigente. El delito de maltrato familiar es un delito de acción pública que debe ser perseguido de oficio por el Ministerio Público, no requiriendo del consentimiento de la víctima para ejercitarse la acción penal pública que corresponda. - Así entonces, al no ser una falta ni un delito de orden privado ni de instancia particular, resulta evidente para esta Sala que el delito de maltrato familiar no admite conciliación entre victima e imputado como lo dispone el artículo 45 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (28): Que, el Tribunal de Alzada reseña en su sentencia: “…señala [el artículo 45 CPP] otros tres delitos que siendo de orden público, entre ellos el de “agresiones domésticas” se puede dar la conciliación entre la víctima y el imputado, ante le órgano jurisdiccional el cual solo no debe procurarlo, instar a las partes, sino lo solicita expresamente la víctima o sus apoderados legales (últimas líneas del artículo 45 del Código Procesal Penal) y no haría el legislador esa observación si su intención fuera impedir rotundamente la conciliación en esos casos que son de orden público (delitos sexuales, los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas)…”. CONSIDERANDO (29): Que, se advierte que aquí el Tribunal de Alzada entiende de manera impropia la ley, dándole un sentido que no tiene, cometiendo una serie de errores de interpretación legal, los que detallamos a continuación: 1. La Alzada comete un grave error al asumir que el párrafo final del artículo 45 incorpora nuevas figuras delictivas como susceptibles de la conciliación. La intención del legislador en el último párrafo del artículo 45 es clara: vedar al juez o al órgano jurisdiccional la posibilidad de exhortar a las partes para que concilien en aquellos delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas. Resulta evidente que, al puntualizar este tipo de delitos, el legislador se está refiriendo a aquellos en los que sí procede la conciliación, es decir en las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, y de ninguna manera puede entenderse que mediante este párrafo se amplía la posibilidad de conciliar en otros delitos que no sean los que taxativamente ha fijado ya el mismo artículo 45. 2. La Alzada entiende erradamente que cuando el artículo 45 hace alusión a delitos sexuales, a delitos en perjuicio de niños y a agresiones domésticas se refiere a delitos de orden público. Basta con examinar el Código Procesal Penal para darse cuenta que no todos los delitos sexuales, los delitos en perjuicio de niños y en los que existen agresiones domésticas son de orden público. El artículo 26 referente a los delitos perseguibles a instancia de la víctima incluye delitos como el estupro, el incesto, el rapto y a los abusos deshonestos[2] que son delitos de naturaleza sexual que obviamente no son de orden público, y como delitos de instancia particular permiten la posibilidad de conciliar, siempre y cuando la víctima sea mayor de 14 años. Estos delitos además pueden ser cometidos en perjuicio de niños, y tampoco serán de orden público por ese único motivo, si consideramos que conforme con la Convención de los Derechos del Niño se entenderá por niño todo ser humano menos de 18 años. Por ello, también es un error de la Alzada asumir que todos los delitos en perjuicio de niños son de orden público, y un ejemplo claro es el que hemos citado en el acápite anterior. Asimismo, pueden darse otros ejemplos de delitos no sexuales en perjuicio de niños que también son perseguibles a instancia de la víctima, y en esos casos, al igual que los anteriores, también podría admitirse el arreglo conciliatorio entre victima e imputado por ser delitos dependientes de instancia particular, como lo manda el artículo 45. Lo que no se permitiría sería que el órgano jurisdiccional promoviese la conciliación. 3. La Alzada también se equivoca notablemente al asumir que las agresiones domésticas a las que alude el artículo 45 constituyen un delito de orden público. Además, confunde y equipara el delito de maltrato familiar con estas agresiones domésticas mencionadas por el legislador. En primer lugar, bajo el término “agresiones domésticas” no se lo denomina a ningún tipo penal, ni en el Código Penal de 1985 ni en el actual de 2017, y por esa única razón, partiendo del principio de legalidad penal del que hemos hablado ya, no se les puede considerar como delito como erradamente lo ha entendido el Tribunal de Apelaciones, pues solo serán delitos aquellos que la ley disponga como tales. En segundo lugar, debemos enfatizar que cuando el legislador decide mencionar a las agresiones domésticas en el párrafo final del artículo 45, lo hace para limitar la posibilidad del órgano jurisdiccional de promover la conciliación en aquellos delitos en donde ha existido algún tipo de agresión doméstica, no como un tipo penal (porque no existe como tal) sino como un elemento de determinados tipos penales. Independientemente de ello, la asimilación hecha por la Alzada del delito de maltrato familiar a las agresiones domésticas que se mencionan en el artículo 45 resulta inaceptable e incluso arbitraria a criterio de esta Sala. 4. La Alzada comete una aplicación indebida de la norma cuando declara en su sentencia que la conciliación es admisible en los delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas. CONSIDERANDO (30): Que, la Corte de Apelaciones olvidando que la propia ley ya ha delimitado y establecido en forma taxativa, tanto los delitos como las condiciones en las que procede la conciliación, le da a la ley un sentido que no tiene y que no resulta de sus propios términos. El razonamiento de la Alzada es desacertado y arbitrario porque de la lectura del texto legal del artículo 45 es evidente que cuando se establece que el órgano jurisdiccional no procurará la conciliación entre las partes en aquellos delitos de carácter sexual, aquellos cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas, claramente se refiere a aquellos supuestos en los que la propia ley permite la conciliación, y no al universo de delitos sexuales, los que sean en perjuicio de niños o en todos los tipos penales en los que han mediado las agresiones domésticas. I. Así entonces, es parecer de esta Sala de lo Constitucional que si el legislador mantuvo el nuevo delito de maltrato familiar como un delito de orden público perseguible de oficio por parte del Ministerio Público—como lo fue en su momento el delito de violencia intrafamiliar—ya que no fue incorporado como una falta o como un delito de índole privada o perseguible a instancia de la víctima que permitiera como tal ser susceptible de un arreglo conciliatorio, la decisión de admitir un acuerdo conciliatorio en virtud de un delito que no se encuentra taxativamente incluido en la nómina de delitos que si permiten esta medida y con ello homologar el acuerdo derivado del mismo, es una decisión contraria a la ley y por ende lesiva del principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal. II. Esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que el derecho a un debido proceso legal comporta que en todo proceso deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, lo cual implica el aseguramiento de esas garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio o trámite de que se trate. III. A su vez hemos declarado que, relacionada también con este derecho, la tutela judicial efectiva conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiéndole a los jueces y tribunales, por mandato constitucional, aplicar las leyes a casos concretos[3], se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico. IV. En tal virtud, esta Sala encuentra que, en la sentencia que ha sido recurrida en amparo, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, ha desatendido en forma arbitraria el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal en perjuicio del Estado de Honduras, atribuyendo al artículo 45 del Código Procesal Penal un sentido que no resulta explícitamente de sus propios términos, declarando indebidamente que la figura de la conciliación procede contra delitos de orden público, cuando la propia ley procesal establece de manera taxativa en qué casos y porqué delitos puede haber conciliación entre victima e imputado. Por tal razón, al confirmar la decisión del juez de letras de homologar un acuerdo conciliatorio por un delito de orden público que no admite tal figura, ha desconocido en forma impropia la potestad inherente del legislador de pautar y reglar el procedimiento de la conciliación, violentando tanto el principio de legalidad, como la garantía a un debido proceso como ya se dijo, excediendo su potestad jurisdiccional en detrimento de los derechos del recurrente y desatendiendo uno de los principios rectores del proceso penal. V. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan.

POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59 reformado, 60, 80, 82, 90, 183 numeral 1), 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo promovida por la recurrente, Abogada DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ COREA, en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), que declaró Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha nueve (09) de abril del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la causa instruida contra el señor MARCOS LEONIDAS MARADIAGA CARCAMO, por suponerlo responsable del delito de MALTRATO FAMILIAR AGRAVADO, en perjuicio de VICTIMA 1, de la cual se ha hecho mérito, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso y del principio de legalidad, deberá dictar una nueva resolución emitiendo pronunciamiento conforme a ley y respetando las formalidades, derechos y garantías que en conformidad correspondan; Y MANDA: Que, con certificación de esta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.-NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES.- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0443-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] LIAKAT ALI ALIBUX VS. SURINAME del 30 de enero del 2014; caso GARCÍA ASTOY RAMÍREZ ROJAS VS. PERÚ, del 25 de noviembre de 2005(FJ 190); caso DE LA CRUZ FLORES VS. PERÚ de 18 de noviembre de 2004 (FJ 82); caso MOHAMED VS. ARGENTINA de 23 noviembre de 2012 (FJ 132).

[2] Conforme con el Código Penal de 1985 hoy derogado

[3] Art. 304 constitucional