Sentencia AP-337-22 — Registro 16975
Resumen
Acto recurrido contra la resolución dictada por el ad-quem, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la del a-quo, con relación a la causa instruida por supuesta responsabilidad en el delito de Trafico de Drogas. En perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que, con base a lo antes relacionado, y efectuado un exhaustivo estudio de las diligencias, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la resolución impugnada no se ajusta a la normativa contenida en el artículo 311 del Código Penal; en donde se puede observar la falta de motivación del Adquem en su resolución, al revocar el Sobreseimiento Provisional emitido por el Juez A-quo, dictado por la jurisdicción ordinaria en el ámbito de su competencia, a fin de construir la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme a los medios probatorios allegados a autos y cumplir con el mandato legal de valoración conjunta, lo cual no muestra, en definitiva, concreción sobre la cuestión jurídica sobre tipificación penal planteada, en la resolución jurisdiccional del presente caso. Por todo lo cual resulta meritorio otorgar la presente acción de Amparo y efectuar reenvío a la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, a efecto se sirva realizar una nueva resolución supliendo y aclarando las falencias argumentativas y jurídicas aquí puestas de manifiesto..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que, con base a lo antes relacionado, y efectuado un exhaustivo estudio de las diligencias, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la resolución impugnada no se ajusta a la normativa contenida en el artículo 311 del Código Penal; en donde se puede observar la falta de motivación del Adquem en su resolución, al revocar el Sobreseimiento Provisional emitido por el Juez A-quo, dictado por la jurisdicción ordinaria en el ámbito de su competencia, a fin de construir la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme a los medios probatorios allegados a autos y cumplir con el mandato legal de valoración conjunta, lo cual no muestra, en definitiva, concreción sobre la cuestión jurídica sobre tipificación penal planteada, en la resolución jurisdiccional del presente caso. Por todo lo cual resulta meritorio otorgar la presente acción de Amparo y efectuar reenvío a la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, a efecto se sirva realizar una nueva resolución supliendo y aclarando las falencias argumentativas y jurídicas aquí puestas de manifiesto..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que, con base a lo antes relacionado, y efectuado un exhaustivo estudio de las diligencias, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la resolución impugnada no se ajusta a la normativa contenida en el artículo 311 del Código Penal; en donde se puede observar la falta de motivación del Adquem en su resolución, al revocar el Sobreseimiento Provisional emitido por el Juez A-quo, dictado por la jurisdicción ordinaria en el ámbito de su competencia, a fin de construir la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme a los medios probatorios allegados a autos y cumplir con el mandato legal de valoración conjunta, lo cual no muestra, en definitiva, concreción sobre la cuestión jurídica sobre tipificación penal planteada, en la resolución jurisdiccional del presente caso. Por todo lo cual resulta meritorio otorgar la presente acción de Amparo y efectuar reenvío a la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, a efecto se sirva realizar una nueva resolución supliendo y aclarando las falencias argumentativas y jurídicas aquí puestas de manifiesto..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que, con base a lo antes relacionado, y efectuado un exhaustivo estudio de las diligencias, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la resolución impugnada no se ajusta a la normativa contenida en el artículo 311 del Código Penal; en donde se puede observar la falta de motivación del Adquem en su resolución, al revocar el Sobreseimiento Provisional emitido por el Juez A-quo, dictado por la jurisdicción ordinaria en el ámbito de su competencia, a fin de construir la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme a los medios probatorios allegados a autos y cumplir con el mandato legal de valoración conjunta, lo cual no muestra, en definitiva, concreción sobre la cuestión jurídica sobre tipificación penal planteada, en la resolución jurisdiccional del presente caso. Por todo lo cual resulta meritorio otorgar la presente acción de Amparo y efectuar reenvío a la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, a efecto se sirva realizar una nueva resolución supliendo y aclarando las falencias argumentativas y jurídicas aquí puestas de manifiesto..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de septiembre del dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, a favor del señor JOSUE ONAN HERNANDEZ CALIX, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021), que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve (09) de agosto de dos mil veintiuno (2021), con relación a la causa instruida contra el señor JOSUE ONAN HERNANDEZ CALIX, por suponerlo responsable del delito de TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 99 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Agente Fiscal, Abogado MAURO ARNALDO SOLORZANO, presentando requerimiento fiscal en contra del señor JOSUE ONAN HERNANDEZ CALIX, por suponerlo responsable del delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de la LA SALUD DE LA POBLACION DE ESTADO DE HONDURAS. (Folios 2 al 3 de la pieza de antecedentes) 2) En fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en la celebración de la audiencia inicial, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…1) Se Dicta SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de JOSUÉ ONAN HERNANDEZ CALI, por suponerlo responsable del delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio LA SALUD PUBLICA, teniendo el Ministerio Público cinco (5) años a partir de la fecha para solicitar la Prosecución del Proceso y aportar al presente proceso. 2) Se Ordena al Secretario del Despacho extender la respectiva CARTA DE LIBERTAD PROVISIONAL y que las diligencias de mérito sean archivadas de momento. 3) Se Ordena librar NOTA DE EXCARCELACIÓN al imputado JOSUÉ ONAN HERNANDEZ CALI a quien se le instruye proceso por el delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio LA SALUD PUBLICA. Se da por terminada la audiencia quedando las partes notificadas en estrado, firmando ante la suscrita Juez y el secretario que DA FE.” (Folios 8 al 9 de la pieza de antecedentes) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARVIN ENRIQUE LAINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público; 2) REVOCA el sobreseimiento provisional de fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, dictado en favor del imputado JOSUE ONAN HERNANDEZ CALIX por el delito de TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PUBLICA y ordena al A-quo que profiera auto de formal procesamiento contra el nominada imputado, por ese delito; y, MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique de oficio personalmente a los interesados este mismo día o a más tardar el siguiente, la presente resolución y de no ser posible, por medio de cédula en el lugar que hayan designado para ello” (Folios 46 al 48 de la pieza de antecedentes) 4) Que la recurrente, Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del señor JOSUE ONAN HERNANDEZ CALIX, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado el derecho los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 99 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023), la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de octubre del dos mil veintiuno (2021), mediante la cual falla en su parte dispositiva: SIC… “1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.- 2) REVOCA el sobreseimiento provisional de fecha nueve de agosto del dos mil veintiuno dictado en favor del imputado JOSUE ONAN HERNANDEZ CALIX, por el delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA y ordena al A-quo que profiera auto de formal procesamiento contra el no minado imputado, por ese delito; y, MANDA: Que la secretaría del Despacho de oficio personalmente a los interesados este mismo día o a más tardar el siguiente, la presente resolución y de no ser posible, por medio de cédula en el lugar que hayan designado para ello”. CONSIDERANDO (4): Que, entre los antecedentes de hecho y de derecho de la resolución impugnada por la vía constitucional de amparo, en la motivación correspondiente, el Ad-Quem, establece (SIC)…“7. Al Analizar los agravios expresados por el Ministerio Público, se aprecia que la pretensión del censor está orientada a desquiciar el sobreseimiento provisional de las diligencias decretado en favor del imputado JOSUE ONAN HERNANDEZ CALIX, por estimar que hay méritos para decretar auto de formal procesamiento- En este orden de ideas por las razones que se dejan expresadas, en los numerales que preceden, es criterio de esta Sala de Apelaciones que los agravios del impetrante son de recibo y que, en consecuencia carece de sustento el sobreseimiento provisional decretado por el A-quo, ya que este hizo caso omiso del obligado análisis objetivo y en conjunto de las pruebas de cargo, las que no solo acreditan plenamente la comisión del injusto penal de tráfico de drogas, si no que constituyen indicio racional suficiente (nó sospecha) para conceptuar al señor JOSUE ONAN HERNANDEZ CALIX, como autor del mismo”… CONSIDERANDO (5): Que, en la formalización del presente recurso de amparo, comparece la recurrente, Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, quien actúa en su condición de defensora pública del señor JOSUE ONAN HERNANDEZ CALIX; reiterando el contenido de la acción de amparo interpuesta, en aras de que se le restituya a su representado el derecho que se le ha violentado con la resolución, objeto de la acción de amparo comprendido en los artículos 82, 90 con relación al 99 de la Constitución de la República; que le fuera conculcado, mediando flagrante vulneración al principio del debido proceso, derecho de defensa y a la inviolabilidad del domicilio, según ha manifestado por la recurrente, sosteniendo que la violación al debido proceso se produce porque el Ad-quem perjudicó los intereses de sus representados al emitir un fallo revocando el sobreseimiento provisional dictado por el A-quo; al domicilio porque según declaración de la testigo de la defensa BELKIS NAVARRO COELLO establece que a su representado los agentes policiales lo sacaron de su casa de habitación sin contar con una orden judicial o con la autorización del propietario de dicha casa. CONSIDERANDO (6) Que en el caso de autos que, si bien es cierto, el Juez tiene la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no, a su mera arbitrariedad, interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y como en el caso que se ocupa el derecho a Aplicar.- En el caso venido en estudio se aprecia que concurre una clara y evidente contravención a la ley. CONSIDERANDO (7): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, la Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos. CONSIDERANDO (8): Que, vistos los antecedentes del caso, y sometido a estudio el múltiple agravio constitucional que propone el recurrente; aprecia la Sala de lo Constitucional, la concurrencia de las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas, en motivación del amparo. CONSIDERANDO (9): La Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. CONSIDERANDO (10): En el asunto que nos ocupa, se alega que el Tribunal de Alzada ha incurrido en violaciones constitucionales por el hecho de haber revocado la decisión del A-Quo, en declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, en contra del Sobreseimiento Provisional en beneficio de sus representados, según la recurrente, no admite que el tribunal de Alzada haya declarado con lugar el Recurso de Apelación, por considerar que el Juez A-quo, hizo caso omiso del obligado análisis objetivo y en conjunto de las pruebas de cargo, las que no sólo acreditan plenamente la comisión del injusto penal de tráfico de drogas, si no que constituyen indicio racional suficiente (no sospecha) para conceptuar al señor JOSUE ONAN HERNANDEZ CALIX, como autor del mismo, por haber tomado participación directa en la ejecución de los hechos.CONSIDERANDO (11): Vistos que han sido los antecedentes, resulta interesante que el artículo 311 del Código Penal Vigente, establece algunas de las conductas típicas referente a los delitos de drogas, su regulación se ha hecho pensando en la intencionalidad del sujeto, garantizando con ello el principio de lesividad, es decir que la conducta sólo será sancionable, sí lesiona o pone en peligro un bien jurídicamente tutelado, de ahí el criterio del legislador de no sancionar penalmente el auto consumo de drogas o cualquiera de las actividades que se regulan en la norma del 311, la decisión del A-quo, de decretar sobreseimiento provisional, al no declarar punible la conducta de hallazgo de la cantidad de droga en la bolsa frontal derecha de la calzoneta que este vestía, al momento en que realizaban un patrullaje de rutina en la Colonia Villanueva, sector 5 y al no portar otros indicios que determinen la finalidad de la conducta de Trafico de drogas imputada por el ministerio Público. CONSIDERANDO (12): Además debemos tener en cuenta que el Derecho Penal entre otros principios se rige por el denominado Principio de Legalidad que según sus postulados en materia penal radica en que no puede sancionarse ninguna conducta, ni imponerse pena alguna que no se encuentre establecida en la ley, este principio está consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos en donde se establece que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable; en el nuevo Código Penal está consignado, en el artículo 1 en donde se establece que nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta; en ese sentido corresponde a los jueces en el momento de la aplicación de la ley atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta, de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO (13) Todo lo anterior es congruente con el Principio de Lesividad que se postula indicando que solo deben sancionarse las conductas que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos y que la actuación del Derecho Penal debe limitarse a los ataques más insoportables contra los bienes jurídicos más relevantes; en cambio el Principio de Proporcionalidad según este, la pena se debe fijar atendiendo a la gravedad del hecho y a la culpabilidad del sujeto para lo cual es necesario determinar el grado del daño causado por la acción y este resultado tiene que ser producto de la misma acción y no se puede castigar por daños imprevisibles o no imputables a título de dolo o imprudencia. CONSIDERANDO (14) Y en cuanto al principio de Intervención Mínima, armoniza con los anteriores ya que el derecho penal sólo debe intervenir en casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos fundamentales y las perturbaciones más leves del orden jurídico son objetos de otras ramas del ordenamiento jurídico, es importante que dentro de la división de poderes en que se estructura el Estado, corresponde al poder legislativo la potestad exclusiva de definir y decidir qué conductas debe perseguir el Estado mediante el instrumento más grave de que dispone como es la sanción penal, es decir que la Legislación Penal compete de forma única al Estado por medio del órgano legislativo quienes bajo su atribución particular definen los delitos y faltas y sus penas; En el caso concreto el legislador haciendo uso de las facultades que la ley le otorga, determinó en la creación del nuevo Código Penal, que el consumo de marihuana, en realidad no representa un ataque relevante para el bien jurídico protegido de la Salud Pública y que en base a los principios descritos anteriormente como el de lesividad, proporcionalidad e intervención mínima del derecho penal, el principio de legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y la misma ley que a su vez las limita y controla. CONSIDERANDO (15) En cuanto a su derecho de violación al derecho a la inviolabilidad del domicilio; la sala no se refiere al mismo, ya que no fue objeto de discusión en la Resolución del Ad-quem, misma que ni menciona nada al respecto. CONSIDERANDO (16): Se aprecia por la Sala de lo Constitucional que, tal como plantea la parte garantista, la motivación del fallo de la honorable Corte de Apelaciones, particularmente en los considerandos 3, 4 y 5, vistos los antecedentes del caso, no individualiza ajustadamente a derecho cuál de los diferentes verbos rectores y modalidades típicas, que preceptúa normativamente el artículo 311 y demás aplicables, en concordancia, del nuevo Código Penal (Decreto No. 130-2017), subsumen la conducta enjuiciada penalmente. Ello resultaría preceptivo, sin embargo, si de formalizar el procesamiento penal se trata, no pudiendo llevarse a cabo, en buen derecho, sino con base a legalidad previa, escrita y estricta; a manera poder constatar la resolución sub iudice ha seguido los parámetros de observancia debida al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que prescribe el juzgamiento por Juez regular en legalidad estricta, y prohíbe, a la vez, la retroactividad penal desfavorable; garantizando, a la vez, la sujeción de la función jurisdiccional al derecho de defensa y a las garantías procesales que asisten, a lo largo del proceso penal. CONSIDERANDO (17): Que, con base a lo antes relacionado, y efectuado un exhaustivo estudio de las diligencias, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la resolución impugnada no se ajusta a la normativa contenida en el artículo 311 del Código Penal; en donde se puede observar la falta de motivación del Adquem en su resolución, al revocar el Sobreseimiento Provisional emitido por el Juez A-quo, dictado por la jurisdicción ordinaria en el ámbito de su competencia, a fin de construir la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme a los medios probatorios allegados a autos y cumplir con el mandato legal de valoración conjunta, lo cual no muestra, en definitiva, concreción sobre la cuestión jurídica sobre tipificación penal planteada, en la resolución jurisdiccional del presente caso. Por todo lo cual resulta meritorio otorgar la presente acción de Amparo y efectuar reenvío a la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, a efecto se sirva realizar una nueva resolución supliendo y aclarando las falencias argumentativas y jurídicas aquí puestas de manifiesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 68, 80, 82, 89, 90, 92, 94, 95, 98, 99, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1, 8, numeral 1), 9, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 54, 56, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito, para los efectos motivados en los considerandos de la presente sentencia. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el magistrado LUIS FERNANDO PADILLA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de enero de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0337-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL