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Sentencia AP-439-22 — Registro 15873

Resumen

Resolución que declara no ha lugar recurso de apelación contra auto de formal procesamiento en la causa que se instruye contra recurrente ,por suponerla responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS,en el caso que nos ocupa, el Tribunal de Alzada ha considerado al peligro de fuga como circunstancia determinante para la imposición—o en este caso el mantenimiento—de la medida cautelar de prisión preventiva,Se ha cuestionado en el presente recurso el hecho que el Tribunal de Alzada considerase al peligro de fuga como presupuesto legitimador de la prisión preventiva fundamentándose únicamente en la gravedad del delito y de la pena a imponer, y no las demás circunstancias que prescribe el artículo 179

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(14): Que conforme lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal bajo el epígrafe “Motivación de las resoluciones judiciales”, se demanda en su párrafo segundo que: “Los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación…”. CONSIDERANDO (15): Que esta Sala ha sostenido en previas decisiones,[4] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Como sabemos, la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. Así, la congruencia supone atenerse a lo pedido por las partes, dando respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal suerte que su criterio quede explicado y comprendido con facilidad[5]. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados. CONSIDERANDO (16): Que como podemos apreciar de todo lo dicho y actuado, la motivación de la sentencia recurrida ha resultado errónea—al señalar a la gravedad del delito como presupuesto legitimador de la prisión preventiva—así como imprecisa e inconclusa en cuanto a las consideraciones que la ley fija para apreciar al peligro de fuga como circunstancia determinante para ordenar la prisión preventiva como medida cautelar en el asunto que nos ocupa, y con ello, la Alzada ha faltado al deber legal de motivación que le infunde la ley, el que no puede considerarse cumplido con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador, a quien se exige que la decisión judicial esté precedida de la argumentación que la fundamente[6]. En el caso que nos ocupa, el Tribunal de Alzada ha externado su voluntad de confirmar la decisión que conoció en apelación, pero para ello se ha basado en un razonamiento erróneo, indefinido e inconcluso, como lo hemos explicado ya, y esta omisión ha menoscabado el derecho a un debido proceso y a una tutela judicial efectiva en perjuicio de la imputada FADDE SAROGNY AVILEZ LÓPEZ, derecho que le asiste y que le garantiza una resolución razonada, fundada en ley y debidamente motivada. CONSIDERANDO (17): Que el Auto de Formal Procesamiento es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, vinculado al auto de prisión están las medidas cautelares, apreciando esta Sala que la resolución dictada por el Ad-Quem, no estimó los preceptos constitucionales e inobserva el Principio de Supremacía Constitucional, mediante el cual prevalece las disposiciones constitucionales sobre cualquier norma secundaria, omitiendo considerar los principios de necesidad y proporcionalidad que deben observarse al dictar una medida cautelar. El Principio de Supremacía Constitucional debe ser observado por los titulares de los órganos jurisdiccionales quienes están subordinados únicamente a la Constitución y a la Ley, debiendo aplicar estas precisamente en ese orden, es decir, primero la Constitución y luego la Ley. CONSIDERANDO (18): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[7]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (19): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[8], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[9]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[10]. CONSIDERANDO (20): Que de todo lo anteriormente relacionado, esta Sala ha encontrado razones de mérito para decidir el otorgamiento de la garantía de amparo a favor de la imputada, al advertirse vulneración de la garantía a un debido proceso y la tutela judicial efectiva, la cual fue causada por una motivación que además de ser insuficiente se ha derivado de un error de aplicación de la norma, situación que debe ser corregida por la misma Alzada, la que, en restitución del derecho vulnerado, deberá proceder a dictar una nueva resolución mediante la que se subsane el error de motivación que ha sido advertido por esta Sala, emitiendo su pronunciamiento en forma exhaustiva y con base a ley"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."(14): Que conforme lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal bajo el epígrafe “Motivación de las resoluciones judiciales”, se demanda en su párrafo segundo que: “Los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación…”. CONSIDERANDO (15): Que esta Sala ha sostenido en previas decisiones,[4] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Como sabemos, la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. Así, la congruencia supone atenerse a lo pedido por las partes, dando respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal suerte que su criterio quede explicado y comprendido con facilidad[5]. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados. CONSIDERANDO (16): Que como podemos apreciar de todo lo dicho y actuado, la motivación de la sentencia recurrida ha resultado errónea—al señalar a la gravedad del delito como presupuesto legitimador de la prisión preventiva—así como imprecisa e inconclusa en cuanto a las consideraciones que la ley fija para apreciar al peligro de fuga como circunstancia determinante para ordenar la prisión preventiva como medida cautelar en el asunto que nos ocupa, y con ello, la Alzada ha faltado al deber legal de motivación que le infunde la ley, el que no puede considerarse cumplido con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador, a quien se exige que la decisión judicial esté precedida de la argumentación que la fundamente[6]. En el caso que nos ocupa, el Tribunal de Alzada ha externado su voluntad de confirmar la decisión que conoció en apelación, pero para ello se ha basado en un razonamiento erróneo, indefinido e inconcluso, como lo hemos explicado ya, y esta omisión ha menoscabado el derecho a un debido proceso y a una tutela judicial efectiva en perjuicio de la imputada FADDE SAROGNY AVILEZ LÓPEZ, derecho que le asiste y que le garantiza una resolución razonada, fundada en ley y debidamente motivada. CONSIDERANDO (17): Que el Auto de Formal Procesamiento es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, vinculado al auto de prisión están las medidas cautelares, apreciando esta Sala que la resolución dictada por el Ad-Quem, no estimó los preceptos constitucionales e inobserva el Principio de Supremacía Constitucional, mediante el cual prevalece las disposiciones constitucionales sobre cualquier norma secundaria, omitiendo considerar los principios de necesidad y proporcionalidad que deben observarse al dictar una medida cautelar. El Principio de Supremacía Constitucional debe ser observado por los titulares de los órganos jurisdiccionales quienes están subordinados únicamente a la Constitución y a la Ley, debiendo aplicar estas precisamente en ese orden, es decir, primero la Constitución y luego la Ley. CONSIDERANDO (18): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[7]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (19): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[8], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[9]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[10]. CONSIDERANDO (20): Que de todo lo anteriormente relacionado, esta Sala ha encontrado razones de mérito para decidir el otorgamiento de la garantía de amparo a favor de la imputada, al advertirse vulneración de la garantía a un debido proceso y la tutela judicial efectiva, la cual fue causada por una motivación que además de ser insuficiente se ha derivado de un error de aplicación de la norma, situación que debe ser corregida por la misma Alzada, la que, en restitución del derecho vulnerado, deberá proceder a dictar una nueva resolución mediante la que se subsane el error de motivación que ha sido advertido por esta Sala, emitiendo su pronunciamiento en forma exhaustiva y con base a ley. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por los Abogados RITZA YOLANDA ANTÚNEZ REYES y LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, a favor de la imputada FADDE SAROGINY AVILEZ LÓPEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que el mencionado Tribunal de Alzada deberá proceder a emitir una nueva resolución, subsanando la falta de motivación que ha sido advertida por esta Sala en la sentencia objeto del presente recurso;

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que la Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados RITZA YOLANDA ANTÚNEZ REYES y LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, a favor de la señora FADDE SAROGINY AVILEZ LÓPEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, que declaró No Ha Lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en relación la causa instruida contra la señora FADDE SAROGINY AVILEZ LÓPEZ, por suponerla responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando los recurrentes, que la decisión del Ad Quem violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 69, 84, 89, 90 y 93 de la Constitución de la República; 7.2, 8.1.2, 25 y 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, a través de su Agente de Tribunales LUIS ESTRADA presentó requerimiento Fiscal contra los señores ROOSEVELT EDUARDO AVILEZ LÓPEZ, NANCY MAREYIL SANTOS RÍOS, FADDE SAROGINY AVILEZ LÓPEZ, BELLA ESPERANZA RÍOS ZÚNIGA Y CESAR VLADIMIR LEIVA RÍOS; por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 10–15 de la pieza principal de antecedentes) 2) Que según autos, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal celebró Audiencia Inicial en fecha veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021), en la cual resolvió dictar Auto de Formal Procesamiento y la Medida de Prisión Preventiva, contra los señores ROOSEVELT EDUARDO AVILEZ LÓPEZ, NANCY MAREYIL SANTOS RÍOS, FADDE SAROGINY AVILEZ LÓPEZ, BELLA ESPERANZA RÍOS ZÚNIGA Y CESAR VLADIMIR LEIVA RÍOS. (Folio 193 de la pieza principal de antecedentes) 3) Que los Abogados LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS Y RITZA YOLANDA ANTÚNEZ REYES, actuando en su condición de Apoderados Legales de la señora FADDE SAROGINY AVILEZ LÓPEZ, comparecieron ante el citado Juzgado, presentando Recurso de Apelación contra la resolución de fecha veintidós de octubre de dos mil veintidós, de la que se hace relación en el numeral anterior (Folios 197 al 216 de la pieza de antecedentes) 4) Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS Y RITZA YOLANDA ANTÚNEZ REYES, contra la resolución de fecha veintidós de octubre de dos mil veintidós, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante Auto Motivado, emitió resolución en fecha nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), en la cual Resolvió: “…1) Declarando NO HA LUGAR, el Recurso interpuesto. 2) CONFIRMAR la resolución Apelada…”. (Folios 227 al 235 de la pieza de antecedentes) 5) Que en fecha diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022), comparecieron ante la Sala de lo Constitucional, los Abogados RITZA YOLANDA ANTÚNEZ REYES y LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la señora FADDE SAROGINY AVILEZ LÓPEZ, contra la Resolución de fecha nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), de la que se ha hecho relación en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los Artículos 69, 84, 89, 90 y 93 de la Constitución de la República; 7.2, 8.1.2, 25 y 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Folios 01 al 23 del presente Recurso) 6) Que en fecha tres (03) de junio de dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 71 del Presente Recurso) DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio de la referida imputada la resolución dictada por la precitada Corte de Alzada, que en fecha nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno dispuso declarar NO HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto por la defensa de la señora FADDE SAROGINY AVILEZ LÓPEZ en la causa que se instruye junto con otros, por suponerla responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. La sentencia de la Alzada confirmó la decisión del Juzgado A Quo de mantener la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a la aludida imputada por suponerla responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. De la motivación externada por el Tribunal de Alzada se observa que refirió inter alia lo siguiente: “…En el caso de autos, se decreto la prisión preventiva en contra de la imputada FADDE SAROGNY AVILEZ LÓPEZ, al solicitar la revisión de medidas se fundamenta en el estado de salud de la imputada, a ese efecto se acompaña documentación de la Cleveland Clinic, algunos en idioma ingles y otros en español, pero no encontramos un informe que nos determine la gravedad de la enfermedad que padece, donde debe seguir el tratamiento, por lo que debe el Departamento de Medicina Forense dar un dictamen sobre el estado de salud de la señora Avilés López, para tenerse mejores elementos y justificar el cambio de medida de prisión preventiva. Por otra parte, ofrece una garantía hipotecaria de un inmueble que tiene un valor de L. 8,300,000, garantía que no es proporcional con las cantidades que se reclaman en el requerimiento fiscal y sobre las cuales puede que tenga que responder al final del proceso. La imputada también está relacionada con otras personas procesadas por el mismo delito de lavado de activos; debe tomarse en consideración el peligro de fuga debido a la gravedad del delito imputado y la posible pena a imponer…”. ALEGACIÓN DE LOS RECURRENTES CONSIDERANDO (6): Que, para justificar la garantía de amparo invocada, los impetrantes hicieron una progresión seleccionada de citas de diversos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la prisión preventiva, mismos que son de conocimiento de esta Sala, lo mismo que las disposiciones normativas de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, referentes a las garantías y el derecho a la libertad entre otros. Adicionalmente, los impetrantes arguyen que la sentencia de la Alzada careció de la debida motivación, por cuanto sus razonamientos resultan imprecisos y que el sostenimiento de la medida cautelar de prisión preventiva a la supuesta agraviada no obedeció a las exigencias de la normativa procesal penal, siendo que se fundó únicamente en la gravedad de la pena a imponer.. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. CONSIDERANDO (8): Que la Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (9): Que la garantía a un debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala a su vez ha puntualizado que la falta de motivación por sí sola enerva la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, atendiendo a que ésta garantiza la obtención de una resolución debidamente motivada, ya sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[2] CONSIDERANDO (11): Que esta Sala a su vez ha declarado en reiterada jurisprudencia que la imposición de medidas cautelares es, en principio, una decisión propia de la jurisdicción penal, la que obedece a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, la que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal. En virtud de ello, la Sala ha concluido que la imposición de medidas cautelares comporta un juicio de instancia y por tanto no susceptible de la garantía constitucional de amparo, a menos que se advierta arbitrariedad en la decisión del juzgador o cuando tal decisión se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada en forma oportuna por las partes. CONSIDERANDO (12): Que, de conformidad con la ley[3], para ordenar la prisión preventiva deberá concurrir alguna de las circunstancias siguientes: 1 Peligro de fuga del imputado; 2. La posible obstrucción de la investigación por parte del imputado; 3. Riesgo fundado de que el imputado se reintegre a la organización delictiva a la que hay sospecha que pertenece y, utilice los medios que ella le brinde para entorpecer la investigación o facilitar la fuga de los otros imputados; y, 4. Riesgo fundado de que el imputado atente o ejecute actos de represalia en contra del acusador o denunciante. La norma dispone que en la resolución que ordene la prisión preventiva, se deberá consignar expresamente la causa o causas en que se funde, así como los indicios resultantes de las actuaciones practicadas, que se hayan tenido en cuenta para acordarla. CONSIDERANDO (13): Que el artículo 179 del Código Procesal Penal establece que para determinar si existe peligro de fuga del imputado, se tendrán en cuenta las circunstancias siguientes: 1) La falta de arraigo en el país, teniendo en cuenta el domicilio del imputado el asiento de su familia, de sus negocios o de su trabajo, y las facilidades con que cuente para abandonar el territorio nacional o para permanecer oculto; 2) La gravedad de la pena que pueda imponerse al imputado, como resultado del proceso; 3) La importancia del daño que deba indemnizar y la actitud del imputado frente al mismo y, en particular, su falta de voluntad reparadora; y, 4) El comportamiento del imputado durante el proceso, en cualquier otro anterior o en las diligencias previas, del que razonablemente pueda inferirse su falta de voluntad para someterse a la investigación o al proceso penal. CONSIDERANDO (13): Que esta Sala entiende que para decretar la prisión preventiva en contra de la persona imputada se requiere que se den algunos de los presupuestos exigidos por el artículo 178 que ya hemos citado, y en el caso que nos ocupa, el Tribunal de Alzada ha considerado al peligro de fuga como circunstancia determinante para la imposición—o en este caso el mantenimiento—de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a la acusada FADDE SAROGNY AVILÉZ LÓPEZ. Se ha cuestionado en el presente recurso el hecho que el Tribunal de Alzada considerase al peligro de fuga como presupuesto legitimador de la prisión preventiva fundamentándose únicamente en la gravedad del delito y de la pena a imponer, y no las demás circunstancias que prescribe el artículo 179 que hemos transcrito en esta sentencia. Al respecto, esta Sala asiente con la recurrente en cuanto a que la ley determina que la gravedad a la que alude la norma procesal es a la pena y no al delito, puesto que así lo declara expresamente la ley en el artículo 179.2, por ende, manifestar la gravedad del delito como motivo a considerar para decretar la medida privativa de la libertad que nos ocupa, constituye una apreciación errónea del Tribunal de Alzada y una interpretación indebida de la ley. Por otra parte, la Sala encuentra refutable además la falta de precisión que ha señalado acertadamente la amparista en la motivación del Tribunal de Apelaciones, la cual evidencia al referir en su resolución que “debe tomarse en consideración el peligro de fuga debido a la gravedad del delito imputado y la posible pena a imponer”. La falta de contundencia de la declaración de la Alzada en este respecto es apreciable prima facie, por cuanto el mantenimiento de una medida—de hecho, la más gravosa que consigna nuestra ley—no puede decretarse “tomando en consideración” el peligro de fuga como lo hace la Corte, sino que concluyendo que el peligro de fuga existe y resulta acreditado en el proceso con base en las exigencias de la ley. Se aprecia además como inconclusa la motivación de la Alzada cuando omite referirse a las demás circunstancias dispuestas por el antedicho artículo 179 para calificar al peligro de fuga, así como la apreciación de los indicios resultantes de las actuaciones practicadas en el proceso para ordenar la prisión preventiva—como lo exige el párrafo final del artículo 178 del Código Procesal Penal—requisito para definir la necesidad de imponer dicha medida exigida por nuestra legislación procesal. Con ello advertimos la falta de precisión y sobre todo de exhaustividad en la resolución que se revisa en virtud de la garantía de amparo invocada. CONSIDERANDO (14): Que conforme lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal bajo el epígrafe “Motivación de las resoluciones judiciales”, se demanda en su párrafo segundo que: “Los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación…”. CONSIDERANDO (15): Que esta Sala ha sostenido en previas decisiones,[4] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Como sabemos, la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. Así, la congruencia supone atenerse a lo pedido por las partes, dando respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal suerte que su criterio quede explicado y comprendido con facilidad[5]. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados. CONSIDERANDO (16): Que como podemos apreciar de todo lo dicho y actuado, la motivación de la sentencia recurrida ha resultado errónea—al señalar a la gravedad del delito como presupuesto legitimador de la prisión preventiva—así como imprecisa e inconclusa en cuanto a las consideraciones que la ley fija para apreciar al peligro de fuga como circunstancia determinante para ordenar la prisión preventiva como medida cautelar en el asunto que nos ocupa, y con ello, la Alzada ha faltado al deber legal de motivación que le infunde la ley, el que no puede considerarse cumplido con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador, a quien se exige que la decisión judicial esté precedida de la argumentación que la fundamente[6]. En el caso que nos ocupa, el Tribunal de Alzada ha externado su voluntad de confirmar la decisión que conoció en apelación, pero para ello se ha basado en un razonamiento erróneo, indefinido e inconcluso, como lo hemos explicado ya, y esta omisión ha menoscabado el derecho a un debido proceso y a una tutela judicial efectiva en perjuicio de la imputada FADDE SAROGNY AVILEZ LÓPEZ, derecho que le asiste y que le garantiza una resolución razonada, fundada en ley y debidamente motivada. CONSIDERANDO (17): Que el Auto de Formal Procesamiento es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, vinculado al auto de prisión están las medidas cautelares, apreciando esta Sala que la resolución dictada por el Ad-Quem, no estimó los preceptos constitucionales e inobserva el Principio de Supremacía Constitucional, mediante el cual prevalece las disposiciones constitucionales sobre cualquier norma secundaria, omitiendo considerar los principios de necesidad y proporcionalidad que deben observarse al dictar una medida cautelar. El Principio de Supremacía Constitucional debe ser observado por los titulares de los órganos jurisdiccionales quienes están subordinados únicamente a la Constitución y a la Ley, debiendo aplicar estas precisamente en ese orden, es decir, primero la Constitución y luego la Ley. CONSIDERANDO (18): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[7]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (19): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[8], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[9]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[10]. CONSIDERANDO (20): Que de todo lo anteriormente relacionado, esta Sala ha encontrado razones de mérito para decidir el otorgamiento de la garantía de amparo a favor de la imputada, al advertirse vulneración de la garantía a un debido proceso y la tutela judicial efectiva, la cual fue causada por una motivación que además de ser insuficiente se ha derivado de un error de aplicación de la norma, situación que debe ser corregida por la misma Alzada, la que, en restitución del derecho vulnerado, deberá proceder a dictar una nueva resolución mediante la que se subsane el error de motivación que ha sido advertido por esta Sala, emitiendo su pronunciamiento en forma exhaustiva y con base a ley. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por los Abogados RITZA YOLANDA ANTÚNEZ REYES y LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, a favor de la imputada FADDE SAROGINY AVILEZ LÓPEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que el mencionado Tribunal de Alzada deberá proceder a emitir una nueva resolución, subsanando la falta de motivación que ha sido advertida por esta Sala en la sentencia objeto del presente recurso; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-439-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] APC 631-12: AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11

[2] L. ALFREDO DE DIEGO DÍEZ. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Pág. 56

[3] Articulo 178 del Código Procesal Penal

[4] AP 259-12; AAC-802-14;

[5] C. RODRÍGUEZ-AGUILERA. LA SENTENCIA. Págs. 54-55

[6] Así, PICÓ I JUNOY, citando al TCE en Las garantías constitucionales del proceso, Bosch Editor, Barcelona, 2012

[7] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[8] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[9] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[10] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.