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Sentencia AP-42-23 — Registro 17041

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró no ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por las Defensas Privadas, contra la resolución de dictada en Audiencia Inicial por los delitos de tráfico de drogas agravado, en perjuicio de la salud pública.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO(9): Que asimismo la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado o imputados (as) en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales estatuidos en de la República. El recurrente promueve amparo contra la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, quien confirma la resolución apelada, consecuencia de ello la confirmación del Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-quo por el delito de Tráfico de Drogas Agravado; argumenta el impetrante que se vulnera el debido proceso al dictar una resolución arbitraria, sin apreciar los hechos y en claro sesgo y violando la imparcialidad del juez; por ello, es importante entonces recordar lo establecido en el Artículo 297 del Código Procesal Penal, en cuanto a que la tarea de determinar si procede o no decretar Auto de Prisión, corresponde a los órganos jurisdiccionales de instancia; sin olvidar que la finalidad de los medios de prueba, es el establecimiento de la verdad de los hechos, pudiendo estos últimos ser demostrados utilizando cualquier medio de prueba, siempre que éstos sean objetivamente confiables; tal confiablidad y credibilidad le corresponde concederla a los tribunales de instancias, a quienes les compete el resolver las pretensiones expuestas por las partes, sobre los asuntos que son llevados a los tribunales. CONSIDERANDO(10): Que como corolario de lo anterior, esta Sala de lo Constitucional en respuesta al enunciado de vulneración del derecho al debido proceso, expuesto por el recurrente en la acción constitucional de amparo impetrada, arriba a la conclusión que la valoración de la prueba a efecto de determinar si procede o no el dictado de un Auto de Formal Procesamiento, debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintidós (2022), se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a desestimar los recursos de Apelación interpuestos por las Defensas Privadas y confirma la resolución apelada que decreta Auto de Formal Procesamiento por el delito de Tráfico de Drogas Agravado.CONSIDERANDO(11): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal Ad-quem al desestimar los Recursos de apelación interpuestos por las Defensas Privadas y consecuencia de ello confirma la resolución apelada que decreta Auto de Formal Procesamiento por el delito de Tráfico de Drogas Agravado, no ha vulnerado en perjuicio del encausado los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el Auto de Formal Procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de de , como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes para decretar Auto de Formal Procesamiento por el delito de Tráfico de Drogas Agravado y por ello ha confirmado la resolución apelada; aunado a ello no se advierte conforme a la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quebranto al derecho de un Juez Imparcial, ello en atención que el recurrente se limitó a enunciar la vulneración del referido derecho, no obstante el juez que interviene en una contienda particular se aproxima a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio personal. Dicha imparcialidad se presume a menos que exista prueba en contrario. CONSIDERANDO(12): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO, sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa del encausado para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, habida cuenta que en la etapa procesal en la que se ha dictado el auto de procesamiento recurrido, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad del imputado, sino que la constatación de que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquél han podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. En ese orden de ideas esta Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos claro está que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de septiembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JAIME BANEGAS ZERON, a favor del señor JAVIER EDUARDO CHINCHILLA SANCHEZ, contra la resolución dictada por la Corte Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintidós (2022), que declaró No Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por las Defensas Privadas, contra la resolución de fecha nueve (9) de junio del año dos mil veintidós (2022), dictada en Audiencia Inicial, por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; en relación a la causa instruida contra los señores JAVIER EDUARDO CHINCHILLA SÁNCHEZ, JONATHAN JOSUÉ ENAMORADO BUSTILLO y NOÉ RIVERA ROMERO, por suponerlos responsables del delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA.- Afirma el recurrente que la resolución de la Corte de Apelaciones, viola las garantías del derecho constitucional fundamental del Debido Proceso, incluidos el derecho de defensa, el principio de legalidad y juez natural, con ostensible quebranto de los artículos 82, párrafo 1º y 90 de de A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cinco (5) de junio del año dos mil veintidós (2022), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, el Abogado PEDRO VALLADARES, actuando en su condición de Agente de Tribunales del MINISTERIO PÚBLICO, presentando requerimiento fiscal, contra los señores JAVIER EDUARDO CHINCHILLA SÁNCHEZ, JONATHAN JOSUÉ ENAMORADO BUSTILLO y NOÉ RIVERA ROMERO, por suponerlos responsables del delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA. (Folios del 39-46 de la pieza de antecedentes del A-quo).2) Que en fecha nueve (9) de junio del año dos mil veintidós (2022), en la Audiencia Inicial celebrada, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, Resolvió: (Sic) “I).- AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra: JAVIER EDUARDO CHINCHILLA SANCHEZ, JONATHAN JOSUE ENAMORADO BUSTILLO Y NOE RIVERA ROMERO, por suponerlo responsable del delito TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO, a quienes se les supone como responsables de la comisión del delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- II) Que debe imponérsele a la imputados Javier Eduardo Chinchilla Sánchez, Jonathan Josue Enamorado Bustillo y Noé Rivera Romero, la medida cautelar contenida en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal, consistente en la PRISIÓN PREVENTIVA. Dicha Medida Cautelar de Prisión Preventiva la deberán cumplir los encausados en el Centro Penitenciario del Municipio de El Porvenir, Departamento de Francisco Morazán (Siria). - III) DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de reposición planteado por la Defensas privadas de Javier Eduardo Chinchilla y Noé Rivera Romero, ya que la resolución anteriormente proferida se ha dictado conforme a derecho…” (Folios 90-91 de la pieza de antecedentes del A-quo). 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por la Defensa de los señores Noé Rivera Romero y Javier Eduardo Chinchilla Sánchez, contra la resolución dictada en Audiencia Inicial y que se deja relacionada en el acápite que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintidós (2022), dictó Auto por medio del cual resolvió: (Sic) “1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las Defensas Privadas.- 2.- CONFIRMAR la resolución apelada…” (Folios del 224-234 de la pieza de antecedentes del A-quo)4) EL recurrente Abogado JAIME BANEGAS ZERON, compareció ante este Tribunal de Justicia Constitucional, en fecha once (11) de enero del año dos mil veintitrés (2023), reclamando amparo a favor del señor JAVIER EDUARDO CHINCHILLA SANCHEZ, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintidós (2022), viola las garantías del derecho constitucional fundamental del Debido Proceso, incluidos el derecho de defensa, el principio de legalidad y juez natural, con ostensible quebranto de los artículos 82, párrafo 1ro. y 90 de la Constitución de la República. En suma, dice el peticionario se viola el principio de contradicción incorporado en el debido proceso, lo que implica igualmente una ostensible violación tanto del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 5) Que en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de del Ministerio Público. (Folio 55 de los autos)CONSIDERANDO(1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha veintiséis de julio del año dos mil veintidós, por de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en el proceso incoado en contra del señor JAVIER EDUARDO CHINCHILLA SÁNCHEZ y Otros, a quien se le presentó Requerimiento Fiscal, por suponerlo responsable de la comisión del delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA, resolución por la cual el Tribunal ad-quem resolvió declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por las Defensas Privadas, en consecuencia Confirma la resolución apelada que decreta Auto de Formal Procesamiento por el delito de Tráfico de Drogas Agravado en contra del encausado. CONSIDERANDO(3): Que tanto en el escrito de interposición y formalización del recurso de Amparo, el recurrente indica que se reserva el derecho de ampliar los conceptos de transgresión de la Constitución y de los Tratados y convenciones de Derechos Humanos; situación que no ocurre al momento de formalizar la acción de mérito, limitándose a exponer en la relación de hechos que motivan el Amparo, que la resolución dictada por el A-quo fue dictada de manera arbitraria, sin apreciar los hechos y en claro sesgo y violando la imparcialidad del juzgador, resolución que fue ratificada por la Corte de Apelaciones, la cual no hace mas que dar un respaldo a un acto antijuridico e impropio. Sostiene el garantista que la resolución recurrida, no hace mas que atribuirse facultades no concedidas en virtud de ley, como ser anticipar un criterio de fondo en un caso donde no hay siquiera una causa probable. Dice el recurrente que la base de su pretensión argumenta la no participación de su cliente en los hechos, la clara manifestación de uno de los coimputados que exonera la intervención en los mismos, así como el hecho de no haberle encontrado ningún tipo de estupefacientes en el vehículo en el que se desplazaba su representado, en fin, una serie de elementos que se demostraron en la audiencia inicial y que jamás fueron apreciados por el juzgador. CONSIDERANDO (4): Que el artículo 45 de la Ley sobre Justicia Constitucional determina que la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. Es conforme al principio de prevalencia del derecho sustancial, que estima este Tribunal de Justicia se debe examinar la resolución recurrida en Amparo. Si bien el recurrente no desarrolló y solamente enunció los derechos que considera violados o amenazados, de sus escritos de interposición y formalización de la acción Amparo, se advierte que su reproche se centra en afirmar que la resolución recurrida, específicamente el Auto de Formal Procesamiento, fue dictada de manera arbitraria, sin apreciar los hechos y en claro sesgo y violando la imparcialidad del juzgador.CONSIDERANDO(5): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad recurrida, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, es menester determinar si la decisión del Tribunal de Alzada vulnera en perjuicio del imputado el debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, relacionado con el precepto 92 de la misma norma constitucional; así tenemos que en su orden establecen: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; y, “Sólo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice.”. En ese orden de ideas respectivamente, entiende que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. En el segundo de los casos la disposición constitucional antes relacionada, nos lleva a concluir que el auto de formal procesamiento solo podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la existencia de evidencia probatoria de haberse cometido un delito, y además indicios racionales de quien ha podido ser su autor o cómplice; ahora bien en armonía y en desarrollo del precepto constitucional antes citado, el artículo 297 del Código Procesal Penal señala en su numeral primero que el juzgador para decretar el auto de prisión, considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación y estimara como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. CONSIDERANDO (6): Que continuando con el análisis de determinar si se ha vulnerado o no el debido proceso, es importante relacionar jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a la imparcialidad del Juez, al indicar el recurrente en Amparo que la resolución dictada por el Ad-quem, fue dictada de manera arbitraria, sin apreciar los hechos y en claro sesgo y violando la imparcialidad del juzgador. En ese orden de ideas la Corte ha establecido que el debido proceso tiene como uno de sus componentes fundamentales “que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa de modo imparcial”. Esto supone que “el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio”, lo que a su vez permite “que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática”. En ese sentido, partiendo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo en el Caso Daktaras vs. Lithuania, la Corte estableció que la imparcialidad del juez debe analizarse desde dos perspectivas, la subjetiva y la objetiva. La imparcialidad personal o subjetiva supone que “el juez que interviene en una contienda particular se aproxima a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio personal”. Dicha imparcialidad “se presume a menos que exista prueba en contrario, consistente por ejemplo en la demostración que algún miembro del tribunal o juez guarda prejuicios o parcialidades de índole personal contra los litigantes”. En cuanto al tipo de evidencia que se necesita para probar la imparcialidad subjetiva, siguiendo al Tribunal Europeo en el Caso Kyprianou vs. Cyprus, la Corte ha indicado que se debe tratar de determinar “si el juez ha manifestado hostilidad o si ha hecho que el caso sea asignado a él por razones personales”, lo que permite conocer sus intereses o motivaciones personales en un asunto determinado. Por su parte la imparcialidad objetiva se prueba ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. Conforme al Principio 2 de los referidos Principios Básicos de las naciones Unidas “el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a -y motivado por- el Derecho”. CONSIDERANDO(7): Que de la foliada de los antecedentes, se observa que la resolución que se recurre en Amparo, en el acápite titulado motivación, la Corte de Apelaciones argumenta en relación al primero de los agravios expuestos por los apelantes, en cuanto a la no participación de sus representados en el delito de Tráfico de Drogas, que dicho agravio no es de recibo, pues resulta que no solamente se aportó material probatorio en la audiencia inicial (folio 92) que establece como fueron requeridos los imputados y en que vehículos se transportaban, sino contrario a lo que exponen ambos impetrantes, se ha establecido no solamente como estaban operando cuando la droga se transportaba en uno de los vehículos; en cuanto al segundo de los agravios, referido a que no se configura el delito de Tráfico de Drogas, la Corte de Apelaciones argumenta, “que se encuentra claramente acreditada la evidencia mínima del delito, primero porque en uno de los vehículos se encontró un compartimento falso en el que se transportaba la droga según el acta de inspección ocular, álbum fotográfico y dictamen agregado (folio 128 al 133), pero que resulta que se encuentran los indicios de participación con lo declarado por los agentes de policía quienes señalan que tanto el vehículo en donde se encontró la droga como los demás venían en sucesión durante el tramo carretero que se realizaron las investigaciones, sumado a lo anterior y contrario como se reitera lo que los Impetrantes argumentan, las comunicaciones que se establecen en la pericia son determinantes en establecer la vinculación (dictamen DNPA 027-2022), sin que se haya desvirtuado en esta etapa procesal, de manera que no existen a este momento procesal que establecen que no había vinculación alguna entre los imputados, por lo tanto la calificación provisional dictada por el A-quo a los imputados se encuentra conforme a las pruebas evacuadas en la audiencia inicial, siendo procedente confirmar el auto de formal procesamiento”.-subrayado añadido-CONSIDERANDO(8): Que el conjunto de pruebas, aportadas por las partes, deben en el caso en estudio, ser valoradas al momento de celebrarse la audiencia inicial y por ende al tomarse la decisión de si procede dictar o no, el respectivo auto de procesamiento contra el imputado o imputados (as); tenemos entonces que el juzgador aplicando la regla de la sana crítica deviene obligado a darle el crédito que tales pruebas le merezcan, sobre lo cual éste deberá razonar de manera motivada en el momento procesal antes mencionado; entendemos entonces que el espíritu y sentido de nuestra legislación procesal penal, es únicamente pretender que en esa fase se establezca la probabilidad razonable, más no la certeza, de que el imputado o los imputados han podido participar en la comisión del delito que se les atribuye. CONSIDERANDO(9): Que asimismo la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado o imputados (as) en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales estatuidos en de la República. El recurrente promueve amparo contra la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, quien confirma la resolución apelada, consecuencia de ello la confirmación del Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-quo por el delito de Tráfico de Drogas Agravado; argumenta el impetrante que se vulnera el debido proceso al dictar una resolución arbitraria, sin apreciar los hechos y en claro sesgo y violando la imparcialidad del juez; por ello, es importante entonces recordar lo establecido en el Artículo 297 del Código Procesal Penal, en cuanto a que la tarea de determinar si procede o no decretar Auto de Prisión, corresponde a los órganos jurisdiccionales de instancia; sin olvidar que la finalidad de los medios de prueba, es el establecimiento de la verdad de los hechos, pudiendo estos últimos ser demostrados utilizando cualquier medio de prueba, siempre que éstos sean objetivamente confiables; tal confiablidad y credibilidad le corresponde concederla a los tribunales de instancias, a quienes les compete el resolver las pretensiones expuestas por las partes, sobre los asuntos que son llevados a los tribunales. CONSIDERANDO(10): Que como corolario de lo anterior, esta Sala de lo Constitucional en respuesta al enunciado de vulneración del derecho al debido proceso, expuesto por el recurrente en la acción constitucional de amparo impetrada, arriba a la conclusión que la valoración de la prueba a efecto de determinar si procede o no el dictado de un Auto de Formal Procesamiento, debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintidós (2022), se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a desestimar los recursos de Apelación interpuestos por las Defensas Privadas y confirma la resolución apelada que decreta Auto de Formal Procesamiento por el delito de Tráfico de Drogas Agravado.CONSIDERANDO(11): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal Ad-quem al desestimar los Recursos de apelación interpuestos por las Defensas Privadas y consecuencia de ello confirma la resolución apelada que decreta Auto de Formal Procesamiento por el delito de Tráfico de Drogas Agravado, no ha vulnerado en perjuicio del encausado los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el Auto de Formal Procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de de , como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes para decretar Auto de Formal Procesamiento por el delito de Tráfico de Drogas Agravado y por ello ha confirmado la resolución apelada; aunado a ello no se advierte conforme a la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quebranto al derecho de un Juez Imparcial, ello en atención que el recurrente se limitó a enunciar la vulneración del referido derecho, no obstante el juez que interviene en una contienda particular se aproxima a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio personal. Dicha imparcialidad se presume a menos que exista prueba en contrario. CONSIDERANDO(12): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO, sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa del encausado para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, habida cuenta que en la etapa procesal en la que se ha dictado el auto de procesamiento recurrido, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad del imputado, sino que la constatación de que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquél han podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. En ese orden de ideas esta Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos claro está que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido.POR TANTO: de lo Constitucional de de Justicia, como intérprete último y definitivo de de , POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de de ; 18 de de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JAIME BANEGAS ZERON, a favor del señor JAVIER EDUARDO CHINCHILLA SÁNCHEZ, contra la resolución de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintidós (2022), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. VILLELA ZAVALA- NOTIFÍQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023) certificación de la Sentencia de fecha once de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0042-2023. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.